nombre reservado con UNIVERSIDAD DE SANTIAGO CHILE

C.A de Santiago Santiago, veintitrés de diciembre de dos mil veinticinco.

Proveyendo los escritos folios 28 y 29: téngase presente.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 18 de julio de 2025, comparece nombre reservado, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Universidad de Santiago de Chile, por haber puesto término, mediante un documento fuera de plazo, de forma arbitraria e ilegal, al nombramiento indefinido de la profesora nombre reservado, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que la Universidad, a través de sus autoridades, impidió arbitraria e intencionalmente a la recurrente realizar docencia y no le entregó sus remuneraciones, vulnerando con ello los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley, a la igualdad en la protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se acoja el presente recurso y se adopten las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y la debida protección de la recurrente.

Sostiene el recurrente que, con fecha 20 de junio de 2025, a raíz del no pago de las remuneraciones de la profesora nombre reservado, solicitó, en su calidad de consejero universitario, a la Vicerrectoría de Finanzas y Logística de la Universidad de Santiago, que informaran la razón del no pago. Señalaron, vía correo electrónico el 1 de julio de 2025, que a través del Sistema de Trazabilidad Documental (STD) de la Universidad de Santiago, en diciembre de 2024, la Vicerrectoría de Finanzas y Logística recibió una solicitud de la directora de Escuela, nombre reservado, quien le pidió a la Decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, nombre reservado, poner término al nombramiento indefinido de la profesora. En efecto, mediante Memorándum N° 46619, fechado el 4 de diciembre de 2024, la directora de Escuela, señora nombre reservado, solicitó a la nombre reservado, poner término al contrato con nombramiento indefinido de la profesora nombre reservado.

El recurrente precisa que ninguna de las acciones señaladas en el Memorándum le fue informada, en su calidad de consejero académico, el 13 y el 16 de diciembre de 2024, en las respuestas solicitadas a la directora nombre reservado y la nombre reservado, respecto a la situación que afectaba a la profesora nombre reservado.

Agrega que la profesora nombre reservado recibió cuatro correos electrónicos, con fechas 23 de septiembre de 2024, 22 de octubre de 2024, 3 de octubre de 2024 y 13 de noviembre de 2024, por parte de la Escuela de Psicología, solicitando la renuncia a su nombramiento indefinido. La profesora consideró estos correos como maltrato laboral y hostigamiento, razón por la cual no los respondió. Tanto el Coordinador Docente, nombre reservado, como la directora de Escuela, nombre reservado, utilizaron la falta de respuesta de la profesora nombre reservado como argumento para no asignarle carga docente.

Asevera que, en un correo del 13 de diciembre de 2024, el Coordinador Docente, nombre reservado, informó explícitamente a la profesora nombre reservado que el curso Fundamentos Filosóficos de la Psicología le había sido asignado a otro profesor para el próximo semestre. El Coordinador Docente, nombre reservado, argumentó que esta medida se debía a que no tuvieron respuesta de la profesora a una seguidilla de correos electrónicos.

Para el recurrente, la medida constituye una suerte de represalia, puesto que los correos donde se le pedía la renuncia a su nombramiento indefinido no solo contenían una petición ilegal, sino que además constituyen una medida arbitraria, maltrato y hostigamiento hacia la profesora nombre reservado. Como consecuencia de lo anterior, se procedió intencionalmente a no asignar carga horaria a la profesora nombre reservado, siendo una obligación de la Escuela de Psicología, según indica la Resolución exenta 9852, toda vez que la profesora nombre reservado cuenta con nombramiento indefinido por horas de clases.

En cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad, señala que la Resolución exenta 9852 del 26 de noviembre de 2013, de la Universidad de Santiago de Chile, establece criterios para la contratación de profesores por horas de clases y norma su funcionamiento. En su artículo N° 3, indica que es responsabilidad del director de la Unidad Académica asegurar que la docencia de cada profesor por hora se refleje oportunamente en el sistema de gestión curricular. Asimismo, el artículo N° 5 de la misma resolución establece que el Decano de cada Facultad debe asegurar que los profesores por hora con nombramiento indefinido tengan las horas de docencia directa por las que están contratados en cada período lectivo.

El recurrente señala que el Coordinador Académico de la Escuela de Psicología, nombre reservado, respondió el 13 de diciembre de 2024 a la profesora nombre reservado que no se le asignó carga académica para el primer semestre de 2025 debido a su falta de respuesta a los correos mencionados, en los cuales se le solicitaba la renuncia a sus horas de clases. Dicha petición de renuncia es considerada ilegal y constituye maltrato laboral y hostigamiento, ya que la renuncia es un acto voluntario y unilateral, y solo es posible solicitarla a personal de exclusiva confianza, lo cual no es el caso de la profesora nombre reservado.

Afirma que, se ha vulnerado el derecho de igualdad ante la ley, al impedirle arbitraria e intencionalmente realizar docencia sin fundamento válido, pese a la posibilidad de asignarle cursos. Igualmente, se vulneró el derecho de propiedad, al privársele del pago de sus remuneraciones mensuales conforme a su nombramiento indefinido vigente. Finalmente, se violentó la igualdad en la protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, al constituirse una comisión especial de directivos para juzgar y castigar a la recurrente.

Finalmente, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la recurrente.

SEGUNDO: Que la Universidad de Santiago de Chile, evacuó informe, solicitando el rechazo en todas sus partes del recurso de protección deducido por doña nombre reservado, dada su manifiesta improcedencia.

Afirma que todas sus actuaciones y medidas adoptadas han guardado estricto cumplimiento a la legalidad vigente. La recurrida sostiene que, para la procedencia del recurso de protección, se requiere la concurrencia de cuatro requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles; y d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

Argumenta que en este caso ninguno de estos requisitos se verifica, ya que no existe acción u omisión arbitraria o infundada respecto de la igualdad ante la ley, dado que toda decisión adoptada por la Universidad cuenta con su respectiva justificación legal.

Agrega que, la presente instancia no es sede para las alegaciones del actor, pues la normativa laboral chilena contempla sus propios mecanismos de restablecimiento del imperio del derecho, y no se puede usar la eventual inmediatez de un mecanismo jurídico como subterfugio para no activar aquel que efectivamente corresponde.

En cuanto a la vulneración del derecho fundamental de igualdad ante la ley (artículo 19 N°2, inciso 2° de la Constitución Política de la República), la recurrida señala que la recurrente en ningún momento ofrece pruebas suficientes que acrediten su acusación de trato desigual, limitándose a hacer referencia a resoluciones de la Universidad, torciendo su contenido.

Precisa que los funcionarios públicos pueden desempeñarse por labores eventuales (convenios de honorarios) en calidad de contrata o en la categoría de planta. La Resolución 9852 de 2013 establece que los profesores por hora de clases mantienen sus funciones limitadas a un máximo de 16 horas de carga horaria de docencia directa, lo que los deja al margen de la carrera académica. La recurrida controvierte la afirmación de la recurrente de contar con “nombramiento indefinido”, indicando que no acompaña ninguna resolución pronunciada por la Universidad que la nombre de forma indefinida, sino un simple certificado de vigencia generado automáticamente en la intranet, que solo certifica el año de ingreso y que, a la fecha de emisión, se desempeñaba como docente por 4 horas en calidad de A CONTRATA.

Afirma que un nombramiento indefinido sería atentatorio contra el artículo noveno del Estatuto Administrativo, que establece que los empleos a contrata duran, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año y expiran por el solo ministerio de la ley, radicando en el servicio público la potestad de prorrogarlos o no. Señala que el jefe superior de cada servicio público se encuentra facultado por ley para poner término anticipado a una contrata mediante acto fundado, citando dictámenes de la Contraloría General de la República (E156769 de 2021 y E538564 de 2024) que permiten el término anticipado por supresión o modificación de planes, programas o similares, o si las labores ya no son necesarias.

La recurrida insiste en que no se puede asimilar el Estatuto Administrativo a la contratación indefinida regida por el Código del Trabajo. Desvirtúa la supuesta obligación de los directores de carrera y Decanos de asegurar asignaturas a los profesores por hora, argumentando que no se puede priorizar la pretensión del exfuncionario por sobre las verdaderas necesidades de la institución y sus estudiantes, y que la Universidad debe velar por el correcto uso de los fondos públicos.

La recurrida puntualiza que la recurrente omitió mencionar que no existieron tres, sino cuatro correos electrónicos en los que se le solicitaba confirmar su disponibilidad para dictar la asignatura “Fundamentos Filosóficos de la Psicología” para el primer semestre de 2025. Debido a que la recurrente no tomó contacto alguno con la Escuela de Psicología de la USACH en forma oportuna para la planificación académica de 2025, la Escuela se vio en la necesidad de buscar a un nuevo docente con currículum calificado (Licenciado y Doctorando en Filosofía) ya que mantener la vacancia habría implicado un incumplimiento del mandato legal de las universidades estatales (Ley 21.094) de entregar conocimiento y formación adecuada a sus estudiantes, siendo esta la única asignatura relacionada con Filosofía en la carrera. La decisión de prescindir de las funciones de la Sra. nombre reservado se enmarca en el ejercicio de las facultades de autonomía académica, administrativa y económica de la Universidad (artículo 2 de la Ley 21.094)

Respecto del derecho a la propiedad (artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República) la recurrida niega que la recurrente sea titular de una supuesta propiedad sobre las funciones que prestaba. Argumenta que la prestación de servicios de la recurrente fue intermitente entre los años 2006 a 2024, con considerables lagunas de tiempo y períodos en los que no se desempeñó como docente, o lo hizo en virtud de convenios de honorarios, no existiendo ninguna contrata por la anualidad completa, lo que desvirtúa el carácter continuado que alega.

Rechaza la aplicación del concepto de “confianza legítima”, citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema (Rol 26.301-2023) que la establece en caso de sucesiva renovación de funciones por al menos cinco años consecutivos, lo cual no se cumple en este caso debido a las interrupciones. La Universidad no puede garantizar el derecho a prestar servicios a profesionales con carácter esencialmente temporal, teniendo el mandato legal de resguardar el correcto uso de los fondos públicos.

Por todo lo expuesto, la recurrida solicita a Vuestra Señoría Ilustrísima tener por informado el recurso de protección interpuesto, decretar su total rechazo por manifiesta improcedencia, con expresa y ejemplar condena en costas. El informe no acompaña documentos adicionales en su primer otrosí, más allá del propio informe que se evacua.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, esto es, que prive, amenace o perturbe alguna de las garantías que se señalan como vulneradas al amparo de lo prevenido en el artículo 20 de la Carta Constitucional.

CUARTO: Que, en el presente recurso, el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario corresponde al Memorándum N° 46619, dictado por la Directora de Escuela de la Facultad de Psicología, con fecha 4 de diciembre de 2024, en el que solicita gestionar el término de la contrata de doña nombre reservado, como profesora por horas de clase del curso Fundamentos Psicológicos contemporáneos, 4 horas de clases.

QUINTO: Que del análisis de los antecedentes allegados a este expediente, se aprecia que la recurrida no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno.

En efecto, el memorándum N° 46619, esgrime como razón para el término anticipado de la contrata el “no contar con carga académica para el segundo semestre de 2024 y no dar respuesta a los correos enviados solicitando la firma de la renuncia correspondiente, debido a que como consecuencia de la implementación progresiva del Plan de Estudios 5222, ya no existe la asignatura que dicha profesora impartía y no es posible ni corresponde asignar otra asignatura.”

A mayor abundamiento, toda designación de funcionarios “a contrata” en la administración pública, de acuerdo con la Ley 18.834, es esencialmente transitoria y no puede exceder del 31 de diciembre del año correspondiente en que la contrata empieza a regir. De este modo, en principio resulta evidente que la autoridad se encuentra facultada para poner término al empleo a contrata, incluso antes del vencimiento del plazo consignado en el nombramiento, potestad que desde luego debe ejercerse con arreglo a la ley, puesto que la resolución dictada por un jefe superior del servicio que pone término a un cargo a contrata es un acto legalmente reglado.

SEXTO: Que, de los antecedentes presentados, también se colige que no se configura respecto del recurrente la pretendida confianza legítima, por cuanto no cumple con los parámetros que la jurisprudencia ha exigido para reconocer a favor del funcionario una expectativa legítima de ser prorrogado en su cargo.

En efecto, la Excma. Corte Suprema con fecha 31 de marzo de 2023, en los autos rol N°26.301-2023, concluyó que las “contratas anuales” constituyen un vínculo transitorio, encontrándose, por ello, la Administración facultada para no renovar su vigencia para el período siguiente, siempre que el desempeño del actor haya sido por un término inferior a cinco años consecutivos, sin que se requiera dar cumplimiento al deber de invocar fundamentos para no perseverar en el vínculo para el periodo siguiente, asistiéndole al trabajador el principio de confianza legítima, sólo en el evento de haber permanecido en sus labores por un lapso mayor al señalado, pudiendo terminar su relación estatutaria, en esta última hipótesis, por razones de desempeño deficiente, lo que debe materializarse a través del respectivo sistema de calificaciones o, bien, por faltas que lo ameriten y que hayan sido establecidas en un sumario administrativo.

En la especie, la recurrente ha sido contratada por periodos, que si bien inician en el año 2006, no puede colegirse que éstos hayan sido ininterrumpidos, toda vez que su contratación se efectuó por un semestre determinado, como ocurrió en el año 2020, cuyo contrato se extendió entre el mes de marzo y septiembre; el año 2021, entre abril y agosto; el año 2022, entre marzo y julio; el año 2023, entre marzo y agosto; y, el año 2024, entre marzo y julio.

SÉPTIMO: Que, de lo anterior, se evidencia que la no renovación de una contrata anual, ante un período de desempeño consecutivo inferior a cinco años, constituye una facultad de la respectiva autoridad, cuyo ejercicio no puede calificarse por sí mismo, como un acto ilegal o arbitrario que dé cuenta de la existencia de una vulneración de derechos fundamentales, en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de la República, por lo que la acción será desestimada.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, la recurrida acompaña la Resolución Exenta RA N° 323/5784/2025, dictada con fecha 1 de julio de 2025, en la que se declara el término anticipado de designación a contrata de la recurrente, señala como fundamento lo expuesto en el Memorándum N° 46619 de 2024, esto es, que carece de carga académica y que no existe la asignatura impartida y no es posible asignarle otra asignatura. Además, que ha seguido recibiendo remuneraciones, por horas de clases no realizadas, lo que se constituye como un perjuicio al patrimonio universitario. En consecuencia, se pone término a la contrata por no ser necesario sus servicios.

SEXTO: Que, en ese entendido, no existiendo acto ilegal y/o arbitrario atribuible a la Universidad de Santiago de Chile, la acción constitucional en análisis será desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Universidad de Santiago de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección – 16.373 – 2025.- Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro (S) señor Fernando Valderrama Martínez, conformada por el Ministro (S) señor Sergio Córdova Alarcón y el Abogado Integrante señor Cristian Parada Bustamante.