nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE (GGDD)

C.A. de Santiago Santiago, treinta de septiembre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que comparece nombre reservado interponiendo acción de protección contra la Tesorería General de la República, por el acto ilegal y arbitrario consistente en efectuar compensación con el monto que le correspondía percibir por concepto de devolución de impuestos, efectuada el 28 de mayo de 2024, por la suma de $288.552, estando prescritos los pagarés en que se sustenta la deuda, vulnerando las garantías constitucionales de los Nros.3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

El acto reclamado deriva de una compensación realizada por la Tesorería General de la República con los dineros correspondientes a su devolución de impuestos del año tributario 2024 por la suma de $288.552, de lo cual se le dio noticia el 28 de mayo de 2024, con una supuesta deuda relacionada con el Crédito con Aval del Estado, a pesar de que según sentencia dictada por el Octavo Juzgado Civil de Santiago, en la causa Rol C-10421-2016, los pagarés que sustentaban dicha deuda fueron declarados prescritos y, por lo tanto, la deuda debe ser considerada una obligación natural y no ejecutable.

La deuda original surgió tras haber firmado dos pagarés el 1 de abril de 2016, por montos de 8,6240 y 460,9559 Unidades de Fomento respectivamente, a través de un mandato otorgado a Banco Itaú en el marco de un contrato de apertura de línea de crédito suscrito en 2010. Tras terminar sus estudios de Derecho que cursó mientras trabajaba como empaquetador de supermercado, accedió al beneficio de suspensión de pago por cesantía en agosto de 2015. Sin embargo, por un descuido, no renovó dicha suspensión, lo que llevó a la reactivación de los cobros. El proceso judicial concluyó el 11 de diciembre de 2018 con una sentencia que acogió la excepción de prescripción opuesta por el recurrente, convirtiendo la deuda en una obligación natural. A pesar de ello, la Tesorería ha continuado reteniendo los montos de su devolución de impuestos, sin facultades legales para ejecutar una deuda prescrita.

La compensación de mayo de 2024, efectuada por la Tesorería, vulnera su derecho de propiedad, protegido por el artículo 19 Nro.24 de la Carta Fundamental, ya que tiene un derecho adquirido sobre los fondos de la devolución de impuestos autorizados por el Servicio de Impuestos Internos el 22 de mayo de 2024. Asimismo, sostiene que el actuar de la Tesorería es arbitrario e ilegal, transformándose en una comisión especial que vulnera su derecho al debido proceso establecido en el artículo 19 Nro.3 de la Constitución, al arrogarse facultades jurisdiccionales que corresponden exclusivamente a los tribunales de justicia.

Solicita que se declare que la compensación realizada por la Tesorería es ilegal y arbitraria; que se deje sin efecto dicha compensación, ordenando la devolución de la suma de $288.552; y que se prohíba a la recurrida efectuar nuevas compensaciones en el futuro. Además, pide el pago de costas.

2°) Que, informando Tesorería General de la República, pide el rechazo del recurso señalando que la compensación se encuentra amparada por el artículo 17 de la Ley Nro.20.027, que establece un sistema de financiamiento para la educación superior. Dicha normativa faculta expresamente a la Tesorería para retener montos correspondientes a la devolución de impuestos de un deudor de crédito garantizado por el Estado, en caso de que existan montos impagos reportados por la entidad acreedora, como sucede con la deuda relacionada con el Crédito con Aval del Estado del protegido.

Contextualiza que de acuerdo con la información proporcionada por la institución financiera administradora del crédito, el beneficiario incurrió en mora en el incumplimiento de su obligación de pago a partir de la cuota número 7 y, en consecuencia, la institución financiera, dando cumplimiento a sus obligaciones de administración y cobro de los Créditos con Garantía Estatal, inició las gestiones extrajudiciales y judiciales para obtener el pago del crédito, presentando demanda ejecutiva que intentó ser notificada en dos oportunidades, sin éxito. En ese contexto, y sin haber obtenido el pago del crédito, la institución financiera administradora Banco Itaú CorpBanca procedió a presentar los antecedentes de cobro a la Comisión, y verificado el cumplimiento de los requisitos, se certificó el cumplimiento de las obligaciones de administración de la institución financiera, por Resolución Exenta Nro.149, de 2 de septiembre de 2016.

Efectuada la certificación, y siendo la Tesorería General de la República el único acreedor por la totalidad del financiamiento otorgado al recurrente, la Comisión actuando como ente girador de un crédito fiscal, cargó el saldo de la deuda en la Cuenta única Tributaria del contribuyente, por un monto de 244,29 UTM, el 26 de diciembre de 2016.

El deudor se notificó de la demanda ejecutiva y opuso la excepción de prescripción el 16 de marzo de 2018, la que fue acogida por sentencia del 11 de diciembre del mismo año y certificada como firme y ejecutoriada el 8 de abril del 2019, de lo que se desprende que la garantía estatal y la certificación de cumplimiento de las obligaciones de administración de la institución financiera operaron con anterioridad. Así, aunque la acción ejecutiva derivada de los pagarés fue declarada prescrita, la deuda que el recurrente mantiene con la Tesorería General de la República no ha prescrito, toda vez que el Fisco se encuentra premunido del beneficio de imprescriptibilidad, conforme al artículo 13 inciso segundo de la Ley Nro.20.027.

Respecto de las alegaciones del recurrente sobre la vulneración de su derecho de propiedad, la Tesorería sostiene que nombre reservado no tiene un derecho absoluto sobre la devolución de impuestos, ya que ésta puede ser objeto de compensación cuando existen deudas impagas. Además, en cuanto a la supuesta vulneración del debido proceso, la recurrida argumenta que la Tesorería no está ejerciendo funciones jurisdiccionales, sino que está actuando conforme a la ley en el marco de sus atribuciones administrativas.

3°) Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

4°) Que, en la especie, la conducta reprochada corresponde a la determinación adoptada por el Tesorero General de compensar deudas por Crédito con Aval del Estado con estipendios derivados de la devolución de impuestos del recurrente en su calidad de contribuyente; actuación administrativa fundamentada en el Decreto con Fuerza de Ley Nro.1, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, del año 1994.

5°) Que, al respecto, el artículo 6° de dicho estatuto señala que “[s]e autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”. Añadiendo el artículo siguiente que “[c]uando concurran las circunstancias señaladas en el artículo anterior, la Tesorería no aplicará intereses sobre la parte o el total de los tributos insolutos que sean iguales al monto de lo adeudado por el Fisco”.

6°) Que dichas normas deben ser leídas armónicamente en el contexto en que han sido otorgadas, esto es, de tributación con la finalidad de obtener el recupero de impuestos y derechos fiscales. Por esta razón la referencia en el artículo 6° citado a la expresión “compensar deudas de contribuyentes” queda explicada en términos restrictivos con lo que previene el artículo 7° que expresamente utiliza la frase “tributos insolutos”.

7°) Que en esa dirección y dado que Tesorería hace extensiva la aplicación de la norma más allá de los contornos que le son propios, por cuanto ha pretendido compensar deudas de origen educacional que no tienen la naturaleza de un tributo, su conducta se ha tornado en ilegal, perturbando la garantía constitucional prevista en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Ciertamente, como consecuencia la indebida compensación de obligaciones, efectuadas por el Servicio de Tesorería, el actor se vio privado de percibir la suma de $284.008, por devolución de impuestos, según consta en Folio 340391944 acompañado al recurso.

Todo lo anterior conduce a concluir que el recurso intentado debe ser acogido.

8°) Que las alegaciones sobre la prescriptibilidad o no del Crédito con Aval del Estado, a pesar de que corresponden a asuntos de lato conocimiento, no tiene real incidencia desde que el motivo por el cual se establece la improcedencia de la compensación ha discurrido por otra vía.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema, se acoge, sin costas, el arbitrio deducido por nombre reservado contra la Tesorería General de la República, disponiéndose que esta última debe dejar sin efecto la compensación efectuada con la suma de $284.008, que le corresponde por devolución de impuestos para el año 2024, debiendo proceder, por tanto, a su devolución.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte Nro. 16.453-2024 (Protección)