Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, once de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

Primero: Que con fecha dieciocho de julio de dos mil veinticinco comparece Christopher Salazar Dunn, abogado, en representación convencional de nombre reservado, ciudadano venezolano, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber dictado y mantenido la Resolución Exenta N°NUM000, confirmada por la Resolución Exenta N°NUM001, mediante las cuales se tuvo por desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, decisión que califica como ilegal y arbitraria, por cuanto se funda en la aplicación retroactiva de la Ley N°21.655 a hechos anteriores a su vigencia, vulnerando con ello los derechos fundamentales establecidos en el artículo 19 numerales 1°, 2° y 3°, así como el deber estatal de protección de la persona y su familia reconocido en el artículo 1° de la Constitución Política de la República.

Relata que el 11 de febrero de 2025 presentó formalmente solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado ante el Servicio Nacional de Migraciones, cumpliendo —según afirma— los requisitos establecidos en los numerales 1 y 2 del artículo 2 de la Ley N°20.430. Precisa que el 18 de marzo del mismo año el servicio le requirió subsanar antecedentes bajo apercibimiento de desistimiento, actuación que atendió dentro de plazo mediante la plataforma electrónica del organismo. Pese a ello, el 10 de abril de 2025 se dictó la Resolución Exenta N°NUM000, declarando desistida su solicitud bajo el argumento de incumplimiento del plazo de siete días hábiles para presentarse ante el SERMIG conforme al artículo 26 de la Ley N°20.430. Agrega que interpuso recurso de reposición y en subsidio jerárquico, los que fueron rechazados mediante Resolución Exenta N°NUM001, la cual reiteró la extemporaneidad atribuida y además declaró inadmisible el recurso jerárquico.

Hace presente que uno de los argumentos de los recursos administrativos interpuestos, es la inaplicabilidad de la Ley 21.665, en atención a que el recurrente ingresó a Chile en una fecha anterior a su entrada en vigencia, a lo que el servicio argumenta que las gestiones previas realizadas por el solicitante, fechadas el 9 septiembre de 2023 y el 17 de octubre de 2023, no serían válidas por haber sido dirigidas al Subsecretario del Interior y no directamente al Servicio Nacional de Migraciones, y por tanto no tendrían valor jurídico alguno.

Arguye que este razonamiento desconoce lo dispuesto en los artículos 19 a 21 de la Ley 20.430, que establecen que el Subsecretario del Interior es precisamente la autoridad competente para resolver sobre la condición de refugiado.

El recurrente expone también antecedentes contextuales que, a su juicio, dan cuenta de su voluntad inequívoca de solicitar refugio desde su ingreso al país el 1 de septiembre de 2023.

Afirma haber realizado declaración voluntaria ante la Policía de Investigaciones (PDI) dentro del plazo de 10 días establecido entonces por la normativa vigente, y haber concurrido en diversas oportunidades al Servicio Nacional de Migraciones tanto en Santiago como en Puerto Montt, donde no se le habría permitido formalizar su solicitud por razones ajenas a su voluntad, entre ellas la falta de “tarjeta de infractor”, documento cuya emisión corresponde exclusivamente a la autoridad policial.

Relata otras gestiones posteriores, incluyendo la presentación de escritos ante oficina de partes y su vinculación con una orden de expulsión posteriormente dejada sin efecto por decisión de la Excma. Corte Suprema, que demostrarían la continuidad de su intención de acceder al procedimiento de refugio.

En cuanto a los fundamentos jurídicos del recurso, expone que el Servicio Nacional de Migraciones habría desconocido las competencias que la Ley N°20.430 asigna al Subsecretario del Interior para conocer y resolver sobre la condición de refugiado, atribuyendo improcedentemente falta de valor a las presentaciones realizadas ante dicha autoridad.

Sostiene que la autoridad administrativa incurrió en prácticas ilegales y arbitrarias, en particular al interpretar de manera errónea y restrictiva los requisitos formales de la Ley N°20.430 y de su reglamento, tergiversando la figura del desistimiento prevista en el artículo 28 bis y aplicando retroactivamente la modificación introducida por la Ley N°21.655, pese a que su ingreso al país ocurrió en septiembre de 2023, antes de la entrada en vigor de dicha ley.

Argumenta también que la actuación del servicio contraviene los principios de legalidad, inexcusabilidad, motivación y debido proceso administrativo, contenidos en la Ley N°19.880, así como la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema relativa a las obligaciones del Servicio Nacional de Migraciones en la tramitación de solicitudes de refugio.

Afirma que estos actos han vulnerado derechos constitucionales del recurrente. Expone que se afecta su integridad psíquica, al mantenerlo en incertidumbre migratoria pese a haber huido de su país por riesgo a su vida; se infringe la igualdad ante la ley, al sancionarlo por un imposible jurídico y – según sostiene– tratarlo de forma desigual respecto de otros solicitantes de refugio.

Sostiene, además, que se vulnera el debido proceso, al configurarse una decisión carente de motivación suficiente, dictada sin respeto a las normas procedimentales aplicables y basada en una interpretación administrativa que excedería las atribuciones del órgano recurrido.

Por estas razones, solicita que se acoja, con costas, el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto el acto recurrido y se ordene al Servicio Nacional de Migraciones pronunciarse formal y fundadamente sobre la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado; informar clara y públicamente los requisitos administrativos exigidos para su tramitación; e informar detalladamente las etapas del procedimiento, con actualización periódica.

Segundo: Que, el abogado del Servicio Nacional de Migraciones, nombre reservado, evacuó el informe solicitando el rechazo del recurso, por considerar que no concurren los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición.

A su juicio, la acción resulta improcedente al no existir acto u omisión arbitrario o ilegal que vulnere garantías del artículo 20 de la Constitución.

Expone que el recurrente, ciudadano venezolano, no registra ingreso regular al país, presumiéndose su entrada por paso no habilitado, lo que se confirma con la denuncia por ingreso clandestino contenida en el Parte Policial N.º NUM002 de 29 de noviembre de 2023. Señala que, aunque la normativa permite manifestar intención de solicitar refugio ante la autoridad fronteriza (art. 36 del Decreto N.º 837), ello no ocurrió en este caso. Solo el 11 de febrero de 2025 el interesado formalizó su petición ante la Sección de Refugio y Reasentamiento, conforme al art. 26 de la Ley N.º 20.430 y su reglamento.

Respecto de la tramitación, se le citó mediante Oficio Ordinario Folio N.º NUM003 a comparecer el 18 de marzo de 2025, ocasión en que se le entregó formulario y se realizó entrevista personal (art. 28 bis, Ley N.º 20.430), otorgándosele 15 días hábiles para subsanar deficiencias. Sin embargo, mediante Resolución Exenta N.º NUM004 se notificó que no era posible dar curso a la solicitud, pues el recurrente reconoció haber ingresado irregularmente el 1 de septiembre de 2023 y se presentó recién en febrero de 2025, excediendo ampliamente el plazo de siete días hábiles previsto en el art. 26 de la Ley N.º 20.430.

El interesado remitió documentos para subsanar, incluyendo constancias de proceso sancionatorio de expulsión y autodenuncia de ingreso irregular, los que fueron considerados insuficientes. En consecuencia, por Resolución Exenta N.º NUM000 de 10 de abril de 2025 se declaró desistida la solicitud.

Posteriormente interpuso recurso de reposición, que fue rechazado mediante Resolución Exenta N.º NUM001 de 24 de junio de 2025, al no aportar antecedentes nuevos.

En cuanto al derecho aplicable, la recurrida detalla las modificaciones introducidas por la Ley N.º 21.655 (2024) a la Ley N.º 20.430, especialmente los arts. 26, 28 bis y 28 ter, que regulan requisitos de presentación, evaluación formal y consecuencias del incumplimiento. Asimismo, recuerda las exigencias para solicitantes en situación irregular y las normas de la Ley N.º 19.880 sobre desistimiento como forma de conclusión del procedimiento.

Concluye que el Servicio actuó conforme a la Constitución y la ley, sin incurrir en ilegalidad ni arbitrariedad, solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección y que no se impongan costas.

I.- En cuanto a los hechos:

Tercero: Que, el recurrente nombre reservado ingresó irregularmente a Chile el día 01 de septiembre de 2023. En cumplimiento de la normativa vigente a la época, el 06 de septiembre de 2023, realizó su declaración voluntaria a través del sitio web de la Policía de Investigaciones (PDI), manifestando su intención de solicitar refugio.

Posteriormente, el 07 de septiembre de 2023, acudió a las dependencias del Servicio Nacional de Migraciones (SNM) en Santiago para formalizar su solicitud, siendo rechazado por una funcionaria bajo el argumento de no contar con la “tarjeta de infractor”.

A raíz de una oferta laboral, se trasladó a Osorno, donde el 29 de noviembre de 2023, nuevamente realizó declaración de ingreso por paso no habilitado ante la Policía de Investigaciones, obteniendo la referida “tarjeta de infractor”.

Se acercó a las dependencias de oficina de refugio del departamento de servicio nacional de migraciones, en la ciudad de Puerto Montt, con la finalidad de indicar que se había cambiado de domicilio, indicando que falta su tarjeta infractora, pero esta vez la funcionaria quien lo atendió le indica que debía presentar una carta a subsecretario del interior, pero en Santiago, ya que ellos no contaban con oficina de partes.

El día 17 de noviembre de 2023, en Santiago, hace entrega de dicho documento en oficina de partes, consistente en una carta al Subsecretario del Interior el 17 de noviembre de 2023, sin obtener respuesta (consta la carta y timbre de ingreso en la oficina de partes).

El recurrente esgrime que su representado actuó dentro del marco legal vigente a la época, manifestando su intención de solicitar refugio de forma oportuna y reiterada, cumpliendo con las obligaciones normativas del momento.

Cuarto: Que, con fecha 13 de mayo de 2024, el recurrente fue notificado de una orden de expulsión (Resolución Exenta N°NUM005).

Contra esta decisión, interpuso un recurso de amparo (Rol N° 49.698-2024), el que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago, resolución judicial que con posterioridad fue revocada por la Excma. Corte Suprema, en resolución dictada el 08 de octubre de 2024, en la que acogió la acción de amparo, suspendió la ejecución del acto recurrido por 90 días, y ordenó habilitar un procedimiento para revisar nuevamente la decisión por parte del Servicio Nacional de Migraciones, destacando la grave situación humanitaria que afecta al país de origen del amparado y lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, a pesar de sus reiterados intentos y el favorable pronunciamiento de la Excma. Corte Suprema en sede de amparo, lo cierto es que el recurrente presentó formalmente una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado el 11 de febrero de 2025.

El 18 de marzo de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones emitió la Resolución Exenta N° NUM004, en la que solicitaba antecedentes bajo apercibimiento de desistimiento, argumentando que el recurrente había excedido el plazo de 7 días hábiles desde su ingreso al país para presentarse ante el SERMIG, conforme a la Ley 20.430.

Pese a que el recurrente subsanó dentro del plazo otorgado, el 10 de abril de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones dictó la Resolución Exenta N° NUM000, teniendo por desistida la solicitud, insistiendo en que la documentación presentada no subsanaba el requisito formal faltante relativo al plazo de 7 días.

Finalmente, el recurso administrativo de reposición y jerárquico interpuesto por el recurrente fue rechazado mediante Resolución Exenta N° NUM001 de 24 de junio de 2025, la cual mantuvo el desistimiento, reiterando que la medida había sido tomada conforme a la ley y que no se aportaron nuevos elementos para modificar la decisión.

II.- En cuanto al derecho:

Sexto: Que, el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren el ejercicio de estos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Séptimo: Que, la Ley N° 21.655, que incorporó el requisito de presentación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado en el plazo de siete días hábiles desde el ingreso al territorio nacional, modificando el artículo 26 de la Ley 20.430, fue publicada con fecha 20 de febrero de 2024.

Octavo: Qué el principio de irretroactividad de la ley, contemplado en el artículo 9° del Código Civil y el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, que establece que la ley solo dispone para lo futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo.

Dicho principio constituye una garantía fundamental del Estado de Derecho que establece que las normas jurídicas rigen hacia el futuro y no pueden aplicarse a hechos ocurridos antes de su entrada en vigor. Este principio se fundamenta en la seguridad jurídica y la protección de los derechos adquiridos, permitiendo que los ciudadanos conozcan las consecuencias legales de sus actos al momento de realizarlos; que si bien este principio admite excepciones como la retroactividad favorable en materia penal cuando beneficia al acusado, o cuando el legislador expresamente lo dispone dentro de los límites constitucionales.

Por lo tanto, este principio es aplicable no solo al ámbito penal, sino también al administrativo sancionatorio, conforme a la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia y la Contraloría General de la República.

Como se aprecia de los antecedentes allegados por las partes a esta Corte, el actuar del Servicio Nacional de Migraciones al aplicar retroactivamente una norma que no estaba vigente al momento del ingreso del recurrente al país, esto es, al día 01 de septiembre de 2023, y de sus primeras manifestaciones de intención de solicitar refugio, septiembre y noviembre de 2023, deviene en ilegal.

Noveno: Que, los antecedentes acompañados por el recurrente, incluyendo sus declaraciones ante la Policía de Investigaciones, la misiva dirigida al Subsecretario del Interior y sus comparecencias a las oficinas del Servicio Nacional de Migraciones en diferentes fechas, demuestran una intención clara y reiterada de acogerse al procedimiento de refugio desde su ingreso al territorio nacional.

Dichas gestiones fueron realizadas conforme a la normativa vigente a la época y a los criterios administrativos aplicables, evidenciando una conducta diligente por parte del recurrente que fue obstaculizada por prácticas administrativas del Servicio Nacional de Migraciones.

La Excma. Corte Suprema, en sentencia Rol N° 115.005- 2022, ordenó al Servicio Nacional de Migraciones corregir su “errada interpretación de la normativa aplicable” y “disponer de las medidas convenientes y necesarias para que la atención de los extranjeros que desean solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado se ajuste a los preceptos legales aplicables, entregando y recibiendo los formularios correspondientes”.

Décimo: Que, la Resolución Exenta N° NUM000 y su confirmatoria N° NUM001, al tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del recurrente, basándose en la aplicación retroactiva de una norma posterior a los hechos que motivaron su solicitud y a sus primeras gestiones, y desconociendo la diligencia y voluntad del recurrente, constituyen un acto arbitrario e ilegal.

El Servicio Nacional de Migraciones no puede invocar la Ley 21.655 para sancionar una supuesta extemporaneidad que no existía al momento en que el recurrente manifestó su voluntad y realizó las gestiones para acogerse al régimen de protección.

Esta interpretación restrictiva y formalista del procedimiento, que se opone a los principios de buena fe y al deber de protección de los solicitantes de refugio, vulnera los derechos fundamentales del recurrente.

Undécimo: Que, el actuar del Servicio Nacional de Migraciones, al aplicar una norma de manera retroactiva y desestimar la solicitud de refugio sin entrar al fondo, infringe la garantía de igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, toda vez que importa un acto de discriminación en contra del recurrente en relación con el trato dispensado a otros extranjeros que, en situación jurídica equivalente, han tenido la posibilidad de tramitar sus solicitudes bajo la normativa aplicable a su momento de ingreso.

Asimismo, vulnera el debido proceso y el principio de irretroactividad de la ley sancionatoria, protegidos por el artículo 19 N°3 de la Constitución, al imponerle una exigencia legal inexistente a la época de sus actos.

El peligro de deportación a su país de origen, donde su vida e integridad se encuentran amenazadas, tal como fue reconocido por la Excma. Corte Suprema en la causa de amparo Rol N° 49.698-2024, también implica una afectación a la garantía de protección de la vida e integridad psíquica del artículo 19 N°1 de la Constitución.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se acoge, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones, y en consecuencia se deja sin efecto la Resolución Exenta N° NUM000 de fecha 10 de abril de 2025, así como la Resolución Exenta N° NUM001 de fecha 24 de junio de 2025.

En su lugar, se ordena a la recurrida, Servicio Nacional de Migraciones, retrotraer el procedimiento administrativo de reconocimiento de la condición de refugiado del actor a la etapa de análisis de fondo de su solicitud, debiendo pronunciarse sobre ella de manera fundada en el plazo de veinte (20) días hábiles, considerando todos los antecedentes aportados por el recurrente y aplicando la normativa vigente al momento de su ingreso al país y de sus primeras manifestaciones de solicitud de refugio.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó el Ministro (I) Sr. Mauricio Rettig Espinoza.

No firma el ministro (I) señor Rettig Espinoza, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse en comisión de servicio.

N°Protección-16386-2025.