nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que a folio 1 comparece don nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, ciudadana dominicana, quien deduce acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones y del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, por haber incurrido en una omisión al no pronunciarse sobre la solicitud de nacionalización efectuada por la recurrente el 13 de junio de 2022.

Señala que dicha actuación es ilegal y arbitraria, ya que han transcurrido más de 23 meses desde la solicitud original sin obtener respuesta, vulnerando con ello el derecho fundamental a la igualdad ante la ley que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 N°2, por lo que solicita se ordene a la recurrida pronunciarse y otorgar inmediatamente la nacionalización.

Expone que solicitó en tiempo y forma su nacionalización, cumpliendo con todos los requisitos para ello. Sin embargo, pese al extenso tiempo transcurrido, aún no obtiene respuesta, lo que le ha ocasionado severos perjuicios, además de una sensación de inseguridad, desigualdad e injusticia. Destaca que no concurre caso fortuito o fuerza mayor que exonere a la autoridad recurrida de cumplir con las reglas del procedimiento administrativo.

Señala que al no existir plazo en la Ley N°21.325 para resolver solicitudes migratorias, debe aplicarse supletoriamente la Ley N°19.880, cuyos artículos 4, 7, 8 y 14 consagran los principios de celeridad, economía procedimental, conclusivo e inexcusabilidad. Añade que según el artículo 24 de dicha ley, las decisiones definitivas deben expedirse dentro de 20 días, y conforme al artículo 27, ningún procedimiento administrativo puede exceder 6 meses.

Argumenta que la omisión de la recurrida constituye una infracción al artículo 19 N°2 de la Constitución, al situar a la recurrente en una posición de desigualdad jurídica respecto de otros administrados, citando jurisprudencia de la Corte Suprema que ha acogido recursos similares. Agrega que la dilación sistemática no constituye justificación, pues implicaría aceptar la creación de un grupo de personas con derechos inferiores.

Solicita en definitiva que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que la recurrida ha incurrido en una omisión ilegal y arbitraria; se ordene pronunciarse y concluir inmediatamente la solicitud de nacionalización, otorgándola y proveyendo todos los certificados y estampados correspondientes hasta la obtención de la cédula de identidad; y se condene en costas a la recurrida.

Segundo: Que a folio 4 comparecen don nombre reservado y doña nombre reservado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, quienes informan solicitando el rechazo del recurso de protección por no configurarse los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, argumentando la inexistencia de acto u omisión arbitrario o ilegal que vulnere las garantías constitucionales del artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Exponen que la recurrente, de nacionalidad dominicana, ingresó a Chile el 13 de agosto de 2009, obteniendo posteriormente permiso de permanencia definitiva mediante Resolución Exenta N°39814 de 19 de abril de 2012, beneficio que se encuentra vigente. Con fecha 13 de junio de 2022, la recurrente solicitó carta de nacionalización mediante ID N°48388060, siendo requerida mediante comunicación electrónica del 7 de septiembre de 2022 para acompañar certificado del Servicio de Impuestos Internos. Posteriormente, el 14 de diciembre de 2022 se le informó que su solicitud avanzaba a la siguiente etapa de análisis.

Sostiene que la carta de nacionalización constituye una concesión constitucional otorgada por gracia del Estado, previa satisfacción de los requisitos legales. Argumenta que conforme al artículo 157 N°8 de la Ley N°21.325, su competencia se limita a la tramitación de la solicitud, correspondiendo la resolución final al Presidente de la República mediante decreto refrendado por el Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Argumenta que el plazo del artículo 27 de la Ley 19.880 no es fatal, pudiendo extenderse por caso fortuito o fuerza mayor, citando el aumento exponencial de flujos migratorios como circunstancia que ha significado un retraso considerable e irresistible.

En cuanto a la vía jurisdiccional, la recurrida sostiene que el otorgamiento judicial de la carta de nacionalización vulneraría el principio de juridicidad establecido en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política, así como el artículo 4° del Código Orgánico de Tribunales, al constituir una atribución privativa del Presidente de la República.

Cita jurisprudencia de Tribunales Superiores de Justicia, que han establecido la naturaleza no fatal del plazo del artículo 27 de la Ley 19.880 y la inexistencia de vulneración de garantías cuando el solicitante mantiene residencia regular.

Solicita en definitiva el rechazo del recurso de protección y de la condena en costas.

Tercero: Que a folio 5 ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción en la cual se inició la tramitación de estos autos, comparece don nombre reservado, en representación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien solicita el rechazo del recurso.

Expone que conforme a la normativa vigente, específicamente el artículo 157 N°8 de la Ley N°21.325, es el Servicio Nacional de Migraciones el organismo encargado de tramitar las solicitudes de carta de nacionalización, para luego remitirlas al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para su resolución. Agrega que dicho procedimiento se encuentra regulado por el Decreto Supremo N°5.142 de 1960.

Señala que la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización de la recurrente se encuentra actualmente en tramitación ante el Servicio Nacional de Migraciones, siendo esta una etapa previa a la remisión de los antecedentes al Ministerio del Interior.

Sostiene que la acción de protección es de naturaleza cautelar, autónoma, excepcional y de urgencia, por lo que su ámbito de aplicación se limita a actos u omisiones cuya arbitrariedad o ilegalidad exige medidas de emergencia, lo que no se verifica en la especie, toda vez que la recurrente no invoca acción u omisión alguna que importe una afectación a sus garantías constitucionales.

Añade que la pendencia de la solicitud de nacionalización no conlleva perjuicio alguno al estatus migratorio de la recurrente, quien debe contar con un permiso de permanencia definitiva vigente.

Finalmente, argumenta que la mera demora en la tramitación no constituye vulneración de derechos constitucionales, según lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en reiterada jurisprudencia, no siendo procedente utilizar acciones constitucionales para acelerar trámites administrativos.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Que en cuanto al fondo del asunto, cabe destacar que lo impugnado por el recurrente corresponde a la falta de pronunciamiento u omisión en la tramitación de la solicitud de nacionalización, presentada el día 13 de junio de 2022 según informó el servicio recurrido, sin que a la fecha se haya emitido alguna decisión a su respecto.

Sexto: Que conforme a los antecedentes que obran en esta causa, es un hecho pacífico que no ha existido un pronunciamiento por parte del Servicio Nacional de Migraciones, la que sólo se ha limitado a reiterar en su informe que el requerimiento se encuentra en etapa de “Análisis 2”, vale decir, pendiente. Este hecho es del todo esencial, si se tiene en vista que conforme señaló la recurrida Ministerio del Interior, el informe de la primera, es necesario, para que la solicitud eventualmente avance hacia el pronunciamiento definitivo que debe emitir la segunda.

Así, constituyendo con esa sola omisión un acto ilegal y arbitrario por parte del Servicio recurrido, que afecta la garantía del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, conforme a la normal substanciación de este tipo de procedimientos administrativos.

En efecto es ilegal, porque vulnera lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, que dispone que “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final.”; y en los hechos la petición de residencia definitiva, lleva más de dos años sin obtener una respuesta concreta a la solicitud, conforme a un acto terminal, transgrediendo con creces el plazo que tiene la Administración para resolver los procedimientos administrativos y vulnerando además el principio de celeridad que la ley citada le impone en sus actuaciones.

Séptimo: Que en atención a lo razonado, esta Corte de Apelaciones acogerá la acción de protección, adoptando las medidas de rigor para restablecer los derechos de la recurrente y en especial, para disponer el pronunciamiento sobre la solicitud de nacionalización que fue presentada y, continuar con la tramitación de la misma como en derecho corresponda.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso deducido en favor de doña nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto se ordena a este último se pronuncie sobre la solicitud de nacionalización de la recurrente en un plazo de 60 días de ejecutoriada la presente acción, a fin de dar curso progresivo a la tramitación como en derecho corresponda.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-16.246-2024.