nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, nueve de julio de dos mil veinticinco.

Proveyendo al escrito folio 24: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de nombre reservado, por haber realizado una campaña de difamación en redes sociales que contiene información falsa, en donde se le imputa la eventual comisión de delitos de robo y estafa, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que constituyen actos ilegales que afectan gravemente los derechos y bienestar de la recurrente, vulnerando con ello los derechos fundamentales a la vida y la integridad física y psíquica, al respeto y protección de la vida privada y a la honra de las personas, y a la protección de la propiedad, incluyendo los ingresos y el prestigio comercial, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se declare la ilegalidad y arbitrariedad de las acciones de la recurrida y se ordene el cese inmediato de las mismas.

Sostiene la recurrente que un socio de ella realizó un trabajo de construcción de un cobertizo metálico y otras obras menores en el domicilio de la recurrida, proyecto que tuvo un valor aproximado de tres millones de pesos, pero que desde el inicio del proyecto, la recurrida fue depositando paulatinamente en la cuenta corriente de la recurrente a medida que avanzaban las obras.

Sin embargo, para emitir una factura, debía pagar el IVA correspondiente, lo que la recurrida se negó rotundamente a hacer, argumentando que no podía demostrar gastos debido a causas legales en curso. No obstante que los trabajos fueron entregados conforme a lo acordado, la recurrida presentó una denuncia ante el Servicio de Impuestos Internos, además de generar una injustificada multa de más de ocho millones de pesos contra la pequeña empresa de la recurrente, causando un grave perjuicio económico.

Adicionalmente, la recurrida ha desarrollado una persistente campaña de difamación en redes sociales, donde ha realizado acusaciones falsas, calificándolos de "ladrones" y "estafadores", además de publicar improperios, información personal y fotografías familiares.

Estas publicaciones han sido difundidas en grupos de redes sociales en casi todas las comunas de Santiago, especialmente en los colegios donde la recurrente trabaja, afectando directamente la reputación de su pequeña empresa de confección de ropa y provocando un daño económico considerable.

Asimismo, la recurrida acusa falsamente al socio de la recurrente de comportarse inapropiadamente con sus amigas y trabajadoras durante la realización de los trabajos, afirmando que estas debían esconderse para evitar el supuesto acoso, calificándolo de "acosador" y argumentando que debido a su "fuerte temperamento" ella misma no habría sido acosada. Tales afirmaciones carecen de toda base y son absolutamente falsas, pero han generado un daño irreparable a la honra y buen nombre de ambos.

Argumenta, que estos hechos configuran una clara vulneración de sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución, específicamente el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas al afectar su estabilidad emocional y capacidad de trabajar; el derecho al respeto y protección de la vida privada y a la honra de las personas al propagar acusaciones falsas que dañan su reputación; y el derecho a la protección de la propiedad, incluyendo los ingresos y el prestigio comercial de su empresa.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que las acciones de la recurrida son ilegales y arbitrarias, ordenando su inmediato cese; se ordene la eliminación inmediata de las publicaciones realizadas en redes sociales que contienen información falsa, acusaciones de acoso, improperios, datos personales, fotografías familiares y cualquier contenido difamatorio; se prohíba a la recurrida realizar nuevas publicaciones que afecten la honra, privacidad y actividades comerciales de la recurrente; se adopten las medidas necesarias para que los datos personales no sigan siendo utilizados de manera indebida; y se reconozca el daño económico y emocional ocasionado, exhortando a la recurrida a cesar cualquier acción que siga perjudicándolos.

SEGUNDO: Que la recurrida, por intermedio de sus abogados patrocinantes, evacuó oportunamente el informe requerido por esta Ilustrísima Corte, exponiendo fundamentos de hecho y de derecho para solicitar el rechazo del recurso de protección interpuesto en su contra.

En primer lugar, reconoce que los recurrentes le realizaron labores de construcción consistentes en reparaciones, arreglo de pintura y otras obras solicitadas, servicios que fueron pactados por la suma mencionada en el recurso, precio que fue enterado en cuotas.

Sin embargo, controvierte categóricamente la conformidad de los trabajos realizados, argumentando que la empresa a cargo de las reparaciones dejó en mal estado varias locaciones del inmueble, específicamente que varias puertas quedaron en descuadre, lo que obligó a la recurrida a contratar otros servicios profesionales, generándole un doble gasto y debiendo rehacer sectores de su casa.

Respecto a la denuncia efectuada ante el Servicio de Impuestos Internos, la recurrida sostiene que esta nace debido a que los recurrentes fueron quienes se negaron a emitir facturas, considerando que las reparaciones nacían de una voluntad personal de la recurrida y no de la empresa que posee. Alega que los recurrentes querían emitir una boleta hacia la empresa de la recurrida (BabyMania SpA), pero que ella jamás se negó a la emisión de boleta tributaria hacia ella como persona natural.

En relación a las alegaciones de difamación, la recurrida argumenta que ha bajado toda información que pueda circular en redes sociales sobre los recurrentes. Además, señala que varias personas en dichas publicaciones comentaron la falta profesional que tiene la empresa de los recurrentes, en donde se evidenció que otras personas también habrían sido víctimas del actuar de los recurrentes.

Argumenta, que las publicaciones y capturas son suficientes para tener por acreditada la existencia de un daño en los recurrentes, puesto que la jurisprudencia habría señalado que dicho daño debe probarlo el actor, y en los hechos y en el recurso solo fue enunciado, sin ninguna prueba o documento que asevere su imputación.

Invoca, el artículo 19 N°12 de la Constitución Política que asegura a todas las personas "La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio", junto con lo dispuesto por la Ley N°19.733, sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, como normas que protegen las manifestaciones de la recurrida, en cuanto no constituyan figuras delictivas o sean abusivas en los términos que precise la ley.

Concluye que, al no estar prohibido su actuar, no se estaría infringiendo ninguna garantía constitucional y legal, sino que más bien se está en el justo derecho a emitir opinión, basándose en el comportamiento profesional de la empresa.

Por estas razones, solicita sea rechazado en todas sus partes la presente acción constitucional, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, asimismo, conforme es unánimemente aceptado, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Asimismo, se ha sostenido que es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

QUINTO: Que, debe destacarse que como ya se dijo, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

SEXTO: Que, asimismo, tratándose del cada vez más común tema de las publicaciones injuriosas -vulgarmente conocidas como “funas”- a través de lo que ahora se ha venido en denominar “redes sociales”, se ha dicho por los tribunales superiores de justicia que se produce una colisión entre el derecho a la honra del que recurre y la libertad de expresión del recurrido, concluyéndose que la libertad de expresión no tiene un carácter absoluto y que nunca este derecho puede amparar la injuria o el insulto.

SÉPTIMO: Que, el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política garantiza “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”, por lo que no cabe duda de que nuestro ordenamiento jurídico protege la vida privada de las personas y su honra”.

Sobre el particular conviene tener presente que dentro del derecho a la honra se encuentra consagrado también el derecho al buen nombre, consistente en el concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y profesionales, derecho personalísimo que puede verse afectado cuando se publican en una red social afirmaciones deshonrosas a su respecto, que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa.

OCTAVO: Que, aunque la libertad de expresión ha sido fundamental en el imaginario de la comunicación en el ciber espacio, la experiencia ha demostrado que en los entornos de comunicación virtual ella puede entrar en conflicto con otras libertades individuales, por ejemplo el derecho al buen nombre, cuando este es vulnerado con una afirmación deshonrosa publicada en un grupo, frente a la cual la persona tiene limitadas posibilidades de exigir y lograr una pronta corrección.

NOVENO: Que, sin embargo, conforme lo informado por la recurrida y no cuestionado por la recurrente, las publicaciones motivantes de la acción ya fueron eliminadas en su totalidad, por lo que resulta ser un hecho cierto que el antecedente fundante del recurso no existe en la actualidad, situación que impide absolutamente a esta Corte vislumbrar alguna vulneración actual de algún derecho constitucional que se acusó transgredido, ni tampoco medida que, a estas alturas, se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en favor suyo.

DECIMO: Que, atendido lo anterior y teniendo siempre en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección, sin perjuicio de la eventual judicialización del asunto propuesto en la sede pertinente, el presente arbitrio ha perdido oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo y que hace innecesario e impertinente cualquier mayor análisis en relación a las alegaciones vertidas por los intervinientes.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, SE DECIDE QUE:

Se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de nombre reservado, por haber perdido oportunidad.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-1625-2025.