CONSULTORA MAP S.A. con MINISTERIO DE HACIENDA VISTA CONJUNTA CON nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro.

Al folio 48; a todo, téngase presente.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 3 de diciembre de 2023, comparece don Juan Elías Abarca Fuentes, abogado, en representación de Consultora y Administradora de RRHH MAP S.A, interponiendo recurso de protección en contra de don nombre reservado, Presidente de la República de Chile; del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, representado por doña nombre reservado; de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social, representada por don nombre reservado; del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, representado por doña nombre reservado; y del Ministerio de Hacienda, representado por don nombre reservado, por haber dictado el Decreto Supremo N° 36 con fecha de publicación 3 de noviembre de 2023, correspondiente al Ministerio del Trabajo y Previsión Social; Subsecretaría del Trabajo. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que modifica intempestivamente la forma de calcular el número de trabajadores para efectos del cumplimiento de la Ley N° 21.015 sobre inclusión laboral, aumentando significativamente las acciones que la empresa recurrente debe ejecutar para dar cumplimiento a dicha normativa respecto de mensualidades ya transcurridas, exponiéndola al pago de multas, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, de no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica, y el derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 números 2, 22 y 24, por lo que solicita dejar sin efecto el referido Decreto Supremo u ordenar todas las medidas que esta Corte estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho.

Expone que la Ley N°21.015 sobre Inclusión Laboral, que entró en vigencia el 1° de abril de 2019, incorporó los artículos 157 bis y 157 ter al Código del Trabajo, obligando a las empresas de 100 o más trabajadores a mantener contratados al menos al 1% de personas con discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de invalidez, en relación con el total de sus trabajadores. Agrega que el Decreto Supremo N°64, de 2017, en su artículo 6° establecía reglas para determinar el número total de trabajadores de la empresa, considerando todos los contratos vigentes el último día de cada mes.

Sin embargo, indica que el Decreto Supremo N°36, publicado el 3 de noviembre de 2023, modificó el artículo 6° del Decreto Supremo N°64, estableciendo que para determinar el número total de trabajadores se considerará el informado en la planilla de declaración y pago de cotizaciones al organismo administrador del seguro de la Ley N°16.744, lo que incluirá a trabajadores que no necesariamente tenían contrato vigente al último día del mes respectivo, alterando significativamente el cálculo. Precisa que esta modificación se hace aplicable para el año 2023 y con efecto retroactivo.

Alega que esta situación afecta especialmente a empresas con alta rotación de personal como las de subcontratación y servicios transitorios, en las que es habitual que los trabajadores no completen el mes de actividad. Antes de la modificación, la empresa recurrente cumplía con la cuota de contratación de personas con discapacidad, pero ahora el cambio en el cálculo, aplicado retroactivamente, aumenta de sobremanera el número de personas que debe contratar, exponiéndola a multas por incumplimiento.

Sostiene que este cambio intempestivo en las reglas del juego constituye una discriminación arbitraria que los deja en una posición de desmedro respecto de otras empresas que sí podrían cumplir la cuota. Argumenta que se configura una privación, perturbación y amenaza a sus legítimos derechos constitucionales, pues tenían una planificación para el cumplimiento de la ley en el año 2024 que se ve alterada, haciendo imposible cumplir en los términos exigidos.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso de protección y, en su mérito, se deje sin efecto el Decreto Supremo N°36 publicado el 3 de noviembre de 2023, u ordenar todas las medidas que esta Corte estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe solicitado, los recurridos solicitan el rechazo de los recursos de protección deducidos en todas sus partes.

En primer término, sostienen que los recurrentes desvirtúan el propósito de la acción de protección al utilizarla como vía para revisar la legalidad de un acto reglamentario. Al efecto, señalan que esta acción constitucional tiene un carácter meramente cautelar, siendo improcedente para impugnar la nulidad de un acto de naturaleza reglamentaria, asunto que requiere un procedimiento de lato conocimiento dada su complejidad técnica. Además, indican que el ordenamiento jurídico prevé otros mecanismos de control específicos para este tipo de actos administrativos. Agregan que acceder a lo solicitado por los recurrentes, dejando sin efecto el reglamento impugnado, implicaría que la sentencia que se pronuncie produjera efectos erga omnes, extendiendo sus consecuencias más allá de las partes, o bien, vulneraría el principio de inderogabilidad singular del reglamento.

En segundo lugar, argumentan que la acción de protección incoada no explicita la forma en que se configuraría la ilegalidad o arbitrariedad del acto recurrido, limitándose a citar las modificaciones normativas y a enunciar los derechos que se estiman conculcados. De este modo, alega que el recurrente omite fundamentar la manera en que se configuraría una infracción a los derechos invocados y las razones por las que el acto impugnado carecería de la debida motivación. Así, afirman que el recurso solo da cuenta de la discrepancia del recurrente con la decisión adoptada legítimamente por la Administración, sin aportar elementos que permitan evaluar la ilegalidad y arbitrariedad que alega.

En tercer término, en cuanto al fondo, los recurridos afirman que el Reglamento de Inclusión Laboral del año 2023 se encuentra debidamente fundado y ha sido dictado dentro del marco del ordenamiento jurídico vigente.

Para sustentar la razonabilidad del acto, desarrollan latamente la naturaleza de la potestad reglamentaria como una facultad de ejercicio discrecional conferida al Presidente de la República. Luego exponen la abundante normativa internacional en la materia que obliga al Estado de Chile a adoptar medidas para prevenir y eliminar toda forma de discriminación en contra de las personas con discapacidad, especialmente en el ámbito laboral.

A continuación, explican en detalle las deficiencias detectadas en la implementación y aplicación práctica de la ley N° 21.015, que hicieron necesario introducir modificaciones reglamentarias para permitir un adecuado cumplimiento de los objetivos de inclusión. Al efecto, consignan los problemas evidenciados en la comunicación electrónica que las empresas debían efectuar a la Dirección del Trabajo, el uso de las medidas de cumplimiento subsidiario de la ley, la falta de acreditación de las razones fundadas para ello, la concentración de las donaciones en un número reducido de instituciones, y las dificultades de fiscalización del organismo competente. Además, hacen presente que, con el objeto de facilitar la implementación del nuevo Reglamento y prevenir inconvenientes, mediante el Decreto Supremo N° 56 del Ministerio del Trabajo del año 2023 se introdujeron ajustes al acto impugnado, ampliando el plazo para realizar la donación como medida de cumplimiento subsidiario hasta el 30 de junio de 2024 y estableciendo la obligación de informar su realización a la Dirección del Trabajo dentro de 30 días, modificaciones que tuvieron por finalidad evitar la acumulación de dicha obligación para los años 2023 y 2024.

Finalmente, aclaran que el Decreto recurrido no altera sustancialmente la determinación de la dotación sobre la que se calcula el número de trabajadores de la empresa para efectos de la ley N° 21.015, limitándose a precisar el periodo de meses a considerar y los medios para certificar la información, siendo esta una materia de interpretación de la Dirección del Trabajo conforme a sus facultades legales.

Respecto a la legalidad del Reglamento, sostienen que fue dictado dentro de las competencias entregadas a las autoridades que lo suscriben, contando con la habilitación constitucional y legal pertinente. Destacan que fue tomado razón por la Contraloría General de la República, trámite que le otorga una presunción de legalidad que no ha sido desvirtuada por los recurrentes. Por último, descartan que la disposición transitoria tenga un efecto retroactivo que vulnere el artículo 52 de la ley N° 19.880, por tratarse de una norma que regula una obligación futura, que ya se encuentra cumplida, cuyo objetivo fue disponer un ajuste escalonado de las innovaciones introducidas.

Finalmente, en relación a las garantías constitucionales que se denuncian como vulneradas, explican latamente que el acto impugnado no importa una afectación a los derechos de igualdad ante la ley, no discriminación arbitraria en materia económica, ni derecho de propiedad. Lo anterior, por cuanto el Reglamento no realiza discriminación o diferenciación alguna entre las empresas destinatarias de la ley N° 21.015, siendo sus disposiciones de aplicación general, no pudiendo los recurrentes alegar un trato desigual o un gravamen particular que lesione su patrimonio, considerando especialmente que no se alteró la forma de calcular la dotación relevante para los efectos de dicha normativa.

Por estas consideraciones, solicitan tener por evacuado el informe requerido y rechazar los recursos de protección deducidos en todas sus partes.

Para acreditar sus alegaciones, la parte recurrida acompañó al proceso los siguientes instrumentos: 1) Decreto supremo N° 64 del Ministerio del Trabajo del año 2017, que aprueba el reglamento del capítulo II "De la inclusión laboral de personas con discapacidad" del título III del libro I del Código del Trabajo; 2) Decreto Supremo N° 36 del Ministerio del Trabajo del año 2023, impugnado en autos, que modifica el decreto supremo N° 64 ya individualizado; 3) Decreto Supremo N° 56 del Ministerio del Trabajo del año 2023, que modifica el mismo Decreto Supremo N° 64; y 4) Informe de evaluación sobre resultados de la implementación y aplicación de la ley 21.015, de marzo de 2023.

TERCERO: Que, en lo que atañe al asunto que es materia de este arbitrio, aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, del mérito de los antecedentes allegados al proceso, es posible constatar que el acto que la recurrente tilda de ilegal y arbitrario es el Decreto Supremo N° 36 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social del año 2023, que modificó el Decreto Supremo N° 64 del mismo Ministerio del año 2017, el cual aprueba el Reglamento del Capítulo II "De la inclusión laboral de personas con discapacidad" del título III del libro I del Código del Trabajo, incorporado por la ley N° 21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral.

QUINTO: Que, debe tenerse presente que con posterioridad al Decreto Supremo N° 36 objeto del presente recurso, se dicta con fecha 1 de febrero de 2024 el Decreto Supremo N° 56, que modifica nuevamente el Decreto Supremo N° 64, con el que se amplía el plazo para realizar la donación como medida de cumplimiento subsidiario hasta el 30 de junio de 2024 y se establece la obligación de informar su realización a la Dirección del Trabajo dentro de 30 días, modificaciones con las que, como informa la recurrida, se facilitaría la implementación del nuevo Reglamento y se precave inconvenientes como los que fundamentan la acción de protección deducida, desde que se evita la acumulación de la obligación impuesta en el decreto cuestionado, para los años 2023 y 2024.

SEXTO: Que, en atención a que con posterioridad a la dictación del Decreto Supremo cuestionado, el que éste modificó, nuevamente es modificado por el Decreto Supremo N° 56 de este año, no puede dirimirse la supuesta ilegalidad o arbitrariedad de aquél acto sin considerar este decreto posterior y, al respecto, nada ha dicho el recurrente durante la tramitación de este procedimiento ni durante la vista de la causa -a la cual no comparece a alegar- sobre si la ilegalidad o arbitrariedad se mantiene actualmente, no obstante la reseñada modificación del referido reglamento, teniendo presente, a mayor abundamiento, que en relación al resto de recursos de protección deducidos por los mismos hechos e iguales fundamentos, se presentaron sendos desistimientos con posterioridad a la dictación del citado Decreto N° 64.

SÉPTIMO: Que en el escenario descrito, no puede esta Corte afirmar la ilegalidad o arbitrariedad del Decreto Supremo impugnado, desde que se carece de elementos suficientes para emitir ese pronunciamiento.

Por estas razones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Consultora y Administradora de RRHH MAP S.A, en contra del Presidente de la República de, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y del Ministerio de Hacienda.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese, si no se apelare.

N°Protección-16526-2023.