Protección contra Excma

C.A. de Santiago Santiago, siete de octubre de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 33: a lo principal y segundo otrosí, téngase presente. Al primer otrosí, téngase presente y a sus antecedentes.

Al escrito folio 35: a lo principal, a sus antecedentes. Al otrosí, téngase presente y a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece la abogada Jessica Alejandra Torres Quintanilla, en representación de Juan Carlos Vega Manríquez, Licenciado en Ciencias Jurídicas, deduciendo acción constitucional de protección en contra de la Excma. Corte Suprema de Justicia, representada por su Presidente, don nombre reservado, por haber dictado, en antecedentes Administrativos Rol TI-3341-2019, la resolución de pleno de fecha 3 de junio de 2024, mediante la cual se rechazó el recurso extraordinario de reposición intentado, negándole el derecho a prestar juramento como abogado.

Sostiene que dicha actuación es ilegal y arbitraria, desde que aplica lo dispuesto en el artículo 523 N° 4 del Código Orgánico de Tribunales, al estimar que el recurrente no satisface la exigencia de buena conducta, a pesar que la anotación prontuarial que dio origen al rechazo original, la condena por el delito previsto en el artículo 236 del Código Penal, fue eliminada de forma definitiva para todos los efectos legales y administrativos, en cumplimiento de la resolución del Segundo Juzgado Militar de Santiago que aplicó el artículo 38, inciso tercero, de la Ley Nº 18.216, vulnerando con ello las garantías fundamentales de igualdad ante la ley, igual protección de derechos y no ser juzgado por comisiones especiales, respeto y protección de la vida privada y honra, libertad de trabajo y derecho a su libre elección y libre contratación, el derecho a realizar cualquier actividad económica, no discriminación arbitraria y el derecho de propiedad, reconocidas en el artículo 19 N° 2, 3º inciso primero y quinto, 4, 16º, 21º, 22º y 24, y 1º de la Carta Fundamental, además de infringir tratados internacionales vigentes, solicitando, en definitiva, que se adopten las medidas inmediatas para restablecer el imperio del derecho, permitiéndole recibir el juramento de abogado, atendido el cumplimiento de los requisitos legales, dejando sin efecto lo resuelto.

Explica que nació el 27 de septiembre 1959 -por lo que a la fecha del recurso contaba con 64 años-, separado y con un hijo abogado y que optó al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de las Artes, Ciencias y Comunicación UNIACC el 04 de diciembre de 2018, recibiendo el 16 de octubre de 2019, la distinción de Excelencia Académica por haber obtenido el mejor promedio de notas de su promoción.

Agrega que realizó su práctica profesional a satisfacción en la Corporación de Asistencia Judicial de la Comuna de Peñalolén, recibiendo una calificación final de 6,8; destacando como sobresaliente en los conceptos de sentido de colaboración, sentido social, conducta, honorabilidad y asistencia, haciendo presente, además, que mantiene una vida social y comercial intachable, realizando diversos cursos de perfeccionamiento académico y ayudando a personas de escasos recursos.

Afirma que el 16 de octubre de 2019 inició los trámites en la Oficina de Títulos de la Excma. Corte Suprema, para abrir expediente de Juramento para recibir el título de abogado bajo el Rol N° TI-3341-2019, pero se negó su solicitud por resolución de fecha 18 de noviembre de 2020, luego de lo cual dedujo, en tres oportunidades recurso extraordinario de reposición, de conformidad con el procedimiento existente, los que han sido rechazados, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 523 N° 4 del Código Orgánico de Tribunales, por no contar con buena conducta, ya que su extracto de filiación y antecedentes da cuenta de la existencia de un proceso penal sustanciado en la Primera Fiscalía Militar de Santiago, en la que fue condenado por sentencia de fecha 16 de agosto de 2019, confirmada el 28 de noviembre de 2019 por la I. Corte Marcial, por el delito previsto en el artículo 236 del Código Penal, imponiéndosele una pena de 213 días de suspensión del empleo y costas, haciendo presente, además, que los hechos que dieron origen a la anotación prontuarial datan del año 2007, fecha desde la cual ha transcurrido un plazo razonable para analizar la conducta desde la perspectiva de la rehabilitación. Además, estima que la conducta no reviste la gravedad para ser considerada negativamente de por vida, ya que obedeció a un error, que lo llevó a aplicar la suma de $1.990.408 a satisfacer necesidades distintas de la misma institución, habiendo eliminado sus antecedentes penales.

En cuanto a los antecedentes del rechazo, explica que, por resolución de 18 de noviembre de 2020, se resolvió: “Con el mérito de los antecedentes y teniendo especialmente presente que las anotaciones que registra el solicitante en su extracto de filiación, agregado en autos, impiden estimar que satisface la exigencia de buena conducta contenida en el N° 4 del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, se rechaza la solicitud de otorgamiento del título de abogado.” El 9 de febrero de 2021, dedujo recurso extraordinario fundado en que cumplió la sanción y se ordenó dar cumplimiento al artículo 38, inciso tercero, de la Ley Nº 18.216, ante lo cual el 24 de marzo de 2021, el Comité de Personas emitió informe favorable, sin embargo por resolución de fecha 26 de abril de 2021, el Tribunal Pleno resolvió: “Con la cuenta dada y atendido que los argumentos esgrimidos en la solicitud efectuada por don Juan Carlos Vega Manríquez no se desprenden fundamentos bastantes para revertir lo resuelto con fecha 18 de noviembre de dos mil veinte, toda vez que la omisión de la anotación prontuarial, de conformidad con lo que dispone el artículo 21 de la Ley N° 19.628, no significa que haya sido dejada sin efecto, a lo que se suma la gravedad del delito por el que fue sancionado contrario a la probidad administrativa, todo lo cual lleva a considerar que no goza de buena conducta, se rechaza la reposición intentada.”

Posteriormente señala que con fecha 22 de abril de 2022, interpuso recurso extraordinario de reposición, fundado en sus antecedentes de índole personal, respecto de su rehabilitación y su conducta intachable durante todo el tiempo que transcurrió desde la comisión del delito y, por resolución de fecha 13 de junio de 2022, el Tribunal Pleno lo declaró inadmisible, por no existir nuevos antecedentes.

Finalmente, el 25 de septiembre de 2023, refiere que presentó recurso extraordinario de reposición, con nuevos antecedentes, requiriéndose informe del Comité de Personas, el que emitió un pronunciamiento negativo con fecha el 10 de abril de 2024, estimando que de los antecedentes acompañados no hay fundamentos bastantes para revertir lo resuelto previamente y el 3 de junio de 2024, el Tribunal Pleno resolvió: “Con la cuenta dada de los antecedentes y de lo informado por el Comité de Personas de esta Corte, teniendo presente que los nuevos argumentos vertidos no logran desvirtuar las circunstancias que se tuvieron en consideración al momento de denegar la solicitud de juramento, particularmente la anotación por delito de aplicación pública diferente de los fondos bajo su administración, lo cual demuestra el incumplimiento de la exigencia de buena conducta establecida en el artículo 523 N°4 del Código Orgánico de Tribunales, se rechaza la reposición de la resolución que negó lugar a la solicitud de juramento de don nombre reservado”.

El actor estima que dicha negativa es ilegal y arbitraria. Es ilegal por cuanto desconoce expresamente lo mandatado en el artículo 38 de la Ley N° 18.216, que establece que el cumplimiento satisfactorio de las penas sustitutivas que prevé el artículo primero de esta ley por personas que no hubieren sido condenadas anteriormente por crimen o simple delito -en los términos que señala el inciso primero de dicha disposición- tendrá mérito suficiente para la eliminación definitiva, para todos los efectos legales y administrativos y el otorgamiento del título requerido no es más que un acto administrativo, que es de resolución y potestad de la Corte Suprema. Y es arbitraria, por la absoluta falta de motivación al calificar de "mala conducta" al recurrente, sin ponderar sus antecedentes, omitiendo los efectos de reinserción social de la Ley N° 18.216 y contraviniendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que cita, respecto del carácter indeterminado y potencialmente inconstitucional del numeral 4° del artículo 523 del COT.

En concreto, a través de esta presentación, pide se acoja el recurso extraordinario de reposición, se considere que se reúnen los requisitos previstos en el artículo 523 del COT y se ordene que reciba el juramento de abogado, con costas.

Segundo: Que informando el recurso don nombre reservado, presidente de la Excelentísima Corte Suprema, expone, en síntesis, los siguientes antecedentes fácticos y fundamentos jurídicos respecto del recurso de protección interpuesto.

Señala que el postulante al título de abogado Juan Carlos Vega Manríquez abrió expediente de titulación el 16 de octubre de 2019, bajo el Rol TI 3341-2019, al que se adjuntó el extracto de filiación del postulante, donde constaba que había sido condenado como autor del delito de aplicación pública diferente de los fondos que administraba, delito previsto y sancionado en el artículo 236 del Código Penal.

Refiere que posteriormente se confirmó que el postulante tenía la calidad de licenciado de la Universidad UNIACC y había cumplido la obligación de realizar la práctica profesional obligatoria, establecida en el artículo 523 N° 5 del Código Orgánico de Tribunales.

Agrega que, atendida la fecha de apertura del expediente de titulación del recurrente, el acta vigente era la 173-2017 y conforme con su artículo 9 y en virtud de su anotación prontuarial se dispuso que informara el Comité de Personas de la Corte Suprema, el cual requirió se señalara el estado de la causa seguida ante la Primera Fiscalía Militar de Santiago, el que fue recibido el 09 de octubre de 2020, confirmando que se dictó sentencia condenatoria N°210, de fecha 16 de agosto de 2019, por el Segundo Juzgado Militar de Santiago, la que posteriormente fue confirmada por sentencia de 28 de noviembre de 2019 de la Iltma. Corte Marcial, en contra de Juan Carlos Vega Manríquez, condenándolo a 213 días de suspensión del empleo, como autor del delito de aplicación pública diferente de los fondos que administraba, sin causar daño o entorpecimiento, descrito en el artículo 236 del Código Penal, como también al pago de las costas de la causa.

Hace presente que el Comité de Personas el 29 de octubre de 2020 emitió informe desfavorable, expresando que el postulante no cumple con los requisitos exigidos para obtener el título de abogado y en el considerando 5° expresa que: “atendida la gravedad de los delitos contrarios a la probidad administrativa antes descritos, este Comité estima que los hechos acreditados impiden considerar que el postulante satisface la exigencia de buena conducta, prevista en el N°4 del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales”.

Señala que el 18 de noviembre de 2020, por resolución de la Presidencia de la Corte Suprema se rechazó la solicitud de otorgamiento del título de abogado.

Añade que el postulante, el 9 de febrero de 2021 interpuso recurso de reposición, fundado en el cumplimiento del procedimiento que señalan los artículos 1° y 2° del Decreto Ley N° 409, para eliminación definitiva de una anotación prontuarial, cumpliendo con 2 años de firma ante el patronato de reos a cargo de Gendarmería de Chile, acompañando documentos que darían cuenta de una buena conducta y un comportamiento tanto privado como público que siempre ha sido ejemplar y que con fecha 19 de noviembre de 2020, el Servicio de Registro Civil e Identificación procedió a eliminar la anotación respectiva de su registro, en cumplimiento de la instrucción emitida por el 2° Juzgado Militar de Santiago en su sentencia, por lo que sus antecedentes se remitieron nuevamente al Comité de Personas, quien emitió un informe favorable el 24 de marzo de 2021, estimando que el postulante cumple los requisitos para obtener el título de abogado, no obstante lo cual el Tribunal Pleno por resolución de 26 de abril de 2021 rechazó la reposición, estimando que la omisión de la anotación prontuarial no significaba que hubiera sido dejada sin efecto, conforme al artículo 21 de la Ley N° 19.628, sumado a la gravedad del delito por el que fue sancionado, contrario a la probidad administrativa, lo cual lleva a considerar que no goza de buena conducta.

Refiere que el 22 de abril de 2022, el postulante presentó un nuevo recurso de reposición, fundado en nuevos antecedentes, que en su concepto darían cuenta de su irreprochable conducta, impugnación que el Comité de Personas, el 26 de mayo de 2022, informó desfavorablemente por no contener antecedentes nuevos de entidad suficiente para revertir lo resuelto, luego de lo cual el Tribunal Pleno declaró inadmisible el recurso por no existir nuevos antecedentes, por resolución de 13 de junio de 2022.

Agrega que el 25 de septiembre de 2023, el postulante presentó un nuevo recurso de reposición, fundado en la pena impuesta por el delito, el tiempo transcurrido y jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que declara inaplicable por inconstitucionalidad el numeral 4 del artículo 523 del COT, el que el Comité de Personas el 10 de abril de 2024 volvió a informar desfavorablemente, destacando que el beneficio establecido en el artículo 38 de la Ley N° 18.216 no provoca la eliminación total de los antecedentes, pues perviven consecuencias de inhabilidades para el ingreso a ciertas instituciones públicas y para su agregación a un proceso criminal y sostuvo que solo el Decreto Ley N° 409 de 1932 permite la eliminación total y definitiva de los antecedentes prontuariales, reiterando que la gravedad del delito contra la probidad administrativa impedía tener por satisfecha la exigencia de buena conducta.

Hace presente que, finalmente el 3 de junio de 2024, el Tribunal Pleno resolvió que: “los nuevos argumentos vertidos no logran desvirtuar las circunstancias que se tuvieron en consideración al momento de denegar la solicitud de juramento, particularmente la anotación por delito de aplicación pública diferente de los fondos bajo su administración, lo cual demuestra el incumplimiento de la exigencia de buena conducta establecida en el artículo 523 N°4 del Código Orgánico de Tribunales, se rechaza la reposición de la resolución que negó lugar a la solicitud de juramento de don nombre reservado (SIC)”.

La recurrida concluye su informe afirmando que la actuación de la Corte Suprema carece de toda arbitrariedad e ilegalidad, ya que la decisión de rechazar la solicitud de juramento se tomó en ejercicio de sus atribuciones legales contenidas en los artículos 521 y 523 del Código Orgánico de Tribunales, debido a que el recurrente no logró acreditar el cumplimiento de la exigencia de buena conducta, solicitando, en definitiva, el rechazo del recurso interpuesto.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que el acto recurrido es el rechazo de la solicitud de juramento para la obtención del título de abogado del recurrente, efectuada mediante resolución del Tribunal Pleno de la Excma. Corte Suprema de fecha 3 de junio de 2024, dictada en Antecedentes Administrativo Rol TI-3341-2019, que desestimó el recurso de reposición extraordinario deducido por el solicitante el 25 de septiembre de 2023 en contra de la resolución de 18 de noviembre de 2020, que rechazó la solicitud de otorgamiento del título de abogado del recurrente, por no satisfacer el requisito de buena conducta exigido por numeral 4° del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, debido a las anotaciones que registra su extracto de filiación y antecedentes Quinto: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, el otorgamiento del título de abogado corresponde a la Corte Suprema reunida en pleno y en audiencia pública, previa comprobación y declaración de que el candidato reúne los requisitos establecidos por los artículos 523 y 526 del mismo Código.

Por su parte, el señalado artículo 523 exige, para ser abogado los siguientes requisitos: 1°) Tener veinte años de edad; 2°) Tener el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas otorgado por una Universidad, en conformidad a la ley; 3°) No haber sido condenado ni estar actualmente acusado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva; 4°) Antecedentes de buena conducta y 5°) Haber cumplido satisfactoriamente una práctica profesional por seis meses en las Corporaciones de Asistencia Judicial.

Sexto: Que revisada el Acta 173-2017, de 20 de noviembre de 2017, que fija el texto refundido del instructivo para la tramitación de expedientes de juramento de abogadas y abogados, vigente a la fecha de la solicitud del recurrente, en su motivo 2° señala: “Que advirtiendo que es deber de la Corte Suprema, conforme lo dispone el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, verificar que las personas que postulan a los títulos de abogada y abogado cumplan con los requisitos exigidos para ello por la ley, con el fin de asegurar su idoneidad y calificación profesional para el ejercicio de la facultad de defender ante los Tribunales de Justicia los derechos de las partes litigantes y de las demás que se ganan con el otorgamiento del título en mención”, y en el motivo 3° agrega: “Que la única forma en que esta Corte puede cumplir el mandato que le impone la ley para determinar si el postulante al título de abogada o abogado ha obtenido el grado de licenciada o licenciado en ciencias jurídicas de forma legal, es mediante la verificación del cumplimiento de las condiciones legales para el otorgamiento de dicha licenciatura”; regulando luego el procedimiento aplicable a la solicitud de titulación, en cuyo artículo 3° requiere la autorización para obtener desde el Registro Civil e Identificación, vía interconexión, el extracto de filiación y antecedentes del postulante.

El artículo 4° de la mencionada Acta detalla la documentación que el postulante debe acompañar a su solicitud.

Luego, en el artículo 9° contempla la remisión del expediente al Comité de Personas de la Corte Suprema, con el objeto que proponga al Tribunal Pleno, si, en su opinión, la solicitud del postulante debe ser acogida o rechazada y, en lo que interesa al recurso, si de los documentos recopilados se desprenden antecedentes de mala conducta del postulante o si de su extracto de filiación consta un antecedente penal distinto al establecido en el numeral 3° del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales.

La solicitud de titulación será resuelta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 y para el caso de ser denegada, el artículo 13 contempla un recurso extraordinario de reposición que será visto en cuenta por el Tribunal Pleno.

Séptimo: Que, de lo expuesto en el recurso, lo informado por la recurrida y los antecedentes aparejados en autos, se constata que:

1.- Que el 16 de octubre de 2019, el recurrente, Juan Carlos Vega Manríquez, abrió el expediente de titulación TI 3341-2019 en la Oficina de Títulos de la Corte Suprema.

2.- Que de acuerdo con el certificado de licenciatura agregado a dicho expediente consta que el recurrente tiene la calidad de Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad UNIACC, obtenido el 4 de diciembre de 2018.

3.- Que en el certificado de conducta, emitido por el Director de Registro Curricular de la Universidad UNIACC, se señala que durante sus estudios el postulante observó una conducta ajustada a las normas disciplinarias y de sana convivencia estudiantil, dando muestras de honorabilidad como alumno de la carrera de Derecho.

4.- Que, en la declaración jurada de testigos, don nombre reservado y don nombre reservado declaran conocer a Juan Carlos Vega Manríquez, quien ha observado hasta la fecha una buena conducta o comportamiento social.

5.- Que de su extracto de filiación y antecedentes consta que Juan Carlos Vega Manríquez registra una anotación en causa N° 1.591/2011 de la 1° Fiscalía Militar de Santiago del 19 de junio de 2018, por la que se le declara reo como autor del delito de aplicación pública diferente de los fondos que administraba, descrito y sancionado en el artículo 236 del Código Penal.

6.- Mediante resolución de 3 de diciembre de 2019 y atendida la anotación prontuarial del solicitante, se remiten los antecedentes del postulante al Comité de Personas, para emitir el informe correspondiente.

7.- El Comité de Personas, previo a emitir su informe, requirió antecedentes relativos al estado de la causa N° 1.591/2011 de la 1° Fiscalía Militar de Santiago para determinar si el postulante cumple los requisitos exigidos para obtener el título de abogado.

8.- El 7 de agosto de 2020 la 1° Fiscalía Militar de Santiago informa que en la causa N° 1.591/2011 se dictó sentencia condenatoria N° 210 de fecha 18 de agosto de 2019 del Segundo Juzgado Militar de Santiago, confirmada el 28 de noviembre de 2019 por la Ilustrísima Corte Marcial en contra de Juan Carlos Vega Manríquez, condenándosele a la pena de 213 días de suspensión del empleo, como autor del delito de aplicación pública diferente de los fondos que administraba, sin causar daño o entorpecimiento, descrito en el artículo 236 del Código Penal, aprobándose el sobreseimiento temporal N° 706 de 29 de agosto de 2018 por el delito de fraude al fisco dictado por el mismo Juzgado. Se señala que a dicha data el proceso se encuentra archivado, acompañándose copia autorizada de las sentencias referidas.

9.- Con fecha 29 de octubre de 2020, el Comité de Personas integrado por los Ministros Sres. Muñoz y nombre reservado, y por las Ministras Sras. Repetto y Ravanales, estuvo por informar que el solicitante, nombre reservado, en el expediente TI-3341-2019, no cumple con los requisitos exigidos para obtener el título de abogado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 523 y 526 del Código Orgánico de Tribunales.

En dicho informe se consignó en el numeral 4°) “Que revisado el fallo condenatorio de 16 de agosto de 2019, se advierte que el postulante fue condenado por hechos cometidos mientras se desempeñaba como, funcionario del ejército, en calidad de Comandante del Regimiento Logístico del Ejército N° 1 “Bellavista”, al disponer durante el año 2007 la confección de planillas de viáticos para comisiones de servicios que en definitiva no se realizarían, requiriéndose a los subordinados los montos asignados, con el objeto de utilizar dichos dineros en apoyo de actividades de fin de año. Por otro lado, se acreditó también que el postulante y otro implicado autorizaron la compra, a precio sobrevalorado, de repuestos de vehículo por sumas que superan los tres millones de pesos.

Asimismo, la parte expositiva de la sentencia, en su considerando segundo menciona numerosos medios de convicción reunidos durante la investigación, entre los que se enuncian varias investigaciones que dan cuenta de las irregularidades cometidas en el Regimiento Logístico del Ejército N° 1 “Bellavista”, como el Informe de la Brigada de Investigaciones de Delitos Económicos Metropolitana, de la Policía de Investigaciones (letra i., p. 9); el Informe en Investigación Especial N° 102, de fecha 30 de marzo de 2011, de la Contraloría General de la República N° 102 (letra k., p. 10); otro Informe Policial de la Brigada Metropolitana antes indicada (letra ll. p. 20); el Informe correspondiente a la Orden de Investigar N° 5448, diligenciado por la misma Brigada, que incluye el peritaje contable de nombre reservado (letra vv., p. 25); el Informe Policial de 5 de marzo de 2018, de la Brigada ya señalada (letra xx, p. 27); entre otros.

En particular, el informe N° 102 de Contraloría investiga una denuncia que apunta a la compra de repuestos para vehículos realizadas a precios presuntamente excesivos, por parte del Regimiento Logístico N° 1, a la empresa nombre reservado S.A., constatándose en los registros del portal Mercado Público que casi la totalidad de las contrataciones (64 de 65 órdenes de compra) de dicha empresa han sido con el Regimiento Logístico, verificándose además que dos adquisiciones fueron realizadas por el Regimiento sin mediar los correspondientes “llamados de licitación a través del portal Mercado Público, vulnerando lo estipulado en la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, y su Reglamento, y cuyas Actas de Adjudicación están autorizadas por el Comandante de la época, Coronel nombre reservado” (p. 11).

Asimismo, el Informe de Contraloría constató situaciones irregulares respecto de las empresas que presentaron presupuestos o cotizaciones en dichos procesos, observando que las tres empresas oferentes –nombre reservado S.A., National Trade S.A. y Socoma Chile S.A.– registraban el mismo domicilio, como sucursal o casa matriz, en los registros del Servicio de Impuestos Internos; y que al visitar el domicilio Matriz de la empresa nombre reservado y el domicilio señalado por National Trade en sus presupuestos, se constató la inexistencia de ambas sociedades en dichos lugares. Además, el informe destaca que el representante legal de las tres empresas era la misma persona, el señor nombre reservado, todos hechos que se ven confirmados por el Informe de la Brigada Metropolitana mencionado en la letra ll., del considerando segundo del fallo”.

En el numeral 5°) se expresó “Que atendida la gravedad de los delitos contrarios a la probidad administrativa antes descritos, este Comité estima que los hechos acreditados impiden considerar que el postulante satisface la exigencia de buena conducta, prevista en el N° 4 del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales”.

10.- Por resolución de 18 de noviembre de 2020, se rechazó la solicitud de otorgamiento de título de abogado de Juan Carlos Vega Manríquez, en atención al mérito de los antecedentes y teniendo especialmente presente que las anotaciones que registra el solicitante en su extracto de filiación, agregado en autos, impiden estimar que satisface la exigencia de buena conducta contenida en el N° 4 del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales.

11.- En contra de dicha decisión, el recurrente, el 9 de febrero de 2021, dedujo recurso extraordinario de reposición, invocando como nuevos antecedentes, la resolución de 20 de octubre de 2020 del Segundo Juzgado Militar de Santiago, que da por cumplida su condena y ordena al Servicio de Registro Civil e Identificación dar cumplimiento al artículo 38 inciso 3° de la Ley N° 18.216, que señala que el cumplimiento satisfactorio de las penas sustitutivas tendrá mérito suficiente para la eliminación definitiva para todos los efectos legales y administrativos, de tales antecedentes prontuariales, procediendo el Servicio de Registro Civil a eliminar dicha anotación el 19 de noviembre de 2020, encontrándose imposibilitado de acogerse al programa del D.L N° 409, haciendo presente la naturaleza de la pena impuesta, su situación de retiro al momento de la condena, diversas consideraciones procesales respecto de la causa en fue condenado, antecedentes personales y académicos y jurisprudencia.

12.- El 24 de marzo de 2024, el Comité de Personas, integrado por la Ministra Sra. Repetto y los Ministros Sres. Muñoz y nombre reservado, estuvo por informar que el interesado cumple con los requisitos para obtener el título de abogado, exigidos en el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, con el voto en contra del último de los nombrados.

13.- El 26 de abril de 2021, el Tribunal Pleno resolvió: “Con la cuenta dada y atendido que los argumentos esgrimidos en la solicitud efectuada por don nombre reservado no se desprenden fundamentos bastantes para revertir lo resuelto con fecha dieciocho de noviembre de dos mil veinte, toda vez que la omisión de la anotación prontuarial, de conformidad con lo que dispone el artículo 21 de la Ley N° 19.628, no significa que ella haya sido dejada sin efecto, a lo que se suma la gravedad del delito por el que fue sancionado contrario a la probidad administrativa todo lo cual lleva considerar que no goza de buena conducta, se rechaza la reposición intentada.

Acordada con el voto en contra del presidente señor nombre reservado y de los ministros señores Muñoz G. y nombre reservado, señora nombre reservado y señor nombre reservado, quienes por considerar que el solicitante reúne los requisitos que prevé el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, estuvieron por hacer lugar a lo pedido y recibir su juramento como abogado”.

14.- El 22 de abril de 2022 el recurrente interpuso un nuevo recurso extraordinario de reposición, impugnando la resolución anterior, haciendo valer nuevos antecedentes en el ámbito académico, profesional y económico que permiten demostrar que se ha rehabilitado y se encuentra arrepentido del delito que cometió y goza de buena conducta acreditar, acompañando distintos documentos al efecto.

15.- Con fecha 26 de mayo de 2022, el Comité de Comité de Personas, integrado por los Ministros Sres. Blanco (Presidente) y nombre reservado G. y la Ministra Sra. Chevesich, estuvo por informar desfavorablemente el recurso de reposición presentado por el solicitante.

16.- Por resolución de 23 de junio de 2022 del Tribunal Pleno se declaró inadmisible el recurso extraordinario deducido por Juan Carlos Vega Manríquez.

17.- El 25 de septiembre de 2025, el recurrente interpuso nuevamente recurso extraordinario de reposición, fundado en nuevos antecedentes, respecto de las resoluciones de 18 de noviembre de 2020, 26 de abril de 2021 y 13 de junio de 2022, haciendo presente diversas consideraciones en relación con la condena que dio origen a su anotación prontuarial, antecedentes relativos a formación y perfeccionamiento y jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

18.- Con fecha 10 de abril de 2024 el Comité de Personas, integrado por el ministro Sr. Fuentes, la ministra Sra. Letelier y el ministro Sr. Simpertigue, con el voto en contra del Sr. nombre reservado, estuvo por rechazar el recurso de reposición presentado por el solicitante don Juan Carlos Vega Manríquez, expediente N° TI-3341-2019 e informar que no cumple con los requisitos para obtener el título de abogado, exigidos en el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, señalado en su numeral 6°) “Que de los antecedentes acompañados, a juicio de este Comité, no se desprenden fundamentos bastantes para revertir lo resuelto previamente, toda vez que, por una parte el beneficio establecido en el artículo 38 de la Ley N° 18.216, no provoca la eliminación total de los antecedentes prontuariales asociados a la respectiva condena, por cuanto según el último inciso de dicha disposición, perviven algunas consecuencias de ésta respecto a inhabilidades para el ingreso a ciertas instituciones públicas, al igual que para su agregación a un proceso criminal, siendo únicamente, el procedimiento previsto en el Decreto Ley N° 409 de 1932 el que permite la eliminación total y definitiva de los antecedentes que constan en el prontuario penal que, por lo demás, dichos efectos fueron los considerados por el Tribunal Constitucional como fundamentos para declarar inaplicable por inconstitucionalidad el numeral 4° del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, lo que se suma a la gravedad del delito por el que fue sancionado, el que atenta contra la probidad administrativa, hechos que impiden entender por satisfecha la exigencia de buena conducta exigida para ser abogado, no incidiendo de manera alguna en esta circunstancia que el interesado se haya inscrito en un curso de perfeccionamiento profesional”.

19.- Mediante resolución de 03 de junio de 2024 del Tribunal Pleno se resolvió: “Con la cuenta dada de los antecedentes y de lo informado por el Comité de Personas de esta Corte, teniendo presente que los nuevos argumentos vertidos no logran desvirtuar las circunstancias que se tuvieron en consideración al momento de denegar la solicitud de juramento, particularmente la anotación por delito de aplicación pública diferente de los fondos bajo su administración, lo cual demuestra el incumplimiento de la exigencia de buena conducta establecida en el artículo 523 N°4 del Código Orgánico de Tribunales, se rechaza la reposición de la resolución que negó lugar a la solicitud de juramento de don nombre reservado.

Acordada con el voto en contra de los ministros señores Muñoz G., nombre reservado, Valderrama, señora nombre reservado, señor nombre reservado y señora nombre reservado, quienes fueron del parecer de acoger la reposición y acceder a la solicitud de juramento, en atención al tiempo transcurrido.”

Octavo: Que el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, impone a la Corte Suprema la obligación de verificar que el postulante al título de abogado cumple con los requisitos legales de edad, grado académico, buena conducta y práctica profesional.

Tal disposición, en su numeral 4° requiere acreditar la buena conducta del candidato, lo que faculta a la Corte Suprema para practicar las averiguaciones que estime necesarias respecto de los antecedentes personales del postulante, materia, que ha sido regulada en el Acta 177-2017 -aplicable a la fecha de la solicitud- y en el Acta 47-2020 -actualmente vigente-, en las que se determinó que en caso que el postulante registrara antecedentes penales distintos a aquellos señalados en el numeral 3° del mencionado artículo 523, debía emitirse informe del Comité de Personas de la Corte Suprema y resolverse por el Tribunal Pleno.

En cumplimiento de lo anterior el Comité de Personas, en tres de las cuatro oportunidades en que se solicitó su pronunciamiento, emitió informe desfavorable, estimando que el postulante Juan Carlos Vega Manríquez no cumple con los requisitos exigidos para obtener el título de abogado, dado que registra una condena por la comisión del delito contemplado en el artículo 236 del Código Penal y considerando la gravedad de los hechos por los que fue sentenciado, resolviéndose posteriormente rechazar su solicitud de juramento por no cumplir el requisito de buena conducta -por tener un reproche penal-, siendo, por tanto, el sustento de dicha decisión lo dispuesto en el artículo 523 N° 4 del Código Orgánico de Tribunales, decisión que se objeta a través del presente arbitrio.

Noveno: Que, en el marco de la tramitación del presente recurso de protección, el recurrente dedujo requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, respecto del artículo 523 N° 4 del Código Orgánico de Tribunales, el cual se tramitó bajo el Rol 15611-24- INA.

En dicho proceso, por sentencia de fecha 17 de abril de 2025, se acogió el requerimiento deducido, declarándose la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 523, N° 4°, del Código Orgánico de Tribunales, en el proceso Rol N° 16.378-2024, sobre recurso de protección, seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago, estimándose para ello, en síntesis, que la aplicación de dicha norma, en el caso concreto, al exigir antecedentes de buena conducta, por su vaguedad y escasa densidad normativa, genera efectos inconstitucionales que vulneran la libertad de trabajo, la igualdad ante la ley, el respeto y protección de la vida privada y la honra.

Principio del formulario Décimo: Que dicha declaración de inaplicabilidad implica que dicho precepto no puede ser utilizado para resolver el asunto sometido a conocimiento de esta Corte a través de la acción de protección, para analizar, en este caso específico, la legalidad o arbitrariedad del acto denunciado.

Undécimo: Que, en ese derrotero, al declararse en estos antecedentes inaplicable por inconstitucionalidad el artículo 523 N° 4 del Código Orgánico de Tribunales, no es factible acudir a esa base normativa para sustentar la decisión de la recurrida de rechazar el otorgamiento del título de abogado al recurrente Juan Carlos Vega Manríquez, por estimar que no reúne el requisito de buena conducta por sus antecedentes prontuariales pretéritos -no cubiertos por el numeral 3° de la citada disposición-.

En consecuencia, tratándose de la norma decisiva que tuvo en cuenta la Corte Suprema para negar su petición, a su falta de aplicación debe reconocérsele la aptitud para alterar sustancialmente el resultado de la gestión pendiente e incidir directamente en la determinación de que el recurrente cumple con los requisitos legales para obtener el título de abogado de la Corte Suprema, por lo que no queda más que concluir que la negativa a permitir el juramento del postulante, adoptada sobre la base de una condena previa a una pena que no es aflictiva en autos administrativos Rol TI-3341-2019 es ilegal y arbitraria.

En efecto, siguiendo lo resuelto por el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema solo se encontraría facultada para negar el juramento del postulante si este ha sido condenado a una pena aflictiva (artículo 523 N°3 del Código Orgánico de Tribunales), lo que no ha sucedido en la especie; de manera tal que la decisión de rechazar esa petición carece de justificación legal y fundamento.

Duodécimo: Que sobre la base de lo anterior, resulta inconcuso que la negativa a conceder el título de abogado sustentada en que el postulante no cumple la exigencia de buena conducta, vulnera las garantías constitucionales del artículo 19 N° 16, el derecho a la libre elección del trabajo, pues impide el ejercicio de la profesión; 19 N° 2, de igualdad ante la ley, pues carece de criterios objetivos para establecer la idoneidad del postulante; y 19 N° 4, el respeto y protección de la vida privada y la honra, pues permite efectuar averiguaciones sobre antecedentes personales que pertenecen a la esfera íntima y privada de una persona.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso deducido por la abogada Jessica Alejandra Torres Quintanilla, en representación de Juan Carlos Vega Manríquez Juan Carlos Vega Manríquez, debiendo la recurrida estimar que el recurrente cumple con los requisitos exigidos por el artículos 523 del Código Orgánico de Tribunales prestar el juramento que exige la investidura de abogado.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Redacción de la ministra Paula Rodríguez Fondón.

Protección N° 16.378-2024.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Guillermo de la Barra Dünner, e integrada, además, por la ministra señor Paula Rodríguez Fondón y la abogada integrante señora Soledad Krause Muñoz. No firma el ministro señor de la nombre reservado, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.