nombre reservado con COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro.

Al folio 24: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que recurre de protección doña nombre reservado en contra de la institución financiera Cooperativa nombre reservado por cuanto considera gravemente violentado su derecho constitucional consagrado por el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República en razón de los hechos ilegales y arbitrarios que denuncia.

Argumenta que con fecha 22 de abril de 2024 la recurrente redactó una carta de revocación del mandato de la recurrida en que expresa su voluntad de que cesaran los descuentos por planilla o descuentos desde sus remuneraciones, en la medida en que de acuerdo con las disposiciones de los artículos 54 y 55 de la Ley General de Cooperativas, los mencionados descuentos revisten el carácter de voluntarios. Que esa carta fue recibida el 23 de abril de 2024 por el ejecutivo de la plataforma de Sede San Bernardo de la Institución Financiera Cooperativa nombre reservado. Dice que la misma carta fue entregada a su empleador Hospital Parroquial de San Bernardo con fecha 22 de abril de 2024.

Que pese a su manifestación de voluntad expresada claramente se han seguido ejecutando los descuentos a sus remuneraciones en contra de su voluntad, razón por la que ha visto perjudicada su situación económica. Dice que la remuneración que recibe del Hospital Parroquial de San Bernardo presenta un descuento que no debió cursarse por parte de su empleador, solicitando una explicación a este, quien le indicó que dicho descuento había sido solicitado por la institución financiera Cooperativa nombre reservado.

Sostiene que el recurrido ha obrado de manera arbitraria e ilegal al ordenar a su empleador descontar de su remuneración mensual del mes de mayo de 2024 la suma de $544.790 a título de créditos solicitados, así como que el monto solicitado es excesivo y arbitrario.

Argumenta que el acto de la recurrida vulnera los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en la medida en que afecta su derecho de propiedad sobre su sueldo; y la igualdad ante la ley, en tanto la recurrida se atribuye una potestad o beneficio no otorgado por ella y que corresponde a un uso indiscriminado de la facultad contenida en el artículo 22 de la Ley 18.833, lo que conlleva arrogarse privilegios no consagrados en las leyes. Sostiene que se trasgrede el principio de la autonomía de la voluntad en materia contractual, teniendo en cuenta la revocación del mandato por parte de la recurrente y que fue debidamente comunicado.

Dice que el artículo 55 del Decreto con Fuerza de Ley N°5 que fija el texto refundido, concordado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas, exige que la autorización para realizar los descuentos debe constar por escrito; y teniendo en cuenta que esta se ha revocado “es decir, ya no teniendo la autorización para generar dichos descuentos a las remuneraciones de doña nombre reservado, siendo un claro ejemplo de transgresión y vulneración al patrimonio y voluntad de doña nombre reservado, la cual fue transmitida tanto a la nombre reservado como a su empleador al momento de entregar las cartas que revocaban el mandato que los facultaba para generar los descuentos por planilla en sus remuneraciones”.

Invoca, asimismo, el artículo 58 inciso tercero del Código del Trabajo, disposición de acuerdo con la cual solo con acuerdo del empleador y del trabajador, el que deberá constar por escrito, pueden deducirse de las remuneraciones sumas o porcentajes determinados destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza; fijándose además un límite del 15% de la remuneración total del trabajador.

Argumenta que en los casos en que el legislador se ha querido referir a descuentos obligatorios lo hace de manera expresa, como sucede con la Ley 18.833 que regula las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, las que de acuerdo con sus artículos 21 y 22 se refieren a descuentos obligatorios; los que resultan diferentes de los créditos otorgados por cooperativas que se rigen por el mencionado artículo 55, el que dispone solo descuentos voluntarios que deben constar por escrito.

Dice que si se requiere la voluntad del afiliado para que se realice el descuento, esa voluntad puede ser revocada, en la medida en que la ley nada dice y que, además, en derecho las cosas se deshacen de la misma forma en que se hacen; de ahí que, habiendo manifestado su voluntad de revocar la autorización para el descuento, debió la cooperativa cesar en ellos.

Reitera que la aplicación del descuento una vez revocado el mandato a la institución nombre reservado e informado a su empleador, transgrede su patrimonio afectando la solvencia de los gastos básicos de doña nombre reservado, y se constituye en un acto arbitrario e ilegal que ha afectado gravemente la garantía constitucional establecida en el N°24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y tutelado por la acción de protección.

Reafirmando la competencia de esta Corte para conocer del recurso de protección solicita que se acoja, dejando sin efecto el descuento que se realiza de la remuneración de doña nombre reservado y ordenando su restitución, así como que el cese de descuentos futuros, con costas o en subsidio se sustituya el saldo o diferencia que excede del máximo permitido para los descuentos.

Con el objeto de fundar su recurso acompañó copia de la liquidación de sueldo en que consta el descuento que considera arbitrario e ilegal; copia de la carta de revocación del mandato recibida por la institución financiera con fecha 23 de abril de 2024 y la carta de revocación del mandato recibida por el hospital parroquial San Bernardo con fecha 22 de abril de 2024.

Segundo. Que, evacuando su informe, la recurrida Cooperativa de Ahorro y Crédito nombre reservado solicita que sea rechazado el recurso de protección por manifiesta falta de fundamentos, con costas.

Argumenta, en primer término, que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que funde el recurso. En seguida, que el recurrente carece de un derecho indubitado; que el recurso de protección no es la vía idónea para conocer de la materia de autos y que no existe afectación a las garantías constitucionales.

Dice que su representada, nombre reservado se creó por Decreto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción N°122 de 29 de enero de 1968, publicado en el Diario Oficial N°26.970, de fecha 16 de febrero de 1968 y que tiene por objeto realizar con sus socios y terceros todas y cada una de las operaciones que la Ley General de Cooperativas y su Reglamento permitan a las cooperativas de ahorro y crédito. Que si bien en un primer momento esas operaciones estaban dirigidas en forma exclusiva al personal de la Universidad de Chile, ello cambió en la década del 80, expandiéndose a regiones, donde en la actualidad se concentra una parte significativa de sus asociados. Que ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros, siendo reconocida en la actualidad por su calidad y por posicionarse como una de las líderes del desarrollo del modelo cooperativo, alcanzando una participación relevante en el mercado nacional.

Dice que el 21 de marzo de 2023 la recurrente solicitó a nombre reservado un crédito de consumo por un monto de $21.630.870, siendo aprobado y otorgado ese mismo día. Dice que su representada aprobó el otorgamiento del crédito de consumo teniendo especialmente en cuenta el modo de efectuarse el pago del mismo, esto es, mediante el mandato de descuento por planilla. De esta manera, que en la solicitud de crédito la recurrente autorizó a su empleador para realizar descuentos mensuales o con la frecuencia que nombre reservado determinase para efectos del pago del crédito, lo que en concreto quedó establecido en 60 cuotas de $544.790 con vencimiento los días 15 de cada mes.

Dice que no existe acción u omisión ilegal o arbitraria, porque la recurrente no puede dejar sin efecto la autorización que dio a nombre reservado para realizar descuentos mensuales de su liquidación de sueldo, y porque nombre reservado se ciñó a los límites establecidos en el artículo 58 del Código del Trabajo.

En efecto, argumenta que la recurrente no puede dejar sin efecto la autorización que dio, porque nombre reservado aprobó el otorgamiento del crédito de consumo a la recurrente teniendo especialmente en cuenta el modo en que se efectuaría el pago del mismo, esto es, el mandato de descuento por planilla, y teniendo en cuenta que se ha comportado conforme con la autorización expresa conferida por la recurrente en el mandato de descuento por planilla que suscribió con fecha 21 de marzo de 2023. Dice que la revocación de ese mandato no puede efectuarse en cualquier momento, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 18 del Decreto N°43 que aprueba el Reglamento sobre Información al consumidor de créditos de consumo, y que ello solo procede una vez que estén totalmente extinguidas las obligaciones a favor del proveedor o del tercero; de ahí que una carta unilateral de revocación del mandato no tiene ningún efecto, en la medida en que esta no ha pagado las cuotas de su crédito.

De esta manera, argumenta que “debido a que la deuda de la señora nombre reservado no se ha extinguido, la recurrente no puede desconocer las obligaciones que contrajo ni revocar unilateralmente el mandato celebrado con nuestra representada”, reafirmando que lo que buscaría la recurrente con esta acción es desconocer sus deudas, violentando el principio general del derecho de la buena fe al ir en contra de sus actos propios.

Dice, del mismo modo, que nombre reservado se ciñó a los límites establecidos en el artículo 58 del Código del Trabajo, lo mismo que al artículo 96 del Estatuto Administrativo, que establecen una deducción máxima del 15%; lo mismo que los artículos 54 y 54 bis de la Ley de Cooperativas, de acuerdo con los que ese porcentaje podrá ser incrementado hasta en un 25% cuando los descuentos adicionales sean a favor de cooperativas de la que el trabajador sea socio, siempre que la suma de los descuentos no exceda del 45% de la remuneración total del trabajador. Agrega que la recurrente, como socia de nombre reservado, autorizó expresamente a su representada para descontar las cuotas del crédito de consumo otorgado con fecha 23 de marzo de 2024, informando en ese momento que trabajaba en el Hospital público parroquial y que su renta bruta era de $2.740.862, obligándose a pagar el crédito en 60 cuotas de $544.790, suma que corresponde a un 19,88% del sueldo que informó. De esta manera, el descuento realizado es aquel que la propia recurrente autorizó a nombre reservado, habiéndose adecuado este a la legislación aplicable. Por las circunstancias anteriores entiende que no existe ilegalidad o arbitrariedad en su actuar, de manera que el recurso de protección debe ser rechazado por faltar uno de los presupuestos básicos o esenciales para que acciones de esta clase puedan prosperar.

En seguida solicita que se rechace el recurso de protección impetrado porque la recurrente carece de un derecho indubitado. Resaltando que este es uno de los requisitos de la acción de protección, señala que lo indubitado a partir de los antecedentes del caso es que fue la propia recurrente quien autorizó estas gestiones, de ahí que ‒de acogerse la acción de protección‒ se estaría declarando una situación jurídica inexistente, lo que se opone a la naturaleza cautelar de esta acción.

Agrega que el recurso de protección no es la vía idónea para conocer de la materia de autos, en la medida en que las controversias existentes entre los socios de nombre reservado ‒como sucede con la recurrente‒ y esta institución deben ser resueltas de acuerdo con las disposiciones contenidas en el DFL N°5 de 25 de septiembre de 2003 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Ley cooperativas de servicio que tengan por objeto único y exclusivo brindar servicios de intermediación financiera en beneficio de sus socios. Que la Ley de Cooperativas establece en su capítulo V una serie de normas relativas a la resolución de conflictos en los que establece a quiénes se aplica, cuál es el procedimiento y los tribunales que conocerán de los conflictos, consagrando en el artículo 114 que las controversias que se susciten entre los socios en su calidad, entre estos y las cooperativas se resolverán por la justicia ordinaria en un procedimiento sumario o mediante arbitraje, a elección del demandante; debiendo sujetarse el procedimiento a las reglas que esas mismas disposiciones prevén. Agrega que existe abundante jurisprudencia que establece que la acción de protección no puede ser utilizada para resolver materias propias de un juicio de lato conocimiento, como sería el que debió intentarse en la especie.

Por último, considera que ‒dado que no existe actuación ilegal ni arbitraria, y la recurrente carece de derechos indubitados‒, no existe tampoco afectación de garantías fundamentales amparadas por la acción de protección.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, solicita que se rechace el recurso de protección deducido por nombre reservado, con expresa condena en costas.

Acompañó a su presentación solicitud de crédito de consumo presentado por la recurrente con fecha 21 de marzo de 2023 así como el cronograma de pagos del crédito de consumo.

Tercero. Que el recurso de protección es una acción cautelar prevista por el artículo 20 de la Constitución Política de la República destinada a amparar las garantías constitucionales que ella misma prevé frente a actos ilegales o arbitrarios que ocasionen su lesión o puesta en peligro. Que son requisitos indispensables para que ella sea acogida la existencia de un acto ilegal o arbitrario que produzca privación, perturbación o amenaza de una o más de las garantías constitucionales amparadas, y que la Corte se encuentre en la situación material y jurídica de brindar protección cautelar.

De esta manera, es un requisito indispensable de toda acción de protección, por un lado, la existencia de un acto u omisión contraria a la ley o producto del mero capricho o de la voluntad de quien incurre en él y que provoque alguna de las afectaciones a las garantías constitucionales antes mencionadas.

Cuarto: Que para efectos de resolver el presente recurso de protección debe determinarse primero si la recurrida, nombre reservado, ha incurrido en un acto ilegal o arbitrario que haya podido lesionar o poner en peligro garantías constitucionales de la recurrente.

Para tales efectos deberá tenerse en consideración que la recurrente solicitó un crédito a nombre reservado con fecha 21 de marzo de 2023, señalando que prestaba servicios en el hospital parroquial y que recibía una remuneración bruta de $2.740.862. Que en el mismo documento consta la autorización al empleador para realizar descuentos mensuales de su remuneración conforme con el artículo 58 del Código del Trabajo, el artículo 91 del Estatuto Administrativo, o cualquier otra norma que sea aplicable en relación con este tipo de descuento.

Del mismo modo, que la recurrente acordó un plan de pagos a contar del 15 de mayo de 2023 de una suma mensual ascendente a $544.790, habiendo pagado las cuotas devengadas con anterioridad a la presentación de este recurso, y faltando las restantes.

Quinto. Que resulta también relevante considerar que de acuerdo con el artículo 55 de la Ley de Cooperativas cuyo texto se contiene en el Decreto con Fuerza de Ley N°5 “los descuentos a favor de cooperativas señalados en los artículos precedentes se deberán efectuar con el solo mérito de la autorización por escrito del socio de la cooperativa, la que deberá ser otorgada para cada operación, siempre que no se excedan los límites máximos allí fijados (…)”.

Que la mencionada disposición debe ser entenderse complementada con otras normas previstas en nuestro ordenamiento jurídico y que regulan el mandato otorgado por un consumidor respecto de operaciones mercantiles que ceden en beneficio de ambas partes, como sucede con el artículo 18 del Decreto N°43 que aprueba Reglamento sobre Información al Consumidor de Créditos de Consumo, de acuerdo con el cual: “Revocación de Mandatos. La revocación de un mandato cuya ejecución interesa exclusivamente al Consumidor, podrá efectuarse en cualquier momento, y producirá efectos a contar de su notificación al mandatario, sea éste el Proveedor o a un tercero, por el medio físico o tecnológico que el mandatario hubiere señalado en el mandato. La revocación de un mandato cuya ejecución interesa al Consumidor y al Proveedor o a un tercero, o a cualquiera de estos últimos exclusivamente, podrá efectuarse una vez que estén totalmente extinguidas las obligaciones a favor del Proveedor o del tercero, y producirá efectos a contar del décimo quinto día de su notificación al mandatario por el medio físico o tecnológico que este último hubiere señalado en el mandato”. Que el mismo principio se advierte en materia del mandato mercantil, como resulta del artículo 241 del Código de Comercio, de acuerdo con el que no puede revocarse unilateralmente un mandato que cede en beneficio de ambas partes o un tercero.

De acuerdo con las mencionadas disposiciones, se advierte que la sola revocación del mandato dispuesta de manera unilateral por el mandante no produce efectos en aquellos casos en los que ‒como los mencionados‒ interesa a ambas partes; de ahí que resulten inaplicables a estos efectos las reglas generales del Código Civil, debiendo entenderse así integrado el artículo 55 del Decreto con Fuerza de Ley N°5.

Del mismo modo, interesa atender a las normas de la Ley de Cooperativas que establecen los límites a los descuentos voluntarios, a saber, los artículos 54 y 54 bis. De acuerdo con la primera de ellas “increméntase hasta el 25% el límite de los descuentos voluntarios por planilla establecido en el inciso segundo del artículo 58 del Código del Trabajo cuando los descuentos adicionales sean a favor de cooperativas de las que el trabajador sea socio, siempre que la suma de los descuentos del referido inciso tercero, y de los descuentos para vivienda autorizados por el inciso primero del mismo artículo 58 del Código mencionado, no exceda del 45% de la remuneración total del trabajador”. De la misma manera, con el artículo 54 bis, según el cual: “Tratándose de funcionarios del sector público, el límite para los descuentos voluntarios por planilla establecido en el artículo 96 de la ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo, o bien el límite contemplado en el artículo 95 de la ley N°18.883, que aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, será del 25% cuando los descuentos adicionales sean a favor de cooperativas de las que el funcionario sea socio (…)”.

Sexto. Que la recurrente señala que el acto arbitrario e ilegal que habría cometido nombre reservado consistiría en los descuentos que ordenó realizar a su empleador tras la revocación del mandato que ella dispuso de manera unilateral y que comunicó a la recurrente.

Que, en los términos ya mencionados, y teniendo en cuenta los antecedentes que se han tenido a la vista así como la finalidad cautelar de esta acción que obliga a obrar sobre la base de los hechos indubitados que constan de los antecedentes ofrecidos por las partes, no se advierte actuación ilegal o arbitraria de la recurrida, en la medida en que realizó el descuento que se le reprocha de acuerdo con el contrato celebrado y en razón de la autorización expresa que en el mismo otorgó la recurrente; mandato que ‒por interesar a ambas partes‒ no pudo revocar unilateralmente.

En lo que dice relación con el monto de los descuentos efectuados, tampoco se advierte que se esté ante una conducta ilegal o arbitraria; en la medida en que la suma de $544.790 que se descontó fue precisamente la convenida entre las partes, como resulta por lo demás de aquellos descuentos realizados con anterioridad a mayo de 2024, por el mismo monto, y que la recurrente no objetó. Que, por lo demás, examinada la renta declarada al momento de solicitar el crédito, se advierte que la suma que se le descuenta a la recurrente no excede del 25% de su remuneración, que es el porcentaje máximo para estos de conformidad con las disposiciones de los artículos 54 y 54 bis de la Ley de Cooperativas, regla especial aplicable en la especie.

Séptimo. Que faltando el acto ilegal y arbitrario que se denuncia resulta improcedente el recurso de protección deducido, sin que resulte necesario ahondar sobre la concurrencia de los demás requisitos para su procedencia, todos los cuales lo presuponen.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la abogada integrante María Soledad Krause Muñoz.

N°Protección-16276-2024.

No firma la Ministra (S) señora Poza Matus, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso del permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.