nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Santiago Santiago, dieciocho de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, mediante formulario, e interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) por la calificación de su patología de origen común y no otorgar la cobertura de la Ley Nº 16.744, por medio de Resolución Exenta N° R-01-IBS-83731-2024 de 28 de mayo de 2024.

Indica que trabaja como soldador y alabañil y en septiembre del año 2023 comenzó con fuertes dolores en la cadera. Se le diagnosticó necrosis en la cadera derecha por la carga que recibe con ocasión de habérsele amputado su pierna izquierda hace treinta años.

Observa que le dieron fecha en abril del corriente para operarlo, sin embargo, tres días antes de la fecha estipulada le informan que no lo operarán. Asevera que vive actualmente con su exigua pensión de invalidez y que necesita operarse para poder volver a trabajar.

Arguye que en una primera instancia la SUSESO calificó su diagnóstico de origen laboral y, luego, por reclamo de la ACHS en contra de lo resuelto, se concluyó su origen común, dejándolo sin derecho a las prestaciones que establece la Ley Nº 16.744.

Alega que los médicos le indicaron que el diagnóstico deviene de enfermedad laboral y que requiere la operación.

Estima conculcada su garantía constitucional del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, resguardada en el artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política de la República.

Solicita se declare que los hechos relatados tienen el carácter de enfermedad laboral y se ordene acceder a las prestaciones y tratamientos médicos que correspondan con cargo al seguro de Ley Nº 16.744.

SEGUNDO: Que, a petición de esta Corte, informa la Asociación Chilena de Seguridad, por medio del abogado Patricio Castillo Barrios.

Previa referencia al marco legal que regula la materia, indica que el recurrente señor nombre reservado, quien se desempeñaba como repartidor en motocicleta, ingresó el día 16 de marzo del año 1994, como consecuencia de un accidente por colisión con un bus, resultando con una grave lesión en el pie izquierdo, y la posterior amputación de la pierna izquierda.

Señala que, en el año 1995, la Comisión Evaluadora de Incapacidades de su repartición, luego del análisis de la ficha clínica, informes médicos y de imágenes, otorgó al recurrente un 40% de pérdida de capacidad de ganancia. Lo que le otorgó el derecho al pago de una pensión de invalidez (de la cual es titular) equivalente al 35% de su sueldo base.

Refiere que, el recurrente se mantuvo usando prótesis tipo PTB, con correa Mulley y suspensión elástica. Con el tiempo el muñón fue perdiendo sus cojinetes de partes blandas, ocasionándole dolor preferentemente a distal con el uso de casquete. Luego de probar múltiples alternativas de manejo protésico, se envía a traumatología para tratamiento quirúrgico. El día 2 de junio del año 2009 se realizó mioplastía y neurectomía de muñón de pierna izquierda y regularización de muñón.

Indica que, con el transcurso de los años, se agregaron los siguientes diagnósticos: mioplastía neurectomía muñón izquierdo (junio de 2009), neurectomía pierna izquierda (septiembre de 2009), celulitis tratada (septiembre de 2009), dolor crónico moderado de muñón izquierdo y necrosis avascular cabeza femoral derecha (no laboral).

Agrega que el recurrente se mantuvo trabajando en construcción y solicitó en el año 2010 evaluación para revisión de pérdida de capacidad de ganancia, determinando que tiene un 50% de incapacidad.

Expone que, trabajando actualmente como soldador montajista, presenta diagnóstico de "Necrosis avascular cabeza femoral derecha", sin embargo, su repartición estimó que no presenta factores de riesgos para osteonecrosis de origen laboral, por lo que se califica como de origen común.

Añade que el recurrente reclamó respecto a lo resuelto ante la Superintendencia de Seguridad Social, entidad que mediante Resolución Exenta N° R-01-UME-34498-2024, de 1 de marzo del año 2024, concluyó acoger su reclamo en tanto su diagnóstico tiene relación de causalidad con el accidente en comento. Por tanto, procedía otorgar la cobertura del Seguro Social de la Ley N° 16.744.

Sostiene que, con fecha 22 de abril del año 2024, la ACHS interpuso ante la Superintendencia de Seguridad Social un recurso de reposición respecto a lo resuelto mediante la citada Resolución Exenta Nº R-01-UME-34498-2024, sustentándose en un informe médico y en documentación científica, de las cuales se concluía en la inexistencia de literatura científica que respalde la hipótesis de que la sobrecarga mecánica, producto de la amputación infracondílea de la extremidad contralateral, sea una causa de necrosis avascular de la cadera.

TERCERO: Que informa por la Superintendencia de Seguridad Social, el abogado Roberto Barraza Saavedra, quien solicita el rechazo de la acción, con costas.

En primer lugar, alega que la materia sobre la que versa la acción pertenece al campo de la Seguridad Social, y, por lo tanto, expresamente excluida por el constituyente del ámbito de la acción de protección, por lo que solicita el rechazo del recurso por improcedente.

En subsidio, y en cuanto al fondo del asunto, indica que con fecha 22 de abril de 2024, la ACHS concurrió a la Superintendencia, reclamando en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UME-34498-2024, de 01 de marzo de 2024, que calificó de origen laboral el diagnóstico de “Necrosis avascular de la cabeza femoral de la cadera derecha” del recurrente.

Al respecto, argumenta que se tuvieron a la vista los antecedentes que dicha entidad proporcionó en su sede, con los que profesionales médicos de su repartición concluyeron -esta vez en contrario- que la afección del trabajador es de origen común. Toda vez que no es posible establecer una relación de causalidad, como establece el artículo 5° de la Ley N° 16.744, entre el cuadro clínico que presenta y el evento ocurrido con fecha 16 de marzo de 1994. En efecto, no hay literatura científica que respalde la hipótesis de que la sobrecarga mecánica, producto de su amputación infracondílea de la extremidad contralateral, sea una causa de necrosis avascular de la cadera, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° R-01-IBS-83731-2024, de fecha 28 de mayo de 2024 -recurrida en el presente recurso-.

Expone el marco jurídico aplicable al caso concreto y alega la ausencia de ilegalidad por parte de la Superintendencia de Seguridad Social atendido que actuó dentro de sus competencias, sin que el recurrente señalare en forma precisa norma legal o reglamentaria vinculante o atingente que haya sido infringida, así como tampoco ha existido, en la especie, vulneración o amenaza del derecho a la vida e integridad física y psíquica, reconocido a todas las personas en el artículo 19 N° 1 de nuestra Constitución Política, como tampoco ningún otro derecho garantizado por nuestra Carta Fundamental.

Destaca que la resolución recurrida contiene detalladamente las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado, el cual deriva del estudio y ponderación de los elementos que se han señalado, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en este Organismo de Control.

CUARTO: Que informa la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, mediante el abogado Alfredo Añazco González y sostiene que la Superintendencia de Seguridad Social confirmó -por medio de la resolución recurrida en esta sede-, en último término, que el diagnóstico del usuario recurrente era de origen común, indicando que no se logró establecer relación de causalidad, entre el cuadro clínico que presenta, y el accidente que señala, ocurrido con fecha 16 de marzo de 1994.

Al respecto, señala que es incompetente para realizar un pronunciamiento, en atención a lo dispuesto en la Ley Nº 16.744.

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

SEXTO: Que, respecto a la alegación de improcedencia del recurso, éste se funda, de acuerdo a lo informado por la Superintendencia de Seguridad Social, en que la materia de autos es propia del sistema de seguridad social, garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política de la República, excluida del catálogo de derechos susceptibles de ser cautelados mediante la acción de protección, por lo que resultaría improcedente.

SÉPTIMO: Que se debe rechazar tal protesta, pues la recurrente invocó como quebrantadas las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 números 1º y 2º de la Carta Fundamental, las que sí están contempladas en el artículo 20 de la Constitución, pudiendo ampararse mediante la presente acción de protección.

OCTAVO: Que, en cuanto al fondo, en la especie se ha deducido recurso de protección por el señor nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por la dictación de la Resolución Exenta N° R-01-IBS-83731-2024 de fecha 28 de mayo de 2024, que califica como arbitraria e ilegal, por medio de la que se acogió el reclamo por calificación de origen de enfermedad, deducido por la Asociación Chilena de Seguridad, determinándose, en definitiva, que ésta tiene el carácter patología común.

Funda la arbitrariedad e ilegalidad del acto en que la Superintendencia no consideró los antecedentes médicos de su caso, vulnerando así sus derechos fundamentales de protección a su vida, su salud física y psíquica, y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.

NOVENO: Que la Superintendencia de Seguridad Social es un órgano de la Administración del Estado y, por lo mismo, está sometida a las disposiciones de la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos de los Órganos de la Administración del Estado, lo que se traduce en que la resolución que ponga fin a un procedimiento administrativo debe cumplir con las exigencias de los artículos 11 inciso 2° y 41 de la referida ley, esto es, debe contener la expresión de los hechos y fundamentos de derecho que la sustentan.

DÉCIMO: Que la referida Resolución Exenta Nº R-01-IBS-83731-2024 de fecha 28 de mayo de 2024, que se impugna a través de esta acción cautelar, determinó que la patología que evidenció el actor era de origen común, toda vez que no fue posible establecer una relación de causa directa, como lo exige el artículo 7° de la Ley N° 16.744, entre el cuadro clínico que presenta y el evento ocurrido con fecha 16 de marzo de 1994.

El fundamento de dicha resolución tuvo en consideración que no hay literatura científica que respalde la hipótesis de que la sobrecarga mecánica -debido a la amputación de la pierna de hace 30 años atrás- sea una causa de necrosis avascular de la cadera.

UNDÉCIMO: Que, de acuerdo con lo antes expuesto y razonado, aparece que la recurrida cumplió con la exigencia legal de motivación del acto, al explicitar las razones o motivos que fundaron su decisión, las que encuentran su apoyo en un procedimiento legalmente tramitado, en que se ha emitido decisión sobre la base de antecedentes comprobables, esto es, estudios que dan cuenta de una variación de circunstancias que sostienen la recalificación que se impugna, lo que se expresa en razones objetivamente comprobables que justifican las razones por las cual se rechazó la reposición interpuesta, por lo que se debe concluir que el acto administrativo impugnado se halla sustantiva y procesalmente motivado de manera suficiente.

DUODÉCIMO: Que, por lo demás, la señalada resolución exenta no sólo ha explicado los razonamientos fácticos que le permitieron arribar a la conclusión que llega, sino que, además, expone las normas jurídicas que le permitieron actuar en la forma que lo hizo, por lo que el acto administrativo se encuentra en total concordancia con lo prescrito por los artículos 11 inciso 2° y 41 de la Ley de Bases de la Administración de los Procedimientos Administrativos de los Órganos de la Administración del Estado.

DÉCIMO TERCERO: Que, en tal sentido, estos jueces no constatan la arbitrariedad o ilegalidad alegada, por lo que no concurren los presupuestos que permitan acoger el presente arbitrio, haciendo innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales supuestamente vulneradas.

DÉCIMO CUARTO: Que, a mayor abundamiento, como se ha dicho reiteradamente, el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, en que lo que pretende el actor es que se establezca a su favor un derecho a la seguridad social, al amparo de la Ley 16.744, de manera que la tutela requerida, no puede satisfacerse por esta vía, ni del modo en que se pide, ya que atendida la controversia existente sobre el hecho que genera el conflicto que ha dado pábulo a esta acción constitucional -origen común o laboral de la incapacidad auditiva del actor-, resulta evidente que el derecho reclamado es dubitado, situación que en cualquier caso debe ser determinada en un procedimiento legal de lato conocimiento, que no puede ser sustituido por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización.

DECIMO QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior, teniendo en consideración que dicha materia es de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo, según lo dispuesto en el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo, esto es, “las reclamaciones que procedan contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas en materias laborales, previsionales o de seguridad social”.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Se previene que el ministro señor Mera concurre el rechazo de la acción constitucional intentada en autos, teniendo además presente para ello que la pretensión principal de la misma dice relación con el derecho a la seguridad social, garantía fundamental que no se encuentra protegida por la acción de protección, por lo que la denuncia de otros derechos fundamentales de manera accesoria por parte del actor carece de relevancia para la decisión del asunto controvertido.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-16250-2024.

En Santiago, dieciocho de noviembre de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.