nombre reservado con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO NORTE CHACABUCO

Se deja constancia que se anunciaron para alegar, escucharon relación y alegaron, nombre reservado, por el recurso (quien dejó minuta de alegato); nombre reservado (por tercero coadyuvante SCP SOTRASER S.A.) y nombre reservado, contra el recurso.

nombre reservado.

Relator.

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de abril de dos mil dieciocho.

A los escritos folio 139374, 139575 y 140219: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece don Hugo Cristián Fábrega Vega, abogado, en representación de un grupo de trabajadores de la Empresa SCP SOTRASER S.A., quien recurre de protección en contra de DIRECCIÓN DEL TRABAJO, en particular, INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO NORTE CHACABUCO en circunstancias de haber dictado el Ordinario N° 166 de 7 de febrero de 2018, por el que se negó a inscribir el contrato colectivo de trabajo suscrito por los recurrentes y la empresa aludida, estimando que este hecho ha vulnerado las garantías contempladas en los numerales 2, 15, 16, 19, 24 y 26, todos ellos del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita, en consecuencia, que se acoja el recurso, ordenando dejar sin efecto el Ordinario N° 166 aludido y ordenar, además, a la recurrida a registrar el instrumento colectivo en idénticas forma que a una organización sindical con costas.

Señala el recurrente que el 23 de octubre de 2017 un grupo de diez trabajadores unidos especialmente para el efecto, y que prestan servicios de conductores de camiones de transportes de carga terrestre en la faena Enaex, presentó a la empresa SCP Sotraser S.A., un proyecto de instrumento colectivo de trabajo, cuya representación de los mismos estaba en manos de la COMISION NEGOCIADORA, por miembros elegidos democráticamente. En ese contexto, después de una serie de reuniones y tratativas, se aprobó el proyecto, siendo suscrito el 1 de enero de 2018. No obstante, al haberse remitido a las dependencias de la recurrida para su registro, la resolución impugnada argumentó su negativa conforme al dictamen de esa entidad N° 1163/0029 de 13 de marzo de 2017, el cual se remitió adjunto al ordinario recurrido.

En este mismo sentido, explica que no se consignó su negativa, puesto que del tenor de dicho dictamen da cuenta que conforme la modificación que en esta materia dispuso la Ley N° 20.940, no contempla norma alguna que establezca o permita establecer modalidad o el procedimiento de la negociación colectiva que puedan practicar aquellos trabajadores agrupados para estos efectos. Además, sostiene que si bien los grupos negociadores pueden formular y acordar condiciones comunes de trabajo con su empleador las que son vinculantes para las partes y producen los efectos comunes de todo acuerdo contractual, dichos instrumentos no tienen los efectos jurídicos que el Libro IV del Código del Trabajo asigna al Instrumento colectivo suscrito en el marco de una negociación colectiva reglada (contrato colectivo) o no reglada, (convenio colectivo) de sindicato.

Reclama que este fundamento es acomodaticio en la situación en comento, pues la recurrida omite consignar de manera expresa dicha negativa, por lo que colige que no ha existido negativa alguna en definitiva.

Expone que, transcribiendo las normas contenidas en los artículos 6, 320, 321, 324, todos ellos del Código del Trabajo se puede concluir, en primer término, que el Instrumento Colectivo es una convención celebrada entre empleadores y trabajadores, por lo que habiéndose acordado la suscripción de dicho instrumento, procede su registro.

Invoca la ilegalidad del acto, al no haber actuado la recurrida acorde lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 8 de la Constitución Política de la República, mientras que se sostiene la arbitrariedad del mismo, dando cuenta de la discrecionalidad, falta de proporcionalidad en lo resuelto.

A continuación, sostiene la existencia de una amenaza y perturbación de los derechos indicados, toda vez que, en primer lugar, se le impedirá absolutamente el ejercicio y goce de los beneficios que ellos otorgan, y en segundo lugar, hay un despojo del objeto material sobre el cual recaía su uso y goce. Así, dice que se afecta su derecho al ejercicio legítimo de negociación colectiva, por cuanto el actuar afecta su derecho a negociar; también el numeral 15 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por cuanto al negarse a registrar el instrumento colectivo se le está obligando a asociarse solo en forma de sindicato, y no como trabajadores, lo que naturalmente lleva a vulnerar igualmente el artículo 19, Nº 19º, inciso segundo del Código Político que ordena que la la afiliación sindical será siempre voluntaria.

También refiere ver afectado su derecho de propiedad, puesto que se les priva de sus legítimas posibilidades de ingresar a su patrimonio los beneficios obtenidos, los que al no tener las garantías que otorga el Libro IV del Código del Trabajo, no podrán ejercer y exigir el uso y goce de los mismos, lo que, a su vez, es una vulneración de igualdad ante la ley y la afectación de los derechos en esencia.

SEGUNDO: Que la recurrida informó manifestando que, conforme lo dispuesto en el artículo 320 del Código del Trabajo, se define que “Instrumento colectivo es la convención celebrada entre empleadores y trabajadores con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo y remuneraciones u otros beneficios en especie o en dinero, por un tiempo determinado, de conformidad a las reglas previstas en este Libro.” En otras palabras, dice que esa norma impone como condición para calificar un instrumento como “colectivo”, que debe regirse por ese cuerpo legal.

Añade que es una cuestión ya claramente zanjada el que la Ley 20.940 no contempló procedimiento de negociación para los grupos de trabajadores, por cuanto se ha hecho referencia en las disposiciones a los sindicatos.

Por ello el acto no es ilegal , el acto se ha dictado conforme a la legislación vigente y sólo le informa a la recurrente los pormenores del Dictamen Nº 1163/0029 en razón del convenio colectivo suscrito con fecha 1 de enero de 2018, entregado a la recurrida el 9 de enero de 2018.

En el presente caso, lo que ocurre es precisamente que la recurrente no es un Sindicato ni una Organización Sindical, y por lo tanto, aun cuando haya llegado a un acuerdo con su empleador, dicho acuerdo no tiene el carácter de Instrumento colectivo. Por ende, no debe ser registrado por mi representada, y consecuencialmente no tiene sus efectos. A lo anterior se suma el hecho de la declaración de inconstitucionalidad dictada por el Tribunal Constitucional en la inclusión de grupos de trabajadores para la suscripción de contratos y convenios colectivos relativo a la facultad que tendría la Dirección del Trabajo en miras a señalar el procedimiento aplicable en su caso. Por ello, los grupos negociadores han quedado sin procedimiento de negociación colectiva regulado en la ley.

En consecuencia, al no ser instrumento colectivo el acuerdo de un grupo de trabajadores, no está obligado a registrarlo, pues sólo corresponde la inscripción de los que señala el 320 inciso primero del Código del Trabajo. De lo contrario, en caso alguno podría lograrse el efecto que se aplique a este pacto todo lo dispuesto en el Libro IV del Código del Trabajo, puesto que el registro en sí mismo no produce ningún efecto jurídico consecuencial a su realización. Los efectos, derechos, obligaciones y limitaciones de negociación colectiva tienen su origen en el propio Libro IV de dicho cuerpo normativo, y no en el registro ante la Inspección del Trabajo respectiva, la cual tiene un carácter netamente registral.

Finalmente, en cuanto a los derechos conculcados, dice que no son efectivas dichas aseveraciones.

Por una parte, se invoca la garantía del numeral 16 y 19 del artículo 19 de la Constitución Política, que no se encuentra protegida en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

En otro orden de cosas, dice que no se ha afectado el derecho a asociarse, dado que la negativa a registro es un acto meramente administrativo.

Tampoco advierte vulneración al derecho de propiedad, por cuanto en ningún caso el acuerdo entre los trabajadores y su empleador pierde la fuerza obligatoria que tiene cualquier contrato de acuerdo a nuestra legislación, por lo que siempre pueden hacerlo exigible como cualquier otro contrato.

Finalmente, en relación con los numerales 2 y 26, ambos del artículo 19 de la Constitución Política, indica que la acción no procede en caso de supuestas privaciones, perturbaciones o amenazas a la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°26 antes citado y que no existen fundamentos suficientes para referirse a la discriminación arbitraria en la forma planteada en el recurso.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías fundamentales se encuentra contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dispone que “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que el objeto del recurso, tal como se desprende de los antecedentes evacuados en autos, se desprende que radica en la negativa de inscribir un instrumento colectivo suscrito entre un grupo de trabajadores con la empresa SCP SOTRASER S.A., conducta que se le atribuye a la recurrida.

De dicha conducta, la recurrente atribuye la arbitrariedad e ilegalidad que se leen en el considerando primero por estimar que no existe fundamento y que ha resultado discrecional.

Sin embargo, si el artículo 320 inciso primero del Código del Trabajo dispone expresamente que “Instrumento colectivo es la convención celebrada entre empleadores y trabajadores con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo y remuneraciones u otros beneficios en especie o en dinero, por un tiempo determinado, de conformidad a las reglas previstas en este Libro” y que estos documentos se inscriben en la Dirección del Trabajo, no es menos cierto que el procedimiento que se contempla en el Libro IV título III, se hace referencia estrictamente a los sindicatos, en los que no se contempla un grupo de trabajadores.

El conflicto, en consecuencia, se traduce sobre la efectiva aplicación del deber de inscripción en los instrumentos celebrados por un colectivo de trabajadores no constituidos como sindicatos.

Sobre el particular, esta Corte estima que el procedimiento que deriva en dicho instrumento colectivo sólo alude a los sindicatos, situación que no concurre en la especie. Así, por un defecto legal, no es aplicable a un colectivo de trabajadores, lo que no obsta que dicho acto forma parte de una convención reconocida por el derecho y que le da mecanismos a las partes involucradas para su cumplimiento, pero no es posible sostener que deba inscribirse por la recurrida a pesar que en la definición de instrumento colectivo reconozca a “trabajadores y empleadores”, puesto que la interpretación sistemática de dichas normas apunta esencialmente a los sindicatos.

QUINTO: Que lo anterior, a los ojos de estos sentenciadores, no pasa el hecho por la ilegalidad o arbitrariedad del actuar de la recurrida sino que por un vacío o defecto legal, puesto que la conducta de la Dirección del Trabajo sólo ha actuado acorde lo dispuesto en su texto normativo y bajo sus atribuciones, sin que ello implique una discriminación arbitraria o la afectación de los derechos en esencia. En concreto, la distinción legal deja en evidencia la desigualdad de cargas y mecanismos de protección que se incurriría en caso de acogerse la tesis de los recurrentes, por cuanto no se verían obligados a seguir dicho procedimiento y las formalidades legales al no ser un sindicato. Por ende, no hay afectación a la esencia de los derechos.

Por otra parte, no se advierte la afectación del derecho de propiedad, por cuanto el acto celebrado entre los actores y su empleador tiene reconocimiento jurídico, tal como se expresó en el considerando precedente, por lo que no existe impedimento alguno para que los beneficios acordados ingresen al patrimonio de los beneficiados con aquél.

Tampoco se ve afectado el derecho de asociación, puesto que el actuar de la recurrida no atenta en contra del reconocimiento del instrumento colectivo del trabajo y a la facultad de converger en un solo acto un grupo de trabajadores, mientras que en relación con la garantía del numeral 16 del artículo 19 en la forma planteada por los actores, no forma parte del ámbito de protección del recurso.

SEXTO: Que, en definitiva, atendidas las razones expuesta, la acción no podrá prosperar, sin perjuicio de otros derechos que le asista a la parte recurrente en torno al instrumento colectivo celebrado con su empleador.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20, ambos de la Constitución Política de la República, se rechaza el recurso de protección deducido por don Hugo Cristián Fábrega Vega, abogado, en representación de un grupo de trabajadores de la Empresa SCP SOTRASER S.A.

Regístrese y archívese si no se apelare.

N°Protección-16410-2018.