Protección contra CARABINEROS DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, cinco de julio de dos mil veintitrés.

A los folios 26 y 27, téngase presente.

A folio 28, a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que, comparece don nombre reservado, estudiante, y deduce recurso de protección en contra de la CARABINEROS DE CHILE, la POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, el MINISTERIO PÚBLICO y el PODER JUDICIAL, por haber incurrido en la acción ilegal y arbitraria consistente en mantener registros de antecedentes penales del recurrente, en particular por un delito de homicidio. Alega que con esto se vulnera las garantías fundamentales consagradas en los numerales 1, 3, 4, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que durante el mes de diciembre de 2022 fue controlado por funcionarios de Carabineros, en al menos tres ocasiones, por controles de tránsito y que al verificar los datos de su cédula de identidad le indican que posee antecedentes por homicidio, y enseguida comienzan a darle un trato improcedente, con preguntas inadecuadas. Precisa que lo mismo ocurriría en cada control del que es objeto, sea por Carabineros o por la Policía de Investigaciones.

Alega que jamás ha sido imputado ni condenado por una causa de homicidio, y que la existencia de tales antecedentes afecta gravemente su honra ante su familia y amistades, y en general cualquier tercero que toma conocimiento de la situación.

Manifiesta que, el 22 de diciembre de 2022 postuló a un cargo de supervisor de seguridad en una empresa de vigilancia, logrando ser contratado, hasta que, a las quince horas de su primer día de trabajo, el jefe de operaciones lo citó a su oficina y le comunicó que no podía seguir cumpliendo funciones en la empresa por tener antecedentes por homicidio, información que habría obtenido del sistema de consulta de causas del Poder Judicial.

Asevera que esto le ha dificultado encontrar trabajo para colaborar con el sustento de su familia, y a pesar de haber terminado sus estudios, no logra encontrar un empleo por culpa de antecedentes penales que no son reales.

También indica que ha perdido credibilidad frente a su familia, generando una crisis en su matrimonio, por cuanto según indicó no puede acceder a trabajo, a prestaciones de salud, por lo que ve afectada su honra y la de su familia y es objeto de discriminación y menoscabo por el repudio social que significa tener este tipo de antecedentes.

Afirma que con esto se vulneran las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1, 3, 4, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita, en concreto, se ordene a las recurridas o a quien corresponda que los registros que se mantienen en relación a una supuesta causa por homicidio sean eliminados de manera permanente, y cualquier otro registro en su contra.

Acompaña a su recurso certificado de antecedentes penales para fines especiales, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, el que respecto de registro general de condenas indica que no tiene antecedentes, así como tampoco por actos de violencia intrafamiliar.

También acompaña una captura de pantalla del apartado “mis causas”, de la plataforma de la Defensoría Penal Pública, en que se muestra el registro de una causa por homicidio del artículo 391 N° 2 del Código Penal, RIT 13328-2007, del 9° Juzgado de Garantía de Santiago, pero en que no se especifica quien es el imputado.

Segundo: Informando, don nombre reservado, abogado, Fiscal Nacional del Ministerio Público, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Alega en primer lugar que, el recurrente no especifica un acto u omisión arbitrario o ilegal ni época de su ocurrencia. Como segunda cuestión, plantea que en el presente caso no existe un derecho indubitado a favor del recurrente, pues la sola mantención de datos personales en el sistema SAF no se puede considerar un acto ilegal o arbitrario.

Por otra parte, indica que el Ministerio Público no es responsable de la publicación que el recurrente acompaña, pues se trataría de una que emana del Poder Judicial a la que accedió un privado de una empresa privada o de una captura de pantalla obtenida de un sistema de la Defensoría Penal Pública. En consecuencia, refiere que nada puede hacer el Ministerio Público frente al presente caso.

Expone largamente sobre la existencia de normas legales que permiten al Ministerio Público mantener registros en el Sistema de Apoyo a Fiscales, citando para ello la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, la Ley de Agenda Corta Antidelincuencia y la Ley N° 19.628. Luego, cita jurisprudencia de Tribunales Superiores de Justicia que reconocen la legalidad de la información que el Ministerio Público recoge y mantiene en relación a las investigaciones penales.

Tercero: Que, informando, la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile, indica que en las bases datos institucionales que usa el personal operativo para consultar antecedentes de las personas controladas, no se registran antecedentes que asocien al Sr. nombre reservado con un delito de homicidio. Refiere que, dado que el recurso de protección no señala una fecha concreta de ocurrencia de los hechos, desconoce el procedimiento policial al que alude el recurrente, porque según los registros de Carabineros, el último control del que fue objeto ocurrió el 23 de noviembre de 2020 y no en el mes de diciembre de 2022.

También indica que no es posible para ex funcionarios de Carabineros acceder a los sistemas informáticos para consultar datos de ningún tipo y que el mismo actor manifiesta que la información se obtuvo de la página del Poder Judicial, lo que fue corroborado por Carabineros, siendo efectivo que el recurrente está vinculado a una causa por homicidio del 9° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 13328-2007.

Expresa que en los registros de Carabineros sólo constan 16 ingresos del recurrente en el Sistema de Automatización de Unidades Operativas desde el año 2009 hasta abril de 2023, y ninguno de ellos es por delito de homicidio.

También alude que existen registros del Departamento de Seguridad Privada (O.S. 10) que dan cuenta que el recurrente reprobó el curso de formación para guardias de seguridad privada, por inasistencia, lo que descarta que producto de acciones de Carabineros de Chile se hubiera visto afectado en sus derechos fundamentales.

Cuarto: Informando, Omar Alonso Castro Torres, abogado, en representación de la Dirección General de la Policía de Investigaciones, menciona que la Policía de Investigaciones no ha tenido participación en los hechos mencionados en el recurso, ni tampoco registra órdenes de detención, arresto o arraigo vigentes.

Quinto: Recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección. Sexto: No existe controversia entre las partes que el acto recurrido corresponde a mantener por parte de las autoridades recurridas registros de antecedentes penales del recurrente, en particular por un delito de homicidio.

Séptimo: Del mérito de los antecedentes agregados en esta causa y en especial lo informado por las partes, resultan ser hechos no controvertidos que: 1. Según los registros de Carabineros el último control del que fue objeto el recurrente ocurrió el 23 de noviembre de 2020 y no en el mes de diciembre de 2022. 2. De acuerdo a la revisión del sistema del Poder Judicial, el actor está vinculado a una causa por homicidio frustrado seguida ante el 9° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT N° 13328-2007, respecto de la cual en el año 2012 se aprobó la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento por un año, dictándose al vencer el plazo, el correspondiente sobreseimiento definitivo. 3. Asimismo, obran en los registros de Carabineros, 16 ingresos del recurrente en el Sistema de Automatización de Unidades Operativas desde el año 2009 hasta abril de 2023 y ninguno de ellos es por delito de homicidio. 4. De acuerdo a los registros del Departamento de Seguridad Privada (O.S. 10) se da cuenta que el recurrente reprobó el curso de formación para guardias de seguridad privada, por inasistencia.

Octavo: Que, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, no se evidencia un actuar ilegal de parte de personal de Carabineros de Chile, por cuanto incluso no se ha acreditado que se hubieren realizado controles policiales en el año 2022 -al tenor de lo denunciado por el recurrente-, de manera que en relación a este acápite resulta controvertido lo denunciado por el actor, aunado a que además le asiste en el evento de que aquél se materializare, la interposición de recurso de amparo ante el Juez de Garantía -en los términos del artículo 95 del Código Procesal Penal-, entre otros derechos.

Noveno: Que, por su parte, en relación al Ministerio Público es dable señalar que aquél no es responsable de la publicación que el recurrente acompaña, pues se trataría de una que emana del Poder Judicial a la que accedió un privado de una empresa privada o de una captura de pantalla obtenida de un sistema de la Defensoría Penal Pública. Asimismo, debe tenerse en consideración que al ente persecutor le corresponde mantener registros en el Sistema de Apoyo a Fiscales, citando para ello la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, la Ley de Agenda Corta Antidelincuencia y la Ley N° 19.628, por lo que no se advierte ilegalidad o arbitrariedad de parte de la signada autoridad.

Sobre la información contenida en el SAF, es necesario tener presente lo dispuesto en la Ley N° 19.628 sobre Protección a la Vida Privada, que contempla el tratamiento de datos personales señalando al respecto en el artículo 2°: “Para los efectos de esta ley se entenderá por: "letra f) Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificares." Asimismo, en su artículo 20° dispone: "El tratamiento de datos personales por parte de un organismo público sólo podrá efectuarse respecto de las materias de su competencia y con sujeción a las reglas precedentes. En estas condiciones, no necesitará titular." De esta forma, dada la naturaleza, funciones y facultades del Ministerio Público, concebido según se indica en el artículo 1 de su Ley Orgánica es un organismo autónomo y jerarquizado, cuya función es dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercer la acción penal pública en la forma prevista por la ley, no puede haber duda que los antecedentes y diligencias, recabados en las investigaciones penales, cuya información es relevante para el inicio, desarrollo y demás decisiones que son adoptadas por el ente persecutor, son materias de competencia del Ministerio Público, incluyendo las contenidas en el SAF.

En efecto, existe disposición legal expresa, que autoriza al Ministerio Público a hacer tratamiento de datos personales e impone bajo esta misma lógica, en miras a la aplicación del principio de inocencia, un sistema que permite como su nombre lo indica, "apoyar" la labor de los fiscales a través de un sistema plenamente ajustado a derecho. En este sentido, el SAF no constituye referente alguno para los Tribunales de Justicia, Registro Civil u otro organismo público, por cuanto dicha información administrativa tiene como fin su administración interna no pública, en contexto de investigaciones específicas, a la que sólo tienen acceso funcionarios públicos para el cumplimiento de las funciones propias de su cargo. Dado lo anterior, el hecho que el recurrente tenga registrada una investigación asociada, como se consigna en dicho sistema informático interno del Ministerio Público, en cuanto tuvo la calidad de imputado en una investigación penal señalada previamente, concluida mediante salida alternativa prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal, consistente en la suspensión condicional del procedimiento, que no corresponde a una condena y cumplidas las condiciones acordadas tiene lugar el sobreseimiento definitivo, no constituye vulneración alguna de las garantías constitucionales que citadas en su recurso, menos aún si por imperativo legal en los términos del artículo 246 del Código Procesal Penal se debe llevar registro de ello.

En consecuencia, ante la existencia de disposiciones legales expresas, que autorizan al Ministerio Público a efectuar tratamiento de datos personales, en contexto de investigaciones en materias que son de su competencia, dicho registro y proceder del ente persecutor, se encuentra plenamente ajustado a derecho; a mayor abundamiento, el artículo 21 de la misma ley prohíbe la comunicación de datos sobre sanciones o condenas, pero en ningún caso ordena su eliminación. Sin perjuicio de quedar legalmente validada la existencia del Sistema de Apoyo a los Fiscales (SAF), con las normas citadas precedentemente, es necesario agregar otras disposiciones que hacen imperativo para el Ministerio Público la operación del SAF, a saber el artículo 37 de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que crea el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, que define sus funciones de la siguiente manera: "a) Generar información mediante el análisis estratégico de los datos agregados provenientes de delitos contra la propiedad y, en general, de aquellos de mayor connotación social, calificados por el Fiscal Nacional, ya sea que su investigación se encuentre vigente o terminada. b) Efectuar reportes de la información analizada sobre criminalidad regional, identificación de patrones comunes en ciertos tipos de delitos, reconocimiento de imputados y cualquier otro que se requiera en relación con un tipo de criminalidad específica. c) Formular orientaciones y diseñar procedimientos estándares de gestión eficiente de la información que permitan el logro de los resultados propuestos por el Ministerio Público".

En este orden de ideas, se destaca que las obligaciones impuestas por la ley hacen referencia a la gestión de la información y análisis de datos agregados, recogidos o acumulados en las investigaciones vigentes o terminadas, por lo que no sólo se autoriza al Ministerio Público a mantener registro de sus investigaciones, sino que le impone la obligación de hacerlo y efectuar análisis a partir de ella. Dicho de otro modo, ordena mantener una base de datos y hacer tratamiento de la información ahí reunida. A lo anterior, debe agregarse lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N° 20.391 -Ley de Agenda Corta Antidelincuencia-, publicada el 05 de julio de 2016, que ordena crear un sistema compartido de información entre las instituciones vinculadas a la persecución penal, y a intercambiar, de conformidad con el artículo 20 de la Ley N° 19.628, los datos personales de imputados y condenados. De acuerdo con lo señalado, con fecha 7 de octubre de 2019, se publicó en el Diario Oficial el Decreto N° 899 de 1 de octubre de 2018 del Ministerio del Interior, que Aprueba reglamento para el funcionamiento del banco unificado de datos del artículo 11 de la Ley N° 20.931; que viene a precisar la mantención y uso de los registros de las investigaciones que realiza el Ministerio Público y de incorporarlas al Banco Unificado de Datos. Es así como el artículo 15 de la misma Ley N° 20.391 complementa lo expuesto. Así, también esta obligación de procesamiento y entrega de información y estadísticas construidas a partir de los registros del Sistema de Apoyo a los Fiscales (SAF) impuesta al Ministerio Público, sirven de fundamento a la ley de presupuestos y recursos que serán asignados. La legalidad de la información que el Ministerio Público recoge y mantiene en relación con las investigaciones penales que debe realizar, son legítimas.

Décimo: Por último, corresponde consignar que La ley N° 19.628 en su artículo 12, reconoce el derecho de los titulares de los datos para exigir que se modifiquen cuando sean erróneos, inexactos, equívocos o incompletos o para pedir que se eliminen cuando su almacenamiento carezca de fundamento legal o cuando estuvieren caducos.

Sin perjuicio de lo anterior, no se ha controvertido de parte del actor que registró la signada causa penal, en la que se arribó a una suspensión condicional del procedimiento, la que fue sobreseída posteriormente por haber cumplido las condiciones establecidas en la salida alternativa y haber transcurrido el plazo de la misma; difícilmente podrían calificarse de erróneos, inexactos, equívocos o incompletos. Conforme lo anterior el artículo 246 del Código Procesal Penal obliga a llevar un registro de las suspensiones condicionales como es el caso de autos: "Registro. El ministerio público llevará un registro en el cual dejará constancia de los casos en que se decretare la suspensión condicional del procedimiento o se aprobare un acuerdo reparatorio. El registro tendrá por objeto verificar que el imputado cumpla las condiciones que el juez impusiere al disponer la suspensión condicional del procedimiento, o reúna los requisitos necesarios para acogerse, en su caso, a una nueva suspensión condicional o acuerdo reparatorio. El registro será reservado, sin perjuicio del derecho de la víctima de conocerla información relativa al imputado".

Por su parte, el SAF no es un registro de acceso público, su acceso a la información está limitado precisamente a los usuarios del mismo, es decir, el Ministerio Público, y a las entidades públicas vinculadas a la persecución penal, las que, conforme el artículo 20 de la ley 19.628, están facultadas para tratarlos en las materias de su competencia. Sólo podrán conocer la información personal de un imputado, el propio titular y los demás intervinientes de la investigación penal en donde éste aparezca involucrado, con el deber de secreto respecto de ella, establecido en el artículo 182 del Código Procesal Penal. Deber que también es sancionado en los reglamentos de personal del Ministerio Público.

Undécimo: En consecuencia, la existencia de los registros o respaldos en análisis, en nada perturban o amenazan el derecho del recurrente, por cuanto se trata de registros reservados y que no son, y no pueden ser consultados o usados para otros fines distintos a los que se ha señalado.

Duodécimo: Que la acción de protección ha sido instituida por el constituyente como un arbitrio procesal destinado a poner rápido remedio a la conculcación o vulneración de garantías y derechos fundamentales indubitados expresamente señalados en el artículo 20 de la Carta Fundamental, en cuanto ellos hayan sido afectados por una actuación ilegal o arbitraria por parte de las autoridades o los particulares.

En efecto, de acuerdo a los antecedentes incorporados en el proceso, el recurso de protección no es la vía idónea para resolver el conflicto habido entre las partes, por cuanto el recurrente pretende que esta Corte declare la existencia de un derecho, lo que no es posible por este medio, ya que no encontrándose indubitados los alegados por el recurrente, es del parecer que éstos deben ser discutidos en el procedimiento que corresponda, por lo que la presente materia excede el fin y objetivo cautelar de la acción de protección, cuyo propósito - como ya se ha dicho- es que se tomen medidas y providencias destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que conculquen derechos fundamentales enunciados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Décimo tercero: En consecuencia, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad alguna -denunciada o verificable- de parte de las autoridades recurridas.

Décimo cuarto: Que igual razonamiento se contiene en sentencia de la Corte Suprema en causa Rol N° 51809-2023, de fecha 25 de mayo de 2023.

Décimo quinto: Que, en tales condiciones, el recurso de protección no puede prosperar y debe ser desestimado.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado en contra de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Regístrese y archívese, si no se apelare.

N°Protección-162343-2022.

Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por el Ministro señora Verónica Cecilia Sabaj Escudero, el Fiscal Judicial señora nombre reservado y el Abogado Integrante señor Rodrigo Asenjo Zegers.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, cinco de julio de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.