nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Santiago, trece de julio de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que el 23 de octubre de 2019, comparece la abogada Gabriela Cisterna Orellana, en representación de nombre reservado, profesora, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) por haber incurrido en el acto que califica de arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° R-01-S-43113-2019, de fecha 24 de septiembre de 2019, por la que determinó que la recurrente no presenta una enfermedad profesional por diagnóstico de trastorno adaptativo, afectando las garantías constitucionales contempladas en los numerales 2, 3 y 9 del artículo 19 de la Carta Fundamental, solicitando se acoja el presente arbitrio.

Expresa que su representada desde el año 2006 se encuentra bajo tratamiento en la ACHS por un accidente laboral, oportunidad en la que le diagnosticaron un trastorno adaptativo, daño orgánico cerebral post traumatismo encéfalo craneano, evolucionando en un trastorno de estrés post traumático crónico, enfermedad por la que debe mantener un tratamiento de por vida.

Expresa que a raíz de malos tratos laborales la psicóloga de su mandante le recomendó que efectuara una denuncia, la que realizó en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Buin.

Añade que le dieron licencia médica por 30 días desde el 11 de julio de 2018 al 9 de agosto de esa anualidad, debido a sus síntomas, entendiendo la ACHS que era necesario mantenerla alejada de esa unidad, consumiendo por prescripción médica los medicamentos Clonazepam, Mirtazapina, Paroxetina, Olanzapina y Zopiclona.

Durante este período de evaluación doña nombre reservado ha sido atendida por el psiquiatra Dr. nombre reservado, quien decidió́ mantener por el momento, el tratamiento farmacológico ya existente, señalando que prefería no aumentar las dosis ya elevadas de antidepresivos, ansiolíticos y antipsicóticos, optando por reforzar el apoyo psicoterapéutico, sin embargo, las nuevas sesiones, desde la segunda en adelante nunca se concretaron, dado que la ACHS rechazó el origen profesional de las dolencias de su representada.

En ese contexto, el 1 de agosto de 2018 la ACHS declaró que la enfermedad de la actora es común y no profesional, de modo que el 12 de diciembre de 2018 interpuso un recurso de reconsideración ante la SUSESO, el que fue desestimado el 24 de septiembre del año pasado.

Contrario a lo sostenido por las recurridas, afirma que la enfermedad de su mandante es profesional, atendida su sintomatología, dado que la enfermedad se encuentra relacionada a las condiciones actuales de trabajo que la mantienen expuesta a situaciones de riesgo psicosocial.

Explica que el ánimo vulneratorio, de hostigamiento en contra de su representada queda de manifiesto en las constantes amenazas de traslado y las medidas de destinación efectivamente aplicadas, desconociendo las recomendaciones realizadas por la ACHS, conocidas por la citada corporación y el respectivo municipio.

Latamente se refiere a antecedentes doctrinarios y médicos sobre el estrés post traumático, para luego aducir que la resolución impugnada adolece de la debida fundamentación que todo acto administrativo debe tener, la que incluso es incompleta.

Asimismo, indica que la ACHS ha recomendado a la empleadora de la actora, que le sean asignadas labores administrativas y no en aula, exhortando que no sea cambiada de funciones y de lugar de desempeño, indicaciones que han sido obviadas.

En conclusión, pese a que el resultado de la evaluación clínica de su representada, efectuada por la ACHS, detectó la existencia de una patología, dicha entidad ha evitado artificiosamente que se establezca el vínculo de causalidad entre dicho diagnóstico y el maltrato y acoso del padecido por la actora, contraviniendo las directrices establecidas en la Circular No 3.241 de 27 de julio de 2016, que “Instruye a los Organismos Administradores del Seguro de la Ley No 16.744, sobre el protocolo de normas mínimas de evaluación que deben cumplir en el proceso de calificación del origen de las enfermedades denunciadas como profesionales. Reemplaza y deroga Circular No 3.167, de 2015”.

En cuanto al acto administrativo cuestionado, consigna que si bien el asunto fue sometido nuevamente a estudio de los profesionales médicos, estos concluyeron que no hay nuevos antecedentes, pero para arribar a esa conclusión no le fueron pedidos los exámenes médicos con los que contaba, no se especifican los antecedentes que se tuvo a la vista, omite la individualización de los integrantes de la Comisión de Médicos encargadas de la revisión y no señala la calidad y especialidad de las personas integrantes de la comisión.

Considera que ha sido afectado el principio de probidad administrativa consagrado en el artículo 13 de la Ley Nº 18.575 en relación a los artículos 11, 16 y 41 de la Ley Nº 19.880.

En cuanto a las garantías constitucionales que acusa afectadas, sostiene que lo ha sido la igualdad ante la ley, desde que considera que su mandante ha sido objeto de una discriminación arbitraria carente de razón, lo que refuerza mediante citas jurisprudenciales. Asimismo, se ha vulnerado la integridad física y psíquica de su representada, así como también, su derecho a la salud, dado que el rechazo infundado ha privado a la actora de las prestaciones médicas que corresponden ser brindadas por las instituciones médicas correspondientes de acuerdo a la Ley Nº 16.744.

Solicita se acoja la presente acción, dejando sin efecto la resolución de 24 de septiembre de 2019, dictando una nueva que cuenta con una adecuada fundamentación, respetuosa de los derechos fundamentales, con costas.

2°) Que informó el recurso el abogado Tomás Garro Gómez, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, en primer lugar alega la extemporaneidad de la acción de protección, por cuanto, el recurso de autos fue incoado el 23 de octubre de 2019, en circunstancias que al menos desde el 30 de mayo de 2019 ya tenía la recurrente conocimiento de lo dictaminado por su parte, de modo que la acción cautelar ha sido deducida fuera de plazo, debiendo ser desestimado el recurso solo por ese hecho.

En subsidio de lo anterior, en cuanto al fondo del asunto controvertido, indica que no ha incurrido en ningún acto arbitrario e ilegal que pudiere afectar las garantías constitucionales a que alude el recurrente.

En forma extensa se refiere a la competencia que le asiste como Superintendencia, refiriéndose al marco normativo respectivo, para luego, en el caso en comento, señalar que el 13 de diciembre de 2018 la actora ante la SUSESO reclamó en contra de la ACHS, en razón que fue catalogada como común su patología de “Trastorno adaptativo”, acompañando junto a su presentación copia de la resolución impugnada de 1 de agosto de 2018, copia de la resolución de Derivación a Sistema previsional por enfermedad común, de 6 de febrero de 2019, por aplicación del artículo 77 bis de la Ley N° 16.744; comunicaciones de la ACHS a su entidad empleadora, denuncias ante la Inspección del Trabajo de Buin, copias de correos electrónicos relacionados con su situación laboral, entre otros antecedentes.

En ese escenario, le fueron solicitados antecedentes a la ACHS, con el fin de resolver adecuadamente el recurso, institución que remitió el informe solicitado y la ficha clínica de la paciente, haciendo presente que la actora ingresó a sus dependencias para el estudio de una posible neurosis laboral.

Agrega esa mutualidad de empleadores que con las evaluaciones médicas y psicológicas realizadas a la Sra. nombre reservado se le diagnosticó un cuadro de Trastorno adaptativo de origen común. Lo anterior, señala quedó confirmado por el Estudio de Puesto de Trabajo que se realizó́ y que también acompañó́ junto con su informe, en el cual no se comprobó́ la presencia de estresores laborales propios del cargo.

Refiere que con el mérito de todos esos antecedentes, resolvió rechazar el reclamo de calificación, concluyendo que la afección que presentó la trabajadora en julio-agosto de 2018 es de origen común, toda vez que no es posible establecer una relación de causa directa, como lo exige el artículo 7° de la Ley N° 16.744, entre el trabajo desempeñado y la sintomatología que motivó la atención.

Precisa que el 30 de mayo de 2019, nuevamente recurrió́ ante la Superintendencia de Seguridad Social solicitando la reposición de la Resolución Exenta N° R-01-ISESAT-11542-2019, de 23 de mayo de 2019, mediante la cual se calificó́ como de origen común, el cuadro clínico de salud mental que presentó, de lo que discrepa.

En efecto, señala que habiéndose nuevamente sometido a revisión los antecedentes por profesionales médicos, se resolvió rechazar la solicitud, confirmando la resolución de 23 de mayo del año pasado.

En suma, consigna que de las evaluaciones médicas y psicológicas realizadas a la paciente, más el estudio de puesto de trabajo arrojaron como diagnostico concluyente un cuadro de Trastorno adaptativo y no la neurosis laboral, por la cual fue sometida a estudio en las dependencias médicas de la Asociación Chilena de Seguridad.

Añade que de los antecedentes laborales que se tuvieron a la vista al resolver el caso, no se detectaron factores de riesgo y la patología de salud mental con diagnóstico de “Trastorno adaptativo”, no es secundaria a su quehacer laboral ya señalado.

Atendido que por mandato legal a la SUSESO sólo le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social y no avizora ninguna afectación al derecho a la vida o integridad psíquica de la persona.

Por otra parte, reitera que en el caso no existe antecedente alguno que avale la tesis de la contraria, a lo que debe sumarse que lo pretendido por la misma, excede la naturaleza cautelar de la acción de autos.

Agrega que de los antecedentes, se desprende que el recurso incide en un aspecto de la seguridad social, derecho que se encuentra desprovisto de protección conforme el artículo 20 de la Carta Fundamental. Por todo ello solicita el rechazo del recurso.

3°) Que se pidió informe además a la Asociación Chilena de Seguridad e informó el abogado Patricio Castillo Barrios, en representación de la ACHS, quien solicita el rechazo de la acción de protección.

Expone que el 10 de julio de 2018, la actora ingresó por posible neurosis laboral, que le atribuía a las labores que realiza como coordinadora comunal JUNAEB para su empleadora. Siendo del caso, que el Comité de Calificación de Enfermedades Profesionales de Patologías Mentales, por unanimidad, declaró como de origen común la patología de la paciente –diagnosticada como “trastorno adaptativo”–, al no ser posible relacionar directamente su sintomatología con su quehacer laboral, y en consecuencia, no correspondiéndole la cobertura de la Ley N°16.744, sino que la de su régimen común de salud.

Señala que en ese escenario, los especialistas del ramo, derivaron a la paciente a un régimen común de salud con el objeto de continuar con su tratamiento, para lo cual fue emitida una licencia médica por 30 días de reposo.

Manifiesta que en contra de dicha resolución, el 13 de diciembre de 2018, la recurrente recurrió ante la SUSESO, quien le solicitó a su mandante los antecedentes de la paciente, los que fueron remitidos, para finalmente el 23 de mayo de 2019 dicha Superintendencia dictaminar que la enfermedad es común, dado que no fue posible establecer una relación de causa directa, como exige el artículo 7º de la Ley Nº 16.744, entre el trabajo desempeñado y la sintomatología que motivó las atenciones médicas.

Agrega, a mayor abundamiento, que el 30 de mayo de 2019, la recurrente solicitó a la SUSESO la reconsideración de la resolución en comento, sin que, en definitiva, se modificara lo decidido.

4°) Como reiteradamente se sostiene el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

5°) El acto que la recurrente califica de arbitrario e ilegal es la Resolución Exenta N° R-01-S-43113-2019, de fecha 24 de septiembre de 2019, de la SUSESO por la que determinó q ue la recurrente no presenta una enfermedad profesional por diagnóstico de trastorno adaptativo.

6°) Corresponde pronunciarse, en primer término, sobre las alegaciones formales en cuanto se sostuvo la improcedencia de la acción por estar referida a un aspecto específico del derecho a la seguridad social que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Política. Sin embargo, tal alegación debe rechazarse por cuanto el acto recurrido puede afectar otras garantías constitucionales que sí se encuentran comprendidas en la enumeración que realiza el artículo 20, como es el derecho a la integridad física o psíquica de la actora sin perjuicio del análisis de procedencia que se hará en los razonamientos posteriores.

7°) En segundo término se alegó la extemporaneidad de la acción. Sabido es, que el plazo para recurrir es de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto u ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

Sobre el particular, la recurrente funda su reclamo a partir de la Resolución de 24 de septiembre del año 2019 por el cual se rechazó un recurso de reposición en contra de la decisión del órgano recurrido que declaró que la afección de la actora es de origen común. En estas condiciones, cabe desechar la extemporaneidad alegada por cuanto, la resolución del recurso de reposición puso término a la vía administrativa, no siendo efectivo que la resolución resuelva una “reconsideración” sino una “reposición” siendo este último un recurso de naturaleza administrativa, por lo que el plazo para acudir de protección debe contabilizarse desde la resolución del mismo lo que se hizo el 24 de septiembre de 2019 por lo que al recurrir de protección el día 23 de octubre mismo año, la acción resulta oportuna y en consecuencia, la alegación de extemporaneidad debe rechazarse.

8°) Que en cuanto al fondo, cabe señalar que no se advierte la existencia de un acto arbitrario o ilegal por parte de la recurrida, porque para proceder a desechar que la patología que la actora presentó en agosto del año 2018 fuera de naturaleza laboral, tomó en consideración que el caso fue nuevamente sometido al estudio de los profesionales médicos del Servicio quienes concluyeron que no hay nuevos antecedentes y que la presentación escrita aportada por la trabajadora no permite modificar la calificación de la enfermedad, sin que esta Corte se encuentre en condiciones de desestimar dichas conclusiones técnicas a falta de antecedentes que así lo permitan.

Es más corresponde también desechar el reproche de falta de fundamentación de la decisión, como quiera que el expediente administrativo de la recurrente fue acompañado en el informe y cuenta con todos los antecedentes médicos desde que la Superintendencia de Seguridad Social tomó conocimiento, en el año 2018, de la situación de la actora, en dicho expediente aparecen los informes médicos que el caso ha generado, por lo que la decisión adoptaba aparece debidamente fundada y emitida con conocimiento de la situación que afecta a la recurrente.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido por doña Gabriela Cisterna Orellana, en representación de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Moya quien fue de opinión de acoger el presente recurso en virtud de los siguientes fundamentos:

Primero: Que la respuesta entregada por la recurrida presenta el tenor de que la recurrente no presenta enfermedad profesional.

La determinación enunciada no llevó la práctica de exámenes al efecto precisando que lo impetrado ante la Superintendencia refiere la continuidad de tratamiento farmacológico y apoyo psicoterapéuticos desde hace años en favor de la recurrente, presentando un cuadro crónico que podría verse agravado por las constantes denigraciones de agravia que ha sufrido presentando una denuncia por enfermedad profesional en contra de su empleadora. Esta última situación no fue aceptada por la Asociación Chilena de Seguridad quien declaró que la enfermedad era de origen común. La reposición fue resuelta negativamente y de allí la presente acción tendiente a la entrega de los fármacos que anota en su libelo.

Más aún, la resolución carece de informes médicos en el escenario de la reclamación. No existen.

Segundo: Que, concordante, es dable argumentar que el trastorno de estrés post traumático en un escenario de acoso laboral, mobbing, y su relación con los síntomas consecuenciales que la recurrente refiere en forma pormenorizada en términos técnicos y de tratamiento, lo que se reproduce, conllevan a aumentar el riesgo de un agravamiento en la salud física como síquica, que no pueden ser ignoradas y determinar el no suministro de los medicamentos que resulta, entonces, necesarios.

Tercero: Que, entonces, resulta inmotivado el acto recurrido para definir el contexto de no ser enfermedad profesional que se traduce en la ausencia de diagnóstico real y categórico en definirla sin la puesta en escena de los informes médicos consecuenciales como también de un estudios de los riesgos. Por lo demás, la propia Achs, ha permanentemente impetrado por que la recurrente concrete trabajos simples, administrativas, lo que ha sido desatendido por el empleador.

La ausencia anotada hace que el acto carece de una real motivación, más aún cuando no refiere, en absoluto, una base de sus conclusiones, privándola de elementos sustantivos al efecto.

Cuarto: Que así, tenemos que la Achs que detectó la presencia de la patología, ha evitado que se establezca la causalidad entre el diagnóstico y el maltrato no discutido por la recurrida, todo lo cual contraviene lo señalado en la Circular N° 3.241 de 2016 que posibilita la instrucción de las normas mínimas de evaluación que, en el actual caso, no ha ocurrido, en absoluto. Incluso, al grado de desconocer la evaluación clínica de la propia sicóloga tratante que conduce a declarar la enfermedad como profesional.

Quinto: Que aflora en este contexto de respuesta por la recurrida, lo dispuesto en el artículo 2 letra e) de la ley 16.395 que obliga a Suceso, Compin, Comere, a realizar estudios e informes sobre aspectos médicos y otros de su competencia; la recurrente nunca fue requerida para concretar exámenes médicos. En igual sentido, las leyes 18.575 en su artículo 13, en relación a la ley 19.880, resaltan el concepto de probidad, de imparcialidad y el de transparencia que define el artículo 16 de este cuerpo legal en unión al artículo 41 en cuanto a la fundamentación de las decisiones.

A juicio del disidente, los conceptos de ilegalidad conducen a la arbitrariedad de la decisión.

Regístrese, y en su oportunidad archívese.

Redactó la Ministra Mireya López Miranda y el voto disidente, su autor.

Rol N° 163078-2019