nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece doña nombre reservado, abogada, de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por haber rechazado su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjeros en virtud de la Ley N°18.156, mediante acto notificado el veinticuatro de junio de dos mil veinticinco. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que el rechazo se funda en la exigencia de requisitos no contemplados en la normativa aplicable y en una interpretación formalista que desatiende la finalidad de la ley, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y propiedad privada, consagrados en el artículo 19 numerales 2 y 24 de la Constitución Política de la República, que la Carta Fundamental garantiza a todas las personas.

Al respecto, explica que el diecinueve de junio de dos mil veinticinco, solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Provida, a través del portal web correspondiente, la devolución de sus fondos previsionales de conformidad con lo dispuesto en la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que dicha norma indica. Con posterioridad, el veinticuatro de junio de dos mil veinticinco, fue notificada del rechazo de su solicitud, requerimiento N°1284621, fundándose la administradora en que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) se encontraría vencida, superando la vigencia de ciento veinte días desde la emisión del documento.

Señala la recurrente que, ante dicha negativa, concurrió ante la Superintendencia de Pensiones con el objeto de informar el acto que considera arbitrario realizado por la AFP Provida, obteniendo igualmente una respuesta de carácter negativo.

En ese orden de cosas, invoca lo establecido en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156. El primero de ellos establece que las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. Por su parte, el artículo 7° de la misma ley dispone que en el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de dicha ley.

Sostiene que se encuentra ante una obstaculización del proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador, esto es, permitir disponer de sus ahorros previsionales, produciendo una retención injustificada de éstos, lo que no resulta razonable. Agrega que el actuar de la AFP Provida es arbitrario e ilegal, pues actúa de forma caprichosa al solicitar anexar información adicional que ya habría sido suministrada desde un inicio, requiriendo un documento adicional y particular empleando palabras redundantes de lo que cubre el certificado presentado, dándole un trato diferenciado respecto de otros solicitantes que, encontrándose en iguales circunstancias y cumpliendo con lo solicitado por el servicio recurrido, han obtenido respuestas favorables.

En relación con la vulneración de derechos constitucionales, argumenta que el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales vulnera, en primer término, el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política, según el cual no hay persona ni grupo privilegiado, ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias, pues la recurrida ha infringido esta garantía constitucional al darle un trato desigual respecto de otros solicitantes que, encontrándose en iguales circunstancias y cumpliendo con lo solicitado, han obtenido respuestas favorables, habiéndosele requerido a ella un documento adicional que no se encuentra contemplado de acuerdo con la Ley N°18.156. En segundo término, sostiene que se vulnera el derecho de propiedad privada establecido en el artículo 19 numeral 24 de la Carta Fundamental, que garantiza el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, y que en su inciso tercero dispone que nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, produciéndose en el caso concreto una retención injustificada de sus fondos previsionales sin fundamento legal que lo justifique.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la Administradora de Fondos de Pensiones Provida reconocer como válido el certificado de afiliación del país de origen suministrado, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo de cinco días o el que esta Corte estime conforme al mérito de los autos, adoptando en general las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que la recurrida, Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., representada en estos autos por don nombre reservado, abogado, evacuó el informe requerido solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con expresa condenación en costas, fundado en que la acción cautelar no constituye la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio y, en subsidio, por cuanto su representada no ha incurrido en acto u omisión ilegal o arbitraria respecto de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, sino que ha dado estricto cumplimiento a la ley y a la normativa del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

En cuanto a la improcedencia formal de la acción cautelar, sostiene que la materia reclamada no es propia de una acción de protección, invocando al efecto que el recurso de protección debe ser entendido como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales de la autoridad o de los particulares. Concluye que lo pedido por la recurrente —que no es otra cosa que una modificación de los cuerpos normativos que regulan el sistema de pensiones— no se condice con la finalidad de un recurso de protección y la excede, pretendiendo discutir la constitucionalidad del Decreto Ley N°3.500 en sede cautelar y de emergencia. Afirma que en estos autos no existe un derecho indubitado, sino un derecho controvertido, motivo por el cual no puede solucionarse vía recurso de protección.

Respecto de los hechos del caso, refiere que efectivamente rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por doña nombre reservado en su calidad de técnico extranjero, de conformidad con la Ley N°18.156. Explica que dicha norma permite a los técnicos extranjeros que trabajen en Chile retirar sus cotizaciones previsionales siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos en la mencionada ley, norma de carácter excepcionalísima en el ordenamiento jurídico chileno. Precisa que con fecha veinticuatro de junio de dos mil veinticinco, Provida rechazó la solicitud de la recurrente por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encontraba vencida de acuerdo a las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones.

En lo concerniente a los fundamentos normativos del rechazo, señala que conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones referida al valor probatorio en Chile de los documentos expedidos en el extranjero, resulta evidente que las certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana, sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano, no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la citada Ley N°18.156. Agrega que a contar del treinta de agosto de dos mil dieciséis, fecha de entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile, y considerando que Venezuela también es un Estado Parte de dicha convención, se exigió que dicha certificación debía venir apostillada por la autoridad competente venezolana, todo ello en conformidad con los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla o Convención de la Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros.

Sobre el marco normativo aplicable, la recurrida desarrolla extensamente que el Decreto Ley N°3.500 de mil novecientos ochenta creó el Sistema de Pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia especialmente para pagar las prestaciones que la misma ley establece. Cita el artículo 2° de dicho cuerpo legal que define la afiliación como la relación jurídica entre un trabajador y el Sistema de Pensiones que origina derechos y obligaciones que la ley establece, en especial el derecho a las prestaciones y la obligación de cotizar. Transcribe el artículo 23 del Decreto Ley N°3.500 que establece expresamente que las Administradoras de Fondos de Pensiones están impedidas de ofrecer u otorgar pensiones, prestaciones o beneficios a sus afiliados que sean distintos a aquellos expresamente reconocidos en la ley, disponiendo sanciones para la infracción de esta norma. Complementa esta disposición con lo establecido en los artículos 34 y 51 que determinan que los bienes y derechos que componen el patrimonio de los Fondos de Pensiones estarán destinados solo a generar las prestaciones y beneficios de acuerdo con las disposiciones de la ley, así como con el artículo 64 del Reglamento del Decreto Ley N°3.500 que establece que los Fondos que mantienen las Administradoras sólo tienen por objeto el financiamiento de las prestaciones, pensiones y retiros que la ley establece. De este marco normativo concluye que, por mandato legal, el propósito del saldo de la cuenta de capitalización individual del afiliado es financiar la respectiva pensión a que tendrá derecho su titular, y que las AFP se encuentran legalmente impedidas de destinar los fondos previsionales de la cuenta de cotización obligatoria a un fin distinto del de financiar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia establecidas en el Decreto Ley N°3.500, salvo las excepciones que la misma ley contempla.

En lo relativo a la Ley N°18.156, explica que en materia laboral y previsional rige en Chile, por regla general, el principio de territorialidad, esto es, que a los trabajadores que se desempeñen en el país, sean chilenos o extranjeros, se les aplican las leyes laborales y previsionales vigentes en Chile, salvo dos situaciones de excepción: que el trabajador se encuentre acogido a un Convenio Bilateral de Seguridad Social en calidad de desplazado, o que el trabajador quede exento de cotizar, o bien en caso de haber enterado cotizaciones pueda efectuar el retiro de los fondos previsionales acumulados, siempre que dé cumplimiento a las exigencias establecidas en la Ley N°18.156. Precisa que el artículo 1° de dicha ley y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones regulan la exención de cotizar en Chile a los técnicos extranjeros, siempre que den cumplimiento a los requisitos prescritos en el artículo 1° de la ley, y que el artículo 7° de la misma ley otorga la facultad de solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado a los trabajadores extranjeros afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del citado cuerpo legal. Detalla que dichos requisitos son: que detenten la calidad de técnicos, entendiéndose por tales a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores; que se encuentren afiliados a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile en el que conste su obligación de otorgar prestaciones al menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, acreditándose mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente debidamente legalizada; y que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador manifieste expresamente su voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen. Del análisis de esta norma concluye que el actuar de AFP Provida no es ni ilegal ni arbitrario, por cuanto para efectos de realizar la devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero solo ha observado que se cumplan copulativamente los requisitos que establece la normativa vigente.

Sobre la improcedencia del recurso de protección en este caso específico, la recurrida desarrolla que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que para que proceda un recurso de protección deben concurrir copulativamente tres requisitos: que exista un acto u omisión ilegal y arbitraria; que a consecuencia de este acto u omisión ilegal o arbitraria se produzca un agravio; y que este agravio se manifieste bajo la forma de una privación, perturbación o amenaza de algunas de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental. Argumenta que el recurso de protección materia de estos autos no cumple con ninguno de los requisitos antes descritos, por lo que deberá ser rechazado.

TERCERO: Que con fecha siete de noviembre de dos mil veinticinco, esta Corte ordenó a la recurrida aclarar los fundamentos del rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales de la recurrente. En cumplimiento de lo ordenado, la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., representada por don nombre reservado, explicó que el rechazo se debe a que el certificado del Instituto Venezolano de Seguridad Social se encuentra vencido. Precisa que dicho certificado establece una vigencia de ciento veinte días desde su emisión. Agrega que el certificado acompañado a estos autos tiene fecha máxima de vigencia el treinta y uno de julio de dos mil veintidós, según consta en la página dos de tres del referido certificado.

CUARTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que, en ese sentido, la naturaleza cautelar y de urgencia de la acción constitucional de protección, hace indispensable que el recurrente invoque la afectación de un derecho preexistente e indubitado.

SEXTO: Que, el acto que se reclama como de ilegal y arbitrario corresponde a la negativa de la AFP Provida S.A. de hacer entrega o devolución de los fondos previsionales depositados en la cuenta de capitalización individual de la recurrente.

La recurrida justifica su decisión, de estimar improcedente la petición de devolución de fondos previsionales, aduciendo que el recurrente, de nacionalidad venezolana, no entregó los antecedentes que acreditaran su afiliación al régimen previsional de su país de origen, con certificado de afiliación a una entidad previsional vigente.

SÉPTIMO: Que, de la revisión de los antecedentes surge que la materia sometida al conocimiento de este Tribunal dice relación con una cuestión que excede por mucho de la naturaleza cautelar y de la urgencia de la que se ha dotado a la acción de protección, debiendo tal pretensión ser sometida al conocimiento del tribunal por ley llamado para ello, en el marco de un procedimiento que otorgue a las partes las garantías procesales correspondientes, no siendo la acción en comento la vía idónea para tal efecto.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se resuelve, que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-16555-2025.