nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que a folio 1 comparece don nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, ciudadana venezolana, quien deduce acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones y del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, por haber incurrido en una omisión al no pronunciarse sobre la solicitud de nacionalización efectuada por la recurrente el 4 de enero de 2023.

Señala que dicha actuación es ilegal y arbitraria, ya que han transcurrido más de 17 meses desde la solicitud original sin obtener respuesta, vulnerando con ello el derecho fundamental a la igualdad ante la ley que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 N°2, por lo que solicita se ordene a la recurrida pronunciarse y otorgar inmediatamente la nacionalización.

Expone que solicitó en tiempo y forma su nacionalización, cumpliendo con todos los requisitos para ello. Sin embargo, pese al extenso tiempo transcurrido, aún no obtiene respuesta, lo que le ha ocasionado severos perjuicios, además de una sensación de inseguridad, desigualdad e injusticia. Destaca que no concurre caso fortuito o fuerza mayor que exonere a la autoridad recurrida de cumplir con las reglas del procedimiento administrativo.

Señala que al no existir plazo en la Ley N°21.325 para resolver solicitudes migratorias, debe aplicarse supletoriamente la Ley N°19.880, cuyos artículos 4, 7, 8 y 14 consagran los principios de celeridad, economía procedimental, conclusivo e inexcusabilidad. Añade que según el artículo 24 de dicha ley, las decisiones definitivas deben expedirse dentro de 20 días, y conforme al artículo 27, ningún procedimiento administrativo puede exceder 6 meses.

Argumenta que la omisión de la recurrida constituye una infracción al artículo 19 N°2 de la Constitución, al situar a la recurrente en una posición de desigualdad jurídica respecto de otros administrados, citando jurisprudencia de la Corte Suprema que ha acogido recursos similares. Agrega que la dilación sistemática no constituye justificación, pues implicaría aceptar la creación de un grupo de personas con derechos inferiores.

Solicita en definitiva que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que la recurrida ha incurrido en una omisión ilegal y arbitraria; se ordene pronunciarse y concluir inmediatamente la solicitud de nacionalización, otorgándola y proveyendo todos los certificados y estampados correspondientes hasta la obtención de la cédula de identidad; y se condene en costas a la recurrida.

Segundo: Que a folio 4 comparece don nombre reservado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, quien informa solicitando el rechazo del recurso de protección por no configurarse los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, argumentando la inexistencia de acto u omisión arbitrario o ilegal que vulnere las garantías constitucionales del artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Exponen que la recurrente, de nacionalidad venezolana, obtuvo una visa temporaria que estuvo vigente hasta el día 19 de octubre de 2019, obteniendo posteriormente permiso de permanencia definitiva mediante Resolución Exenta N°2149 de 6 de enero de 2022, beneficio que se encuentra vigente. Con fecha 4 de enero de 2023, la recurrente solicitó carta de nacionalización mediante ID N°59913991, siendo requerida mediante comunicación electrónica del 30 de agosto de 2023 para acompañar certificado de vigencia de contrato de trabajo. Señala que la solicitud se encuentra en etapa de primer análisis.

Sostiene que la carta de nacionalización constituye una concesión constitucional otorgada por gracia del Estado, previa satisfacción de los requisitos legales. Argumenta que conforme al artículo 157 N°8 de la Ley N°21.325, su competencia se limita a la tramitación de la solicitud, correspondiendo la resolución final al Presidente de la República mediante decreto refrendado por el Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Argumenta que el plazo del artículo 27 de la Ley 19.880 no es fatal, pudiendo extenderse por caso fortuito o fuerza mayor, citando el aumento exponencial de flujos migratorios como circunstancia que ha significado un retraso considerable e irresistible.

En cuanto a la vía jurisdiccional, la recurrida sostiene que el otorgamiento judicial de la carta de nacionalización vulneraría el principio de juridicidad establecido en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política, así como el artículo 4° del Código Orgánico de Tribunales, al constituir una atribución privativa del Presidente de la República.

Cita jurisprudencia de Tribunales Superiores de Justicia, que han establecido la naturaleza no fatal del plazo del artículo 27 de la Ley 19.880 y la inexistencia de vulneración de garantías cuando el solicitante mantiene residencia regular.

Solicita en definitiva el rechazo del recurso de protección y de la condena en costas.

Tercero: Que a folio 8 comparece don nombre reservado, en representación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien solicita el rechazo del recurso.

Expone que conforme a la normativa vigente, específicamente el artículo 157 N°8 de la Ley N°21.325, es el Servicio Nacional de Migraciones el organismo encargado de tramitar las solicitudes de carta de nacionalización, para luego remitirlas al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para su resolución. Agrega que dicho procedimiento se encuentra regulado por el Decreto Supremo N°5.142 de 1960.

Señala que la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización de la recurrente se encuentra actualmente en tramitación ante el Servicio Nacional de Migraciones, siendo esta una etapa previa a la remisión de los antecedentes al Ministerio del Interior.

Sostiene que la acción de protección es de naturaleza cautelar, autónoma, excepcional y de urgencia, por lo que su ámbito de aplicación se limita a actos u omisiones cuya arbitrariedad o ilegalidad exige medidas de emergencia, lo que no se verifica en la especie, toda vez que la recurrente no invoca acción u omisión alguna que importe una afectación a sus garantías constitucionales.

Añade que la pendencia de la solicitud de nacionalización no conlleva perjuicio alguno al estatus migratorio de la recurrente, quien debe contar con un permiso de permanencia definitiva vigente.

Finalmente, argumenta que la mera demora en la tramitación no constituye vulneración de derechos constitucionales, según lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en reiterada jurisprudencia, no siendo procedente utilizar acciones constitucionales para acelerar trámites administrativos.

Cuarto: Que como reiteradamente se ha sostenido, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Quinto: Que la clave para elucidar de qué trata esta acción de protección está en precisar si la actuación denunciada es "ilegal" o "arbitraria".

En este sentido, debe apuntarse que la afectación del derecho a través del acto u omisión arbitrario o ilegal debe ser directa, grave y manifiesta, pues ello es lo que justifica la naturaleza de este procedimiento breve y sumario que persigue el restablecimiento inmediato del derecho fundamental afectado. Por lo mismo, se requiere la efectiva existencia de un acto ilegal, vale decir, que no se atenga a la normativa por la que debe regirse, lo que también se verifica cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley. Por su parte, tal actuación es arbitraria cuando carece de razonabilidad en el actuar u omitir o bien cuando existe falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar o ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o cuando no se verifican los hechos que fundamentan un actuar.

Sexto: Que la Corte Suprema con fecha veinte de marzo del año recién pasado, en los autos rol N° 115.064-2022, previa vista de la causa –forma de conocimiento que se adoptó por dicha Corte “dada la proliferación de recursos de protección por hechos similares”-, y luego de un “acabado estudio de la normativa que regula la materia y del estado actual en que se desenvuelve esta discusión”, concluye que “la demora del Servicio Nacional de Migraciones se debe a la tramitación de un procedimiento reglado, que consta de diversas etapas”, y que dicha tramitación no constituye vulneración de derechos fundamentales.

Si bien la situación fáctica del recurrente no es idéntica a la señalada en el fallo citado, los fundamentos contenidos en dicha sentencia, igualmente determinan rechazar este recurso, por cuanto- en los hechos- la omisión en la dictación del acto terminal no resulta desproporcionada ni arbitraria atendido el tiempo transcurrido y la cantidad de solicitudes que maneja la recurrida.

Séptimo: Que, en consecuencia, en la presentación efectuada en estos autos, no se han mencionado hechos que puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, razón por la cual deberá necesariamente desestimarse la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-16.402-2024.