nombre reservado con AFP MODELO

C.A. de Santiago Santiago, once de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente Primero: Que comparece nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra de AFP MODELO S.A., por el rechazo a la solicitud de retiro de fondos para extranjero realizada por la recurrente.

Señala que nombre reservado, venezolana y Técnico Superior en Gerencia Pública, cuenta con residencia definitiva en Chile y ha prestado servicios profesionales con los correspondientes descuentos por cotizaciones previsionales de AFP, Salud y Cesantía. La recurrente presentó una solicitud N° 2631508 ante la Administradora de Fondos Modelo S.A., conforme a la Ley N° 18.156, para el retiro y/o devolución de sus fondos previsionales, ya que se encuentra afiliada a un sistema de seguridad social en su país de origen. A su solicitud adjuntó todos los documentos requeridos por ley, incluyendo contratos de trabajo y anexos que acreditan la exención de cotizaciones, título profesional apostillado y verificable, cédula de identidad vigente para extranjeros, y constancia de afiliación al sistema de seguro social venezolano. El 17 de mayo de 2025, la recurrida informó que el trámite estaba pendiente por ingreso debido a documentos faltantes, dando un plazo de 4 días hábiles para adjuntarlos, pese a que todos los documentos requeridos por la Ley N° 18.156 habían sido ingresados. Finalmente, el 25 de mayo de 2025, la recurrida comunicó que la documentación enviada "no está legalizada ante el ministerio de relaciones exteriores ni apostillada". Expresa la recurrente que este documento es imposible de obtener debido a la suspensión de trámites consulares entre Chile y Venezuela por razones políticas y administrativas, hecho público y notorio tras los acontecimientos posteriores a las elecciones presidenciales en Venezuela del 28 de julio de 2024.

Tras recibir el primer correo sobre documentos faltantes, la recurrente ingresó un reclamo a la Superintendencia, la cual reiteró la misma exigencia y se negó a pronunciarse sobre la imposibilidad material de apostillar. Esto no permite el ingreso de la solicitud del recurrente, a pesar de que la afiliación a la seguridad social venezolana es plenamente verificable electrónicamente en el portal oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) mediante un código alfanumérico incluido en la constancia de cotizaciones presentada.

Afirma que la imposibilidad de cumplir con la formalidad exigida configura un caso fortuito o fuerza mayor, según el artículo 45 del Código Civil Chileno, que reconoce como tal el imprevisto a que no es posible resistir, como actos de autoridad o circunstancias excepcionales.

Asevera que la constancia electrónica de afiliación emitida por el IVSS es un documento oficial, vigente y verificable en línea, y su validez no puede ser desconocida ni negada por la AFP, que ha incurrido en una interpretación excesivamente formalista y restrictiva de la Ley N° 18.156. La constancia puede ser verificada en línea en el portal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) ingresando la cédula de identidad venezolana N° RUT reservado, lo que permite verificar su validez y vigencia. Muestra una imagen del portal del IVSS para verificar el Certificado de Cotizaciones.

Expone que la constancia de afiliación electrónica que acompañó la recurrente contiene un código alfanumérico verificable en la web. El código de verificación se encuentra en la parte inferior de la constancia y señala textualmente que "La validez de este certificado electrónico de cotizaciones, puede comprobarse a través del portal web del I.V.S.S. http://www.ivss.gob.ve, con el código de verificación N° 559432195-2025509". Agrega que la Constancia Electrónica de Cotizaciones, expedida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), hace constar que nombre reservado, titular de la Cédula de Identidad N° RUT reservado, posee 541 semanas cotizadas y se encuentra actualmente en estatus de asegurado cesante en la empresa BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A. La constancia se expide en Caracas el 18 de junio de 2025 y tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2025. Afirma que la constancia electrónica emana de un organismo público, es verificable en la web oficial de la institución previsional venezolana y estaba vigente al momento de la solicitud. Por tanto, es forzoso concluir que la recurrente está afiliada a la seguridad social de su país de origen, siendo el actuar de la recurrida arbitrario e ilegal, vulnerando el derecho de propiedad del recurrente. La constancia es expedida por la autoridad venezolana competente y puede ser absolutamente verificable empleando medios electrónicos.

Asevera que la Ley 18.156, en su artículo N° 1, establece que las empresas y el personal técnico extranjero estarán exentos de efectuar imposiciones en organismos de previsión chilenos, siempre que el trabajador esté afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones al menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que el contrato de trabajo exprese la voluntad del trabajador de mantener dicha afiliación. El artículo N° 7 de la misma ley permite a los trabajadores extranjeros que hayan registrado cotizaciones en una AFP solicitar la devolución de los fondos depositados, siempre que cumplan con los requisitos del artículo 1 de la ley.

Sostiene la recurrente que la conducta de la Administradora de Fondos Modelo, S.A., al exigir requisitos no previstos en la ley y mantener retenidos los fondos previsionales, constituye un actuar arbitrario e ilegal que vulnera el derecho de propiedad, reconocido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República de Chile. Agrega que la Excelentísima Corte Suprema ha establecido en la causa Rol N° 28881-2022 que no debe constreñirse lo dispuesto en la Ley N° 18.156 únicamente a los convenios regidos por el Código Laboral, y que una interpretación literal y formalista desatiende la finalidad del legislador. Alega el recurso que la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, consagrados en el Artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política Nacional, al exigir requisitos no establecidos y realizar una interpretación restrictiva, reteniendo los fondos previsionales a pesar de que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la Ley 18.156.

Estima que la negativa de la AFP, basada únicamente en la falta de legalización o apostilla, desconoce que la ley no exige tal formalidad, configurando una clara inobservancia de la normativa vigente. La exigencia de legalización o apostilla resulta imposible de cumplir debido a la inexistencia actual de representación diplomática venezolana en Chile, lo que constituye un caso fortuito o fuerza mayor conforme al artículo 45 del Código Civil. No es jurídicamente aceptable imponer una carga que excede las posibilidades materiales de cumplimiento, vulnerando principios básicos del derecho y dejando a la recurrente en la indefensión.

Cita jurisprudencia en apoyo de sus alegaciones.

Finaliza solicitando se acoja el recurso y ordenando a la recurrida que reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a seguir con la tramitación de su solicitud, y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente.

Segundo: Que, evacuando informe, AFP MODELO S.A. solicita el rechazo del recurso, con costas.

Expresa que con fechas 21 de enero, 22 de mayo y 18 de junio de 2025, la recurrente acompañó, a través del sitio web de AFP Modelo, documentos para obtener la devolución de sus fondos previsionales, amparándose en la exención establecida en la Ley N° 18.156, para trabajadores técnicos extranjeros. Estos documentos son: Título de Profesional apostillado, Constancia Electrónica de Cotizaciones, y Contrato de Trabajo y anexo suscrito con el empleador DEL CAMPO AL MAR SPA. En las tres ocasiones, AFP Modelo, a través de tickets (2576818, 262449 y 2631508), envió información al correo electrónico de la recurrente, indicando que la solicitud de Devolución de Fondos como Técnico Extranjero se encontraba pendiente de ingreso y solicitando, en un plazo máximo de 4 días hábiles, un Certificado de Instituto u Organismo de Seguridad Social y/o Previsional extranjero que señalara que otorgaba, como mínimo, prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, debidamente legalizado o apostillado. Además, precisa que el rechazo se debe a que la documentación aportada, específicamente la Constancia Electrónica de Cotizaciones, no cumple con las exigencias contenidas en la Ley N° 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y su jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones.

Indica que el motivo por el cual AFP Modelo no ingresó la solicitud es que la recurrente aportó un documento denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones", el cual no cumple con las exigencias de la normativa vigente, toda vez que no es un certificado de afiliación, no señala las coberturas específicas del afiliado (sino genéricas del régimen previsional venezolano), no está firmado por quien emite el documento y no se encuentra apostillado o debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Menciona que la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio N° 12954 de fecha 17 de julio de 2025, ha señalado que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas ni apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba, y reitera que la validez de los documentos expedidos en el extranjero debe cumplir con lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla.

Cita jurisprudencia en apoyo de sus alegaciones.

Afirma que no se puede aprobar el retiro de los fondos de pensiones toda vez que la recurrente no ha dado cumplimiento íntegro a los requisitos establecidos por las normas vigentes, específicamente acreditar la afiliación a un régimen previsional fuera de Chile con coberturas de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y tampoco tiene un contrato suscrito con una empresa privada.

Sostiene que AFP Modelo no ha actuado de forma arbitraria ni ilegal, sino que ha dado estricto cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y su jurisprudencia administrativa, especialmente el requisito de que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile con las prestaciones indicadas, acreditado mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada.

Refiere que la Ley N° 18.156 establece la exención de la obligación de cotizar para técnicos extranjeros contratados por una empresa que reúnan ciertas condiciones. El artículo 7° de dicha Ley establece que si registran cotizaciones, podrán solicitar la devolución de los fondos siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley. El artículo 1° de la Ley N° 18.156 establece las condiciones para la exención: que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte y que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. Agrega que la Ley N° 18.156 es un régimen de excepción que establece requisitos copulativos.

El Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en su Título XI, N° 2, letra b, establece que la documentación pertinente para la solicitud de devolución de fondos previsionales deberá presentarse debidamente legalizada, y en caso contrario, la Administradora no podrá dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley N° 18.156".

La Superintendencia de Pensiones tiene como funciones, entre otras, fiscalizar a las Administradoras y fijar la interpretación de la legislación y reglamentación del Sistema con carácter obligatorio para las Administradoras. La Superintendencia, mediante Oficio Ordinario N° 3141 de fecha 20 de febrero de 2024, instruye que el trabajador debe aportar un documento que acredite en forma específica que en su caso ha contado con protección para todos los riesgos legales (vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad) durante la prestación de sus servicios en Chile, y que no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado. Mediante Oficio N° 21.480 de la Superintendencia de Pensiones, de fecha 20 de septiembre de 2017, se instruye que se debe acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado que acredite que cuenta, a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156. Mediante Oficio Ordinario N° 4277 de fecha 13 de marzo de 2025, la Superintendencia informa que el certificado electrónico emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N° 18.156, ya que no está firmado por quien lo emite, ni se encuentra apostillado ni legalizado. Además, se verificó que no existe constancia de que haya sido apostillado, lo que impide que ese documento pueda producir efectos en Chile.

Añade que el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 345, establece que los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados. El artículo 345 bis del mismo cuerpo legal establece que los instrumentos públicos otorgados en un Estado Parte de la Convención de La Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, no deberán ser sometidos a legalización si se ha otorgado apostilla por la autoridad designada.

Alega el informe que todo trabajador técnico extranjero que pretenda acogerse a la exención o retirar los fondos ya enterados, deberá necesariamente dar cabal cumplimiento a los requisitos exigidos, y en este caso, la recurrente no cumplía con los requisitos exigidos por la Ley N° 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, ni la jurisprudencia de la Superintendencia de Pensiones. Agrega que AFP Modelo debe dar cumplimiento estricto a lo dispuesto en la normativa (D.L. N° 3.500, Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Normas especiales y Oficios Ordinarios emitidos por la Superintendencia de Pensiones), puesto que, en caso de incumplimiento, arriesga amonestaciones y/o sanciones pecuniarias.

Tercero: Que, evacuando informe, Superintendencia de Pensiones señala que la regla general en la legislación de seguridad social chilena es la obligación del trabajador que presta servicios en el país de enterar cotizaciones para su cobertura previsional, independientemente de su nacionalidad. Indica que el entero de imposiciones debe entenderse en este sentido y no como un fondo de ahorro susceptible de ser retirado al término de los servicios.

Menciona que la Ley N°18.156 (que establece beneficios de exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales) es un régimen de excepción. Esta Ley es solo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que, además, cumplan con los requisitos copulativos indicados en su artículo 1. El artículo de la Ley N°18.156 exime a las empresas y al personal técnico extranjero de cumplir con las leyes de previsión chilenas y de efectuar imposiciones, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; que en el contrato de trabajo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida; y expresa que la exención no comprende los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744. El artículo y del mismo texto legal dispone que los trabajadores extranjeros que registren cotizaciones en una AFP podrán solicitar la devolución de los fondos depositados, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo de esta ley. La Ley N°18.156 faculta a ciertos extranjeros para eximirse de cotizar o para obtener la devolución de fondos, siempre y cuando acrediten el cumplimiento de todos los requisitos copulativos exigidos en el artículo 1. Al ser una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada solo si se cumplen las exigencias copulativas. Afirma la Superintendencia que las AFP solo pueden acceder a las solicitudes si los solicitantes acreditan haber cumplido los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1 de la Ley N° 18.156.

De conformidad a las leyes N°20.255, D.L. N°3.500 y D.F.L. N°101, le corresponde a la Superintendencia la interpretación administrativa de las normas del Sistema de Pensiones. En ejercicio de esta facultad, ha emitido la jurisprudencia administrativa para la correcta aplicación de la Ley N°18.156. El N° 1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que, para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero (letra a), el trabajador debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en los casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. La jurisprudencia administrativa también ha resuelto que, para acreditar este requisito, se puede presentar un certificado de cobertura otorgado por la embajada o consulado del país de origen que indique expresamente que ha sido extendido en representación de la Autoridad Competente de la Seguridad Social del país que corresponde. En relación con la cobertura previsional fuera de Chile, el trabajador debe aportar un documento que acredite en forma específica que contó, durante la prestación de sus servicios en Chile, con la protección para los riesgos de vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad. Además, menciona que, al referirse a la cobertura de salud, se ha exigido que se especifique si comprende prestaciones pecuniarias (derecho a subsidios) y médicas en caso de enfermedad de origen común.

Sostiene el informe que, para acreditar la cobertura, no es suficiente un documento genérico sobre las coberturas de seguridad social, sino que la autoridad previsional competente debe consignar en forma específica que el trabajador contó efectivamente con la protección por todos los riesgos indicados, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile y por el cual solicita la devolución de fondos.

Respecto al carácter vinculante de varios oficios a los que alude AFP MODELO S.A., la Superintendencia precisa que dichos oficios son aplicables únicamente a las situaciones particulares de los trabajadores extranjeros sobre los que se pronunciaron. Refiere que la jurisprudencia administrativa de la Institución ha sido uniforme en cuanto a la forma de cumplimiento de los requisitos.

Asevera la Superintendencia que para el requisito de cobertura previsional en el extranjero (letra a) del artículo 1 de la Ley N°18.156), los solicitantes deben acreditar una protección efectiva y a todo evento ante las contingencias de vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad (con cobertura médica y pecuniaria), durante todo el tiempo en que prestaron servicios en Chile. La entidad de previsión ha de otorgar los beneficios indicados, sea que el imponente se encuentre o no cotizando en ella. El documento debe ser emitido por la entidad competente y debe acompañarse debidamente legalizado o apostillado, según corresponda.

Asegura que el certificado electrónico denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no sirve para acreditar el requisito de cobertura previsto en la letra a) del artículo 1 de la ley. Esto se debe a que el documento no ha sido firmado, ni tampoco se encuentra apostillado o legalizado. Además, menciona que el documento no especifica si la cobertura de salud comprende el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias.

Reitera que la Ley N°18.156 es una norma de excepción, por lo que debe ser interpretada de manera restrictiva y aplicada únicamente si se cumplen las exigencias copulativas del artículo 1.

Expone la Superintendencia que, dado que el procedimiento de la apostilla es la forma prevista por la ley para que los documentos emitidos en el extranjero surtan efectos en el territorio nacional, y considerando que Chile y Venezuela son Estado Parte de la Convención de la Apostilla, no cabe hacer lugar a la pretensión de la recurrente.

En relación con la alusión de la recurrente a su derecho constitucional sobre los fondos como "propiedad privada", la Superintendencia explica que los afiliados al Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500, de 1980, son dueños de los fondos que mantienen en sus cuentas de capitalización individual. Indica que el dominio sobre tales fondos está bajo la tutela de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución. Afirma que no es razonable concebir la propiedad sobre los fondos de pensiones de manera aislada o independiente de la naturaleza del bien sobre el que recae dicha propiedad. Expresa que los fondos constituyen un sistema de previsión social y forman parte del Derecho de Seguridad Social, tutelado por la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 18. Reitera que la Ley N°18.156 es una ley especial aplicable únicamente a los trabajadores técnicos o profesionales extranjeros que acrediten el cumplimiento de las condiciones copulativas exigidas en el artículo de la citada ley. Todos quienes tengan dicha calidad, sin excepción de su país de origen, deben acreditar el cumplimiento de la exigencia de cobertura previsional en el extranjero (letra a) del artículo 1).

Precisa que mediante el oficio N° 12.954, de fecha 17 de julio de 2025, la Superintendencia impartió instrucciones a todas las AFP sobre la situación de los afiliados venezolanos tras el cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, ratificando el criterio previamente sostenido en cuanto a los requisitos probatorios exigidos para acreditar la cobertura previsional en el extranjero.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el art culo 20 de la Carta Fundamental, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección del afectado/a ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Quinto: Que el artículo 1 de la Ley N° 18.156 dispone que: “[l]as empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnen las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprender los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley N°16.744”.

A su turno, el artículo 7 agrega: “en el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieran depositado, siempre que se den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley”.

Sexto: Que, en la especie, el acto recurrido consiste en el correo electrónico enviado por la recurrida, el 25 de junio de 2025, en el cual se comunica que la solicitud de devolución de fondos previsionales de la actora fue rechazada dado que “la documentación enviada no está legalizada ante el ministerio de relaciones exteriores ni apostillada”.

Séptimo: Que, para acreditar el cumplimiento de los requisitos que la recurrida echa en falta, la recurrente acompaña “Constancia electrónica de cotizaciones”, del 18 de junio de 2024.

Octavo: Que, en relación a la objeción expresada por la recurrida, que se vincula directamente con las exigencias del artículo 1 de la Ley N° 18.156, cabe referir que AFP MODELO S.A. se ha limitado a verificar, con el debido celo, el cumplimiento de las exigencias que impone a la petición del recurrente la norma legal referida, dando para ello cumplimiento a la normativa -vinculante a su respecto- que ha emitido la Superintendencia de Pensiones; la que, en el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, relativo a la “Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten. Devolución de fondos previsionales”, estableció que el cumplimiento del requisito de la letra b) del artículo 1 de la Ley nro. 18156, “debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte”; y que “[p]ara la suscripción del formulario precedentemente señalado, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación pertinente indicada en el número 1 anterior, que acredite que el afiliado cumple con los requisitos exigidos en la Ley N° 18.156 para acceder al beneficio.

La documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley N° 18.156".

Noveno: Que, de esta manera, atendido el carácter imperativo y excepcional de las exigencias establecidas en el artículo 1 de la Ley nro. 18.156, de interpretación, por ende, restrictiva, no puede sino concluirse que la entidad recurrida, al limitarse a velar por su cumplimiento y, en concreto, a exigir que la peticionaria acredite suficientemente, mediante documentación legalizada, que se encuentra “afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte”, ciñéndose para estos efectos a la normativa de la Superintendencia del ramo; ajustó su actuar a la normativa legal y reglamentaria que gobierna la materia, por lo que el mismo no puede ser tildado de arbitrario o ilegal, conclusión que no se desvirtúa por las dificultades que ha aducido para obtener la documentación que la AFP echa en falta, toda vez que tal circunstancia no puede justificar el incumplimiento por su parte de una exigencia imperativa que la ley especialmente establece para la procedencia de su solicitud de devolución de fondos previsionales, los que, en su condición de tales, no pueden ser entendidos meramente como un fondo de ahorro a ser retirado al término de los servicios, sino como un especial resguardo legalmente obligatorio para asegurar la cobertura previsional del cotizante, sea nacional o extranjero.

En estas circunstancias, no encontrándonos ante un acto arbitrario o ilegal que vulnere garantías constitucionales del recurrente, la presente acción cautelar no se encuentra en condiciones de prosperar.

En consecuencia y visto además dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección y lo dispuesto en los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de AFP MODELO S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-16232-2025.