Protección contra Dirección General de Carabineros

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de agosto de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Ricardo Mauricio Ferrada Amirás, abogado, en favor de don nombre reservado, e interpone acción de protección en contra de la Dirección General de Carabineros, representada por su General Director don nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la Resolución Exenta Nº 464 de 24 de noviembre de 2022, que resolvió no autorizar la prolongación de la carrera profesional de su representado, vulnerando con ello las garantías constitucionales contempladas en los numerales 2º y 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que, en marzo del 2022 solicitó la prolongación de carrera profesional, siendo evaluado de buena manera por su jefe directo, sumado a que cuenta con especialidad en operaciones policiales especiales, desempeñándose en óptimas condiciones en diferentes Unidades del GOPE, y contando con una dilatada trayectoria, experiencia y madurez en la especialidad, siendo calificado en la lista 1 de Méritos con 125 puntos de un total de 126 en los años 2020, 2021 y 2022.

Expone que el 1 de diciembre del 2022 fue notificado vía carta certificada, por el mayor nombre reservado, comisario de la 1ª Comisaría de Carabineros Coyhaique, del contenido íntegro de la Resolución Exenta N° 464 de 24 de noviembre de 2022, a través de la cual el General Director de Carabineros resolvió no autorizar su prolongación de la carrera, teniendo en consideración la hoja de vida institucional, privándole de continuar con su desarrollo profesional en la institución, tramitar los seis meses del artículo 39° de la Ley N° 18.961 y acceder a los cinco meses del bono de permanencia establecido en el artículo 5° de la Ley N° 20.801. El contenido del referido documento, el cual afirma es utilizado en forma masiva para todo el personal de la institución, vulnera el artículo 41 inciso 4° de la Ley N° 19.880.

Relata que ingresó a Carabineros de Chile el 16 de diciembre de 1992, cumpliendo 30 años de servicios efectivos en la Institución el 16 de diciembre del 2022, con un excelente desempeño durante los últimos tres años, con una hoja de vida y trayectoria institucional intachable, sin registrar sanciones disciplinarias; añade que se ha destacado por su compromiso personal al ejecutar y liderar la construcción, mantención y reparación de cuarteles, contando con dos felicitaciones por servicios distinguidos y sobresalientes de 30 de junio del 2018 y 6 de noviembre del 2020, otorgadas por los jefes de zona al construir baños de hombre y de mujer, peluquería y diferentes dependencias de la 1º Comisaría Coyhaique; construir casino, cocina, sala de estar, sala de lavado y reparación de las casas fiscales de la Tenencia Coyhaique Alto; construir nuevas dependencias de Labocar Regional; construir caniles para O.S.7 y GOPE; reparar y mantener el casino de la 2º Comisaría de Aysén; transformar y mantener la cocina de la 1º Comisaría de Coyhaique; reparar y mantener el retén Río Cisne; y construir la zonal de mantenimiento de Vehículos Coyhaique, cuyo avance es de un 90%.

Mediante Oficio N° 09 de 1 de diciembre del 2022, solicitó al jefe de la sección GOPE Aysén remitir los siguientes documentos, para contar con antecedentes ejecutivos para el recurso de reposición, y cumplir lo contemplado en los artículos 15° y 59° de la Ley N° 19.880: solicitud y demás antecedentes presentados para tramitar la petición de prolongación de carrera profesional, hoja de vida de los últimos cinco años, calificaciones de los últimos cinco años, totalidad de las felicitaciones registradas en su hoja de vida, y cursos de especialidad, perfeccionamiento y capacitaciones realizados. A través de Oficio N° 87, del 7 de diciembre de 2022, el GOPE Aysén, remitió solamente la hoja de vida y las calificaciones de los cinco últimos años, actuando con dolo y premeditación, toda vez que, recién con fecha 12 de diciembre del 2022, personal de la 1º Comisaria de Carabineros Coyhaique, le hizo entrega de todos los citados documentos, dejándose constancia en el Folio 225 párrafo 10 del Libro de Novedades de la Guardia, es decir, después de vencido el plazo para presentar el recurso de reposición.

Señala que el 20 de diciembre del 2022 fue notificado en forma irregular, vía carta certificada, por el Jefe GOPE Aysén del contenido íntegro de la Resolución Exenta N° 697 de 16 de diciembre de 2022, de la XI Zona de Carabineros Aysén, donde se le concedió el retiro en el carácter de absoluto de las filas de la institución a contar del 16 de diciembre del 2022, sin que a esa fecha se hubiera resuelto el recurso de reposición interpuesto el 7 de diciembre de ese mismo año ante el General Director de Carabineros, quedando de manifiesto la falta de deferencia y respeto hacia un funcionario que llegó al máximo grado de su escalafón (Suboficial Mayor de Carabineros). Añade que, en forma extemporánea, el 23 de diciembre del 2022, fue notificado por el Jefe Operativo GOPE Aysén del contenido íntegro de la Resolución Exenta N° 507 de 22 de diciembre de 2022, en la que el General Director de Carabineros desestimó el recurso de reposición y confirmó en todas sus partes la Resolución Exenta N° 464 de 24 de noviembre de 2022, por no existir nuevos antecedentes que permitan innovar sobre el particular.

Arguye que la motivación del acto administrativo consiste en dejar constancia de las auténticas razones por las que la administración adopta la decisión y tiene como fin permitir al destinatario poder enfrentarse y, en su caso, combatir ese acto administrativo, presentándose la falta de motivación cuando los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, por error, razones engañosas o simuladas, o porque el autor del acto le ha dado a los hechos un alcance que no tienen, convirtiéndolo en arbitrario y, por tanto, proscrito del ordenamiento jurídico, cuya infracción deviene en su nulidad. El deber de motivación del acto administrativo se encuentra consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de Chile y en los artículos 11 inciso 2° y 41° inciso 4° de la Ley N° 19.880.

Refiere que el artículo 43° letra a) de la Ley N° 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros establece que “El retiro absoluto del personal de Fila y Civil de Nombramiento Institucional procederá por las siguientes causas: a) Por cumplir treinta años de servicios efectivos en Carabineros. No obstante, en forma voluntaria podrá permanecer en la institución hasta los treinta y cinco años de servicios, previa autorización anual del General Director. Al cumplir treinta y ocho años de servicios efectivos, el retiro será forzoso”; agregando que el inciso primero artículo 39 de la Ley Nº 18.961, en concordancia con el artículo 68 del D.F.L. N° 2 de 1968 sobre Estatuto del Personal de Carabineros, establece que las resoluciones que concedan o dispongan el retiro de los suboficiales mayores fijarán la fecha en que se hará efectivo el retiro, la cual no podrá ser posterior en más de seis meses a la de dicha resolución.

El artículo 5º de la Ley Nº 20.801, añade, establece un bono de permanencia para el personal de Carabineros que habiendo cumplido 20 años de servicios efectivos y con derecho a pensión de retiro opte por continuar su carrera, a lo menos, hasta cumplir los años efectivos que se indican, pagándose el referido bono al momento que el funcionario perciba la primera pensión de retiro, concediéndose, para quien se retira con 29 años efectivos de servicio, 2 meses de remuneraciones; con 30 años, 3 meses de remuneraciones; y con 31 años o más, 5 meses de remuneraciones.

Cita el artículo 15 de la Ley Nº 19.880, que establece que todo acto administrativo es impugnable por el interesado mediante los recursos administrativos de reposición y jerárquico, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión y de los demás recursos que establezcan las leyes especiales, añadiendo la cita del artículo 52 del mismo cuerpo legal, del artículo 84 sexies de la Ley Nº 21.427 y el artículo 19 del Código Civil. Indica que el artículo 13° del Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, N° 15, establece que, para apreciar la conducta de los inculpados deben considerarse únicamente las sanciones aplicadas durante los últimos tres años anteriores a la comisión de la falta que se investiga.

Agrega que la Circular N° 1.764 de 29 de noviembre de 2013, de la Dirección Nacional de Personal, sobre prolongación voluntaria de carrera del P.N.I., establece un procedimiento que permitiría dar rapidez a los trámites, permitiendo así contar tanto con tiempo para revisar y estudiar los antecedentes, como para resolver y notificar a los interesados con la anticipación debida, y no como ha acontecido, cuando aquellos están próximos a cumplir los 30 años de servicios o por finalizar una prolongación concedida, situación que influye negativamente en la posibilidad de acceder a los seis meses o al lapso que la autoridad disponga.

Señala que la Corte Suprema ha desarrollado una jurisprudencia consistente y uniforme en materia de motivación del acto administrativo, consagrando una serie de estándares, consolidados jurisprudencialmente por su Tercera Sala en sentencia Rol N° 3598-2017 de 19 de junio de 2017. En tal sentido, la Corte Suprema ha sostenido que la motivación del acto administrativo es un elemento esencial del mismo, “un requisito indispensable que debe encontrarse siempre presente” (SCS Rol N° 27.467-2014), “revestido de mérito suficiente” (SCS Rol N° 58.971-2016) y si el acto aparece “desmotivado” o con “razones justificativas vagas, imprecisas y que no se avienen al caso concreto”, carece de un elemento esencial (SCS Rol N° 27.467-2014); asimismo, ha señalado que la motivación sobre la base de fundamentos “meramente formales” implica arbitrariedad e ilegalidad (SCS Rol N° 27.467-2014). Destaca que la motivación del acto administrativo obliga a toda autoridad administrativa a “fundarlo debidamente en todos los antecedentes y circunstancias que el caso exige” (SCS Rol N° 58.971-2016).

Por su parte, la Contraloría General de la República, en Dictamen N° 59.669 de 2016 sostuvo que las decisiones de la administración deben ser fundadas, debiendo ejercer sus atribuciones con razonabilidad y de manera motivada, para lo cual se debe tener presente que la ponderación de los hechos corresponde primariamente a los órganos de la administración activa. La jurisprudencia del Órgano Contralor, contenida en los Dictámenes Nº 38.860 de 2007 y Nº 7.241 de 2011, sostienen que la permanencia voluntaria del personal de Carabineros está concebida como una situación excepcional dentro del régimen de cesación de funciones, dado que su procedencia exige como requisito contar con la anuencia previa y anual del General Director de Carabineros. En Dictamen N° 15.428 de 2011, la Contraloría se pronunció en el sentido que la circunstancia de encontrarse en tramitación la solicitud de prolongación de la carrea funcionaria no es un impedimento para requerir que en el evento de rechazarse aquella solicitud, el licenciamiento sea dispuesto en conformidad con lo previsto en el referido artículo 39°, prerrogativa que no constituye un derecho del funcionario, sino que una facultad discrecional de la autoridad.

Sostiene que los hechos arbitrarios e ilegales que en el acto impugnado se cometen dicen relación tanto con el derecho a la igualdad ante la ley como a la motivación del acto administrativo, contrariándose los principios básicos de todo procedimiento de conformidad a lo dispuesto en los artículos 11 inciso 2° y 41 inciso 4°, de la Ley N° 19.880, por lo que ha sido discriminado arbitrariamente debido que Carabineros de Chile ha autorizado la prolongación de la carrera profesional a un sinnúmero de funcionarios y en este caso la decisión de la autoridad no se encuentra fundada con todos los antecedentes y circunstancias que el caso exige, sin mérito suficiente, con fundamentos meramente formales, no expresando los recursos que contra la misma procedan, ni el órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse, ni plazo para su interposición, vulnerándose con ello las garantías previstas en los numerales 2º, 8º y 24º del artículo 19 de la Constitución Política. Añade que el derecho a la propiedad se vio vulnerado cuando se le privó del monto de dinero que le corresponde por no haber tenido la posibilidad de acceder a los seis meses o al lapso que la administración disponga del beneficio contemplado en el artículo 39 de la Ley N° 18.961, como también acceder a los cinco meses del bono de permanencia establecido en el artículo 5° de la Ley N° 20.801, toda vez que la petición de prolongación de carrera fue resuelta y notificada después de ocho meses, decretándose su retiro absoluto, sin que a esa fecha se hubiera resuelto el recurso de reposición interpuesto el 7 de diciembre del 2022 ante el General Director.

Señala que en frecuentes decisiones jurisdiccionales se ha considerado determinante la observancia del principio de protección de la confianza legítima, definida por la Contraloría en los Dictámenes Nº 22.766 y Nº 53.844 como “una garantía en el ámbito público, consistente en la defensa de los derechos del ciudadano frente al Estado y en la adecuada retribución a sus esperanzas en la actuación acertada de éste”. En tal sentido expone que los actos administrativos que ha venido ejecutando Carabineros de Chile han afectado su confianza legítima, por cuanto en forma arbitraria e ilegal, resolvió en forma negativa la prolongación de su carrera, después de ocho meses de tramitación, pese a contar con los requisitos para ello, sustentando su decisión en antecedentes meramente formales, sin racionalidad y ni fundamento.

Refiere sentencias de la Corte Suprema en causas Roles 28.210-2019, 737-2022, 3.4754-2021, 79.517-2021, 75.762-2021, 75.971-2021, 94.4723-2021, 6.520-2022, 69.517-2021 y 84.399-2021; y de la Corte de Apelaciones de Concepción en causas Roles 9.996-2021 y 10.262-2021, dictadas contra la Dirección General de Carabineros, que dejan de manifiesto la vulneración reiterada de la constitución y las leyes.

Arguye que la acción interpuesta tiene plena coherencia con lo expresado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, toda vez que los hechos versan sobre la ilegalidad y arbitrariedad en el actuar de la recurrida, perturbando el legítimo ejercicio de garantías constitucionales, privándosele de continuar con su desarrollo profesional, debido que fue resuelta su petición después de ocho meses, situación que influye en forma negativa en la posibilidad de acceder a los seis meses o al lapso que la autoridad disponga del beneficio contemplado en el artículo 39 de la Ley N° 18.961, como también, de acceder a los cinco meses del bono de permanencia establecido en el artículo 5° de la Ley N° 20.801.

Finaliza solicitando se acoja el recurso y se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 464 de 24 de noviembre del 2022, adoptando esta Corte, a su respecto, toda otra medida que estime pertinente, con costas.

Segundo: Que, informa la Dirección de Justicia de Carabineros solicitando el rechazo de la acción, con costas.

Señala que el acto impugnado en autos es la resolución Exenta N° 464 de 24 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Carabineros, la cual resolvió “No acceder a la Prolongación de Carrera del siguiente Personal de Nombramiento Institucional, a contar de la vez y fecha que se indica: Por primer vez, a contar del 16 de diciembre de 2022: 1. Suboficial Mayor nombre reservado, nombre reservado, C.F. Nº 944280-h, de dotación de la Unidad GOPE Aysén de la IX Zona de Carabineros de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo”; decisión arribada en consideración a lo dispuesto en la Circular Nro. 1.764 de 29 de noviembre de 2013, de la Dirección Nacional de Personal, además de la hoja de vida institucional del recurrente.

Añade que dicha resolución fue notificada personalmente al recurrente el 28 de noviembre de 2022, conforme a la Constancia de Notificación de la 1era Comisaría de Coyhaique, negándose éste a firmar, por la cual el 30 de noviembre de 2022 se le notificó por carta certificada, entregada el 1 de diciembre de 2022. Ante ello, el recurrente interpuso recurso de reconsideración ante la máxima autoridad institucional, siendo resuelto por Resolución Exenta N° 507 de 22 de diciembre de 2022, de la Dirección General, conforme a lo siguiente: “Desestimar el recurso de reconsideración interpuesto por el Suboficial Mayor nombre reservado, nombre reservado, C.F. Nº 944280-h, de dotación de la Unidad GOPE Aysén de la XI Zona de Carabineros de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y por tanto, se confirma en todas sus partes la Resolución Exenta Nº 464, de fecha 24.11.2022, de esta Dirección General, por lo cual n se accedió a su petición de prolongación de carrera, por no existir nuevos antecedentes que permitan innovar sobre el particular, tal como fuere señalado en el numeral 4) de la parte considerativa del presente acto administrativo”; decisión que tiene fundamento en lo establecido en la Circular N° 1.764 de 29 de noviembre de 2023, específicamente, en cuanto a que la autorización o rechazo de la solicitud de prolongación de carrera es una facultad exclusiva del General Director de Carabineros, y que el recurrente no aporta antecedentes objetivos que permitan innovar en lo resuelto; notificándose la referida resolución por acta de notificación, emitida por el GOPE Aysén con fecha 23 de diciembre de 2022, y firmada por el recurrente.

Sostiene que el recurrente pretende transformar el asunto ventilado en esta sede judicial en una instancia de revisión, lo que se aleja de la naturaleza de la presente acción constitucional, pues amerita la apertura de un término probatorio en un juicio ordinario de competencia común, por tratarse de un asunto de lato conocimiento. Para que el actor promueva su alegación, debe estar en posesión de un derecho indubitado, esto es, un derecho cuya titularidad no dé lugar a dudas o interpretaciones, el que, a juicio del recurrente, resulta ser el de ostentar la calidad de servidor público, correspondiéndole los derechos que de aquella calidad emanan; sin embargo, y teniendo en cuenta que el alegado vínculo con la Administración del Estado se posee en la medida que se reúnan las condiciones legales y reglamentarias para tal fin, lo que se pretende obtener es la declaración de un derecho del cual el recurrente no es poseedor, evidenciándose la intención de impugnar los actos administrativos que conllevaron a la dictación de la Resolución Exenta N° 507, citando en tal sentido la sentencia de la Corte Suprema en causa Rol Nº 25.121-2015.

Afirma que el recurrente no cuenta con un derecho indubitado, no cumpliéndose con el supuesto básico del recurso de protección, esto es, la perturbación, privación o amenaza de un derecho que, en la especie, el actor no posee, como consecuencia de una supuesta ilegalidad o arbitrariedad, por lo que, en suma, la cautela de derecho fundamentales intentada, al carecer de sustento normativo, no puede prosperar.

En lo referente a la prolongación de carrera del Personal de Nombramiento Institucional, cita los artículos 38 y 43 letra a) de la Ley Nº 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros y los Dictámenes Nº 72.994 de 2016 y Nº 18.034 de 2017, de la Contraloría General de la República, añadiendo que la Dirección Nacional de Personal de Carabineros de Chile, a través de la Circular N° 1.764 de 29 de noviembre de 2013, actualizó las instrucciones sobre la tramitación de las solicitudes de prolongación de carrera del personal de nombramiento institucional hasta 35 años de servicio, estableciendo un procedimiento administrativo para la revisión y estudio de los antecedentes de los interesados, y su adecuada diligencia, ello con la finalidad que la máxima autoridad institucional cuente con todos los elementos necesarios para su idónea resolución, citando al respecto las letras a) y c) del Nro. 2.1 del Título II de la Circular.

Respecto a la fecha en que se hacen efectivos los retiros, cita el artículo 39 de la Ley Nº 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros y la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República (Dictámenes Nos. 45.068 y 44.800 de 2008; 13.096 de 2019; 25.372 de 2003 y 11.209 de 2017; 38.802 de 2013 y 85.267 de 2014), aduciendo que el plazo de seis meses de permanencia otorgado de conformidad a la referida normativa, constituyen servicios efectivos.

En cuanto al bono de permanencia, invoca los incisos primero y segundo del artículo 5º de la Ley 20.801, y el Dictamen Nº 94.323 de 2016, agregando que de acuerdo a los artículos 6, 7 y 98 de la Constitución Política de la República, artículo 2 de la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y 1, 5, 6, 9, 16 y 19 de la Ley Nº 10.336 sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, las decisiones y dictámenes del ente Controlador, en las materias de su competencia, son obligatorias y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización, los que no solo son imperativos para el caso concreto a que se refieren, sino que constituyen la jurisprudencia administrativa que deben observar, de modo que su incumplimiento significa la infracción de los deberes funcionarios de quienes deben adoptar las medidas tendientes a darle aplicación, comprometiendo su responsabilidad administrativa.

Refiere que la Resolución Exenta Digcar Nº 464 de 24 de noviembre de 2022, que denegó la solicitud de prolongación de carrera del recurrente, se basó en el mérito de los antecedentes recabados por el Departamento Personal de Nombramiento Institucional, encargado de la tramitación de tales solicitudes, conforme la Circular Nº 1.764, donde se tuvo a la vista el informe de la jefatura directa del interesado (GOPE Aysén) de 25 de octubre de 2022, pronunciándose sobre las condiciones personales y profesionales del actor, y señalando que se encontraría involucrado en una investigación administrativa por robo de material de construcción y haber sido sorprendido jugando fútbol mientras se encontraba con licencia médica, recomendado no acceder a su solicitud de prolongación de carrera, por cuanto, a juicio de esa jefatura, el exfuncionario no poseería las competencias para continuar desempeñándose en una unidad de operaciones especiales, basado en al distante relación con sus pares, su escasa participación en trabajo en equipo, el desinterés demostrado al mantenerse al margen de las actividades diarias de la unidad GOPE, y la mala actitud hacia sus pares más antiguos.

Señala que se requirió a la XI Zona de Carabineros Aysén remitir la información consignada en el Informe del jefe directo, teniendo a la vista los siguientes antecedentes: en relación con los aspectos conductuales, se tuvieron a la vista los Oficios Nº 1 de 3 de agosto de 2022 y Nº 2 de 7 de septiembre de 2022, del Suboficial Mayor Jefe Administrativo de la Unidad GOPE Aysén, y Oficio Nº 1 de 14 de septiembre de 2022, del Suboficial Mayor Jefe Operativo de la misma unidad, los que dan cuenta de la conducta del recurrente con el personal institucional al momento de realizar las fiscalizaciones y notificaciones de índole laboral, reafirmándose los hechos narrados en los oficios en el documento electrónico N.C.U. 175378773 de 13 de enero de 2023, de la XI Zona de Carabineros de Aysén; respecto de las condiciones de trabajo en equipo, se estableció que el actor se encontraba agregado en el Área de Mantenimiento de Cuarteles de la Sección Logística del Departamento de Apoyo a las Operaciones Policiales, en virtud de la Resolución Exenta Nº 198 de 4 de abril de 2022, de la XI Zona de Aysén, y, según lo informado por la jefa de Sección Logística mediante Documento Electrónico N.C.U. 157958977 de 13 de abril de 2023, el recurrente generaba un mal clima laboral, solicitando, por tanto, dar término su comisión de servicio “(…) a fin de mejorar el ambiente laboral para el personal que cumple funciones en el área de mantenimiento de cuarteles, mantener un control de los materiales adquiridos y evitar cualquier situación que se contraponga con la probidad y transparencia en el uso de los recursos institucionales”; y, en relación con los aspectos disciplinarios, la máxima autoridad institucional consideró lo informado por la Sección de Asuntos Internos Aysén, según las indagaciones sustentadas en los reclamos Folios Nº 56610770 de 11 de octubre de 2022, Nº 5666114623 de 12 de octubre de 2022 y Nº 56614628 de 12 de agosto de 2022, de los que se informó mediante documentos electrónicos N.C.U. 171157675 de 7 de noviembre de 2022, N.C.U. 171218944 de 8 de noviembre de 2022 y N.C.U. 169656363 de 13 de octubre de 2022. De esta forma, la decisión de la máxima autoridad institucional de no hacer uso de la atribución contemplada en el artículo 43 letra a) de la Ley Nº 18.691 se fundó en los señalados antecedentes, no resultando vulneratorio contra la garantía del artículo 19 Nº 2 de la Constitución, no advirtiéndose la concurrencia de un acto arbitrario y lesivo de dichas dimensiones personales, dado que lo realizado consistió en el ejercicio de una facultad discrecional de esa superioridad que, como jefe del servicio policial, puede determinar la pertinencia de extender la carrera del personal, decisión que fue aplicada con la debida razonabilidad y motivación, en consideración a las necesidades institucionales.

A mayor abundamiento, cita los Dictámenes Nº 8.195 de 2019, Nº 34.159 de 2017 y 89.675 de 2015, de la Contraloría, añadiendo que, en el caso en estudio, el procedimiento declarado en la Circular Nº 1.764 de 29 de noviembre de 2013 estableció claramente los elementos que se tendrían en consideración para efectos de ponderar la pertinencia de ejercer la facultad otorgada por la legislación a la máxima autoridad institucional, no pudiéndose sostener que su actuación haya vulnerar el principio de igualdad ante la ley, toda vez que los actos administrativos que se pronunciaron sobre la petición del recurrente cumplen con el estándar de fundamentación para todos los actos de autoridad similares, no habiéndose aplicado a su respecto un procedimiento distinto al del resto del personal, habida consideración que es el General Director de Carabineros quien pondera y determina el ejercicio de esa prerrogativa, tal como se expuso en el criterio sustentado por la Contraloría General de la República.

Respecto a la vulneración del derecho a la propiedad del numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, refiere que las resoluciones que dispongan el retiro de los Suboficiales Mayores fijan la fecha en que se hará efectivo éste, el cual no puede ser posterior en más de seis meses a la de dicha resolución, por lo que éstos deben continuar prestando funciones hasta la llegada del día que el decreto indique como fecha de retiro o cese en funciones, configurando su desempeño durante ese plazo como servicio efectivo en la institución y percibiendo sus remuneraciones. Agrega que, en el caso del recurrente, al no acceder al beneficio de prolongación, ello solo aparejó que continuara desarrollando sus funciones en Carabineros hasta la data de su retiro absoluto, recibiendo las remuneraciones inherentes al cargo, no viéndose menoscabada su situación pecuniaria, por lo cual dicha alegación debe ser descartada al no verse conculcado el derecho de propiedad. Además, agrega que la circunstancia de encontrarse en tramitación su solicitud de prolongación de carrera no es impedimento para que, en el evento de rechazarse aquella, se disponga el licenciamiento del personal institucional en conformidad a lo referido en el artículo 39 de la Ley Nº 18.961.

Expresa que el criterio jurisprudencial de la Contraloría, en particular en Dictamen Nº 14.376 de 2018, permite concluir que la prolongación de la carrera del personal no constituye un derecho del funcionario, sino que una mera expectativa de una actividad de la administración favorable, sustentada en una facultad discrecional de la pertinente autoridad, que en el caso en análisis no fue ejercida en favor del recurrente, no advirtiéndose en tal actuación ninguna infracción a la aludida normativa legal, como tampoco la existencia de una decisión arbitraria. Añade que resulta aún más evidente la ausencia de infracción al precepto constitucional, teniendo en consideración el criterio asentado por el ente contralor en sus Dictámenes 32.489 de 2017 y 89.540 de 2015, al precisar que el nombramiento en la planta institucional no otorga el derecho de propiedad sobre el empleo, ni puede enmarcarse dentro de la concepción patrimonial que involucra el dominio, sino que esa titularidad solo permite ejercer la función en tanto no exista una causal legal de expiración.

En lo referente a la supuesta demora en resolver la petición del recurrente, invoca la jurisprudencia administrativa contenida en los Dictámenes 61.059 de 2011, 96.251 de 2015 y 3.860 de 2018, que indican que: “salvo disposición legal expresa en contrario, los plazos contemplados para las actuaciones de la Administración no son fatales, puesto que ellos tienen por finalidad el logro de un buen orden administrativo para el cumplimiento de las funciones o potestades de los órganos públicos, de modo que la expiración de dichos términos no impide que aquella se lleven a cabo con posterioridad”; y añade que los Dictámenes 26.585 de 2010 y 34.152 de 2011 indican que la Administración puede cumplir sus actuaciones en una data posterior a la indicada en la normativa pertinente, toda vez que el vencimiento de los términos fijados para la autoridad no origina por sí solo la ineficacia o invalidación de los pronunciamientos adoptados fuera de ellos, dado que no tienen el carácter de fatales.

Respecto a lo argumentado por el recurrente, en orden a que se le habría privado de acceder a los cinco meses de bono de permanencia, precisa que por Resolución Exenta Nº 697 de 16 de diciembre de 2022, de la XI Zona de Carabineros Aysén, se otorgó al recurrente el referido bono consistente en tres meses de la última remuneración imponible, conforme al artículo 5º de la Ley Nº 20.801, lo que se ajusta a la normativa legal y reglamentaria que regula la materia, no constituyendo ello una vulneración a sus derechos, considerando que su permanencia en la institución no se prolongó, por decisión de la autoridad competente, teniendo el actor una mera expectativa de percibir el aludido beneficio correspondiente a cinco meses de su última remuneración, lo que no le otorga derecho de propiedad sobre dichas sumas, ni puede enmarcarse dentro de la concepción patrimonial que implica el dominio.

Señala que, respecto a que se habría dispuesto el retiro absoluto del recurrente sin que se haya resuelto el recurso de reposición interpuesto ante el General Director, de acuerdo con el artículo 51 de la Ley Nº 19.880 los decretos y resoluciones producen efectos jurídicos desde su notificación, y el artículo 57 del mismo cuerpo legal agrega que la interposición de los recursos administrativo no suspende la ejecución del acto impugnado, por lo que estima que la interposición del recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta Nº 464 de 24 de noviembre de 2022, no suspendió los efectos de la Resolución Exenta Nº 697 de 16 de diciembre de 2022, por lo que no existía impedimento alguno para que la autoridad competente dispusiera su retiro absoluto, habida consideración que operó en el interesado la causal legal de desvinculación prevista en la letra a) del artículo 43 de la Ley Nº 18.961 y la letra c) del artículo 115 del D.F.L. Nº 2 del Ministerio del Interior, por cumplir el actor 30 años de servicios en la institución, añadiendo que la XI Zona de Carabineros Aysén, al disponer la desvinculación aludida, dio cumplimiento al referido imperativo legal conforme al principio de legalidad contenido en los artículo 6º y 7º de la Constitución Política de la República y en el artículo 2º de la Ley Nº 18.575, en virtud del cual los órganos de la Administración del Estado deben someter sus acciones a la Constituciones y a las normas dictadas conforme a ella, razón por la cual se debe concluir que el retiro absoluto del recurrente se encuentra ajustado a la normativa que regula la materia.

Tercero: El recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, el asunto sometido al conocimiento de esta Corte consiste en la decisión recurrida, contenida en la Resolución Exenta Nº 464 de 24 de noviembre de 2022, del General Director de Carabineros, por medio de la cual se resolvió no autorizar la prolongación de la carrera profesional del recurrente, invocando como fundamentos, además de las citas normativas, lo siguiente: “Los antecedentes que se tuvieron a la vista conforme a la Circular Nº 1.764, de 29.11.2013, de la Dirección Nacional del Personal, que deroga y actualiza instrucciones para la tramitación de solicitudes de prolongación voluntaria de carrera del Personal de Nombramiento Institucional hasta los 35 años de servicios y fecha en que se hacen efectivos los retiros” y “La hoja de vida institucional de los funcionarios”.

Quinto: Que, para un correcto análisis del acto administrativo impugnado, se ha de tener presente que el principio de legalidad o juridicidad impone a todos los órganos públicos, como elemento y condición del Estado de Derecho, observar el marco que le fija el ordenamiento jurídico, debiendo someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 6 y 7 de nuestra Carta Fundamental.

Sexto: Que, en tal sentido, era menester que la decisión de acceder o denegar la solicitud de prolongación de carrera se sustentara en un acto administrativo debidamente fundado, conforme a lo prescrito en el artículo 8° de la Constitución Política de la República y en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, sobre Bases del Procedimiento Administrativo, siendo la motivación del acto administrativo un elemento esencial del mismo, de modo tal que si dicho acto aparece desmotivado o con razones justificativas vagas, imprecisas y que no se avienen al caso concreto, éste adolece de falta de un elemento esencial, y si el acto contiene fundamentos meramente formales se torna en arbitrario e ilegal. En este sentido, la motivación del acto administrativo, por mandato de los principios constitucionales y legales de publicidad y transparencia, implica la exposición clara y concreta de los motivos, los que deben ser sometidos a un examen riguroso para evaluar su razonabilidad y proporcionalidad, especialmente en el ámbito de la discrecionalidad administrativa, como ocurre en el caso de autos. El control de razonabilidad de la decisión importa que el acto administrativo en que se funda debe basarse en motivos que deben explicitarse (más allá de una mera cita de normas y hechos) mediante una relación circunstanciada de los fundamentos de la decisión de manera que se acredite la racionalidad intrínseca, es decir, coherencia con los hechos determinantes y con el fin público que ha de perseguirse. Por su parte, la proporcionalidad considera que es un elemento que determina la prohibición de exceso, que implica una relación lógica de los elementos de contexto que generan el acto (situación, decisión y finalidad), una relación de adecuación de medio y fin, lo que implica ciertamente una limitación a la extensión de la decisión en la medida que ésta sólo se puede extender mientras se dé un vínculo directo entre el hecho y la finalidad perseguida con el procedimiento, de modo que las situaciones que se den fuera de esa relación son desproporcionadas, es decir, manifiestamente excesivas.

Séptimo: Que, de acuerdo a lo expresado precedentemente y del examen del acto impugnado en el caso sub judice, se debe concluir que éste carece del estándar de fundamentación prescrito en los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, pues invoca como motivos para denegar la prolongación de la carrera profesional del recurrente únicamente las normas jurídicas aplicables al caso concreto y razones de hecho meramente formales, careciendo el acto jurídico, por tanto, de la razonabilidad requerida, toda vez que no contiene una relación circunstanciada de los fundamentos con la cual se llegó a la decisión adoptada, tornándolo en un acto falto de motivación real y, por tanto, ilegal y arbitrario, especialmente si se considera que corresponde al ejercicio de potestades discrecionales de la recurrida, en las que la exigencia de motivación es particularmente relevante para el control de su legalidad.

Octavo: Que, de acuerdo a lo expuesto, se ha vulnerado respecto del recurrente las garantías fundamentales consagradas en los numerales 2º y 24º del artículo 19 de la Carta Fundamental, la primera consistente en la igualdad ante la ley, puesto que a pesar de contar con los requisitos requeridos para postular a la prolongación de su carrera profesional no le fue prolongada ésta como a otros funcionarios, sin explicitar los fundamentos de por qué en su caso se tomó dicha decisión y no otra; como asimismo, la segunda garantía consistente en el derecho a la propiedad, toda vez que ha sido privado el recurrente, mediante una decisión falta de motivación y por ello al margen de la ley, de desempeñar sus funciones y recibir sus remuneraciones por el período posterior al término de su carrera.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Dirección General de Carabineros, dejándose sin efecto la Resolución Exenta Nº 464 de 24 de noviembre de 2022, dictada por del General Director de Carabineros de Chile don nombre reservado, debiendo dictarse en su lugar un acto ajustado a derecho.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Michael Camus Dávila.

N°Protección-162256-2022.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Antonio Ulloa Márquez e integrada por el Ministro (S) señor Hernán López Barrientos y por el Abogado Integrante señor Michael Camus Dávila. No firman el Ministro (S) señor López por haber terminado su suplencia y el Abogado Integrante señor Camus por encontrarse ausente.