Protección contra Fondo Nacional de Salud

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 33: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don nombre reservado, actuando por sí mismo, e interpone mediante formulario recurso de protección en contra del Fondo Nacional de Salud (FONASA) y del Hospital Barros Luco Trudeau (área de Urgencia), por haber omitido la prestación de salud quirúrgica urgente que requiere para el tratamiento de su patología de base, la que reviste carácter de vital, omisión que considera ilegal y arbitraria, ya que la dilación y negativa a la intervención comprometen su vida y su integridad física, vulnerando con ello los derechos fundamentales establecidos en el artículo 19 N°1, N°2, N°9 inciso final y N°22 de la Constitución Política de la República, que la Constitución garantiza a todas las personas, por lo que solicita se acoja el recurso y se ordene su atención digna y oportuna.

El recurrente funda su acción en que fue diagnosticado con Diabetes mellitus con fecha 10 de mayo de 2025 y que, a la fecha de interposición del recurso, padece una afección prostática que ha comprometido otros órganos y que requiere una operación de urgencia.

En consecuencia, expone que el día 23 de junio de 2025 concurrió a la Urgencia de la Posta Central, donde fue diagnosticado con la retención urinaria y se le instaló una Sonda Urinaria (Foley). Asimismo, señala que el 15 de julio de 2025 acudió a la Urgencia del Hospital Barros Luco, donde fue sometido a una atención que califica de denigrante, indicando que se le colocó la sonda sin anestesia, a pesar de manifestar intenso dolor.

A mayor abundamiento, el señor nombre reservado sostiene que desde el primer episodio se encuentra con sonda urinaria y que los médicos se niegan a operarlo, manteniéndolo únicamente en lista de espera sin ofrecer una solución quirúrgica. Por su parte, afirma que esta omisión lo mantiene en grave riesgo de septicemia —debido a la imposibilidad de evacuar la orina y las heces normalmente—, le provoca un dolor constante y le impide el desarrollo normal de su vida, afectando su capacidad de trabajar. En efecto, menciona su precaria situación de persona sola y allegada y el hecho de que figura en los sistemas del Estado como que no tiene derecho a subsidios por su edad.

El recurrente argumenta que la acción de los recurridos se torna ilegal y arbitraria debido a que, siendo beneficiario de FONASA, la entidad se negaría a autorizar o pagar la operación requerida, debido a la supuesta falta de fondos o la prioridad de la lista de espera, lo que le impide acceder a la intervención que es vital. Añade que su calidad de vida se encuentra gravemente comprometida por la dilación en la solución de salud, la cual debe ser oportuna y digna.

En relación con lo expuesto, la recurrente estima que la omisión del Hospital y de FONASA vulnera directamente los derechos fundamentales señalados y que la Carta Fundamental garantiza a toda persona, por lo que solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se disponga el restablecimiento inmediato del imperio del derecho, ordenando a los recurridos proveer la atención quirúrgica urgente que requiere para solucionar su patología de base, de forma oportuna y digna.

Segundo: Que, el Centro de Salud Familiar (CESFAM) Lo Valledor Norte, dependiente de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, representado por el abogado don Marco Antonio Zepeda Risso, evacuó informe solicitando el rechazo del recurso por considerarlo improcedente y carente de fundamentos.

El centro recurrido alega la inexistencia de ilegalidad o arbitrariedad en su actuar. Para fundamentar lo anterior, señala que el señor nombre reservado se encuentra inscrito per cápita en el CESFAM Lo Valledor Norte desde el 13 de abril de 2023 y ha recibido atención médica integral y continua dentro del Programa de Salud Cardiovascular.

De hecho, durante el año 2025, ha recibido siete atenciones clínicas en distintas áreas profesionales, superando la media de atenciones por usuario registrada en el centro (1,4).

En lo medular, el CESFAM sostiene que su función es otorgar prestaciones de salud en el nivel de Atención Primaria, y que está obligado a cumplir con las normas técnicas y a derivar a otros niveles de atención cuando la complejidad del caso lo requiera. Por lo tanto, ante la persistencia del cuadro de incontinencia urinaria, el paciente fue derivado oportunamente a consulta de especialidad en Urología en el Hospital Barros Luco Trudeau, mediante interconsulta ingresada el 15 de julio de 2025.

En síntesis, manifiesta que el recurrente ha recibido atención médica continua y adecuada, fue derivado a especialidad en cuanto su cuadro clínico lo requirió, no se le ha discriminado ni denegado atención alguna, y no constan reclamos o denuncias formales del recurrente en la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) del centro.

Por estas razones, no existe vulneración a los derechos fundamentales, debiendo rechazarse el recurso.

Tercero: Que, el Fondo Nacional de Salud (FONASA), representado por el abogado don Ignacio Jordán Leiva, evacuó el informe solicitado s el rechazo del recurso respecto de dicha institución.

La defensa se centra en el Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES) y al respecto, señala que la patología que padece el demandante (Diabetes mellitus tipo 2) se encuentra contemplada en el Régimen GES, de este modo, las prestaciones a las que el beneficiario tiene derecho son aquellas taxativamente señaladas en el Listado Específico de Prestaciones, no procediendo la homologación por otras prestaciones no contempladas o con especificaciones distintas.

En consecuencia, el recurrente puede exigir el cumplimiento de las prestaciones GES ante FONASA o la Superintendencia de Salud, sin embargo, dado que es beneficiario del Fondo, las garantías deben ser otorgadas en la Red Pública de prestadores respectiva. Por ello, si existiera un incumplimiento de las garantías por parte del prestador público, esa institución solo está obligada a aplicar el procedimiento de designación de segundo prestador, contemplado en el Decreto N°72 de 2022 del Ministerio de Salud, si dicho evento es reclamado expresamente por el beneficiario.

Finalmente, sostiene que la patología del recurrente ha sido incorporada en las políticas públicas sanitarias y, por lo tanto, las prestaciones se disponen de forma igualitaria y sin discriminación arbitraria, sin que se vislumbre motivo para privilegiar al demandante por sobre otros beneficiarios que padecen la misma enfermedad, por lo que solicita tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección respecto del Fondo Nacional de Salud.

Cuarto: Que, el Hospital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP), representado por la abogada doña Valentina Rubio Sepúlveda, evacuó el informe solicitado en que solicita el rechazo del recurso.

El Hospital sostiene que carece de legitimidad pasiva respecto de la acción ya que se trata de un centro de atención de urgencia, diferenciándose de un "Hospital Base" y no cuenta con ciertos servicios como Maternidad o Cardiología. Por consiguiente, su función es estabilizar a los pacientes y, una vez finalizada la atención, el tratamiento debe continuar en el Hospital de referencia que corresponda según el domicilio en la Red del Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC).

En apoyo de lo anterior, el Hospital informa que, en el ámbito de su competencia, se han brindado todas las atenciones necesarias al recurrente conforme su estado de salud lo ha requerido. A este respecto, detalla que el paciente registra atenciones de urgencia con las siguientes fechas y motivos: 22 de junio de 2025 (Dolor Lumbar, con indicación de interconsulta a Urología y seguimiento de sonda Foley); 29 de junio de 2025 (filtración de Sonda Foley, indicando control con Urología en Hospital San Borja Arriarán); y 21 de julio de 2025 (Dolor Hipogástrico, con indicación de acudir a Urología en Hospital San Borja Arriarán). A mayor abundamiento, el propio recurrente acompañó una "Solicitud de Interconsulta o Derivación" realizada por el HUAP a la especialidad de Urología Adulto en el Hospital Clínico San Borja Arriarán, de fecha 23 de junio de 2025.

Por lo demás, el recurrido sostiene que la alegación de demora en la intervención quirúrgica no le resulta imputable ni solucionable, debiendo el recurrente dirigir su acción contra el Centro de Diagnóstico y Tratamiento que le corresponde, que es el Hospital Clínico San Borja Arriarán.

Finalmente, concluye que no ha existido ilegalidad ni arbitrariedad en su actuar, sino que se ha actuado conforme a fundamentos médicos y sus funciones en la Red Asistencial, proporcionando las prestaciones necesarias y, por tanto, no ha existido afectación a los derechos alegados.

El Hospital de Urgencia Asistencia Pública solicita tener por evacuado el informe y desestimar el recurso de protección interpuesto en su contra. Quinto: Que, el Hospital Barros Luco Trudeau, por medio de su abogado don Claudio Gómez Silva, evacuó informe solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección en su contra.

Basa su defensa en la falta de correspondencia territorial del recurrente en su red asistencial. Así, el recurrido pudo verificar mediante un Certificado de FONASA (de fecha 29 de octubre de 2025) que el señor nombre reservado registra inscripción en Atención Primaria de Salud (APS) en el Centro de Salud Familiar Padre Vicente Irarrázabal, ubicado en la comuna de Estación Central. Por consiguiente, el domicilio e inscripción en APS del recurrente son competencia del Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC).

En este sentido, a pesar de que el Hospital Barros Luco es un establecimiento Autogestionado en Red, este debe supeditarse a las directrices emanadas del Servicio de Salud Metropolitano Sur, el cual no es el competente para la atención del recurrente. En consecuencia, al no registrar inscripción en el establecimiento recurrido y pertenecer a otra red asistencial, no le correspondería otorgar prestaciones clínicas al paciente para lograr la recuperación de su salud.

Por lo tanto, sostiene que no ha existido acto u omisión arbitrario o ilegal del establecimiento o de algún funcionario que haya vulnerado las garantías fundamentales alegadas por el recurrente.

Por lo expuesto, solicita tener por evacuado el informe y declare el rechazo del presente recurso de protección deducido en su contra.

Sexto: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Así, son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Séptimo: Que, la omisión que el recurrente estima ilegal y arbitraria consiste en no adoptarse, por parte de los recurridos, las acciones oportunas para procurar la protección, recuperación y rehabilitación de la condición basal de salud del actor, en específico, disponer a su respecto una intervención quirúrgica en atención a que mantiene una afección prostática que ha comprometido otros órganos y que requiere una operación de urgencia.

Octavo: Que, conforme fue expuesto por las reparticiones públicas en contra de quien de acciona, el recurrente actualmente no se encuentra en condición de riesgo vital, además de estar incorporado en lista de espera para ser intervenido quirúrgicamente, recibiendo -oportunamente y en distintos centros asistenciales- las atenciones médicas requeridas a consecuencia de la patología que la aflige, lo que incluso es reconocido por el protegido en su recurso.

Una cuestión distinta es que el proceso de instalación de una sonda urinaria no haya sido de su agrado, pues ello dice relación con su disconformidad con forma en que se llevó a efecto tal procedimiento, materia técnica que excede por mucho el margen de la presente acción constitucional.

Noveno: Que, consecuentemente, no se observa un acto u omisión ilegal o arbitrario imputable a las recurridas, que afecte las garantías constitucionales del actor, resultando evidente que el asunto propuesto excede el ámbito de aplicación de la acción constitucional intentada, por cuanto no resulta acreditada la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que amerite una respuesta cautelar por esta vía extraordinaria.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado y en contra del Fondo Nacional de Salud y del Hospital Barros Luco Trudeau.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-16470-2025.