Protección contra Hospital Militar de Santiago - HMS- por el acto que califica de arbitrario e ile

C.A. de Santiago Santiago, trece de enero de dos mil veintiséis.

A los folios 36 y 37: a todo, téngase presente.

Al folio 38: a sus antecedentes.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, quien deduce acción de protección en contra del Hospital Militar de Santiago - HMS- por el acto que califica de arbitrario e ilegal, consistente en la Comunicación N° HMS DRH DCEC (R) N° NUM000, de 23 de junio del 2025, que negó lugar a su renuncia voluntaria, lo que implicó su exclusión del proceso de incentivo al retiro correspondiente a esa anualidad y que, a su juicio, vulnera las garantías que contemplan los N°s. 1, 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que con fecha 15 de junio de 1989 comenzó a prestar sus servicios como auxiliar de enfermería en el Hospital Militar de Santiago, dependiente del Ejército de Chile.

Expone que acorde con la Ley N° 18.476 su vínculo con la institución castrense se rige por el Código del Trabajo y que durante toda su vida funcionaria estuvo bien calificada.

Señala que actualmente tiene 71 años y con fecha 30 de mayo de 2025 presentó su renuncia al cargo que allí desempeña, a partir del día del pago efectivo del incentivo al retiro que al efecto contempla el artículo 58 de la Ley N° 21.647 -sobre Reajuste General de Remuneraciones a los Trabajadores del Sector Público-, ya que se encuentra en la nómina de beneficiarios de dicho emolumento. Sin embargo, mediante la comunicación que ahora impugna, el Hospital Militar de Santiago rechazó su renuncia en atención a que actualmente se encuentra sometida a una investigación sumaria con ocasión de salidas del país mientras se encontraba haciendo uso de una licencia médica, lo que no haría posible aceptar su renuncia y consecuentemente incluirla en el proceso de incentivo al retiro en desarrollo.

Hace presente que, a raíz de ello, presentó una solicitud al Hospital, pidiendo que se dejase sin efecto dicho acto administrativo.

Argumenta que ni el artículo 58 de la Ley N° 21.647 ni los artículos 5° y 11 de la Ley N° 20.948 -que otorga una Bonificación Adicional y otros Beneficios de Incentivo al Retiro- establecen limitaciones ni suspensiones como las señaladas por su empleador para no aceptar la renuncia o para excluirla del proceso de incentivo al retiro.

Reclama que dicha decisión es ilegal, porque el HMS no cuenta con atribuciones para rechazar la renuncia de una trabajadora que no se encuentra sujeta a las disposiciones de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, sino a la Ley N° 18.476 y al Código del Trabajo.

Plantea que, acorde con el criterio manifestado por Contraloría General de la República, entre otros, en los dictámenes N°s. 53.682 y 71.425, de 2009, la renuncia es un acto unilateral que no puede ser rechazada por el empleador.

Afirma que el acto administrativo es arbitrario, puesto que no se encuentra debidamente motivado, ya que, a pesar de señalar la instrucción de un proceso disciplinario para dejar en suspenso la obtención del beneficio de incentivo al retiro, no señala una norma legal que fundamente tal facultad.

Alega que en la especie se genera una discriminación arbitraria en su contra, respecto de otras personas que, en una situación jurídica similar, han podido tramitar debidamente sus renuncias y obtener su incentivo al retiro, y que se ha limitado el ejercicio de su derecho de propiedad al impedirle disponer del beneficio económico que legalmente le corresponde, sin sustento legal, y a gozar de los efectos propios de la renuncia, obligándola a trabajar. En lo concerniente a la libertad de trabajo aduce que se vulnera esta garantía al forzar la prestación de sus labores pese a su manifestación de voluntad de poner término a la relación laboral.

Finalmente, sobre la integridad física y psíquica asegura que la persistencia de la obligación de permanecer en un puesto de trabajo no deseado ha desencadenado cuadros clínicos de ansiedad, insomnio y crisis de pánico.

En virtud de lo expuesto, solicita que se acoja el presente recurso, ordenando al Hospital Militar de Santiago aceptar su renuncia, asignándole el beneficio de incentivo al retiro que por ley le corresponde.

SEGUNDO: Que, comparece el Director General del Hospital Militar de Santiago, quien solicitó el rechazo del presente arbitrio constitucional, con expresa condena en costas.

Como aspecto previo, precisa que el HMS es una institución de salud que forma parte de la Administración del Estado, revistiendo la naturaleza jurídica de servicio fiscal dependiente del Ministerio de Defensa, y sus trabajadores, aun bajo el Código del Trabajo, tienen la calidad de servidores públicos y, en tal calidad, se encuentran sujetos a responsabilidad administrativa.

Relata que a raíz del oficio NUM001, de 22 de mayo de 2025, de la Contraloría General de la República, por Resolución N° NUM002, de 29 de mayo de 2025, se ordenó la instrucción de una investigación sumaria en contra de la recurrente por haber viajado al extranjero haciendo uso de una licencia médica. Luego, con fecha 2 de junio de 2025, dicha servidora presentó su renuncia, sujeta a la condición del pago del beneficio “Incentivo al Retiro”, establecido en las Leyes N°s. 20.948 y 21.647, frente a la cual se emitió la Comunicación Breve HMS DRH DCEC (R) N° NUM000, de 23 de junio de 2025, por medio de la cual se le informó que su renuncia voluntaria no sería aceptada y que no sería incluida en el proceso de incentivo al retiro hasta que concluyera la investigación sumaria.

Sostiene que la acción constitucional de protección es improcedente para dilucidar la cuestión de fondo que se plantea en este caso, pues la recurrente no goza de un derecho indubitado. Lo anterior, ya que, al no dar curso a su renuncia, se produjeron efectos similares al de inexistencia de la misma, lo que impide a la actora afirmar que ha ejercido un derecho cuya titularidad le corresponda. Asevera que existe una controversia respecto a los alcances de una resolución y sus fundamentos, que debe ser dilucidada por otros medios legales, como los recursos administrativos de la Ley N° 19.880, el reclamo ante la Contraloría General de la República previsto en los artículos 160 de la Ley N° 18.834 y 6° de la Ley N° 10.336. En su defecto, su conocimiento corresponde a los Juzgados del Trabajo, al alero del artículo 420 del Código del Trabajo.

En subsidio de lo anterior, en cuanto al fondo, manifiesta que el acto administrativo de 23 de junio de 2025 cumple con el requisito esencial de motivación, al consignar expresamente que la no aceptación de la renuncia y la exclusión del proceso de retiro de la actora se deben a la instrucción de una Investigación Sumaria Laboral.

Añade que ese órgano de la Administración se encontraba impedido de dar curso a la renuncia de la funcionaria recurrente, dado que aquella no estaba sujeta a una fecha, sino a una condición, como es el pago del beneficio de incentivo al retiro. En ese sentido, puntualiza que acorde con lo establecido en los artículos 146 y 147 del Estatuto Administrativo y 159 N°2 del Código del Trabajo se desprende que la renuncia no produce efectos sólo por el hecho de ser presentada y que se trata de un acto puro y simple, que no puede quedar supeditado a una condición, pues de no cumplirse la condición no se produce la renuncia.

Expresa, además, que la decisión que se impugna, tuvo por objeto dar cumplimiento las instrucciones impartidas por Contraloría General en su Oficio N°NUM003, mediante el cual la entidad fiscalizadora hizo presente que conforme a lo dispuesto en el artículo 147, inciso segundo, del Estatuto Administrativo “(…) la autoridad podrá retener, por un máximo de treinta días, la renuncia presentada por un funcionario en todos aquellos casos de que éste se encuentre sometido a un sumario administrativo del cual se desprendan antecedentes fundados que hagan prever la posible aplicación de la sanción de destitución.”.

Explica que con fecha 23 de junio de 2025, la recurrente solicitó dejar sin efecto la negativa a su renuncia, petición que fue entendida como un recurso de reposición y a la que se dio respuesta mediante Oficio HMS DG DRRHH (R) N° NUM004, de 8 septiembre último, que mantuvo lo decidido por considerar que es improcedente que la renuncia exigiera condiciones adicionales a la mera dejación del empleo y que al presentarse en forma condicionada al “pago del incentivo al retiro”, no es exigible a dicha institución lo dispuesto en los artículos 146 y 147 del Estatuto Administrativo y 159 N°2 del Código del Trabajo, ya que no existe renuncia.

Recalca que lo pretendido mediante el ejercicio de la presente acción de cautela constitucional supone infringir las prescripciones de Contraloría General a las que ese Hospital se encuentra sujeto y cuya vulneración conlleva su responsabilidad administrativa.

Observa que el Hospital Militar de Santiago ha actuado en todo momento conforme a la normativa legal vigente, y dentro del marco de sus atribuciones y competencias.

Finalmente, niega la vulneración de las garantías que se denuncian amagadas.

TERCERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, carente de razonabilidad.

CUARTO: Que la recurrente ha sostenido que el Hospital Militar de Santiago no contaría con atribuciones para negar lugar a su renuncia con motivo de la instrucción de una investigación sumaria en su contra, solicitando que se le ordene proceder a su aceptación y se le otorgue el beneficio de incentivo al retiro asociado a la misma.

Por su parte, dicho establecimiento ha alegado que la renuncia presentada por la actora no cumple con los requisitos para ser aceptada pura y simplemente por ese organismo de la Administración, por cuanto aquella se presentó encontrándose pendiente el procedimiento disciplinario desarrollado en su contra, la que en tal sentido quedó condicionada al término del sumario.

QUINTO: Que, en cuanto a la idoneidad del recurso de protección para dirimir un asunto como el planteado, considera la Corte que esta acción no constituye una instancia de lato conocimiento que permita dirimir la calificación de la suficiencia de la renuncia presentada por la servidora que recurre, así como tampoco el cumplimiento de los requisitos que la habilitan a obtener el beneficio económico que impetra, pues ello supone resolver una controversia sobre el cumplimiento de las condiciones legales establecidas en los artículos 146 y 147 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, así como también en las Leyes N°s. 21.647 y 20.948 que regulan la bonificación de incentivo al retiro.

No se advierte, en consecuencia, la privación, perturbación o amenaza de derechos indubitados, sino más bien una controversia sobre el cumplimiento de requisitos legales para acceder a un beneficio.

SEXTO: Que, en mérito de lo expuesto, cabe concluir que el asunto que motiva el recurso excede los márgenes de una acción de cautela constitucional de emergencia, debiendo ser sometido a las instancias correspondientes, sea a través de recursos administrativos o bien mediante el ejercicio de acciones jurisdiccionales ante los tribunales competentes. Por ello, el presente arbitrio deberá ser desestimado.

Por las razones anotadas y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra del Hospital Militar de Santiago.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-16285-2025.