Protección contra Excelentísima Corte Suprema

Santiago, veinte de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece doña nombre reservado, Licenciada en Ciencias Jurídicas, representada por la abogada Jesica Alejandra Torres Quintanilla, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Excelentísima Corte Suprema, representada por su Presidente, don nombre reservado, por haber rechazado, mediante resolución de fecha 03 de junio de 2024 dictada en AD Rol TI-2409-2020, recurso extraordinario de reposición en contra de la denegación de su solicitud de juramento para obtener el título profesional de abogada. La recurrente sostiene que la Corte Suprema invocó el incumplimiento del requisito de buena conducta del artículo 523 N°4 del Código Orgánico de Tribunales, basándose en supuestas "irregularidades evidenciadas en el proceso de obtención del título de abogada".

Señala la recurrente que dicha actuación es ilegal y arbitraria, argumentando que una investigación penal previa por los mismos hechos (presunta adulteración de concentración de notas) fue terminada mediante resolución firme y ejecutoriada de sobreseimiento definitivo de fecha 05 de septiembre de 2022, en causa RIT 12545-2021 del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, declarándose la extinción de la acción penal, lo que, a su juicio, la deja sin reproche jurídico alguno ni causas pendientes, y con certificado de antecedentes penales vigente "sin anotaciones". Expone que ha seguido un constante perfeccionamiento académico, obteniendo un Magíster LLM en Derecho Regulatorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile con dos votos de distinción en julio de 2023, y realizó una pasantía en el Tribunal Constitucional, lo que acredita su idoneidad y buena conducta.

Aduce que la resolución recurrida vulnera sus derechos fundamentales de igualdad ante la ley (art. 19 N°2), igual protección legal (art. 19 N°3 inc. 1° y 5°), respeto a la vida privada y honra (art. 19 N°4), libertad de trabajo (art. 19 N°16), derecho a actividad económica (art. 19 N°21), no discriminación económica (art. 19 N°22), derecho de propiedad (art. 19 N°24), e integridad psíquica (art. 19 N°1) de la Constitución Política de la República, además de tratados internacionales suscritos por Chile (CADH Art. 8.2, OIT C.111, PIDESC).

En particular, hace hincapié, en que el Excmo. Tribunal Constitucional, en sentencias Roles N°13.081-2022 y N°13.913-2022, ha declarado la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 523 N°4 del Código Orgánico de Tribunales por su indeterminación y la vulneración de derechos fundamentales que puede generar.

Solicita, en definitiva, se acoja el recurso, se deje sin efecto la resolución de 03 de junio de 2024, se proceda a acoger su petición de reconsideración y se ordene recibir el juramento de abogada, con costas.

Segundo: Que, informa don nombre reservado, Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, en representación de la recurrida, exponiendo los siguientes antecedentes fácticos y fundamentos jurídicos respecto del recurso de protección interpuesto.

Señala que la recurrente, Licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Andrés Bello, requirió la apertura de expediente de titulación Rol N°TI-2409-2020. Durante la tramitación, se detectó una disconformidad entre la concentración de notas presentada por la postulante y la remitida por la Universidad Andrés Bello, constatándose 32 modificaciones o adulteraciones que se traducen en el incremento en la calificación de 31 asignaturas (generalmente subiendo un punto) y del promedio ponderado final de la carrera (que aumenta de 5.5 a 5.9).

Estos hechos fueron comunicados por el Secretario de la Corte Suprema a la Fiscalía Local de Santiago. El Comité de Personas, en octubre de 2020 y nuevamente en abril de 2024, informó desfavorablemente la solicitud de juramento, estimando que tales irregularidades impedían considerar satisfecho el requisito de buena conducta del N°4 del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales. Dicho informe fue refrendado por el Pleno de la Corte Suprema en resoluciones de 26 de noviembre de 2020 y 03 de junio de 2024, por cuanto, los antecedentes acompañados no logran desvirtuar las consideraciones que se tuvieron presentes al momento de denegar la solicitud de juramento y que en especial, el hecho de haberse judicializado la denuncia y haber sido sometida a una formalización y posterior suspensión condicional del procedimiento por incurrir en falsedades en el proceso de obtención del título de abogada, todo lo cual denota que la interesada no cumple con la exigencia de buena conducta establecida en el N°4 del Código Orgánico de Tribunales. Lo anterior fue refrendado por el Pleno del Máximo Tribunal, a través de resolución de fecha 3 de junio de 2024, que por este acto se recurre.

Con relación a la potestad de otorgar el título de abogado, sostiene que la Constitución Política de la República (art. 19 N°16) atribuye a la ley la determinación de las profesiones universitarias y sus condiciones de ejercicio. A diferencia de otras profesiones, el otorgamiento del título de abogado radica en la Corte Suprema conforme al artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, previa comprobación de los requisitos de los artículos 523 y 526 del mismo código. La Corte Suprema tiene potestad discrecional para realizar averiguaciones sobre antecedentes personales, lo que no se limita a una revisión formal, sino que implica un examen de fondo del cumplimiento fáctico de cada requisito, conforme al Acta N°47-2020.

Argumenta que la exigencia de "buena conducta" no es una sanción, sino un requisito esencial para acceder al título de abogado, dada la función pública trascendente que desempeñan los abogados en la defensa jurídica y el sistema de justicia. Por ello, la rectitud y probidad son cualidades fundamentales que la Corte debe evaluar. Sostiene que la actuación de la Corte Suprema no es ilegal, al ser dictada por órgano competente dentro de sus facultades privativas, ni arbitraria, ya que la discrecionalidad en la apreciación de la buena conducta no equivale a capricho, y está justificada por las irregularidades evidenciadas. Asimismo, rechaza la vulneración de las garantías constitucionales imputadas, afirmando que no hay discriminación, doble sanción, ni afectación a la honra o la libertad de trabajo, pues la negativa obedece al incumplimiento de un requisito legal.

Solicita, en definitiva, el rechazo del recurso de protección con expresa condenación en costas.

Tercero: Que, con fecha 20 de julio de 2024, la recurrente dedujo requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Excmo. Tribunal Constitucional respecto del artículo 523 N°4 del Código Orgánico de Tribunales, en causa Rol N°15.609-24 INA, siendo acogido el 17 de abril de 2025, declarando inaplicable el artículo 523 N°4 del Código Orgánico de Tribunales para la gestión judicial invocada, esto es, el presente recurso de protección.

Cuarto: Que, la acción constitucional de protección, establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando este ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenacen, perturben o priven del legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales taxativamente enumeradas en dicha disposición. Su finalidad es cautelar y restablecer el derecho conculcado, adoptando las providencias necesarias para asegurar la debida protección.

De lo anterior se colige que es un requisito indispensable de dicha acción la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho por vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho o carente de razonabilidad, que provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Quinto: Que, el acto recurrido, es la resolución del Tribunal Pleno de la Excma. Corte Suprema que rechazó el recurso extraordinario de reposición de la solicitud de juramento de la recurrente para la obtención del título de abogada, por no concurrir el requisito de buena conducta exigido en el numeral 4° del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, debido a las "irregularidades evidenciadas en el proceso de obtención del título de abogada".

Sexto: Que, a su turno, el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales establece que el otorgamiento del título de abogado corresponde a la Excma. Corte Suprema reunida en pleno y en audiencia pública, previa comprobación de los requisitos establecidos en los artículos 523 y 526 del mismo Código. El artículo 523 exige, entre otros, tener el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas, no haber sido condenado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva, y antecedentes de “buena conducta" (N°4).

Séptimo: Que, como se ha dicho, mediante sentencia de fecha diecisiete de abril de dos mil veinticinco, recaída en el Rol N°15.609-24 INA, el Excmo. Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por la recurrente, declarando la inaplicabilidad del artículo 523 N°4° del Código Orgánico de Tribunales, para el presente proceso de protección.

Octavo: Que, lo anterior, implica que la Excma. Corte Suprema no puede fundamentar la denegación del juramento de la recurrente en el requisito de antecedentes de “buena conducta" establecido en el artículo 523 N°4 del Código Orgánico de Tribunales, ya que dicho precepto ha sido declarado inaplicable para el caso concreto, pues la resolución impugnada, de 03 de junio de 2024, se basó explícitamente en la no concurrencia de dicho requisito.

Noveno: Que, sin perjuicio de lo dicho, la pretensión principal de la recurrente en este recurso de protección no se limita a solicitar que la Excma. Corte Suprema reevalúe su solicitud de juramento sin considerar el precepto declarado inaplicable, sino que directamente impetra que esta Corte ordene que “se le permita a mi representada a recibir el Juramento de Abogado, atendido que efectivamente cumple con los requisitos legales para que se le otorgue título de abogada, dejando sin efecto lo resuelto".

Décimo: Que, tal como se indicó en el motivo cuarto de la presente sentencia, el recurso de protección por su naturaleza cautelar y restitutoria busca restablecer el imperio del derecho, dejando sin efecto actos ilegales o arbitrarios que privan, perturban o amenazan derechos fundamentales.

Sin embargo, no puede sustituir las facultades privativas del órgano administrativo o judicial competente para la toma de una decisión de fondo que le es propia ni menos ordenar que un tribunal inferior en rango a la Corte Suprema, declare que lo obrado por ésta -en relación con la negativa a otorgarle el título de abogado a la recurrente- es ilegal o arbitrario, y que a su vez, se disponga que el más alto tribunal le permita jurar a la señora nombre reservado y, así, obtener el título de abogado.

Undécimo: Que, en efecto, la decisión de otorgar o no el título de abogado es una atribución privativa de la Excma. Corte Suprema, conforme al artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, previa comprobación de los requisitos legales. Si bien el requisito del artículo 523 N°4 del referido Código ha sido declarado inaplicable para este caso por el Tribunal Constitucional, subsisten otros requisitos contemplados en la misma disposición y en el artículo 526 del mismo cuerpo normativo, que deben ser verificados y ponderados por la Excma. Corte Suprema en el ejercicio de sus facultades legales.

Duodécimo: Que, a su turno, el Acta 47-2020 de la Corte Suprema de 20 de marzo de 2020 fija el texto refundido del instructivo para la tramitación de expedientes de juramento de abogadas y abogados, en cuyo considerando 2° señala: “Que es deber de la Corte Suprema, conforme lo dispone el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, verificar que las personas que postulan a los títulos de abogada y abogado cumplan con los requisitos exigidos para ello por la ley, con el fin de asegurar su idoneidad y calificación profesional para el ejercicio de la facultad de defender ante los Tribunales de Justicia los derechos de las partes litigantes y de las demás que se ganan con el otorgamiento del título en mención”, regulando luego el procedimiento aplicable a la solicitud de titulación, en cuyo artículo 3° requiere la autorización para obtener desde el Registro Civil e Identificación, vía interconexión, extracto de filiación y antecedentes del postulante.

El artículo 4° de la mencionada Acta detalla la documentación que el postulante debe acompañar a su solicitud.

Luego, en el artículo 9° contempla la remisión del expediente al Comité de Personas de la Corte Suprema, con el objeto que proponga al Tribunal Pleno, si, en su opinión, la solicitud del postulante debe ser acogida o rechazada –en lo que interesa al recurso-, si de los documentos recopilados se desprenden antecedentes de mala conducta del postulante o si de su extracto de filiación consta un antecedente penal distinto al establecido en el numeral 3° del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales.

De conformidad al artículo 12°, las solicitudes de titulación serán resueltas por el Presidente de este Tribunal, recabado que sea el informe del Comité de Personas, quien acogerá o denegará la solicitud luego de verificar si el postulante cumple o no con los requisitos que exigen los artículos 523 y 526 del Código Orgánico de Tribunales, salvo que el solicitante registre alguna anotación en su extracto de filiación y antecedentes, caso en el que siempre pasará a conocimiento y resolución del Tribunal Pleno.

Por su parte, el artículo 13° dispone que en caso de que el Tribunal Pleno o, en su caso, el Presidente deniegue la solicitud del postulante, se procederá a archivar el expediente de titulación. En contra de esta resolución solo podrá deducirse recurso extraordinario de reposición, fundado en nuevos antecedentes. El recurso será visto en cuenta por el Tribunal Pleno.

Décimo Tercero: Que, como corolario de lo anterior, también es importante destacar que el ejercicio de las facultades privativas, exclusivas y excluyentes que la ley ha otorgado a la Excma. Corte Suprema para otorgar el título de abogado, también le facultan para efectuar un análisis global del rol que representa el abogado en la sociedad, al ejercer una función que tiene rango constitucional de acuerdo con lo expresado en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, al señalar que: “Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida”.

Es por ello que dicho análisis se encuentra revestido de aspectos intangibles, éticos y morales, que son ponderados caso a caso, al amparo de la esfera de autonomía que faculta al máximo tribunal determinar la concurrencia o no de los requisitos exigidos por el legislador para la obtención del título de abogado, lo que se traduce finalmente en que la misma ley dispone que la investidura del título vaya unida a un acto de publicidad, como es la ceremonia de juramento, a través de la cual se pone en conocimiento de toda la sociedad quiénes son las personas facultadas para el ejercicio de la profesión y que se encuentran aptas para desempeñar dicho rol frente a la sociedad, fundamentalmente por tratarse de una profesión que exige ejercerla con estricto apego a los principios de rectitud, honestidad y probidad. Fue en este escenario que la Excma. Corte Suprema analizó el caso de la recurrente, concluyendo que los antecedentes acompañados no lograron desvirtuar las consideraciones que se tuvieron presentes al momento de denegar la solicitud de juramento, en especial, por haber incurrido en falsedades en el proceso de obtención del título de abogada, lo cual llevó al Comité de Personas a informar desfavorablemente el presente caso.

Décimo Cuarto: Que, de esta manera, la Excma. Corte Suprema al emitir su decisión y denegar la solicitud del juramento para otorgar el título de abogado a la recurrente, se ha limitado a actuar dentro de sus atribuciones legales privativas, dando previo cumplimiento a los trámites y requisitos establecidos en la ley y analizando, en su mérito, los antecedentes de la solicitante, conforme con lo dispuesto en el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales y de acuerdo con el procedimiento contenido en el Acta N°47-2020, todo lo cual encuentra su sustento en lo dispuesto por el artículo 19 N°16 inciso cuarto de nuestra Carta Fundamental, el cual dispone que la ley determinará las profesiones que requieren grado o título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas. Lo anterior, vinculado, para el caso de los abogados, en que esta labor ha quedado radicada por ley en la Excelentísima Corte Suprema, tal como se reconoce en el inciso sexto del artículo 54 del Decreto con Fuerza de Ley Nº1, de 2005, que dispone: “No obstante, el otorgamiento del título profesional de abogado corresponde a la Corte Suprema de Justicia en conformidad a la ley”, por lo que no se advierte ilegalidad alguna en dicho proceder y pronunciamiento, como sostiene la peticionaria.

Por otro lado, lo razonado también descarta la arbitrariedad denunciada, desde que el rechazo de la solicitud de la recurrente para ser investida como abogada se ha fundado en las razones expuestas precedentemente, las que se advierten plenamente justificadas en consideración a los antecedentes que ha ponderado el Pleno de la Excma. Corte Suprema y que obviamente la recurrente no comparte, sin que esa discordancia permita calificarlo de inmotivado o sustentado en el mero capricho de quien lo emite.

Décimo Quinto: Que, tampoco puede soslayarse, que lo pretendido por la recurrente es, en definitiva, que por la vía del recurso de protección se pueda acoger el recurso extraordinario de reposición interpuesto y se considere que se reúnen los requisitos previstos en el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, y en definitiva, se ordene que la actora reciba el Juramento de Abogado, todo lo cual constituye más que una mera expectativa, lo que excede el ámbito propio y la naturaleza del recurso de protección, y por tanto autoriza el rechazo del presente arbitrio.

Lo anterior, es sin perjuicio del derecho que le asiste a la recurrente de presentar nuevamente un recurso extraordinario de reposición, de conformidad con el artículo 13° de la mencionada Acta N°47-2020, fundado en nuevos antecedentes, lo que en la especie podría ser la sentencia del Tribunal Constitucional a la que se ha hecho referencia.

Décimo Sexto: Que, acorde con lo expuesto en los motivos precedentes, se torna innecesario analizar las garantías constitucionales cuya vulneración acusa el recurrente con la decisión cuestionada.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Excma. Corte Suprema de Justicia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Interino Sr. Toledo Protección N°16394-2024.

No firma la Ministra señora Villadangos, por estar haciendo uso de permiso administrativo, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich, conformada por el Ministro (I) señor Pablo Toledo González y el Abogado Integrante señor Manuel Luna Abarza.