nombre reservado con AFP CUPRUM S.A.

C.A. de Santiago Santiago, seis de enero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado e interpone recurso de protección en favor de Umberto nombre reservado, de nacionalidad italiana, en contra la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A, denunciando que dicha administradora ha incurrido en actos ilegales y arbitrarios al rechazar reiteradamente su solicitud de devolución de cotizaciones previsionales regulada en la Ley N.º 18.156.

Expone que cumplió íntegramente las exigencias legales, acreditando su afiliación al régimen previsional italiano (INPS), mediante certificado consular protocolizado y documentación apostillada, así como su calidad de técnico mediante diploma emitido por el Ministerio de Educación de Italia y su correspondiente traducción oficial realizada y apostillada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, acompañó contrato de trabajo del año 2017 y anexo de 2024, en los cuales manifestó expresamente su voluntad de mantenerse adscrito al sistema previsional de su país de origen, cumpliendo así los requisitos previstos en el artículo 1 de la Ley N.º 18.156.

Indica que AFP CUPRUM rechazó en un primer momento su solicitud por tres supuestos incumplimientos, los cuales fueron posteriormente desestimados por la propia administradora al reconocer, mediante comunicación fechada el 14 de noviembre de 2024, que sólo restaba la traducción oficial del diploma técnico. Una vez cumplido dicho trámite, y pese a las reiteradas presentaciones efectuadas por el recurrente y su apoderado, la AFP volvió a rechazar la solicitud mediante resolución de fecha 21 de abril de 2025, la cual nunca fue notificada ni al afiliado ni a su mandatario, siendo conocida únicamente porque este último concurrió presencialmente a las oficinas de la recurrida el 26 de junio de 2025.

Señala que las causales invocadas en este segundo rechazo reproducen las objeciones iniciales, previamente aclaradas y superadas, lo que evidencia, según sostiene, un actuar contradictorio, carente de fundamento legal y contrario a las obligaciones establecidas en la Ley N.º 18.156 y en la Circular N.º 553 de la Superintendencia de Pensiones, especialmente en lo relativo al deber de notificación y a los plazos de tramitación de solicitudes de devolución. Afirma que tal proceder le ha impedido acceder a sus fondos previsionales, afectando directamente su derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 N.º 24 de la Constitución Política de la República, configurando una privación ilegítima originada en requisitos no contemplados en la normativa aplicable y en decisiones adoptadas sin sustento jurídico.

Indica además que dicha conducta ha vulnerado el debido proceso administrativo, causándole perjuicios al mantenerlo por más de un año en un trámite que debió resolverse conforme al estricto marco de legalidad vigente.

En virtud de lo anterior, solicita que la Corte acoja la acción de protección y ordene a la AFP la inmediata devolución de la totalidad de sus fondos previsionales, con condena en costas, al haberse verificado un actuar ilegal y arbitrario que perturba y priva el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales.

Segundo: Que, al tenor del recurso evacúa informe la parte recurrida y solicita el rechazo del recurso de protección. En primer término, alega la extemporaneidad de la acción sustentada en que la acción fue deducida fuera del plazo de treinta días establecido en el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, puesto que la decisión que rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales del recurrente fue debidamente notificada por correo electrónico el 22 de abril de 2025 a la casilla electrónica que el propio señor nombre reservado indicó en su formulario de solicitud, de modo que la interposición del recurso el 18 de julio de 2025 excede ampliamente el plazo legal. Añade que igual extemporaneidad se observa respecto de la decisión de 20 de marzo de 2024, también invocada en el libelo.

En cuanto al fondo, niega haber incurrido en acto ilegal o arbitrario, afirmando que la negativa a devolver los fondos se ajusta plenamente a la Ley N.º 18.156 y a la normativa dictada por la Superintendencia de Pensiones. Expone que el recurrente no cumplió con las exigencias previstas en los artículos 1 y 7 de dicha ley ni con los requisitos reglamentarios establecidos en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. En particular, sostiene que el señor nombre reservado no ostenta realmente la calidad de trabajador contratado por un empleador distinto, ya que figura simultáneamente como representante legal de la empresa supuestamente empleadora y como trabajador, lo que impide reconocer un vínculo de subordinación y dependencia, requisito esencial para la configuración de un contrato de trabajo. Indica asimismo que la propia solicitud de devolución consigna como fecha de término de la relación laboral el 31 de diciembre de 2023, mientras que las firmas de su contrato y anexo fueron autorizadas notarialmente con posterioridad a dicha fecha, lo que contraviene la exigencia de que la voluntad de mantenerse afecto al sistema previsional extranjero se manifieste durante la vigencia de la relación laboral, según lo reiterado por los Oficios Ordinarios N°16.689 y N°17.126 de la Superintendencia.

Añade la recurrida que el recurrente manifestó simultáneamente su intención de cotizar en el sistema previsional chileno y de mantener su afiliación extranjera, doble manifestación incompatible que, conforme a la jurisprudencia administrativa contenida en los Oficios N.º 27.587 y 23.241, impide la devolución de fondos. Del mismo modo, afirma que el recurrente no acreditó que el régimen previsional extranjero cubriera la contingencia de enfermedad con prestaciones médicas y pecuniarias, ni que dicha cobertura se extendiera durante toda su permanencia en Chile, incumpliendo así un requisito esencial del artículo 1 letra a) de la Ley N.º 18.156.

Finalmente, la recurrida sostiene que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver la controversia, toda vez que se trata de una materia propia del procedimiento de gestión de reclamos ante la Superintendencia de Pensiones, o eventualmente de los tribunales con competencia laboral, según lo dispone el artículo 420 letra c) del Código del Trabajo. Por lo anterior, solicita el rechazo de la acción, tanto por su extemporaneidad como por no concurrir acto arbitrario o ilegal atribuible a la Administradora.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, el acto que se reclama como ilegal y arbitrario corresponde a la negativa de la AFP Cuprum de hacer entrega o devolución de los fondos previsionales depositados en la cuenta de capitalización individual de la recurrente. La recurrida justifica su decisión de estimar improcedente la petición de devolución de fondos previsionales, aduciendo que el recurrente, de nacionalidad italiana, no cumplió con las exigencias previstas en los artículos 1 y 7 de Ley N°18.156, ni con los requisitos reglamentarios establecidos en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Específicamente, através de carta de 21 de abril de 2025, la AFP Curpum S.A., rechazó la solicitud de devolución de fondo, aduciendo:

a) La manifestación de voluntad de permanecer afecto a un régimen previsional extranjero debe manifestarse durante la vigencia de la relación laboral, lo que no se cumple, puesto que el contrato suscrito con el empleador Importadora Caffé D'italia SpA no contiene cláusula de manifestación de voluntad de mantenerse afecto al sistema previsional extranjero y el anexo que sí manifiesta aquel fue suscrito con el mismo empleador con posterioridad al término de la relación laboral.

b) No se acompañó documentación que acredite que el afiliado se ha encontrado cubierto durante toda su estadía en Chile por un sistema de seguridad social extranjero. Si bien se reconoce que presentó una Certificación, otorgada por el Consulado de Chile en Roma con fecha 22 de diciembre de 2023, esta no acredita que cuente con cobertura de prestaciones pecuniarias en caso de enfermedad. Adicionalmente, se consigna que tal certificación tan sólo acredita su afiliación a dicho Instituto en la actualidad, mas no señala la fecha de afiliación a este sistema, por lo que no es posible aseverar que usted se ha encontrado cubierto por el Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) durante toda la vigencia de la relación laboral acreditada.

Quinto: Que, conforme el mérito de los antecedentes se tiene por asentado:

1) El 14 de abril de 2025 se presentó una solicitud de devolución de fondos previsionales por parte del actor, en la que se consigna como fecha de término de la relación laboral con su empleador, Importadora Caffé D'italia SpA, el 31 de diciembre de 2023.

2) La parte recurrente acompañó un contrato suscrito con el empleador Importadora Caffé D'italia SpA, de fecha 1 de marzo de 2017, el que no contiene cláusula de manifestación de voluntad de mantenerse afecto al sistema previsional extranjero.

3) A través de un anexo suscrito con el referido empleador, el 1 de febrero de 2024, el recurrente manifestó su voluntad de mantenerse afecto al sistema previsional del país de origen.

4) A través de carta de 21 de abril de 2025, la AFP Cuprum S.A., rechazó la solicitud de devolución de fondo.

5) La carta antes referida fue remitida, mediante correo electrónico 12 de septiembre de 2024dirigido al actor, el 22 de abril de 2025.

6) Antes de la referida fecha, a través de misiva de 20 de marzo de 2024, se rechazó otra solicitud de retiro de fondos previsionales, por las mismas razones expresadas en la carta de 21 de abril de 2025.

Esta decisión se solicitó fuera revisada, insistiéndose en el retiro de fondos, el 12 de septiembre de 2024 7) Se presentó ante la recurrida un certificado consular protocolizado en el que se señala que el INPS es un organismo estatal italiano de previsión y seguridad social y otorga atención médica a todo nivel, pensión de invalidez, vejez y por defunción.

Además, se certifica que de la documentación presentada consta que el actor se encuentra afiliado al IPS.

Sexto: Que, para resolver la alegación de extemporaneidad, se debe tener presente que el artículo 1º del Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos y contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

El plazo para recurrir de protección está determinado de manera precisa en el mencionado auto acordado y tiene un carácter objetivo, sin que en su regulación quepa intervención de las partes. Ello se explica a partir del mismo texto del precepto, en cuanto persigue como finalidad poner pronto remedio a los efectos que puede provocar, respecto del derecho fundamental de toda persona, un acto u omisión que puede reputarse como arbitrario o ilegal.

Séptimo: Que, lo anterior es relevante, toda vez que conforme el mérito de los antecedentes acompañados en autos se tiene por establecido que, a través de correo electrónico de 22 de abril último la recurrida comunicó al actor la decisión de rechazar nuevamente la solicitud de retiro de fondos previsionales. En consecuencia, el arbitrio deducido el 18 de julio de 2025, ha sido interpuesto de forma extemporánea, toda vez que el actor ha tenido conocimiento del acto impugnado, con una antelación que excede largamente el plazo de treinta días previsto en el artículo 1 del Auto Acordado que regula la materia.

Octavo: Que, sin perjuicio de lo resuelto, en cuanto al fondo del recurso, el artículo 1° de la Ley N°18.156, sobre el régimen excepcional de exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte;

b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Asimismo, el artículo 7° del mismo cuerpo legal, estipula que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Noveno: Que, como se observa, la normativa antes transcrita establece un régimen excepcional que permite a trabajadores extranjeros obtener la devolución de fondos previsionales, cumpliendo determinadas exigencias. Es la excepcionalidad del régimen previsto en la Ley N°18.156, que permite el retiro de fondos previsionales, que obliga a interpretar sus normas de forma restrictiva.

Así, de la revisión de los antecedentes se constata que, efectivamente, el recurrente no cumple con las exigencias previstas en las normas antes citadas, toda vez que, por una parte, efectivamente no satisface la exigencia del artículo 1 letra b), puesto que, en su contrato de trabajo suscrito en el año 2017, no expresó su voluntad de mantenerse afiliado al sistema previsional de su país de origen, y si bien pretendió suplir tal falta, a través de la suscripción de un anexo del contrato de trabajo, este se suscribió en febrero de 2024. Esto es, cuando había terminado la relación laboral que originó los fondos previsionales cuya restitución se pretende, lo que acaeció en diciembre del año 2023, según la propia declaración del actor al completar el formulario de retiro de fondos.

En este punto, se debe precisar que, la decisión de la recurrida es coherente con el ordenamiento jurídico que rige la materia, toda vez que solo una vez que se manifiesta la voluntad de mantenerse afecto al sistema previsional del país de origen, nace la posibilidad de solicitar la devolución de las cotizaciones conforme con el artículo 7 De la Ley N° 18.156, es decir, únicamente se pueden retirar las cotizaciones previsionales que se devenguen y enteren con posterioridad a tal manifestación de voluntad antes referida. Ergo, si la declaración se realiza una vez extinta la relación laboral, no se generan cotizaciones previsionales posteriores cuya restitución pueda ser requerida.

Décimo: Que, por otro lado, la revisión del documento acompañado por el recurrente, correspondiente a un certificado consular, es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento de la exigencia prevista en la letra a) del artículo primero de la Ley N° 18.156, puesto que no señala que las cotizaciones realizadas en su país de origen, le permiten acceder a prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, como tampoco menciona el tiempo de afiliación, pues únicamente explica en términos generales que el INPS otorga tales prestaciones y que el actor se encuentra afiliado, sin indicar desde cuándo.

Undécimo: Que, en las condiciones descritas, no es posible advertir ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la autoridad recurrida, por cuanto se ha constatado que la recurrida ha actuado conforme a la normativa vigente, exigiendo que los antecedentes cumplan con lo establecido en la ley, de manera tal que al no configurarse el supuesto de hecho básico de la acción que se contempla en la acción consagrada en el artículo 20 de la Carta fundamental, esta debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido en favor de Umberto nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministra señora Sandra Araya Naranjo.

N°Protección-16387-2025.

Pronunciada por la Octava Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Sandra Araya Naranjo e integrada, por el ministro (s) señor Daniel Aravena Pérez y la abogada integrante señora Magaly Correa Farías. No firma el ministro (s) señor Aravena, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.