nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro.

A los folios 15, 17 y 18; a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, trabajador dependiente, quien deduce acción de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, en razón del acto ilegal y arbitrario consistente en el descuento efectuado en sus remuneraciones.

Expone que con fecha 14 de mayo de 2019 suscribió pagaré N°044CON101894192 en favor de la recurrida, por la suma de $2.934.129.- por concepto de capital, obligación que debía ser solucionada en 48 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $102.415.- cada una, venciendo la primera de ellas el 31 de julio de 2019, y la última el 31 de julio de 2023. Agrega que no pudo pagar las cuotas pactadas, constituyéndose en mora a partir de la cuota número 14, con vencimiento el 30 de septiembre de 2020 y todas las siguientes, por lo cual la recurrida dedujo demanda ejecutiva con fecha 26 de noviembre de 2021, tramitada ante el 10° Juzgado Civil de Santiago, Rol C-9110-2021, proceso en el cual opuso la excepción del numeral 17 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, dictándose sentencia con fecha 07 de julio de 2020, y cuyo contenido desconoce por no encontrarse notificada.

Señala que atendida la inactividad procesal de la parte ejecutante en los autos ya referidos, solicitó el abandono del procedimiento, incidente que fue acogido por resolución ejecutoriada de 02 de agosto de 2023.

Explica que habiendo transcurrido ya 2 años desde que la recurrida hizo exigible el pago de toda la obligación adeudada, al revisar su liquidación de sueldo de octubre y noviembre de 2023, se percató que existía un descuento aplicado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por ítem denominado “Descto Ptmo CCAF Los Andes”, que asciende a la suma de $166.490.- Indica que desde el último descuento y su reactivación han transcurrido más de 3 años, por lo que el cobro no sería oportuno, y el actuar de la recurrida es un acto arbitrario y carente de fundamento legal, y reviste un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de las Cajas de Compensación respecto al cobro de los créditos sociales, artículo 22 de la Ley N°18.833.

Sostiene que el acto de autotutela de la recurrida vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política, toda vez que se le ha privado y perturbado su derecho de propiedad sobre un total de $166.490.- de sus remuneraciones, que podría repetirse para los pagos de los próximos meses de remuneración, mediante un mecanismo paralelo a la vía judicial que la misma recurrida ejerció y promovió mediante el cobro ejecutivo del pagaré suscrito.

Por lo expuesto, pide acoger la acción de protección deducida, ordenando a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento en su remuneración, restituir los descuentos efectuados, y condenar en costas a la recurrida.

Segundo: Que evacuando informe por la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, comparece la abogada Inés Riquelme Arao, quien solicita el rechazo del recurso.

Refiriéndose al detalle del crédito social otorgado al recurrente, afirma que se trata de un crédito vigente, actualmente exigible y cuyas acciones de cobro no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Señala que la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones es que ella sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por el actor existe y es plenamente exigible, y cualquier alegación del recurrente en relación a alguna supuesta falta de exigibilidad del crédito en cuestión excede latamente el objeto de la acción de protección y deberá ser planteada en la sede jurisdiccional dispuesta por el legislador y ser resuelta en un juicio de lato conocimiento.

Sostiene que no es procedente la alegación a una supuesta vulneración al artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que le permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al artículo 22 de la Ley N°18.833; el descuento efectuado malamente puede constituir una situación arbitraria por parte de Caja Los Andes, como pretende hacer ver el recurrente, pues la institución de seguridad social sólo está cumpliendo con su mandato legal de proteger su fondo social.

Citando fallos de los tribunales superiores de justicia, pide tener por evacuado informe, y en su mérito, rechazar la acción de protección intentada, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por Caja Los Andes en relación con los hechos expuestos.

Tercero: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que en cuanto al conflicto planteado, se encuentra acreditado que Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes el 14 de mayo de 2019, otorgó al recurrente un crédito social por el monto total de $2.934.129.-, pagadero en 48 en cuotas iguales y sucesivas de $102.415.-. Asimismo, a partir del mes de octubre de 2023 el empleador procedió a descontar de las remuneraciones del recurrente la suma de $166.490.-, lo cual se repitió en el mes de noviembre y diciembre.

Por otro lado, consta también de los antecedentes que con fecha 16 de noviembre de 2021, el acreedor de la recurrente interpuso demanda ejecutiva en causa Rol C-9110-2021, ante el 10° Juzgado Civil de Santiago, en contra del recurrente, esgrimiendo como título ejecutivo pagaré suscrito por motivo del crédito social individualizado en estos autos, en la cual la recurrida cobra la totalidad del crédito que aduce como no pagado, acelerando el mismo, e incluyendo las cuotas que hasta esa fecha no se habían devengado. Siendo la fecha de interposición de la demanda ejecutiva anterior a la de los descuentos de octubre, noviembre y diciembre de 2023 citados y acreditados.

Quinto: Que se tiene presente que se trata del mismo crédito social y habiendo optado el acreedor por iniciar el cobro judicial de la obligación, debe instar por esa vía, sin que sea procedente el descuento de cuotas cuando el recurrente como trabajador dependiente se incorpora al sistema formal de trabajo, pues tal mecanismo a través de sus remuneraciones por parte de su actual empleador, se torna arbitrario por cuanto la recurrida decidió una posición jurídica como vía de cobro legítima que ahora debe respetar, sin que pueda revivir el sistema anterior previsto para relaciones laborales vigente y obligaciones pactadas en cuotas exigibles mes a mes.

Sexto: Que de esta forma, los descuentos unilaterales efectuados a las remuneraciones del recurrente, en los términos en que se hicieron, afectan su patrimonio y, por ende, el derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental.

Séptimo: Que por los fundamentos referidos se acogerá como se dirá en lo resolutivo el recurso de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por lo que la recurrida deberá abstenerse de efectuar los descuentos y, en consecuencia, deberá restituir todas las sumas descontadas al recurrente desde el mes de octubre de 2023 en adelante, que le fueron remesadas y que sean consecuencia del crédito social materia de esta causa.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-16449-2023.