Recurso de protección

C.A. de Santiago Santiago, treinta y uno de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos:

Primero: Que comparece nombre reservado, domiciliada en la comuna de Cerrillos en favor de su hija nombre reservado, estudiante de primer año de derecho, actualmente imposibilitada de comparecer por sí misma debido a daño cerebral y delirium hiperactivo, interponiendo acción de protección constitucional contra el Hospital Barros Luco, representado legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado y de la Clínica Policenter, representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado; por “el proceso continuo de acciones y omisiones arbitrarias e ilegales que actualmente se materializa en la amenaza de un alta a domicilio para el 30 de junio de 2026 y actos de coacción para condicionar la atención de emergencia, lo que ha derivado en una efectiva privación, perturbación y amenaza directa a las garantías constitucionales de su hija, vulnerando el derecho a la vida y a la integridad física del artículo 19 N°1 y a la protección de la salud del N°9 de la Constitución Política.

Señala que llevó a su hija a urgencia del Hospital Barros Luco por cefalea y fiebre alta luego de múltiples consultas, ingresando con episodio convulsivo tónico clónico generalizado, sin recuperación de conciencia. Actualmente necesita cuidados intensivos y dependencia de soporte vital. Al 28 de mayo de 2026 se entrega informe del hospital, pero se la mantiene en observación por posible encefalitis autoinmune. Durante la hospitalización ciontrajo infección de bacteria enterobacter cloacae (VIM+) por el catéter de homidiálisis y debe estar islada. Se le admnistró erradamente medicamentos alos que era alérgica que la puso en serio peligro.

Indica que están siendo presionados para sacar a su hija de ese recinto hospitalario a su casa, pero está con traqueotomía y gastrostomía. Finalmente fue derivada a la Clínica Policenter el 5 de junio de 2026, recinto que carece de cuidados intensivos, a lo que se suma que no fue derivada con acceso venoso no dosis de anti convulsionantes, sufriendo convulsiones. No ha tenido interconsultas.

Pide se suspenda el alta, se garantice atención de emergencia y primeros auxilios sin condición amiento, realización de exámenes de control, traslado al Hospital San Borja Arriarán u hospitalización domiciliara integral, que se garantice el tratamiento de rehabilitación multidisciplinaria para tratar su disfagia severa y daño cerebral (fonoaudiología, terapia ocupacional y kinesiología).

Segundo: Que se evacua informe por el Hospital Barros Luco Trudeau, señalando que la paciente ingresó el 4 de marzo de 2026 con cuadro febril asociado a crisis convulsivas recurrentes y compromiso persistente de conciencia. Inicialmente fue hospitalizada en la Unidad de Tratamientos Intermedios (en adelante “UTI”). Sin embargo, debido a la reiteración de las crisis y a la progresión hacia un estatus epiléptico refractario, fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos el 6 de marzo de 2026, permaneciendo en dicha unidad hasta su derivación al Servicio de Neurología del mismo Hospital, efectuada el 28 de mayo de 2026.

La evolución neurológica de la paciente fue descrita como catastrófica. Desde la fase inicial se investigaron prioritariamente causas infecciosas y estructurales agudas del sistema nervioso central.

Los estudios realizados no demostraron una lesión intracraneana aguda ni entregaron elementos concluyentes que permitieran establecer una infección del sistema nervioso central. No obstante, desde el ingreso se mantuvo tratamiento anticonvulsivante y se implementaron medidas terapéuticas orientadas a las principales hipótesis diagnósticas consideradas por los equipos tratantes. Pese al tratamiento inicial, la paciente continuó presentando crisis clínicas y electroencefalográficas persistentes, evolucionando hacia un estatus epiléptico superrefractario, en el contexto de un síndrome compatible con NORSE/FIRES, esto es, un estatus epiléptico refractario de reciente comienzo asociado a un cuadro febril.

Dicha condición representaba un riesgo vital muy elevado y una alta probabilidad de secuelas neurológicas. Durante su evolución se utilizaron, diversos medicamentos, ajustados los esquemas respectivos atendiendo a la respuesta clínica, los hallazgos electroencefalográficos y la aparición de posibles efectos adversos. Paralelamente, ante la posibilidad de una etiología inflamatoria o autoinmune, se llevó a cabo un estudio etiológico amplio y se administraron tratamientos inmunomoduladores de alta complejidad.

Pese a la extensión de los estudios realizados, no fue posible identificar una causa etiológica definitiva. Sin embargo, como expresamente señala el informe clínico, aquello no significó ausencia de diagnóstico ni falta de tratamiento, pues el manejo se orientó al síndrome neurológico objetivamente demostrado, al control de la actividad epiléptica y a las principales hipótesis etiológicas consideradas durante la evolución. De igual forma, la acción de protección atribuye al Hospital Barros Luco Trudeau, una supuesta negligencia en el manejo del ácido valproico. Sin embargo, dentro del contexto de una enfermedad crítica prolongada y del uso simultáneo de múltiples medicamentos, procedimientos invasivos y soportes orgánicos, se documentó una hiperamonemia atribuida a dicho medicamento. Ante esta complicación, el equipo tratante adoptó medidas terapéuticas específicas, incluyendo la suspensión del ácido valproico y la aplicación de terapia de reemplazo renal.

Entiende que no existió una omisión frente a dicha complicación. Esta fue identificada, tratada y controlada mediante medidas acordes con la gravedad de la condición clínica. La sola aparición de una reacción adversa farmacológica no permite concluir, por sí misma, que haya existido una actuación ilegal o arbitraria.

Menos aun cuando los antecedentes demuestran que se adoptaron acciones concretas para suspender el medicamento, tratar la hiperamonemia y controlar sus consecuencias.

En cuanto a la bacteria contraída fue tratada y que se encontraba clínicamente resuelta al momento del traslado desde la Unidad de Cuidados Intensivos.

Finalmente, en cuanto al traslado, una vez alcanzado un mayor control del estatus epiléptico de la paciente fue posible retirar progresivamente los anestésicos y avanzar hacia la recuperación de la vigilia y de la respuesta motora. al término de su permanencia en UCI, la paciente había superado la fase de inestabilidad orgánica aguda que justificó su ingreso a dicha unidad. Se encontraba hemodinámicamente estable, sin requerimientos de fármacos vasoactivos, respirando espontáneamente, sin falla renal, sin alteraciones relevantes del medio interno, sin evidencia de infección activa y sin necesidad de sedación anestésica continua u otros soportes propios de una UCI. En consecuencia, la paciente ya no reunía criterios médicos para permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos, siendo clínicamente procedente su traslado al Servicio de Neurología. Mantener a una paciente en UCI cuando ya no cumple criterios de ingreso o permanencia no constituye una obligación jurídica ni médica. La finalidad de una unidad intensiva es tratar a pacientes con inestabilidad vital, falla orgánica aguda o necesidad de soportes intensivos. Superada esa fase, corresponde continuar los cuidados en una unidad acorde con las necesidades clínicas predominantes. Por ello, el traslado no obedeció a razones administrativas ni a una intención de liberar una cama en forma arbitraria, sino a la evolución objetiva de la paciente y al hecho de que sus necesidades habían pasado a concentrarse en la continuidad del tratamiento anticonvulsivante, prevención de aspiración, cuidados de dispositivos y rehabilitación neurológica. La persistencia de secuelas neurológicas o la necesidad de rehabilitación especializada no significaban que la paciente debiera continuar indefinidamente en una UCI. Tales necesidades debían ser atendidas en un nivel asistencial distinto, conforme a su situación clínica estabilizada.

Añade, por último, que no existe, por tanto, una conducta contraria al ordenamiento jurídico, una negativa de atención, una interrupción de tratamiento ni una decisión adoptada al margen de criterios clínicos. Tampoco existe arbitrariedad, entendida como una actuación caprichosa, carente de fundamento o basada exclusivamente en la voluntad de la autoridad. Por tanto, puedo señalar que cada una de las decisiones adoptadas por el Hospital contó con una justificación clínica.

Tercero: Que en su informe Medical Policenter S.A. refiere que el 1 de abril de 2026 FONASA contrató con ellos Servicios de salud con Resolución Integral para Problemas de Rehabilitación de Paciente Adulto, según adjudicación de contrato, el cual consiste en brindar atención hospitalaria de corta o mediana estancia a pacientes derivados por un establecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud que requieran rehabilitación y cuidados, con dependencia total, alto riesgo y severidad, con la finalidad de que la atención hospitalaria que reciban sea transitoria hacia el alta, o una hospitalización domiciliaria o traslado a otra institución de larga estadía. El servicio es remunerado directamente por FONASA, que por cada día de hospitalización del paciente en el establecimiento receptor paga a éste el valor diario establecido en el contrato.

En el caso de nombre reservado fue derivada desde el Servicio de Neurología del Hospital Barros Luco Trudeau para continuar un proceso de rehabilitación multidisciplinaria luego de una prolongada hospitalización en dicho centro asistencial, secundaria a un cuadro de NORSE/FIRES con estatus epiléptico superrefractario. A su ingreso la paciente presentaba encefalopatía adquirida y secuelas neurológicas motoras, cognitivas y del lenguaje, cánula orotraqueal instalada en el Hospital Barros Luco el 13 de abril de 2025 que apoyaba su respiración y una gastrostomía instalada en el mismo Hospital el 12 de mayo de 2026 que permitía alimentarla por sonda dado que no podía hacerlo oralmente. Durante su estadía la paciente recibió los tratamientos de rehabilitación clínicamente adecuados a su condición.

Es así como, por ejemplo, se ajustó la medicación prescrita por el Hospital Barros Luco, lo que evitó nuevas crisis convulsivas posteriores a la del día 11 de junio. Al 19 de junio, tras rehabilitación kinesiológica y fonoaudiológica, ya podía respirar espontáneamente aire ambiental, sin requerimiento de oxígeno suplementario y no presentaba evidencia de insuficiencia respiratoria, por lo que, siendo seguro para ella hacerlo, fue decanulada, esto es se le extrajo la cánula orotraqueal. Al 25 de junio ya podía alimentarse completamente por vía oral, alcanzando los requerimientos nutricionales establecidos mediante evaluación conjunta del equipo de nutrición y del equipo médico, por lo que se retiró también la gastrostomía, cuya eventual mantención habría expuesto innecesariamente a la paciente a riesgos esperables como son infección del estómago, lesiones cutáneas, filtraciones, granulomas, molestias locales, y complicaciones asociadas al dispositivo. El mismo 25 de junio en reunión clínica multidisciplinaria se concluyó que la paciente había cumplido los objetivos de la rehabilitación intrahospitalaria por lo que se planificó su alta para el día 30 de junio, en la medida en que para entonces no hubiese condiciones clínicas que ameritasen mantenerla hospitalizada luego de esa fecha, lo que fue debidamente informado su madre, quien tomó entonces conocimiento del plan terapéutico, del programa de continuidad de rehabilitación y de la entrega de informes médicos que se le entregarían al momento del alta, destinados a facilitar la continuidad asistencial. Al 29 de junio no presentaba cuadros febriles ni infecciosos; en lo cognitivo persistía un trastorno cognitivo- comunicativo, predominantemente afasia de expresión, pero en recuperación progresiva del lenguaje, se mantenía vigil, con capacidad de comprender órdenes simples y de interactuar con las personas de su entorno; y en el ámbito de motricidad funcional presentaba una importante mejoría, logrando marcha independiente supervisada, mayor autonomía en sus actividades, era capaz de realizar ejercicios físicos de coordinación, equilibrio dinámico, alcances multiplanares y cambios de dirección sin incidentes, por lo que se ratificó la decisión de su alta a verificarse al día siguiente, 30 de junio. El mismo 29 de junio se confirmó a la recurrente, madre de la paciente, sobre el alta de su hija a verificarse al día siguiente en las condiciones y con determinadas indicaciones. Se firmó el Consentimiento Informado que acompaña.

Niega vulneraciones legales o constitucionales.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre, expedito y legítimo ejercicio de los derechos fundamentales taxativamente enumerados en dicha norma, cuando estos se vean privados, perturbados o amenazados por actos u omisiones de carácter ilegal o arbitrario. Para la procedencia de esta acción cautelar, es requisito indispensable que el derecho que se reclama sea un derecho preexistente e indubitado.

Quinto: Que si bien resulta es comprensible y atendible la desesperación de la madre de la paciente ante la gravedad de su hija y el riesgo serio de daño permanente, lo cierto es que la medida cautelar que se solicita se encuentra estrechamente vinculada a decisiones médicas especialísimas que no es posible ponderar a través de este recurso en términos de decidir su traslado o mantenimiento en determinados recintos hospitalarios, ya que ello implicaría efectuar un examen a las prestaciones médicas y de rehabilitación que han sido otorgadas.

Sexto: Que sí puede reconocerse el derecho a la vida y a recibir atenciones de salud, cuestión que ha sido brindada por las recurridas y que es lo único posible de controlar por esta vía, de manera que, al haberse cumplido con esas prestaciones, y existiendo además en la actualidad una ostensible mejoría de la paciente, el recurso ha de ser desechado por no existir nueva medida que adoptar.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas, y de conformidad con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado contra el Hospital Barros Luco y la clínica Medical Policenter.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó la ministra señora Poza.

N°Protección-16326-2026.

Pronunciada por la Primera Sala, presidida por la ministra señora Lidia Poza Matus e integrada, además, por la ministra señora Claudia Parra Villalobos y el abogado integrante señor Luis Hernández Olmedo.