Protección contra Superintendencia de Pensiones

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece mediante formulario nombre reservado, en favor de sí mismo, e interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Salud y AFP Hábitat, por la actuación consistente en el rechazo reiterado de sus solicitudes de pensión de invalidez a pesar de acompañar los antecedentes médicos que acreditarían su incapacidad laboral y grave estado de salud.

Expone que en el año 2010 sufrió un grave accidente laboral que le provocó fracturas en la columna y en la mano derecha, lo que le impidió continuar trabajando. Señala que se mantuvo con licencias médicas por un largo periodo, las cuales posteriormente comenzaron a ser rechazadas por COMPIN y SUSESO, indicándosele que debía tramitar su pensión de invalidez. Acusa que ha presentado múltiples solicitudes de pensión de invalidez, las cuales han sido sistemáticamente rechazadas, a pesar de acompañar informes médicos vigentes que acreditan su invalidez. Agrega que esta situación le ha generado un grave perjuicio económico, deudas y una depresión severa, por lo que solicita la intervención de la Corte para que se le otorgue su jubilación.

El recurrente sostiene que con dicha conducta se vulneran las garantías fundamentales consistentes en el derecho a la vida e integridad física y psíquica, igualdad ante la ley, libertad de opinión e información, no discriminación arbitraria en materia económica y propiedad, consagrados en el artículo 19 en sus numerales 1, 2, 12, 22 y 24, respectivamente, de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, la Superintendencia de Salud sostiene ser incompetente para informar respecto del recurso, toda vez que las facultades de dicha entidad no se refieren ni guardan relación alguna con el rechazo de licencias médicas por parte de la Compin, las que están bajo supervisión y fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, correspondiéndole a dichos organismos la materia.

Por su parte, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN R.M.) evacuó el informe solicitado, en el cual, expone que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 70 bis y 70 ter del Decreto Ley N°3.500 de 1980, modificado por la Ley N°21.309, dicha Comisión es incompetente en el asunto requerido, debiendo redirigirse la solicitud de informar a la Superintendencia de Pensiones y a la entidad administradora del fondo de pensión del recurrente, para este caso, AFP Habitat.

A su turno, la Superintendencia de Seguridad Social, informa que no cuenta con la información requerida, en razón de que la materia objeto de la presente acción, esto es, el otorgamiento de una pensión de invalidez, según las normas del D.L. N°3.500, no es del ámbito de competencia de este Servicio. Se hace presente, además, que tampoco se han presentado reclamos referidos a la calificación de una patología en virtud de las normas de la Ley N°16.744, esto es, por accidentes del trabajo o enfermedad profesional.

TERCERO: Que, la Superintendencia de Pensiones al evacuar informe, expone que el recurrente ha solicitado pensión de invalidez en seis oportunidades (2019, 2021, dos en 2023 y una en 2024), todas rechazadas por las Comisiones Médicas al no acreditarse una pérdida de capacidad laboral de al menos 50%, requisito exigido por el D.L.

N°3.500. El actor atribuye su condición a un accidente laboral ocurrido en 2010 que le habría provocado fracturas vertebrales y diversas afecciones posteriores; sin embargo, la determinación del origen laboral corresponde a los organismos administradores de la Ley N°16.744 y, en última instancia, a la Superintendencia de Seguridad Social.

La última solicitud de invalidez, de 13 de marzo de 2024, fue evaluada por la Comisión Médica Regional Metropolitana Santiago Sur, que configuró el impedimento “lumbago” clase II rango medio, otorgando 25% de menoscabo laboral permanente, por no constatarse compromiso neurológico sensitivo o motor. Mediante Dictamen de Invalidez N°NUM000, de 3 de abril de 2024, se rechazó la pensión. El actor apeló el 2 de mayo de 2024, siendo confirmada la decisión por la Comisión Médica Central mediante Resolución N°NUM001, de 31 de julio de 2024. Posteriormente interpuso reposición administrativa, rechazada por Resolución CMC N°NUM002, de 2 de junio de 2025, quedando ejecutoriada el 30 de junio de 2025, con lo cual el actor agotó las instancias administrativas.

Sostiene que carece de legitimación pasiva, pues la resolución impugnada fue dictada por la Comisión Médica Central, órgano distinto y autónomo en la calificación de invalidez. Conforme al D.L.

N°3.500 y su reglamento, dichas comisiones tienen atribución exclusiva para evaluar y determinar el grado de invalidez, mientras que la Superintendencia solo ejerce supervisión administrativa, sin intervenir en la ponderación médica ni en la resolución de los reclamos.

Añade que la calificación de invalidez se realiza conforme a normas técnicas aplicadas por profesionales médicos especializados, lo que excluye la intervención del organismo fiscalizador en el fondo del asunto. En consecuencia, afirma que no ha incurrido en acto ilegal ni arbitrario, ya que no participó en el procedimiento de calificación de invalidez del recurrente.

CUARTO: Que, AFP Hábitat S.A., al evacuar informe, señala que el recurso se dirige en su contra, que es la administradora del fondo de pensiones del recurrente y que solicita su rechazo por improcedente, por cuanto no se ha configurado acto u omisión ilegal o arbitrario de su parte que vulnere derechos fundamentales.

Indica que el recurso de protección es una acción cautelar destinada a amparar el ejercicio de derechos preexistentes e indubitados frente a actos concretos que los priven, perturben o amenacen, y que en el caso de autos el actor pretende, por esta vía, se le reconozca el derecho a una pensión de invalidez, cuya procedencia y requisitos se encuentran regulados detalladamente en el D.L.

N°3.500 y en las normas dictadas por la Superintendencia de Pensiones.

Hace presente que, desde 2017 en adelante, el recurrente ha presentado múltiples solicitudes de pensión de invalidez, todas las cuales han sido rechazadas por las Comisiones Médicas competentes - incluida la Comisión Médica Central-, según constan en los dictámenes que acompaña, siendo la última solicitud rechazada el 30 de junio de 2025, por no cumplir los requisitos médicos para calificar invalidez; en dichos pronunciamientos, AFP Hábitat no interviene, pues la calificación de invalidez corresponde exclusivamente a dichas Comisiones, conforme a la ley.

Añade que la Administradora se ha limitado a tramitar las solicitudes del afiliado, remitiendo sus antecedentes a las Comisiones Médicas y acatando sus dictámenes, de modo que no ha negado ni desconocido derecho alguno, ni ha actuado con arbitrariedad, por lo que el recurso es inadmisible como vía para obtener una decisión distinta a la adoptada por los órganos técnicos competentes.

QUINTO: Que, el recurso de protección, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y regulado por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, constituye una acción cautelar y de emergencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de ciertos derechos y garantías preexistentes frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que los priven, perturben o amenacen, siempre que el derecho cuyo resguardo se busca sea indubitado y que la Corte se encuentre en situación de restablecer de inmediato el imperio del derecho.

No constituye un mecanismo destinado a declarar derechos controvertidos ni a sustituir los procedimientos administrativos y judiciales establecidos por la ley para la obtención de prestaciones de seguridad social, ni menos a reemplazar la valoración técnica que corresponde a órganos especializados, como las Comisiones Médicas del sistema de pensiones.

SEXTO: Que, de los antecedentes allegados, se desprende que la pretensión principal del recurrente consiste en que, por la vía de esta acción constitucional, se le reconozca el derecho a una pensión de invalidez, dejando sin efecto, en los hechos, las decisiones de las Comisiones Médicas que han rechazado reiteradamente sus solicitudes por no cumplir los criterios de invalidez exigidos por la normativa vigente.

La calificación de invalidez, sus requisitos médicos y procedimentales, así como los recursos frente a los dictámenes de las Comisiones Médicas, se encuentran regulados en el D.L. N°3.500, en sus modificaciones y en la normativa de la Superintendencia de Pensiones, siendo tales órganos y no las AFP, los llamados a determinar, en cada caso concreto, si se cumplen o no los presupuestos legales para acceder al beneficio.

SÉPTIMO: Que, en este contexto, AFP Hábitat se ha limitado a cumplir el rol que la ley le asigna como entidad administradora, esto es, recibir las solicitudes de pensión de invalidez, remitir los antecedentes a las Comisiones Médicas, y ejecutar los dictámenes que estas emiten, sin que conste que haya negado tramitar solicitudes, alterado informes o adoptado por sí misma decisiones sobre la calificación de invalidez del afiliado.

Por tanto, no se configura la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario imputable a la recurrida que prive, perturbe o amenace los derechos fundamentales del actor en los términos que exige el artículo 20 de la Carta Fundamental, sino únicamente el desacuerdo de este con los dictámenes de los órganos técnicos competentes, materia que debe ventilarse a través de las vías de impugnación previstas en el propio sistema previsional.

OCTAVO: Que, en la medida que la procedencia o no de una pensión de invalidez depende de la verificación de presupuestos médicos y legales discutidos, que han sido ya objeto de evaluación por las Comisiones Médicas y eventualmente revisables por la Superintendencia de Pensiones o los tribunales competentes en los procedimientos que la ley contempla, el derecho que el actor pretende hacer valer -a percibir una pensión de invalidez- no aparece como indubitado, sino precisamente controvertido, lo que excluye la idoneidad de la acción de protección para satisfacer la pretensión planteada.

En consecuencia, el recurso de autos persigue, en realidad, que esta Corte sustituya los criterios y conclusiones de los órganos técnicos previstos en el D.L. N°3.500 por su propia apreciación, transformando este arbitrio cautelar en una instancia declarativa y revisora de mérito médico, función que excede el ámbito del artículo 20 de la Constitución.

NOVENO: Que, a su vez, en lo que concierne a las garantías del artículo 19 N°1, 2, 22 y 24 invocadas, la sola circunstancia de que las Comisiones Médicas hayan concluido que el actor no reúne los requisitos para acceder a una pensión de invalidez, y que AFP Hábitat se haya ajustado a tales dictámenes, no constituye, en sí misma, una afectación arbitraria o ilegal de dichas garantías atribuible a la Administradora.

Sin perjuicio de las indudables dificultades personales, económicas y de salud que el actor expone, la acción de protección no es la vía adecuada para modificar el régimen legal de acceso a pensiones de invalidez ni para revisar el mérito de los dictámenes médicos técnicos, sin perjuicio de las demás acciones administrativas o judiciales que el ordenamiento prevé para impugnar dichas resoluciones o para obtener, en su caso, otras prestaciones de seguridad social.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Pensiones, de la Superintendencia de Salud y de AFP Hábitat S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro (I) Sr. nombre reservado

N°Protección-16364-2025.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Guillermo de la Barra Dünner, e integrada, además, por la ministra señora Lidia Poza Matus y el ministro (S) señor Pablo Toledo González.