nombre reservado con DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

C.A. de Santiago Santiago, quince de noviembre de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece ROBERTO ARANDA ARCOS, abogado, actuando en representación de los recurrentes nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros No RUT reservado, y de nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, deduciendo acción de protección constitucional en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la omisión por parte de la recurrida de notificarlos de las resoluciones que contienen los motivos de rechazo sobre las solicitudes de permanencia definitiva de fechas 10 de noviembre de 2019 y 01 de mayo de 2020 presentadas por los recurrentes respectivamente, vulnerando con dicho proceder el derecho de igualdad ante la ley consagrado en el artículo En lo que respecta a la recurrente doña nombre reservado, relata que la ciudadana venezolana ingresó a Chile, en calidad de turista, solicitando dentro del plazo legal, su respectiva Visa Temporaria, la cual le fue aprobada y otorgada por una vigencia de un año, conteniendo como fecha de vencimiento el día 17 de diciembre de 2019.

Posteriormente, registra el beneficio de residencia temporaria otorgado tanto ante la Policía de Investigaciones (PDI) como ante el Registro civil, siendo este último organismo quien le asigna el número de cédula de identidad para extranjeros RUT reservado.

En este estado, comienza a ejecutar actividades laborales tanto de forma subordinada como independiente, iniciando actividades como independiente ante el Servicio de Impuestos Internos en fecha 11 de abril de 2018, desarrollando su vida en nuestro país, en pleno apego a las leyes y contribuyendo con la económica de nuestra nación.

Agrega que previo al vencimiento de la Visa Temporaria que se le había otorgado, y contando con cada uno de los requisitos exigidos por el Departamento de Extranjería y Migración, en fecha 10 de noviembre de 2019, procede a realizar la correspondiente Solicitud de Permanencia Definitiva (PEDE) –empero, encontrándose dentro del plazo legalmente establecido, para gestar dicha solicitud-.

Indica que solicitud de Permanencia Definitiva fue debidamente recepcionada por el Departamento de Extranjería y Migración, quedando signada bajo el número 1812991 folio 2951245 de la cual se obtuvo una primera respuesta del Departamento de Extranjería y Migración, es a penas en fecha 10 de septiembre de 2020 donde se obtiene la primera respuesta por la recurrida respecto a dicha solicitud, acogiendo a trámite la misma, es decir, pasados cinco meses y 11 días, tan solo para que dicha solicitud entrara a tramitación.

Sobre el asunto, es preciso destacar que en dicha oportunidad, la parte recurrida no comunico observación ni requerimiento alguno.

Reclama que a la fecha de tramitación del presente Recurso de Protección, ha transcurrido más de un año y cinco meses desde aquel 20 de noviembre de 2019, oportunidad en la cual, la recurrente realizo su solicitud de Permanencia Definitiva al Departamento de Extranjería y Migración.

En dicho plazo, la recurrente ha sufrido el desmedro de coexistir con su documento de identidad vencido y los limites sociales, laborales, mercantiles y civiles que esto implica, mismos que van desde el hecho de encontrar distintas negativas al momento de realizar distintos trámites, tales como: abrir una cuenta en distintas entidades financieras, cobrar cheque, obtener una licencia de conducir, incluso efectuar cualquier trámite en los propios servicios públicos, hasta el punto de encontrarse limitado y restringido de movilizarse libremente y viajar fuera del territorio nacional; y todo, por la demora inexcusable en la cual ha incurrido la parte recurrida en dar respuesta en su proceso de solicitud de Permanencia Definitiva.

Arguye que la tardanza inexcusable en la cual ha incurrido el Departamento de Extranjería y Migración, en pronunciarse sobre la solicitud de Permanencia Definitiva de la recurrente doña nombre reservado, infracciona los principios de economía procedimental e inexcusabilidad contenidos en la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos del Estado, en particular la norma contemplada en el artículo 27 de la referida Ley, la cual fija un plazo de seis meses para pronunciarse sobre las solicitudes que se le formulan, término, que en el caso de marras ha sido sobrepasado en exceso, al considerarse que la recurrente, posee ya más de diecisiete nombre reservado esperando vehementemente que el Departamento de Extranjería y Migración se digne a emitir.

Añade que ante la incertidumbre del recurrente, causada por el silencio del Departamento de Extranjería y Migración respecto a su solicitud, en fecha 11 de mayo de 2021, elevo una consulta sobre el estado de su trámite ante el Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC), la cual quedo signada bajo el número OR001N0421332, a los fines de tener respuesta alguna lo cual a la fecha no ha sucedido, de igual forma en vista de la exorbitante demora es menester el ejercicio de la presente acción.

Indica que en los canales de búsqueda de información detallados por el SIAC del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, respecto a la solicitud realizada por la recurrente, se puede detectar:

1. (i) En la sección denominada Consulta de Estado de Beneficio Migratorio, figura que desde inicios del año 2020, que la misma se encuentra en un 5% de su estado, indicándose además “Solicitud de Permanencia Definitiva recepcionada.”

2. (ii) De otra parte, si nos remitimos a la sección “Búsqueda de Certificado de Permanencia Definitiva”, encontramos que la información que arroja el sistema es la siguiente: “Su certificado de Permanencia Definitiva no se encuentra disponible”.

Concluye que cualquiera que sea la fecha que se tome como inicio del procedimiento en cuanto a la Solicitud de Permanencia Definitiva, vale decir, el día 20.11.2019 oportunidad en la cual se realizó́ dicha solicitud, o en su defecto, el día 10.09.2020, fecha en que el Departamento de Extranjería y Migración ingreso a su análisis dicha solicitud, lo cierto es que, se ha cumplido e incluso rebasado en demasía el plazo contemplado en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, configurándose por ende una infracción directa a los principios de celeridad, economía procesal, conclusividad e inexcusabilidad, de los Procedimientos Administrativos.

En lo que respecta al recurrente don nombre reservado, sostiene que el ciudadano venezolano ingresó a Chile, en calidad de turista, solicitando dentro del plazo legal, su respectiva Visa Temporaria, la cual le fue aprobada y otorgada por una vigencia de un año, conteniendo como fecha de vencimiento el día 17 de mayo de 2020.

Posteriormente, registra el beneficio de residencia temporaria otorgado tanto ante la Policía de Investigaciones (PDI) como ante el Registro civil, siendo este último organismo quien le asigna el número de cedula de identidad para extranjeros RUT reservado.

En este estado, comienza a ejecutar actividades laborales de forma subordinada, desarrollando su vida en nuestro país, en pleno apego a las leyes y contribuyendo con la económica de nuestro país.

Expone que previo al vencimiento de la Visa Temporaria que se le había otorgado, y contando con cada uno de los requisitos exigidos por el Departamento de Extranjería y Migración, en fecha 01 de mayo de 2020, procede a realizar la correspondiente Solicitud de Permanencia Definitiva (PEDE) –empero, encontrándose dentro del plazo legalmente establecido, para gestar dicha solicitud, misma fecha en la cual fue acogida a trámite la misma la que fue debidamente recepcionada por el Departamento de Extranjería y Migración, quedando signada bajo el número 4411006 folio 5507850.

Agrega que la solicitud de Permanencia Definitiva, realizada por el recurrente en fecha, se obtuvo una primera respuesta del Departamento de Extranjería y Migración, es a penas en fecha 16 de abril de 2021 donde se obtiene la primera respuesta por la recurrida respecto a dicha solicitud, en este caso se ordenó́ subsanar lo siguiente: “Certificado de antecedentes penales del país de Origen” sin legalizar o apostillar. Tras dicho acto administrativo que ordena subsanar una supuesta carencia o insuficiencia respecto de un requisito para la presente solicitud es imperioso precisar lo siguiente:

En primer lugar, para el momento de la solicitud los antecedentes panales fueron acompañados junto a su debida apostilla, así́ como también se encontraban vigente, es de conocimiento general que los antecedentes penales poseen una duración o vigencia de 3 meses, entonces SS Ilustrísima, siendo realizada la solicitud en fecha 01 de mayo de 2020, y los antecedentes poseen fecha del día 09 de marzo de 2020, con debida apostilla de fecha 14 de marzo de 2020, es claro que se encontraban vigente por lo cual no existe razón alguna para que la recurrida solicitara subsanar el documento citado, ya que el mismo contaba con Apostilla y su vigencia expiraba el 09 de junio de 2020 es decir posterior a la solicitud ingresada objeto de Examine.

En segundo lugar, acota que la recurrida tras ordenar subsanar dicho documento le otorga un plazo de 05 días al recurrente según resolución folio 13778714, Número 143690140, de fecha 16 de abril de 2021, (acto administrativo citado Ut Supra). Sin embargo, la propia recurrida a propósito del Estado de Excepción por pandemia del COVID-19 dicta la Resolución Exenta N° 2.933 de fecha 12 de junio de 2020, en que amplía los plazos para subsanar cualquier observación en la tramitación de las visas de 5 a 120 días, cuyo texto es el siguiente: “Extiéndase, a 120 días corridos el plazo establecido en el artículo 31 de la ley 19.880, que "Establece las Bases de Procedimientos de los Órganos de la Administración del Estado", a contar del 1 de junio de 2020, para subsanar las faltas o acompañar documentos al tenor de la norma anteriormente individualizada, respecto de aquellas solicitudes de residencia temporaria o permanencia definitiva que no reúnan los requisitos legales, según corresponda.”

Así́ las cosas, y pensando que el plazo de 5 días otorgado a mi representado fue un error de hecho, este aun así, intentó de forma diligente subsanar lo solicitado (adjuntando certificado de antecedentes), sin embargo el sistema digital de la recurrida no se lo permitió, llegándole correos electrónicos que manifestaban la imposibilidad y error de cumplir con dicho trámite, señalando “error de continuidad” dicho correo data de fecha 29 de abril de 2021.

Estima que resulta un agravio y violación flagrante a los derechos de mi representado puesto que en primer lugar como fue señalado Ut Supra nunca debió ser solicitada dicha documentación para ser subsanada, ya que dicho antecedente fue adjuntado en su oportunidad correctamente, lo que se podrá comprobar tan solo con observar los antecedentes penales que se acompañan en este recurso, puesto que se encontraban vigente en la fecha de solicitud de PEDE, así como también tras intentar subsanar lo solicitado para evitar más retardos de los comunes en los casos de solicitud de PEDE los cuales son de alta frecuencia, el sistema restringió dicha solicitud emanando un error clasificado como “problemas de continuidad”, siendo que el administrado posee 120 días para subsanar, y a la fecha consta con nuevos antecedentes penales debidamente apostillados los cuales también serán debidamente promovidos para su análisis y en aras de que la recurrida tome conocimiento por la presente de los mismos y evitar dilaciones administrativas y procesales.

Reclama que a la fecha de tramitación del presente Recurso de Protección, ha transcurrido más de un año desde aquel 01 de mayo de 2020, oportunidad en la cual, la recurrente realizo su solicitud de Permanencia Definitiva al Departamento de Extranjería y Migración. La espera prolongada y sin justa causa en la espera su Residencia Definitiva, le ha causado perjuicio a la recurrente, toda vez que se encuentra limitada en el día a día, solo a modo de ejemplo en los siguientes trámites: en el ámbito laboral, mercantil, comercial, financiero, civiles ya que para suscribir cualquier tipo de documento se solicita cédula de identidad vigente, incluso y lo más increíble que los propios servicios públicos exigen cédula vigente, como por ejemplo para obtener licencia de conducir y recibir beneficios sociales.

Enfatiza en que la tardanza inexcusable en la cual ha incurrido el Departamento de Extranjería y Migración, en pronunciarse sobre la solicitud de Permanencia Definitiva del recurrente don nombre reservado, infracciona los principios de economía procedimental e inexcusabilidad contenidos en la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos del Estado, en particular la norma contemplada en el artículo 27 de la referida Ley, la cual fija un plazo de seis meses para pronunciarse sobre las solicitudes que se le formulan, término, que en el caso de marras ha sido sobrepasado en exceso, al considerarse que la recurrente, posee ya más de nombre reservado esperando vehementemente que el Departamento de Extranjería y Migración se digne a emitir una respuesta sobre su solicitud.

Expone que en los canales de búsqueda de información detallados, y en este sentido podremos evidenciar que, respecto a la solicitud realizada por el recurrente, se puede detectar:

3. (iii) En la sección denominada Consulta de Estado de Beneficio Migratorio, figura que desde inicios del año 2020, que la misma se encuentra sin porcentaje de su estado, indicándose además “no posee beneficio migratorio.”

4. (iv) De otra parte, si nos remitimos a la sección “Búsqueda de Certificado de Permanencia Definitiva”, encontramos que la información que arroja el sistema es la siguiente: “Su certificado de Permanencia Definitiva no se encuentra disponible”.

Señala que respecto a este recurrente el presente Recurso de Protección va dirigido en primer lugar a que exista un pronunciamiento por parte de la reclamada tras haber transcurrido mas de nombre reservado desde la solicitud de PEDE, así también que este sea positivo ya que a la fecha del ingreso de dicha solicitud el documento que se solicitó́ ampliar se encontraba vigente como debidamente apostillado como ya fue explanado y se promoverá como documental dichos antecedentes, y/o en subsidio en caso que no sea así esta parte solicita se tenga por subsanado o se habilite el mecanismo para subsanar la documentación solicitada.

En cuanto al Derecho, sostiene que la Ley N° 19.880, mediante la cual se establecen las bases de los procedimientos administrativos que rigen a los actos de los órganos del Estado, y en particular el artículo 27 de la mencionada Ley, fija un plazo de 6 meses para que la administración se pronuncie sobre las solicitudes que se le formulan, término que, en el caso de marras ha sido ampliamente superado, especialmente en cuando a la solicitud de Permanencia Definitiva de doña nombre reservado, quien posee casi dos años (diecisiete meses en total) y don nombre reservado (nombre reservado en total) esperando que la recurrida emita una respuesta.

En relación a lo anterior, es preciso traer a colación lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 19.880, cuyo contenido es del siguiente tenor:

“Artículo 27. Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final.” La jurisprudencia nacional, tanto la judicial como la administrativa, ha resuelto que el plazo de 6 meses señalado en el artículo transcrito, está en relación a los principios de celeridad y economía procedimental.

Atendiendo a estas consideraciones el Dictamen N° 71.903 de fecha 19.11.2012, de la Contraloría General de la República, explica entre otras cosas, que – cito- “... en casos de demora injustificada en el actuar de los órganos de la Administración del estado, como ocurre en la especie, corresponde adoptar las medidas tendientes a determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios comprometidos en ello...”.

En el caso sub indice, no cabe duda que la norma acá descrita ha sido vulnerada de forma irreverente y flagrante por parte del Departamento de Extranjería y Migración, quien pese a poseer en su haber todos y cada uno de los recaudos requeridos para resolver las solicitudes de los recurrentes, ha preferido omitir tal pronunciamiento, ignorando los plazos legalmente establecidos, dejando a los recurrentes en un limbo migratorio que afecta de forma directa derechos e intereses básicos de todo ciudadano, y todo, por la impericia o negligencia de la propia Administración en relación a su inexcusable demora.

Arguye que demora en la cual ha incurrido la Administración, denunciada en el caso de marras, representa a su vez una violación directa a los principios de celeridad y al principio conclusivo, contemplados en los artículos 7° y 8°, respectivamente, de la Ley 19.880.

Refiere que la Ley y la jurisprudencia han establecido que, la concurrencia de circunstancia que exija la adopción de medidas de urgencia, no exime a la Administración de dar cumplimiento a los procedimientos regulares previamente iniciados.

Destaca que, la sobrevinencia de circunstancias que impidan dar cumplimiento al objeto de unas solicitud en curso, no libera a la Administración de emitir un pronunciamiento sobré ésta. Así lo han resumido los autores nombre reservado y don nombre reservado, en su estudio denominado, repertorio de Jurisprudencia Administrativa de la Ley N° 19.880; Universidad de Chile; Santiago, Chile; 2013.

Hace referencia, además al artículo 14 de la Ley N° 19.880, establece el Principio de Inexcusabilidad, conforme al cual la Administración estará obligada a resolver expresamente todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

En este sentido, dicho principio constituye un imperativo para la Administración, por tanto, una vez requerido un órgano Administrativo para intervenir en un asunto queda obligado a dar una respuesta conforme a derecho.

Sin embargo, es el caso que, en la especie el órgano requerido ha sido el Departamento de Extranjería y Migración, mismo que, legalmente es el competente para resolver las solicitudes formuladas por los recurrentes, pese a ello la resolución en cada uno de estos casos ha sido dilatada de forma inexorable y sin razón alguna, dejando con ello a los administrados en una situación de indefensión ante la inactividad del órgano gubernamental.

Esta situación, configura una vulneración directa al principio de inexcusabilidad, el cual, conforme a la jurisprudencia administrativa, se extiende incluso hasta las situaciones en las cuales órgano requerido no sea el competente para conocer del asunto particular de la presentación –lo que no ocurre en el caso de marras-, no tendrá causal legal para su inactividad, correspondiente que la Administración responda en forma sistemática. En virtud de lo anterior, será responsable del órgano incompetente requerido el hacer llegar los antecedentes al órgano competente, quien pasa a adquirir la obligación de actuar en la especie; obligación extensiva de la cual se puede evidenciar que, ante el supuesto que el órgano requerido sea el llamado a resolver el asunto en cuestión, con mayor razón, la Ley le impone de forma inexcusable la obligación de emitir un pronunciamiento expedito.

En cuanto a las Garantías constitucionales vulneradas, sostiene que el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica, dispone en favor de todas las personas, acorde al artículo 19 del mismo cuerpo legal, el Recurso de Protección, el cual se puede interponer en contra de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, que hagan sufrir privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos derechos y garantías.

En este sentido, la situación up supra descrita importa una vulneración a lo menos a los derechos y garantías Constitucionales que acá se describen, vale decir:

Garantía de Igualdad ante la Ley, contenida en el Artículo 19 numeral 2° de la Constitución Política, el cual establece: Artículo 19.- “La Constitución asegura a todas las personas:...

2° La igualdad ante la Ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias...”

Al mismo tiempo, todo lo anterior debe ir en concordancia con lo que establece la misma Constitución en su artículo 1º, al indicar que, las personas nacen iguales en dignidad y derechos, recordando la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 1, pero sustituyendo la palabra “humanos” por “personas”.

Lo mismo ocurre en el Código Civil chileno, el cual en su artículo 57 define que ante la ley no existe diferencia entre chilenos y extranjeros, respecto a los derechos civiles establecidos en dicho texto jurídico.

Desde esta perspectiva, el principio de igualdad impone un límite al poder estatal, visto que debemos entender que no se pueden establecer privilegios ni diferencias entre las personas frente a la ley, y no se deben dar tratos preferentes o en este caso excluyentes, pues todos tenemos los mismos derechos y deberes.

Esa garantía Constitucional, sirve como balanza para la justicia reconociendo por igual los derechos a todas las personas de manera equitativa, siendo que si dicha balanza se inclina hacia un grupo de personas u otro, no hay igualdad y por ende, no hay justicia.

En el presente caso, el Departamento de Extranjería y Migración ha conferido un trato discriminatorio y sesgado a mis representados de nacionalidad venezolana, quienes han elevado sus solicitudes dentro de los plazos legalmente establecido y han acompañado todos y cada uno de los documentos requeridos, pagando además, de forma oportuna los derechos relativos dichas solicitudes, no obstante, con todo y esto, se les ha negado un pronunciamiento claro y expedito respecto a sus casos, trato diferente al recibido por tantos miles de migrantes quienes si han logrado obtener una respuesta dentro del plazo contemplado en el artículo 27 de la Ley N° 19.880.

La demora inexcusable en emitir un pronunciamiento, no delata sino un trato discriminatorio y arbitrario, siendo que, al menos en el caso de doña nombre reservado, dicho ciudadano posee ya DIECISIETE nombre reservado y don nombre reservado esperando una respuesta a su solicitud, demora de por más ilógica e inaceptable.

De la misma manera, se ha vulnerado el Derecho de presentar peticiones a la autoridad y que estas sean resultas de forma adecuada y expedita, contenida en el Artículo 19 numeral 14° de la Constitución Política, el cual establece:

Artículo 19.- “La Constitución asegura a todas las personas:...

14° El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes;...”

La garantía constitucional acá mencionada, tiene relación con los principios administrativos de celeridad, economía procedimental, conclusión de los actos administrativos e inexcusabilidad, regulados por la Ley N° 19.880, y ampliamente analizados up supra, conforme a los cuales se ha logrado detallar que el órgano recurrido, Departamento de Extranjería y Migración, ha violado y/o ignorado de forma flagrante el plazo contemplado en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, causando con ello una indefensión de los administrados producida directamente por la inactividad discrecional del órgano Administrativo.

En igual medida, la actitud contumaz y negligente demostrada por el órgano recurrido, al no dar una respuesta de las solicitudes de los recurrentes ocasiona una violación al derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraría a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, contemplada en el artículo 19 número 21° de nuestra Constitución Política, en el sentido que al no poseer una cédula de identidad para extranjeros, con plena vigencia, los recurrentes no podrían constituirse como representantes legales de sus propios negocios y/o emprendimientos por ante el Servicio de Impuestos Internos.

De la misma manera, se ha vulnerado la Garantía Constitucional de seguridad jurídica, contenida en el Artículo 19 numeral 26° de la Constitución Política, el cual establece:

Artículo 19.- “La Constitución asegura a todas las personas:...

26° La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella misma lo autoriza no podrán afectar los derechos en su esencia, ni interponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio....”

En este contexto empero que, tanto los recurrentes, realizaron sus respectivas solicitudes ante el Departamento de Extranjería y Migración, cumpliendo de forma vehemente con cada uno de los recaudos que ha bien se les imponía, solicitudes elevadas bajo la legitima confianza que sus peticiones serían atendidas y resueltas bajo los preceptos legales que por mandato regulan los procedimientos relativos a sus asuntos de residencia, no obstante, la seguridad jurídica que ha bien pudo haberles conferido la Ley, se ha visto destruida ante la inactividad del órgano llamado a resolver sus asuntos, quien caprichosamente y sin motivo alguno, se ha demorado en un caso más de DIECISIETE nombre reservado y en el otro más de UN AÑO, sin atender sus requerimientos, desconociendo la obligación contemplada en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 –aplicable a la materia- causando así una indefensión a los administrados en los distintos ámbitos de su vida cotidiana.- A todas estas consideraciones debe agregarse por excelencia que, la omisión ilegal en la cual ha incurrido el órgano Administrativo recurrido, perturba la libertad personal de los recurrentes y también su seguridad individual como presupuesto de la primera, pues no obstante encontrarse en proceso de Solicitud de Permanencia Definitiva, por lo que pese a que su residencia en Chile es regula, la omisión de la recurrida, hace su situación sea incierta, obstaculizando sus planes futuros, impidiendo su desarrollo familiar, profesional y laboral.

En este sentido, el artículo 19 número 7 letra a) de nuestra Carta Fundamental, consagra que “La constitución asegura a todas las personas: El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. En consecuencia: a) Toda persona tiene derecho a residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley salvo siempre el perjuicio de terceros.”

Asimismo, el artículo 21 inciso tercero de la Constitución Política, relata que “En el mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.”

Por lo anterior empero que, puede calificarse sin lugar a duda como una perturbación al ejercicio de su derecho constitucional de residir dentro del territorio de la República con un estatus migratorio que les permita el acceso a desarrollar su vida plenamente mientras sean titulares de un permiso de residencia que los habilite para tal efecto, derecho que no tendría por verse afectado en el caso de los amparados, por cuanto ambos han dado cumplimiento a todos los requisitos que establece la ley para gozar de dicha libertad, al haber actuado diligentemente en lo que respecta a la tramitación de sus correspondientes permanencias definitivas, para permanecer regularmente en el país.- Segundo: Que, informando Carolina Fernandoy Catalán, abogado en representación de nombre reservado, Jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien desde ya solicitó el completo rechazo de la presente acción constitucional.

Explica que a la recurrente nombre reservado con fecha 19 de octubre de 2019, y mediante los canales digitales dispuestos al efecto por esta autoridad migratoria, la recurrente ingresó solicitud de permiso de permanencia definitiva.

Que contra la presentación de su solicitud se emitió comprobante de permiso de permanencia definitiva en trámite Nº31.523, con vigencia entre el 19 de octubre de 2019 y el 19 de abril de 2020. Dicho comprobante está a disposición de la recurrente a través del portal de trámites digitales de esta autoridad migratoria, pudiendo ampliar su vigencia ingresando a portal http://tramites.extranjeria.gob.cl con su Clave Única del Estado. Que dicho comprobante cumple lo establecido en el artículo 135, que en relación al artículo 157 N° 5, ambos del Decreto Supremo N° 597, de 1984, y permite justificar la residencia regular de la extranjera mientras se tramita su permiso de permanencia definitiva.

Que por Comunicación Electrónica N° 16743057, de fecha 12 de julio de 2021, remitida por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se le informó a la extranjera que su solicitud de permanencia definitiva avanza a etapa de análisis resolutorio, y se emitió orden de giro N° 1006839764 para que pague los derechos relativos a la solicitud de permanencia definitiva, lo que importa un prerrequisito para resolver lo pedido según se expondrá en el capítulo del derecho.

Que la extranjera no ha hecho pago de los derechos correspondientes a su solicitud de permiso de permanencia definitiva, encontrándose vigente el término para que cumpla con dicha exigencia, por lo que no es posible para esta autoridad migratoria pronunciarse sobre su solicitud sino hasta recibir el pago o encontrarse vencida la orden de giro. De no pagarse los derechos de la solicitud o de vencerse la orden de giro sin pagarse los derechos, llevan a la autoridad migratoria a la obligación de rechazar lo solicitado, en conformidad al artículo 81 y artículo 133, inciso segundo, del Reglamento de Extranjería, que regula específicamente el otorgamiento del permiso de permanencia definitiva.

Así las cosas, y de acceder a lo solicitado por la contraria, sin verificarse el pago de los derechos que la ley y el reglamento de Extranjería ordenan, generaría en la recurrente una situación de privilegio respecto de los demás solicitantes de permiso de permanencia definitiva. Si en la actualidad no se ha emitido pronunciamiento respecto de lo solicitado por la extranjera, ha sido única y exclusivamente por encontrarse pendiente el pago de dichos derechos, y por encontrarse vigente el plazo para que la extranjera haga pago de los mismos.

Luego, no puede sostenerse que exista acción u omisión ilegal o arbitraria, puesto que la autoridad administrativa ha cumplido con dar tramitación regular y progresiva al expediente de solicitud de permanencia definitiva de la señora nombre reservado, poniendo a su disposición todos los documentos que acreditan su situación migratoria regular en el territorio nacional.

Se destaca que si bien es prerrequisito para resolver una solicitud de permiso de permanencia definitiva el pago de los derechos que la ley y el reglamento establecen, no debe entenderse que el pago de dichos derechos sea una especie de garantía para el otorgamiento del permiso impetrado. Muy por el contrario, el no pago de dichos derechos dentro del plazo establecido si implica una causal de rechazo de la solicitud de permanencia definitiva.

Que así las cosas, habiéndose sometido la solicitud a la tramitación estándar establecida en el Reglamento de Extranjería, y siguiendo los principios generales establecidos en la Ley N° 19.880, se estima por esta autoridad migratoria que no ha existido vulneración, perturbación o amenaza a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, en los términos y forma señalada por el recurrente, motivo por el cual debiese ser rechazada la acción en todas sus partes, atendido que la autoridad administrativa ha ceñido su actuar a las normas legales y reglamentarias vigentes, siempre dentro de la esfera de sus competencias.

En cuanto a la situación del recurrente nombre reservado expone que con fecha 17 de diciembre de 2018 el extranjero solicitó visación temporaria por primera vez y mediante Resolución Exenta N°23.477 de fecha 26 de febrero de 2019 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública se le otorgó visación temporaria por el plazo de 1 año, con vigencia hasta el día 17 de mayo de 2020.

Que, con fecha 30 de abril de 2020 el extranjero solicitó permiso de permanencia definitiva.

Que mediante Comunicación N° Folio 13778715 de fecha 16 de abril de 2021 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se comunicó al extranjero que su solicitud de Permanencia Definitiva no reúne los requisitos exigidos por la legislación vigente, en atención a que no adjuntó la documentación señalada en los formularios de requisitos, a saber: el certificado de antecedentes penales del país de origen no cuenta con la debida legalización o apostilla.

Que, mediante la misma comunicación, percatándose este Departamento que el extranjero no acompañó a su solicitud el certificado de antecedentes penales de país de origen debidamente legalizado o apostillado, se le otorgó un plazo de 5 días hábiles, para subsanar la falta o acompañar los documentos respectivos, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Nº19.880.

Que, no consta que el extranjero haya subsanado la solicitud, dando cumplimiento a lo establecido en la comunicación anteriormente indicado, en el plazo estipulado en el artículo 31 de la Ley N°19880 o haya solicitado una ampliación de plazo para acompañar el documento requerido.

Que, mediante Resolución Exenta N°21095636 de fecha 12 de julio de 2021 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se informó al extranjero que su solicitud se tuvo por desistida en atención a que no dio cumplimiento a la subsanación de su solicitud en el plazo de 5 días otorgado.

Que, a la fecha, no se ha dictado resolución alguna que multe, disponga orden de abandono o expulsión respecto del extranjero.

Además, el extranjero no ha hecho una nueva solicitud con los requisitos exigidos por la normativa vigente, encontrándose habilitado para ello, posterior pago de la multa por el tiempo de residencia irregular.

Que, en el presente recurso se solicita:

- “Declarándose que ambos recurrentes cumplen con los requisitos legales para obtener la residencia definitiva, ordenándose a la recurrida otorgarlas en el más breve plazo.”

“En subsidio, se tenga por cumplido y por acompañado en tiempo y forma con fecha 01 de mayo de 2020 los antecedentes penales debidamente apostillados y vigente para la fecha de ingreso de la solicitud, o en su caso, tener por subsanado lo solicitado en resolución de fecha 16 de abril de 2021, en ambos casos, ordenar seguir la tramitación para finalmente, otorgar la residencia, en el más breve plazo”.

Respecto a lo anteriormente expuesto, se puede verificar del relato de los hechos que el extranjero claramente no cumplió con los requisitos mínimos para el análisis y obtención de un permiso de residencia definitiva y reiterar que la entrega de la misma se debe a una facultad discrecional de la autoridad, y que su otorgamiento corresponde a una “mera expectativa” y no a un derecho indubitado, como parece creer la parte recurrente, solicitando además, se tenga por subsanada una solicitud, trámite que no fue realizado por el extranjero.

A continuación hace una lata exposición de la regulación de la solicitud de permanencia definitiva, expresando que el artículo 127 del Reglamento de la Ley de Extranjería establece los requisitos que deben cumplir dichas solicitudes de visación, debiendo acompañar estos los documentos que funden Concluye, en definitiva, que no ha existido ninguna actuación ilegal o arbitraria que vulnere los derechos de la recurrente.

Tercero: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías fundamentales que sean vulneradas por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, del Estado o de particulares, que priven, perturben o amenacen tal ejercicio, mediante la adopción por la Corte de las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Cuarto: Que, en la especie, la recurrente nombre reservado califica de ilegal y arbitraria la omisión de pronunciamiento por parte del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en relación a su solicitud de permanencia definitiva en el país, solicitada con fecha 10 de noviembre de 2019, por lo que pide a esta Corte que ordene a la autoridad recurrida tomar la decisión sobre la visa solicitada, restableciendo de esa forma el imperio del derecho.

Quinto: Que, por su parte, el recurrente nombre reservado, estima ilegal y arbitraria la omisión de pronunciamiento del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en relación con su solicitud de permanencia definitiva, solicitada con fecha 01 de mayo de 2020, en la que, con fecha 16 de abril de 2021, la recurrida le exige certificado de antecedentes penales del país de origen legalizado o apostillado, no obstante que ya lo había acompañado regularmente a la solicitud venciendo el plazo de vigencia de éste debido a la tardanza de la autoridad, por lo que pide a esta Corte ordenar a la recurrida emitir la respuesta a su solicitud, restableciendo de ese modo el imperio del derecho.

Sexto: Que, en síntesis, respecto de la recurrente nombre reservado, la autoridad informa que la solicitud de permanencia definitiva avanza a etapa de análisis resolutorio, por lo que emitió la orden de giro Nº 1006839764, con el fin de que la interesada pague los derechos correspondientes al trámite y como ésta no lo ha hecho no es posible pronunciarse sobre la solicitud de permanencia definitiva.

Séptimo: Que, en resumen, respecto del recurrente nombre reservado, la autoridad informa que éste no acompañó el certificado de antecedentes penales de su país de origen debidamente legalizado o apostillado y hasta la fecha no ha subsanado la omisión, por lo que habiéndosele otorgado un plazo de 5 días hábiles para hacerlo para subsanar la falta, en definitiva, mediante Resolución Exenta Nº 21095636 de 12 de julio de 2021 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se comunicó al recurrente que se le tuvo por desistido de su solicitud en atención a que no dio cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo concedido.

Octavo: Que, por consiguiente, respecto a la recurrente nombre reservado, habiéndose dado tramitación a la solicitud de permanencia definitiva en los términos señalados en el informe de la autoridad recurrida, y que ésta no se ha pronunciado únicamente porque la interesada no ha hecho pago de los derechos correspondientes, actualmente no existe un hecho que vulnere los derechos de la recurrente y que esta Corte deba proteger.

Noveno: Que, el recurrente nombre reservado, no obstante que al presentar su solicitud de permanencia definitiva con fecha 01 de mayo de 2020, acompañó el certificado de antecedentes penales del país de origen, con la debida apostilla, sin embargo, el 16 de abril de 2021, es decir, 11 meses y 14 días después, la autoridad migratoria ordena al interesado subsanar la solicitud de permanencia definitiva por no poseer vigencia dichos antecedentes penales del país de origen, al pasar 3 meses de vigencia, dándole un plazo de 5 días para hacerlo.

Décimo: Que cabe recordar que la Ley Nº 19.880, regula el actuar de la Administración y reconoce en el artículo 4º los principios básicos a aplicar imperativamente en los procedimientos administrativos.

Por consiguiente, tales normas orientan en cada caso la interpretación, encontrándose entre tales principios básicos en favor de las personas ante la Administración, los de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad.

La Excma. Corte Suprema en esta misma materia ha señalado que: (…) “resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en el artículo 7º, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites el procedimiento administrativo debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8º, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como el principio de economía procedimental, del artículo 9º, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14º define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación”. (Sentencia protección, Corte Suprema, Rol Nº 24.827-2020, 05 de junio de 2020).

Undécimo: Que, en consecuencia, de los antecedentes del recurso consta claramente que la autoridad administrativa recurrida se apartó de su obligación de aplicar los principios antes referidos, al haber incurrido en una demora inexplicable en la tramitación de las solicitud de permanencia definitiva del recurrente nombre reservado, por más de 6 meses, excediendo con creces el plazo establecido en el artículo 27º de la citada Ley Nº 19.880, lo que constituye un proceder ilegal de su parte y con ello manteniendo por años la incertidumbre al solicitante.

Y tampoco puede afectar al recurrente la supuesta caducidad del citado documento, si se razona que lo acompañó oportunamente junto con su solicitud y que por culpa de la tardanza inexcusable de la autoridad administrativa éste habría perdido la vigencia.

Duodécimo: Que, además, las omisiones denunciadas vulneran la garantía de igualdad ante la ley del recurrente nombre reservado, reconocida en el numeral 2º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en atención a que la autoridad no ha actuado en la forma natural y obvia que se espera ante todo solicitante, que tienen el derecho a que se les tramite regularmente sus solicitudes de permanencia definitiva y a obtener la decisión formal que contenga las razones en base a las cuales la autoridad adoptó la decisión terminal, pudiendo los peticionarios de ese modo ejercer sus derechos y en su caso las acciones jurisdiccionales que pudieren corresponderles.

Y, vistos, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

a) Que se acoge el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, y en consecuencia, la autoridad recurrida deberá emitir el pronunciamiento que sea procedente en derecho respecto de su solicitud de permanencia definitiva, sin considerar las Resoluciones Exentas, por carecer éstas de efecto jurídico, consistentes en la que estimó la falta de vigencia del certificado de antecedentes penales en el país de origen del solicitante acompañado por éste regularmente a la solicitud y la Resolución que lo estimó desistido del procedimiento administrativo, respectivamente.

b) Que se rechaza el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, teniendo en consideración que en el procedimiento administrativo solo resta, para dar término a su solicitud de permanencia definitiva, el pago de su parte del giro por concepto de los derechos correspondientes a la gestión, por lo que no existe un hecho de la autoridad recurrida que vulnere el derecho fundamental invocado en el recurso.

Acordada con el voto en contra del Ministro Jorge Zepeda Arancibia, únicamente en cuanto se rechaza parcialmente el recurso de protección y, en cambio, fue también de parecer de acogerlo respecto de la recurrente nombre reservado, por los siguientes fundamentos:

1º Que hasta la fecha del presente recurso no se resuelve su solicitud de permanencia definitiva en el país, pues la solicitante al consultar electrónicamente, único medio que tiene para hacerlo, la búsqueda le arroja la respuesta: “Su certificado de Permanencia Definitiva no se encuentra disponible”.

2º Que no hay constancia que la recurrente nombre reservado, haya sido notificada de la comunicación Nº 16743057, de fecha 12 de julio de 2021, que habría ordenado el giro de los derechos relativos a su solicitud de permanencia definitiva.

3º Que en consecuencia, respecto de la recurrente nombre reservado, se han vulnerado por la autoridad administrativa los principios básicos de la Ley Nº 19.880, analizados en los considerandos Décimo y Undécimo de esta sentencia, y de esa forma ha sido infringida la garantía constitucional del numeral 2º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en los términos referidos en el considerando Duodécimo de esta sentencia.

4º Que el retardo inexcusable en que ha incurrido la autoridad administrativa, no puede ser justificado por con el acto trámite que refiere al informar, por cuanto, como se ha indicado anteriormente, no hay constancia que la recurrente nombre reservado haya sido notificada de dicho trámite de orden de giro por concepto de derechos de la gestión.

Por estas consideraciones quien disiente fue de parecer de acoger el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, con el objeto que la autoridad recurrida emita el pronunciamiento que sea procedente en derecho respecto de su solicitud de residencia definitiva, previa notificación del trámite de giro de derechos a la interesada.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del ministro señor Jorge Zepeda Arancibia.

Rol N° 16501-2021 Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Jorge Zepeda Arancibia e integrada, además, por los ministros señor Omar Astudillo Contreras y señora Elsa Barrientos Guerrero. No firman, el ministro señor Zepeda, por encontrarse en funciones en la Corte Suprema y la ministra señora Barrientos, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.