nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Santiago, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que doña nombre reservado deduce acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por el acto arbitrario e ilegal consistente en el rechazo de las licencias médicas Nros. 56289606, 56322420, 56257910, 56537367, 55462604, 56755739, 56811836, 56837725, 57261151 y 53945886, extendidas por un total de 150 días a contar del seis de abril de dos mil dieciocho, infringiendo con ello los numerales 1° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica y el derecho de propiedad.

Expone que en la fecha antes indicada, el médico psiquiatra nombre reservado emitió la licencia N° 56289606, por el lapso de 15 días contados desde el mismo día de su extensión, con el diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad y depresión. Posteriormente siguió presentando licencias por su delicado estado de salud mental, no obstante lo cual todas fueron rechazadas por la COMPIN por “Reposo Injustificado”.

En tal escenario ingresó una apelación ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que fue resuelta mediante Resolución Exenta IBS N° 2055/30/01/2019, de 30 de enero de 2019, notificándose de la misma por carta entregada en su domicilio el 7 de febrero, la que en su parte considerativa sostiene que el reposo prescrito por las licencias no se encontraba justificado, conclusión que se basa en que el informe médico aportado no permitía establecer incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, confirmando en definitiva el rechazo.

Afirma que ese acto infringe el inciso 4° del artículo 41 de la Ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, norma que obliga a fundamentar las decisiones que las autoridades administrativas adopten. En su concepto, además, la arbitrariedad sería evidente, por cuanto la Superintendencia de Seguridad Social, órgano de carácter técnico, realizó una evaluación meramente formal de los antecedentes que respaldaban las licencia médicas rechazadas, sin recurrir a más alternativas que le permitieran razonar de modo adecuado para sustentar su decisión, lo que torna su proceder en arbitraria e ilegal.

Concluye sosteniendo que la mentada Resolución vulnera su derecho a la vida e integridad física y psíquica, pues ha puesto en entredicho la necesidad de reposo prescrita por el médico psiquiatra tratante. Asimismo, transgrede lo dispuesto en el artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, ya que la consecuencia del rechazo es que no se pagará el subsidio por enfermedad, lo que implica un perjuicio patrimonial derivado del derecho de dominio que tiene sobre dicha prestación.

En lo petitorio del libelo insta porque se ordene a la recurrida deje sin efecto la Resolución Exenta IBS N° 2055/30/01/2019, y se declare en cambio que las licencias médicas ya singularizadas quedan autorizadas, con el objeto de que se pague a la recurrente el subsidio correspondiente, con costas del recurso.

Segundo: Que la Superintendencia de Seguridad Social principia su informe sosteniendo la extemporaneidad del arbitrio, pues el recurso fue interpuesto el siete de marzo del año en curso en contra de la RES EX IBS N° 2055, del pasado treinta de enero, que resuelve un recurso jerárquico que la misma recurrente interpuso el ocho de septiembre de dos mil dieciocho, vale decir, a la fecha de formalizar el recurso administrativo ya tenía conocimiento del rechazo de la COMPIN.

Enseguida afirma la improcedencia de la acción de protección en materias relacionadas con el derecho a la seguridad social, como el caso en análisis, porque la intervención de la Superintendencia de Seguridad de Social se limita a cumplir con una de sus funciones principales, cual es la de resolver las reclamaciones, apelaciones y denuncias que hacen los usuarios del sistema de seguridad social en materias de su competencia, de acuerdo a lo prescrito en la letra c) del artículo 2 de la Ley N° 16.395, que establece la organización y funciones de esa institución de control.

En cuanto al fondo, indica que la actora recurrió a esa instancia contra el rechazo de la licencia extendida a partir del veintidós de marzo de dos mil dieciocho, por 15 días, acogiéndose su solicitud, pero posteriormente impugnó el rechazo de las 10 licencias médicas motivo de este recurso, extendidas por un lapso de 150 días, acompañando los mismos antecedentes, vale decir, los informes del médico tratante de cuatro de mayo y cuatro de julio de dos mil dieciocho y diversos exámenes practicados a su hija menor, confirmándose por RES EX I.B.S. N° 26886, de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, lo obrado por la COMPIN.

Refiere que el procedimiento para la autorización de licencias está regulado en el DS N° 3, de 1984, en virtud del cual, en casos como el que se revisa, las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez deben pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, y de su resolución puede pedirse reconsideración ante la misma entidad o reclamar de la resolución que resuelve la reconsideración ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que debe ajustarse a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades -Ley N° 16.395-. En contra del dictamen de la Superintendencia siempre y en todo caso se puede pedir reconsideración, como lo hizo la recurrente, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley N° 18.575.

Por último hace alusión a que debido a la necesidad de contar con una normativa universal que facilite la resolución de este tipo de materias, se dictó el Decreto Supremo 7/2013, que “Aprueba el Reglamento sobre Guías Clínicas Referenciales Relativas a los Exámenes, Informes y Antecedentes que Deberán Respaldar la Emisión de Licencias Médicas”, que hace mención a los elementos que deben contener las licencias médicas, según tipo de patología y duración del reposo laboral, en este caso otorgada por un médico psiquiatra.

En consecuencia, concluye, no basta la sola emisión de la licencia médica por parte de un profesional de la salud para que esta surta sus efectos, pues debe ser efectivamente autorizada. Por todo ello pide se desestime la acción de protección, con costas, ya que el rechazo de las licencias médicas se encuentra justificado y no se ha cometido acto ilegal ni arbitrario en contra de la recurrente.

Tercero: Que en su informe la COMPIN señala las justificaciones médico – administrativas de su decisión, indicando que a la recurrente le fueron rechazadas las licencias médicas Nros. 2-53945886, 2-55462604, 2-56257910, 2-56289606, 56322420, 2-56537367, 2-56811836, 2-56837725 y 2-57261151, puesto que no acompañó antecedentes ni exámenes nuevos que justifiquen la prolongación del reposo, sin indicación de pronóstico cierto de recuperabilidad, plan terapéutico, escala de gravedad y mención de fecha probable de alta para reinserción laboral.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el Reglamento Sobre Guías Clínicas Referenciales Relativas a los Exámenes, Informes y Antecedentes que Deberán Respaldar la Emisión de Licencias Médicas, cuando el reposo laboral sea superior a los 60 días y prorrogable hasta por 180, el otorgamiento de éstas siempre deberá ser concedido por médico psiquiatra, lo que no ha acontecido en la especie, ya que según consta en Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, el Doctor nombre reservado figura con Título o Habilitación Profesional de Médico Cirujano y no como Médico Psiquiatra.

Esgrime que el D.S. N° 3/84, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por los Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, establece en su artículo 14 que es competencia privativa de la Unidad de Licencias Médicas de la COMPIN o de la ISAPRE (si correspondiere), ejercer el control técnico de las licencias médicas, como sucedió, dejándose constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar su decisión.

Cuarto: Que en cuanto a la alegación de extemporaneidad que sostiene la Superintendencia recurrida, basta decir para su rechazo que la resolución reclamada, que se pronuncia sobre el rechazo de las licencias, es de 30 de enero de 2019, y fue notificada a la actora el 7 de febrero de 2019, motivo por el cual habiéndose interpuesto el presente recurso el 7 de marzo del año en curso, este fue deducido oportunamente.

Quinto: Que, tal como fuera informado por la COMPIN, el artículo 14 del DS N° 3/84, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por los Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, establece que es competencia privativa de la Unidad de Licencias Médicas de la Compin, o de la Isapre en su caso, ejercer el control técnico de las licencias médicas. A su vez el artículo 16 señala que tanto la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, podrán rechazar o aprobar licencias médicas, reducir o ampliar el periodo solicitado, o cambiarlo de total a parcial o viceversa, dejándose constancia en el pronunciamiento de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.

Sexto: Que, en la especie, las licencias médicas fueron rechazadas por cuanto el reposo de 150 días, a contar del 6 de abril de 2018, no logró ser justificado sobre la base de los mismos antecedentes con que avaló un reposo anterior, de 15 días, desde el 22 de marzo de 2018. Luego de la reconsideración administrativa, la COMPIN mantuvo la resolución de rechazo.

Enseguida, mediante Resolución de 22 de agosto de 2018, la Superintendencia de Seguridad Social, a través del Departamento de Licencias Médicas de la Intendencia de Beneficios Sociales, confirmó lo obrado por la COMPIN, dado que “el informe médico aportado no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado”, refiriéndose a aquel aludido en el párrafo anterior, lo que finalmente se mantiene al fallar la apelación deducida, en virtud de la resolución impugnada por esta vía.

Séptimo: Que según dispone el Decreto Supremo N° 7 de 2013, que Aprueba el Reglamento Sobre Guías Clínicas Referenciales relativas a Los Exámenes, Informes y Antecedentes que Deberán Respaldar la Emisión de Licencias Médicas, en su apartado “Patologías Mentales Guías Referenciales de Reposo Laboral”, en el caso que se extienda por más de 60 días, prorrogable hasta por 180, cuyo es el caso de la recurrente, entre otras exigencias, la licencia siempre debe ser otorgada por un médico psiquiatra, contar con un informe de peritaje, indicar síntomas de intensidad, refractariedad o resistencia a tratamiento y con evaluaciones periódicas durante los 60 días previos. Cada episodio debe considerar para la indicación del reposo, tratamiento farmacológico, psicoterapia e intervenciones psicosociales, teniendo como referencia las Guías Clínicas disponibles en el Ministerio de Salud.

Octavo: Que, como se aprecia, la decisión de la Superintendencia, sobre el rechazo de las licencias, no es ilegal ni arbitraria, porque mantiene lo obrado por la COMPIN ante la inobservancia de las exigencias contenidas en el Decreto Supremo antes señalado.

Noveno: Que la licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo N° 3, de año 1984, del Ministerio de Salud, como el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jomada de trabajo, durante un determinado lapso tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e invalidez -Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud -Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo.

Por ende, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud reincorporarse a su actividad laboral.

Décimo: Que dentro de las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, establecidas en la Ley N° 16.395, está el cumplimiento de funciones con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

Undécimo: Que de lo que se viene relacionando puede sostenerse que los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de supervigilar a las instituciones de previsión social y los beneficios que se otorguen a los imponentes.

En la especie, requerida por la afectada la intervención de la Superintendencia, confirmó lo obrado por la Compin, dados los antecedentes aportados por la recurrente y recabados por la autoridad, en cuyo mérito se resolvió el rechazo de las licencias.

Duodécimo: Que en relación a los derechos supuestamente amagados, la Superintendencia, y la Compin en lo que le es propio, se han limitado a ejercer las facultades que la ley les ha conferido emitiendo su pronunciamiento conforme a los antecedentes que tuvieron en vista, posibilitando siempre a la recurrente ejercer sus derechos a fin que la decisión que se objeta fuere revisada.

En cuanto al derecho de propiedad, el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración, según sea el caso. Así, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984 y DFL. N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere: una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (Isapre o Compin) y el cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente.

Décimo tercero: Que, por ello, en su función fiscalizadora, la recurrida analizó los antecedentes médicos de la actora, donde no existían elementos que sustentaran la mantención del reposo, lo que imponía el regreso a sus labores, lo cual no merece reproche por este tribunal.

En consecuencia, de lo expuesto fluye que la actuación en contra de la cual se ha interpuesto esta acción ha sido adoptada por las autoridades competentes, en un procedimiento en que la recurrente ha hecho uso de las instancias que la ley prevé, y las decisiones fueron adoptadas con los antecedentes idóneos para ello, no resultando por lo tanto arbitrarias ni ilegales, razón por la cual la Corte no está en situación de adoptar medidas protectoras en los términos de los artículos pertinentes de la Constitución Política de la República.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, se rechaza el recurso de amparo deducido a favor de doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción a cargo de la ministro Sra. Plaza.

N° Protección 16359-2019.- No firma la ministra señora Villadangos, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso del permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones, presidida por la Ministra señora Paola Plaza González e integrada por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich y por el Abogado Integrante señor Jorge Norambuena Hernández.