Protección contra Servicio de Registro Civil e Identificación

Santiago, veintidós de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, 18 de julio de 2025, comparece Carla Nicole Cañon Rubio, abogada, en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien a su vez comparece en representación de su hijo menor de edad nombre reservado, ambos ya individualizados, e interpone acción constitucional de protección en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, fundado en la negativa de dicho organismo de inscribir al menor como sexo masculino en su partida de nacimiento, acción ilegal y arbitraria que vulnera las garantías establecidas en los numerales 1,2 y 11 del artículo 19 de nuestra Constitución Política de la República.

Expone que el niño nació el NUM000 de 2024 en Santiago, diagnosticándose al momento del parto una malformación congénita en sus genitales, consistente en que sus testículos se encontraban alojados más arriba de lo normal. Indica que posteriormente fue sometido a evaluación médica, cirugía correctiva y tratamiento especializado conforme a protocolos médicos, resultando exitosa la intervención, de manera que a la fecha se encuentra plenamente identificado como de sexo masculino desde el punto de vista clínico y biológico.

Señala que, pese a contar con antecedentes médicos suficientes, la inscripción de nacimiento fue rechazada por el Registro Civil bajo el argumento de que no podía determinarse el sexo registral del menor, decisión que califica de arbitraria, ilegal y discriminatoria, por cuanto desconoce el certificado médico y afecta gravemente la identidad y personalidad jurídica de su hijo.

En cuanto al derecho, sostiene que la actuación del Registro Civil vulnera el principio de legalidad y excede sus atribuciones, pues la Ley N.º 4.808 sobre Registro Civil, en su artículo 31, ordena que la inscripción de nacimiento consigne, entre otros datos, el sexo del inscrito, el que se determina por el facultativo tratante en el certificado médico.

Al negarse a inscribirlo como masculino, pese a existir certificado médico que así lo consigna, el funcionario incurre en un acto ilegal por falta de competencia normativa, y en uno arbitrario por fundarse en apreciaciones personales sin respaldo objetivo. Afirma que se conculcan derechos fundamentales reconocidos en los artículos 19 N.º 1 y 2 de la Constitución (derecho a la vida e integridad, identidad y personalidad jurídica, e igualdad ante la ley), así como en la Convención sobre los Derechos del Niño, particularmente el principio del interés superior del niño.

Agrega que la acción se encuentra dentro de plazo, por tratarse de una omisión permanente cuya ilegalidad se mantiene vigente, citando jurisprudencia de la Corte Suprema en causa rol N.º 67873-2018, que desestimó alegaciones de extemporaneidad en situaciones donde la vulneración se mantiene de manera continua.

Por tanto, solicita se acoja el recurso y se ordene al Servicio de Registro Civil e Identificación inscribir el nacimiento del menor consignando el sexo masculino conforme al certificado médico acompañado y la voluntad de los padres, disponiendo todas las medidas necesarias para restablecer el derecho vulnerado y evitar su reiteración.

SEGUNDO: Que con fecha 18 de agosto, evacúa informe el Servicio de Registro Civil e Identificación, en cumplimiento de lo ordenado por esta Corte, solicitando el total rechazo del recurso impetrado.

Señala que revisada la inscripción de nacimiento N.º NUM001 del año 2024, correspondiente a la Circunscripción de Santiago, consta que el niño nació el NUM000 de 2024 en el Hospital Clínico San Borja Arriarán, siendo hijo de nombre reservado y nombre reservado, ambos de nacionalidad venezolana.

Precisa que la inscripción fue practicada el 30 de mayo de 2024 a requerimiento del padre, acreditándose el hecho del nacimiento mediante comprobante de parto emitido por la matrona nombre reservado, documento en el cual en el rubro “sexo del inscrito” se consignó la letra “I”, esto es, indeterminado.

Explica que dicha codificación corresponde a estándares de la Organización Mundial de la Salud, acogidos e instruidos por el Ministerio de Salud, y se utiliza en casos excepcionales cuando no es posible determinar gónadas masculinas o femeninas en la revisión neonatal.

Agrega que, en consecuencia, el Registro Civil se limitó a inscribir el nacimiento en conformidad a lo consignado en el comprobante de parto, conforme lo establece la ley, y que no es efectivo que el menor carezca de inscripción de nacimiento, como afirma la recurrente, toda vez que ya existe una inscripción válida y vigente.

Precisa que lo solicitado por la madre no corresponde a una nueva inscripción —lo que está prohibido, pues ninguna persona puede mantener más de una inscripción respecto de un mismo hecho vital—, sino a una rectificación del asiento registral, cuestión que solo procede mediante resolución judicial ejecutoriada, según lo prescriben el artículo 17 de la Ley N.º 4.808 y el artículo 7 de la Ley N.º 19.477, pues no se trata de un error manifiesto u omisión susceptible de rectificación administrativa.

Expone la normativa aplicable, citando los artículos 31 y 33 de la Ley N.º 4.808 sobre Registro Civil, los artículos 123 y 124 del DFL N.º 2.128 de 1930 (Reglamento Orgánico del Registro Civil), y el artículo 183 del Código Civil, que obligan a consignar en la inscripción de nacimiento el sexo del recién nacido según conste en el comprobante médico respectivo. Recalca que las inscripciones autorizadas por el oficial civil tienen el carácter de instrumentos públicos, regidos por el principio de inalterabilidad, salvo resolución judicial.

Concluye que el actuar del Servicio no puede calificarse de ilegal ni arbitrario, toda vez que se ajustó estrictamente al principio de legalidad, limitándose a registrar lo certificado por la matrona actuante.

Destaca que el organismo carece de facultades para ponderar antecedentes médicos posteriores, correspondiendo tal decisión al juez competente en un procedimiento declarativo.

En consecuencia, considera que la acción de protección no constituye una vía idónea para obtener la rectificación del sexo registral, pues se trata de una materia que requiere declaración de derechos, lo que excede la finalidad cautelar y sumaria del recurso.

Por lo expuesto, solicita a la Iltma. Corte tener por evacuado el informe dentro de plazo y, en definitiva, rechazar el recurso de protección interpuesto, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio.

Surge de lo transcrito, que es requisito indispensable para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, debiendo provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

CUARTO: Que, la materia objeto del presente recurso dice relación con la rectificación de la partida de nacimiento del menor nombre reservado, en la que consta como sexo “indeterminado” conforme al comprobante de parto emitido por la profesional de la salud que atendió su nacimiento. Lo que persigue la parte recurrente, mediante la interposición de la presente acción cautelar, es que se ordene al Servicio de Registro Civil e Identificación consignar en dicha inscripción el sexo “masculino”, conforme a antecedentes médicos posteriores.

QUINTO: Que, sin embargo, tal pretensión excede los márgenes de conocimiento de esta acción cautelar, desde que la legislación aplicable —en particular, el artículo 17 de la Ley N.º 4.808 sobre Registro Civil— establece que las inscripciones de nacimiento sólo pueden ser modificadas en virtud de sentencia judicial ejecutoriada, salvo tratándose de errores manifiestos cuya rectificación administrativa sea dispuesta por el Director Nacional del Servicio, hipótesis que no se verifica en la especie, toda vez que la inscripción fue practicada conforme al comprobante de parto válido, emitido por la matrona nombre reservado, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 121 Decreto con Fuerza de Ley N°2.128, Reglamento Orgánico del Servicio Registro Civil de 1930, el cual prescribe que “[p]ara proceder a inscribir un nacimiento, el Oficial Civil exigirá se le compruebe la efectividad del hecho, sea por medio de certificado del médico o partera que lo hubiere presenciado o por declaración de dos testigos conocidos”.

De este modo, en atención que lo debatido se fundamenta en una serie de antecedentes médicos posteriores a la realización del parto, corresponde sea resuelto en la sede declarativa prevista por el legislador en conformidad al procedimiento antes señalado y no en el marco sumario y restringido del recurso de protección, motivo por el cual se rechazará el arbitrio bajo análisis.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en representación de su hijo nombre reservado, en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N° Protección 16.338-2025.- Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra Lilian Leyton Varela, conformada por el Ministro (I) señor Pablo Toledo González y el Abogado Integrante señor Manuel Luna Abarza.