nombre reservado con TESORERÍA REGIONAL METROPOLITANA

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro.

Visto:

Primero: Que nombre reservado, técnico universitario, español nacionalizado chileno, cédula nacional de identidad Nro.RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana, acciona de protección contra la Tesorería Regional Metropolitana, representada por los abogados y abogadas Giggliola Vanessa Cassi Martínez, Yania Fransina Rojas Bonilla, Aquiles Gerardo Jara Veloso, Álvaro Marcelo Rivas Galleguillos, Rodrigo Ignacio Torres González, Verónica del Carmen Muñoz González, Juan Gabriel Carreño Rodríguez, Pilar Andrea González Rodríguez, Verónica del Pilar Opazo Rodríguez o nombre reservado; por haber rechazado su solicitud de reemplazar el cheque Nro.[cuenta reservada], emitido por la recurrida el 21 de agosto de 2020, en favor de nombre reservado, actualmente fallecida, vulnerando las garantías del artículo 19 números 3° y 24° de la Constitución Política de la República.

Expresa que, en la fecha señalada, se emitió el cheque por $6.234.384, relativo a la devolución de impuestos del año tributario 2020, a la mencionada nombre reservado, quien falleció el 9 de julio de 2021. El Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago, en el Rol V-346-2021, otorgó, el 28 de septiembre de 2022, la posesión efectiva de sus bienes a sus hijos nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado como herederos testamentarios universales, providencia que fue complementada por el tribunal el 6 de octubre de 2021. El 14 de diciembre de ese mismo año el Servicio de Impuestos Internos certificó el pago del impuesto establecido en la Ley Nro.16.271 y se inscribió la posesión efectiva y el testamento en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas 3167, número 4629, del año 2023.

Relata que por escritura pública de 29 de febrero de 2024, sus hermanas le cedieron sus derechos hereditarios, siendo el recurrente el único continuador del causante y beneficiario. En razón de ello solicitó el reemplazo del cheque a través de la Solicitud Nro.[cuenta reservada], el 5 de abril de 2024, pero Tesorería lo rechazó por considerar prescrita la acreencia en virtud del artículo 2521 del Código Civil, según da cuenta el Ordinario Nro.228, suscrito por el jefe de operaciones del ente recaudador, el 20 de mayo de 2024, comunicación recibida el 4 de junio de este mismo año.

Estima que la decisión de la recurrida se adopta sin el respaldo jurisdiccional que requiere la prescripción, al tenor de lo dispuesto en el artículo 2493 del Código Civil, toda vez que el Servicio de Tesorerías no ha promovido ni como acción, ni como excepción la declaración de aquel modo de extinguir las obligaciones, lo que se traduce en que la decisión de la recurrida sea ilegal y arbitraria.

Cita los artículos 11 y 41 de la Ley Nro.19.880 y el artículo 8° de la Constitución Política de la República y sostiene que se ha transgredido sus garantías del artículo 19 de dicha Carta fundamental en sus numerales 3 y 24; porque implica una autoatribución de prerrogativas propias de la judicatura transgrediendo el principio de Igualdad ante la Ley a la vez que le priva de un beneficio económico legítimo.

Pide que se declare que la decisión de la recurrida es ilegal y arbitraria; que se deje sin efecto la negativa a reemplazar el cheque Nro.[cuenta reservada] consignada en el Oficio Nro.228 de 20 de mayo de 2024; y, que se le ordene a la recurrida reemplazar aquel título de crédito, procediendo al pago del documento, con costas.

Segundo: Que la Tesorería General de la República, informa que efectivamente el recurrente solicitó, con fechas 3 y 5 de abril de 2024, el reemplazo del cheque que individualiza en su recurso, lo que fue desechado por extemporaneidad, al excederse el plazo establecido en el artículo 2521 del Código Civil.

Explica que con ocasión de la presentación de declaración del impuesto a la renta realizada por nombre reservado, Rut Nro.RUT reservado, el 27 de abril de 2020, la Tesorería -previa autorización del Servicio de Impuestos Internos- generó un cheque de devolución por $6.234.384, como excedente de las rentas generadas en el proceso AT 2020, el cual fue regularmente enviado y recibido por su titular, pero no cobrado, revalidado o modificado su mecanismo de pago, por aquélla.

Ante la solicitud de su heredero, el Servicio de Tesorerías, a través del Ordinario Nro.228 de 20 de mayo de 2024, le respondió que el plazo de 3 años para el reemplazo del cheque, conforme al artículo 2521 del Código Civil había vencido ya que éste se cuenta desde la fecha de giro del primer documento de pago.

Expone que esta materia requiere un pronunciamiento sobre el fondo y que el recurrente no tiene un derecho indubitado, pretendiendo por esta vía cautelar o de urgencia, revalidar un documento caducado en base a lo previsto la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques y normas del Código Civil. Añade que pasados 3 años los fondos se derivan a Rentas Generales de la Nación.

Alega que no ha incurrido en acto ilegal al denegar la solicitud de reemplazo del cheque, atendido lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto con Fuerza de Ley Nro.707 de 1992, que establece un plazo de 90 días para que el portador de un cheque lo presente a cobro, luego de cuyo lapso el documento es un mero instrumento que da cuenta de una obligación, la que ha prescrito conforme a las normas del Código Civil. Cita jurisprudencia en su favor.

Solicita el rechazo del recurso, con costas.

Tercero: Que la Constitución Política de la República en su artículo 20 establece: “[e]l que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada”.

Cuarto: Que de acuerdo a lo anterior, esta acción constituye jurídicamente una de carácter cautelar y de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes o indubitados que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección del afectado/a ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Quinto: Que, sin embargo, la denuncia que se realiza y la pretensión que se formula, se apartan de las características anotadas, ya que subyace en ellas una cuestión de fondo y también de contexto o temporaria, distinta a la que el constituyente tuvo en cuenta al incorporar esta acción cautelar, la cual corresponde sea debatida en un juicio adversarial de lato conocimiento que permita aportar probanzas, determinar fehacientemente los plazos involucrados y, en definitiva, ser dilucidado el derecho en concreto por la justicia ordinaria.

Sexto: Que, en efecto, el acto recurrido, plasmado en el Ordinario Nro.228 de 20 de mayo de 2024, dice en lo pertinente lo siguiente: “[...] lamentamos informar que no será posible realizar el egreso a nombre de solicitante nombre reservado, Rut RUT reservado. Téngase por informado que según lo establecido en el Artículo 2521 del Código Civil, se establece un plazo de 3 años para hacer efectivo el reemplazo del cheque, señalando que ´prescriben en tres años las acciones a favor o en contra del Fisco y de las Municipalidades provenientes de toda clase de impuestos´. Este tiempo se cuenta desde la fecha de giro del primer documento para pago, independiente de las veces que se hayan revalidado los cheques”.

Séptimo: Que de su lectura y en lo que importa a una aproximación de cautela inmediata, será necesario concordar con la recurrida que el artículo 23 de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques establece que “[e]l portador de un cheque deberá presentarlo al cobro dentro del plazo de sesenta días, contados desde su fecha, si el librado estuviere en la misma plaza, de su emisión, y dentro de noventa días, si estuviere en otra”, lo que no aconteció en la especie, habida cuenta que la causante falleció mucho tiempo después y se ignora si estuvo impedida por alguna razón atendible, todo lo cual corresponde sea discutido en juicio.

Pero también porque no es efectivo que el Servicio de Tesorería esté abrogándose competencias que no le han sido conferidas por el legislador, ya que lo que el recurrente entiende ha sido un pronunciamiento sobre prescripción, no es más que una actuación asilada en la extemporaneidad de la solicitud de reemplazo, quedando a salvo una eventual decisión sobre la validez de la obligación por la vía respectiva.

Octavo: Que, sobre este aspecto, resulta útil traer a colación la Circular Nro.72 de 11 de octubre de 2001 del Servicio de Impuestos Internos que Imparte Instrucciones sobre el Pago Indebido o Erróneo de los Impuestos y sus Efectos en el Tiempo, la cual establece: “[e]l artículo 126º del Código, en la parte que nos interesa, dispone que: ´No constituirán reclamo las peticiones de devolución de impuestos cuyo fundamento sea: 1º.- Corregir errores propios del contribuyente. 2º.- Obtener la devolución de sumas pagadas doblemente, en exceso o indebidamente a título de impuestos, reajustes, intereses y multas. Con todo, en los casos de pagos provenientes de una liquidación o giro, de los cuales se haya reclamado oportunamente, sólo procederá devolver las cantidades que se determinen en el fallo respectivo. Si no se hubiere reclamado no procederá devolución alguna, salvo que el pago se hubiere originado por un error manifiesto de la liquidación o giro. 3º.- La restitución de tributos que ordenan leyes de fomento o que establecen franquicias tributarias. Código Tributario A lo dispuesto en este número se sujetarán también las peticiones de devolución de tributos o de cantidades que se asimilen a éstos, que, encontrándose dentro del plazo legal que establece este Artículo, sean consideradas fuera de plazo de acuerdo a las normas especiales que las regulen. Las peticiones a que se refieren los números precedentes deberán presentarse dentro del plazo de tres años, contado desde el acto o hecho que le sirva de fundamento´. La norma transcrita presupone que la obligación de restituir por parte del Fisco, debe provenir del entero en arcas fiscales de una suma de dinero, a título de impuestos, reajustes, intereses o multas, que resulta excesiva, indebida o errónea. A su vez, el contribuyente debe haber sido impulsado a efectuar el pago en la forma indicada, ya sea por su propia apreciación falsa de la realidad o, por un error en el acertamiento de la obligación impositiva efectuado por la administración tributaria y que el contribuyente pagó sin haberlo advertido. Asimismo, procede la devolución cuando la restitución del tributo haya sido dispuesta por una norma legal de fomento o que establezca franquicias tributarias. Actualmente, el inciso segundo del numeral tercero de este artículo, concede a los contribuyentes, que conforme a leyes especiales tienen derecho a solicitar la devolución de tributos o de cantidades que se asimilen a tales, la facultad de ejercer ese derecho dentro del plazo que contempla el artículo 126º, en el evento que el plazo especial previsto en el régimen específico que le rija se hubiese extinguido pero aquél aún se mantuviere pendiente”.

Séptimo: Que, así las cosas, no se advierte que la recurrida haya incurrido en una ilegalidad, en el sentido de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, ni tampoco en una arbitrariedad ya que razones de contexto y adscripción a los reglamentos internos como el descrito precedentemente, hacían previsible que Tesorería denegara la solicitud de reemplazo del cheque, habida cuenta, además, que los fondos ya no se encuentran a su resguardo, sino que a disposición del Fisco en glosas separadas.

Octavo: Que por lo anotado y dado que el examen debe verificarse respecto de derechos que estén completamente establecidos y que, por lo menos, de acuerdo a los estatutos normativos que rigen el actuar de Tesorería, este desplegó la conducta que le era exigible frente a cualquier contribuyente en la misma posición, no aparece que se haya vulnerado el derecho de igualdad ante la ley ni el derecho de propiedad del recurrente quien no goza de un derecho indubitado susceptible de ser amparado.

En consecuencia y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 21 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado contra la Tesorería Regional Metropolitana.

Acordado con el voto en contra de la ministra (S) señora Poza quien estuvo por acoger el recurso sobre la base de las siguientes consideraciones:

1°) Que la acción de protección es una herramienta de carácter procesal cuya importancia se mide por su capacidad de dar protección a los derechos fundamentales de las personas, entendiendo por tales los señalados taxativamente en el artículo 20, y siempre que haya una actuación u omisión ilegales o arbitrarias que los amaguen o afecten.

De ahí que se ha dicho que “[…] la eficacia de este remedio se debe a que constituye un proceso cuyas ventajas principales son su rapidez y su carácter sumario y concentrado, que le permiten resolver situaciones de vulneración de derechos fundamentales que no pueden quedar entregadas a una tramitación de lato conocimiento, sin que con ello se consume un daño irreparable” (El Recurso de Protección. Estudio Profundizado. nombre reservado, Santiago, 2020, Ediciones Jurídicas).

Así, sus características primordiales son que se trata de una acción de carácter autónomo que forma parte de la jurisdicción constitucional, de carácter declarativo y de urgencia, siendo su objeto la tutela de los derechos fundamentales, indicados taxativamente en la Constitución Política, frente a los actos u omisiones del poder político y/o de los particulares que infringen u atropellan tales derechos (Acción de Protección. nombre reservado., Santiago, 2020, Ediciones DER).

2°) Que desde esta perspectiva y dado no solamente que se han acompañados documentos que permiten evaluar la existencia de un derecho en el sentido del artículo 19 Nro.24 de la Constitución Política, sino que además los antecedentes fácticos contenidos en ellos han sido expresamente reconocidos por la propia recurrida, aparece del todo posible entregar una solución al problema sin transgredir normas del debido proceso.

3°) Que en efecto sabemos que el Servicio de Tesorería giró y remitió a la contribuyente nombre reservado, un cheque por su devolución de impuestos AT 2020, el cual no fue cobrado por ella, quien falleció 11 meses después. Sus herederos iniciaron inmediatamente los trámites de la posesión efectiva testada, pagando al Fisco el impuesto respectivo, quedando definitivamente inscrita a nombre de la sucesión en enero de 2023. Época desde la cual pudieron hacer efectivos sus derechos, lo que el cesionario realizó ante Tesorería a través de la Solicitud Nro.1655701, el 5 de abril de 2024.

4°) Que, no obstante, aun conforme a las normas y circular citadas por la recurrida, no son aplicables en la especie de la manera en que ella determina, ya que no ha sido la contribuyente quien acciona para efectos de serle devuelto el pago de impuestos realizado en exceso, sino su heredero, a quien el plazo respectivo solo pudo contársele desde que obtuvo la posesión efectiva de los bienes de su madre.

Redactado por la ministra (S) señora Poza.

Rol Corte Nro.16.485-2024 (Protección)