nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, cinco de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE.

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, de nacionalidad colombiana, por si, interponiendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Pensiones y de AFP PROVIDA S.A., por haber ambas rechazado su solicitud de devolución de los fondos previsionales acumulados en su cuenta de capitalización individual, resolución que considera ilegal y arbitraria, ya que se habrían impuesto requisitos no contemplados en la Ley N° 18.156 y desconociéndose la validez de su título técnico otorgado en Colombia, vulnerando con ello las garantías constitucionales del derecho de propiedad y de la igualdad ante la ley, consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se deje sin efecto los actos recurridos y se ordene la devolución íntegra y reajustada de los fondos correspondientes.

Expone que, en su calidad de trabajador técnico extranjero, el 24 de junio de 2025 presentó ante AFP PROVIDA S.A. solicitud de devolución de sus fondos previsionales, en conformidad con los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156. Para acreditar dicha calidad, acompañó un expediente documental que incluía su título de “Técnico Laboral por Competencias en Informática y Sistemas”, debidamente apostillado conforme al Convenio de La Haya, su Acta Individual de Grado y documentación laboral que acreditaba su permanencia contractual con diversas empresas en las cuales consta su voluntad de mantener afiliación previsional en Colombia. Sin embargo, alega que, el 30 de junio de 2025, la AFP rechazó su solicitud argumentando que el título no sería de nivel técnico superior ni equivalente a estudios profesionales o técnicos superiores.

Ante ello interpuso recurso de reposición el 1 de julio de 2025, siendo rechazado el 4 del mismo mes y año. Agotada la vía administrativa, refiere que el 7 de julio de 2025, presentó un reclamo ante la Superintendencia de Pensiones, pero mediante correo electrónico de 10 de julio de 2025 dicha autoridad, confirmó el criterio de la AFP, señalando que para ser considerado “técnico” se requería necesariamente un título de nivel técnico superior o profesional.

Afirma que que las decisiones de AFP PROVIDA S.A. y de la Superintendencia de Pensiones constituyen actos ilegales y arbitrarios, por cuanto se habrían impuesto requisitos no contemplados en la Ley N° 18.156, la cual solo exige la calidad de “personal técnico extranjero” y no un “título técnico superior”. Expone que las recurridas modificaron el sentido de la ley al exigir un nivel formativo que el legislador nunca estableció, práctica que —según indica— ha sido corregida reiteradamente por la jurisprudencia.

Asimismo, sostiene que las recurridas incurrieron en infracción directa de la Circular N° 553, puesto que ésta define la calidad de técnico señalando que basta acreditar “estudios especializados o profesionales”, utilizando la disyuntiva “o”. Sostiene que su título de “Técnico Laboral por Competencias en Informática y Sistemas” acredita estudios especializados y, por tanto, cumple con el estándar exigido por la normativa administrativa. Por ello, la negativa de las recurridas sería contraria a sus propias instrucciones obligatorias y generaría incertidumbre jurídica.

Denuncia también arbitrariedad por falta de fundamento racional, afirmando que la Superintendencia cambió el sentido de la norma y de sus propias instrucciones sin justificación suficiente, aplicando un estándar más gravoso que el previsto por la ley y creando desigualdad respecto de otros técnicos extranjeros.

Finalmente, indica que los actos recurridos desconocen el valor probatorio del título apostillado, cuya autenticidad fue certificada por el Estado colombiano conforme al Convenio de La Haya, lo que obliga a reconocer su validez sin revisar su contenido. Sostiene que su título es oficial según la Ley colombiana N° 1064 de 2006 y que autoriza a ejercer funciones técnicas en ese país, por lo que la negativa de las recurridas constituye un desconocimiento infundado de un acto soberano extranjero y configura un actuar arbitrario e ilegal.

A su juicio, los actos denunciados vulneran el derecho de propiedad, porque la negativa a devolver sus fondos constituye una privación y perturbación ilegítima respecto de bienes de su dominio; y afectan la igualdad ante la ley, por aplicársele un estándar más gravoso que el previsto por la legislación y distinto al utilizado respecto de otros técnicos extranjeros, configurándose discriminación arbitraria prohibida constitucionalmente.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare arbitrario e ilegal el rechazo de su solicitud, se deje sin efecto la decisión de AFP PROVIDA S.A. de 30 de junio de 2025 y la comunicación de la Superintendencia de Pensiones de 10 de julio de 2025, y se ordene a esta última instruir a la AFP para aprobar su solicitud y proceder a la devolución íntegra y reajustada de los fondos dentro del plazo de 5 días desde que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada o el plazo que se estime pertinente, con expresa condena en costas.

Segundo: Que evacua informe al tenor del recurso la Superintendencia de Pensiones.

Como cuestión previa, alega la improcedencia del recurso, fundado en que la situación reclamada excede el ámbito del recurso de protección. Arguye que, en el caso de autos, el recurrente pretende que se declare un supuesto derecho a retirar sus fondos, existiendo controversia sobre el cumplimiento de los requisitos normativos, por lo que solicita que el recurso sea rechazado por referirse a materia que excede la naturaleza y fin de la acción constitucional.

El informe desarrolla extensamente la normativa aplicable, señalando que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales constituyen un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que, además, cumplan copulativamente las condiciones del artículo 1° de la Ley N° 18.156. Transcribe dicha disposición, en particular sus letras a) y b), y el artículo 7° del mismo cuerpo legal, destacando que se trata de normas excepcionales que deben interpretarse restrictivamente y aplicarse sólo cuando se acreditan todos los requisitos exigidos.

A continuación, se explica que, conforme al artículo 47 N° 7 de la Ley N° 20.255, artículo 94 N° 3 del D.L. N° 3.500 de 1980 y artículo 3° letra i) del D.F.L. N° 101 de 1980, corresponde a la Superintendencia la interpretación administrativa de las normas del sistema de pensiones, en relación con la Ley N° 18.156. Se detalla el criterio según el cual el trabajador extranjero debe acreditar, para cumplir la letra a) del artículo 1°, haber contado con cobertura previsional en el extranjero —incluida salud integral— durante toda la prestación de servicios en Chile, que dicha afectación al régimen extranjero debe existir con anterioridad al inicio de sus labores en el país y que la voluntad de mantenerse afecto a aquél debe constar en el contrato de trabajo.

Seguidamente, el informe reproduce la historia fidedigna de la ley y explica que el beneficio sólo resulta procedente cuando el trabajador extranjero se ha mantenido afecto a un régimen previsional en el extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, durante el tiempo servido en Chile. Añade consideraciones sobre el principio de territorialidad de la ley, las obligaciones del empleador en materia de cotizaciones previsionales conforme al Código del Trabajo y al D.L. N° 3.500 de 1980, y concluye que, mientras el trabajador extranjero cotiza en el sistema chileno, goza de los mismos derechos de seguridad social que un trabajador chileno. De ello deriva que, si opta por la devolución de fondos al amparo del artículo 7° de la Ley N° 18.156, debe demostrar haber contado con la misma cobertura en el extranjero, conforme a la letra a) del artículo 1°, de acuerdo con la normativa y la jurisprudencia administrativa.

En este contexto, se agrega que, para acreditar la condición de técnico extranjero, se exige acompañar título profesional que acredite dicha calidad, debidamente apostillado o legalizado, en armonía con la Ley N.º 18.156 y con el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que define como técnico al trabajador que posea conocimientos de una ciencia o arte, adquiridos en entidades educacionales extranjeras y acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados. Se cita, además, el Ordinario N.º 20.150 de 17 de octubre de 2022, que reitera esta interpretación.

Con base en todo lo anterior, el informe sostiene, en el acápite relativo a la legalidad del acto impugnado y ausencia de arbitrariedad, que la Superintendencia se limitó a responder una consulta dentro de sus atribuciones y conforme a la normativa vigente, sin incurrir en ilegalidad ni arbitrariedad. Precisa que el hecho de no cumplir los requisitos para acogerse a la Ley N.º 18.156 no implica pérdida de los fondos previsionales, sino sólo la imposibilidad de acceder a un beneficio excepcional, permaneciendo incólumes los derechos previsionales generales que emanan del D.L. N.º 3.500 de 1980. Destaca que, de los antecedentes que obran en autos, el recurrente no acompañó documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados, sino un certificado de un colegio para adultos, que no permite tener por acreditada la condición de título técnico profesional.

A partir de esa apreciación, el informe concluye que no se configura acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace las garantías invocadas, pues el organismo se ha ceñido a la ley, a la normativa y a las instrucciones dictadas sobre la materia. Asimismo, se afirma que la Superintendencia no ha incurrido en actos de tal naturaleza, limitándose a responder dentro del marco legal y de los antecedentes aportados. Sobre esa base, solicita se declare improcedente el recurso de protección por exceder la materia el ámbito de la acción y, en subsidio, se le rechace por no configurarse ilegalidad ni arbitrariedad.

Tercero: Que evacua informe AFP PROVIDA S.A., por medio de su apoderado, solicitando el rechazo de la acción.

En primer término, alega la improcedencia de la acción por no ser la vía idónea desde que la materia planteada por el actor excede la naturaleza cautelar y urgente del recurso de protección. En tal sentido, afirma que el arbitrio constitucional no constituye un juicio de lato conocimiento ni un mecanismo destinado a obtener declaraciones de derecho, sino una herramienta destinada a otorgar amparo frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de derechos fundamentales. Sobre dicha base, la recurrida invoca doctrina y jurisprudencia que confirman que esta vía no es idónea para resolver controversias complejas, especialmente aquellas que, como en el caso de autos, exigen un análisis normativo y probatorio contradictorio referido a la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156.

A continuación, la recurrida expone los hechos relevantes. Indica que el recurrente solicitó a AFP PROVIDA la devolución de fondos previsionales acumulados en su cuenta individual alegando la calidad de técnico extranjero conforme a la Ley N° 18.156. Precisa que dicha norma permite a los técnicos extranjeros retirar cotizaciones únicamente si cumplen todos los requisitos legales establecidos, destacando su carácter de norma excepcional dentro del ordenamiento jurídico. Señala que la administradora rechazó la solicitud del actor debido a que el título presentado corresponde a “formación para el trabajo”, no equivalente a títulos de formación técnica profesional, ya que la normativa exige un título técnico profesional o técnico superior universitario. Añade que, conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, la administradora debe verificar rigurosamente el cumplimiento de todos los requisitos formales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos bajo dicha calidad.

Posteriormente, en cuanto al derecho, indica que el Decreto Ley N° 3.500 crea el Sistema de Pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia, estableciendo que la afiliación otorga derechos y obligaciones, especialmente el derecho a prestaciones previsionales y la obligación de cotizar. Explica que las AFP están impedidas de otorgar beneficios distintos de los expresamente previstos en la ley, lo que deriva de los artículos 23, 34 y 51 del citado cuerpo legal, complementados por el artículo 64 de su reglamento. Expone que el propósito del saldo de la cuenta de capitalización individual es únicamente financiar las pensiones legalmente establecidas, salvo las excepciones expresas contenidas en la normativa. Sobre esta base, la recurrida sostiene que no puede autorizar destinar los fondos previsionales a fines distintos de los previstos en la ley, de modo que la solicitud del actor sólo puede prosperar si cumple íntegramente la Ley N° 18.156.

Seguidamente, la recurrida detalla los requisitos exigidos por la Ley N° 18.156 para acceder a la exención y devolución de fondos previsionales a técnicos extranjeros, indicando que deben concurrir copulativamente: la acreditación de conocimientos especializados o profesionales mediante documentos legalizados; la afiliación previa a un régimen previsional extranjero que otorgue prestaciones en enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y la manifestación expresa de voluntad en el contrato de trabajo de mantener dicha afiliación. Sostiene que del examen de los antecedentes del actor no se acreditan tales requisitos, puesto que los documentos presentados corresponden a una certificación de formación para el trabajo, emitida por un colegio para adultos, insuficiente para acreditar el estándar técnico profesional que exige la ley. Añade que su actuar ha sido íntegramente conforme a la normativa vigente, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la interpretación administrativa de la Superintendencia de Pensiones.

Finalmente, la recurrida desarrolla la segunda excepción sustantiva: la ausencia de acto ilegal o arbitrario, de agravio y de afectación de garantías constitucionales. Sostiene que su conducta ha sido razonable, fundada en el cumplimiento estricto de la ley y sin constituir un ejercicio caprichoso o desprovisto de racionalidad. Indica que, al no existir acto ilegal o arbitrario, tampoco existe agravio y, por ende, no se configura privación, perturbación o amenaza a las garantías constitucionales que el recurso invoca. Sobre esta base, solicita expresamente que el recurso sea rechazado en todas sus partes, con costas.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de aquellos derechos y garantías allí expresamente enumerados, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que impidan, perturben o amenacen dicho ejercicio, debiendo el tribunal adoptar las providencias que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

La procedencia de esta acción se sujeta a la concurrencia copulativa de dos condiciones esenciales: la existencia de un acto u omisión ilegal –contrario a derecho– o arbitrario –caprichoso o antojadizo– y que este cause privación, perturbación o amenaza a una o más de las garantías constitucionales que la misma disposición protege.

Quinto: Que la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., fundamenta su decisión en el incumplimiento por parte del recurrente de los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156; y, en las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones. Específicamente, la recurrida señala que el título técnico y/o profesional presentado por don nombre reservado corresponde a formación para el trabajo, al que no equivale a títulos de formación técnica profesional, lo que contraviene la normativa que exige un título técnico profesional o técnico superior universitario.

Sexto: Que, la Ley N° 18.156 es una norma de carácter excepcionalísimo en el ordenamiento jurídico previsional chileno, que habilita a los técnicos extranjeros a retirar sus cotizaciones previsionales, siempre que cumplan con una serie de requisitos copulativos establecidos en su artículo 1° y desarrollados por el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones. Entre estos requisitos, se encuentra la condición de detentar la calidad de "técnico", la cual ha sido interpretada por la autoridad administrativa como la posesión de conocimientos de una ciencia o técnica que importe un nivel significativo de especialización o estudio, lo que se traduce en poseer un título de nivel técnico superior o profesional.

Séptimo: Que conforme a los antecedentes aportados por la propia recurrida en su informe, la negativa a la devolución de fondos se basa en una verificación deficiente del título presentado por el recurrente, al no cumplir con el estándar de "técnico superior o profesional" exigido. Esta actuación no puede ser calificada de arbitraria, pues obedece a la aplicación de una normativa legal y reglamentaria vigente, que impone a las Administradoras de Fondos de Pensiones la obligación de observar estrictas formalidades y requisitos antes de autorizar cualquier retiro de fondos previsionales.

Tampoco puede calificarse de ilegal, toda vez que se enmarca dentro de las facultades y deberes que el Decreto Ley N° 3.500 y la Ley N° 18.156 confieren a las AFP para la administración de los fondos y el otorgamiento de prestaciones.

Octavo: Que, en consecuencia al no constatarse un acto u omisión ilegal o arbitraria por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A. – quien actuó en estricto cumplimiento de la ley y de las instrucciones de la autoridad competente – la Superintendencia de Pensiones, tampoco puede desprenderse de su proceder, una privación, perturbación o amenaza ilegítima de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente. El ejercicio de los derechos fundamentales se encuentra condicionado al cumplimiento de las normas que los regulan, y en el presente caso, la recurrida se limitó a aplicar la normativa legal y administrativa aplicable.

Noveno: Que en virtud de lo expuesto precedentemente, el recurso de protección deducido carece de los presupuestos fácticos y jurídicos que permitan su acogida, al no acreditarse la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria que haya privado, perturbado o amenazado las garantías constitucionales del recurrente.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y demás normas pertinentes, se rechaza el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, de nacionalidad colombiana, por si, interponiendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Pensiones y de AFP PROVIDA S.A., Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Protección N°16.484-2025.