nombre reservado con AFP MODELO

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de octubre de dos mil veinticinco.

Proveyendo al escrito folio 9: a todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

PRIMERO: Que, comparece Linda Nataly Quintero Mogollón, abogada, por sí y en representación de nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por haber rechazado la tramitación de solicitud de retiro de fondos para extranjero, actuación que considera ilegal y arbitraria, por lo que solicita se reconozca como válida la documentación acompañada y se ordene a la recurrida continuar con la tramitación de la solicitud.

Expone que el actor es un técnico superior en Administración de Empresas con residencia definitiva en Chile, quien ha prestado servicios profesionales en distintas empresas, durante los cuales se le descontaron cotizaciones previsionales. Conforme a lo establecido en la Ley N°18.156, que exime de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros que se encuentren afiliados a un sistema de seguridad social en su país de origen, el señor nombre reservado presentó solicitud N°2631505 ante la AFP Modelo para el retiro y/o devolución de sus fondos previsionales.

Indica que acompañó a su solicitud todos los documentos requeridos por la ley: contratos de trabajo y anexos que acreditan la exención de cotizaciones, título profesional apostillado y verificable, cédula de identidad vigente para extranjeros, y constancia de afiliación al sistema de seguro social venezolano. Sin embargo, el 25 de junio de 2025, la recurrida comunicó que el trámite no fue ingresado debido a que no se recibió el Certificado de Seguridad Social apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, sin embargo, expresa que dicho documento es imposible de obtener debido a la suspensión de trámites consulares entre Chile y Venezuela por razones políticas y administrativas tras los acontecimientos posteriores a las elecciones presidenciales en Venezuela de julio de 2024.

Señala que la Superintendencia reiteró la misma exigencia, negándose a pronunciarse sobre la imposibilidad material de apostillar, manteniendo detenida la solicitud, pese a que la afiliación a la seguridad social venezolana es plenamente verificable electrónicamente en el portal oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), mediante un código alfanumérico incluido en la constancia de cotizaciones presentada.

En cuanto al derecho, invoca que la imposibilidad de cumplir la formalidad exigida configura un caso fortuito o fuerza mayor conforme al artículo 45 del Código Civil. Asimismo, sostiene que la Ley N°18.156 en sus artículos 1° y 7° no exige tal formalidad.

Alega que la negativa de la AFP vulnera su derecho a la igualdad ante la ley al darle un trato desigual respecto a otros solicitantes que, encontrándose en iguales circunstancias, han obtenido respuestas favorables; y vulnera también su derecho de propiedad al impedir arbitrariamente el acceso a sus fondos previsionales, que constituyen bienes incorporales sobre los cuales ejerce dominio.

Pide, en definitiva, se acoja el presente recurso de protección y se ordene a la AFP recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a seguir con la tramitación de su solicitud, y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. en el siguiente tenor.

Señala que el 18 de junio de 2025, el actor ingresó a través del sitio web de su representada una solicitud de devolución de sus fondos previsionales, amparándose en la exención establecida en la Ley N°18.156 para trabajadores técnicos extranjeros, acompañando su título profesional, declaración jurada realizada ante notario público de fecha 15 de enero de 2025, constancia electrónica de cotizaciones, contrato de trabajo suscrito con el empleador DEL CAMPO AL MAR S.P.A. de fecha 1 de octubre de 2021, y tres anexos de contrato con el mismo empleador.

Expone que, tras analizar los antecedentes aportados, el 19 de junio de 2025 su representada envió al correo electrónico del recurrente, mediante ticket 2631505, un requerimiento adicional solicitando específicamente un certificado del Instituto u Organismo de Seguridad Social y/o Previsional extranjero en el que se encuentra afiliado el trabajador, el cual debía señalar que otorga como mínimo las prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y debía estar legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado en el país de origen.

Agrega que el recurrente volvió a acompañar la misma constancia electrónica de cotizaciones, por lo que el 25 de junio de 2025 se le comunicó que su solicitud no fue ingresada debido a que no se recibió el Certificado de Seguridad Social apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

En cuanto al derecho, sostiene que su actuar se ajusta estrictamente a lo dispuesto por la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones. Invoca el artículo 7° de la Ley N°18.156, que establece que los trabajadores extranjeros que registren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales depositados, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de dicha ley, entre los cuales se encuentra que el trabajador esté afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones mínimas de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Señala que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en su Libro II, Título XI, especifica que el cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada. Además, cita diversos pronunciamientos de la Superintendencia de Pensiones que refuerzan esta exigencia, como el Oficio Ordinario N°3141 de fecha 20 de febrero de 2024, el Oficio N° 21.480 de fecha 20 de septiembre de 2017, y el Oficio Ordinario N° 4277 de fecha 13 de marzo de 2025, que expresamente señala que el certificado electrónico emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales aportado no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero si no está firmado por quien lo emite, ni se encuentra apostillado ni legalizado, en conformidad con los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Concluye afirmando que no ha incurrido en acto u omisión arbitraria o ilegal que amenace, prive, perturbe o vulnere los derechos fundamentales del recurrente, sino que ha actuado conforme a la normativa vigente y las instrucciones de su ente regulador.

Pide, en definitiva, rechazar la presente acción de protección, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, el acto que se reclama como ilegal y arbitrario corresponde a la negativa de la AFP Modelo de hacer entrega o devolución de los fondos previsionales depositados en la cuenta de capitalización individual de la recurrente. La recurrida justifica su decisión de estimar improcedente la petición de devolución de fondos previsionales, aduciendo que la recurrente, de nacionalidad venezolana, no entregó los antecedentes que acreditaran su afiliación al régimen previsional de su país de origen, con certificado de afiliación a una entidad previsional, debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que acredite la cobertura prevista en la Ley N°18.156.

QUINTO: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156, sobre el régimen excepcional de exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Asimismo, el artículo 7° del mismo cuerpo legal, estipula que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

SEXTO: Que, la revisión del documento aparejado por la recurrente, denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” permite constatar que, efectivamente, este no satisface las exigencias de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, esto es, no ha sido debidamente legalizado ni se encuentra apostillado, en términos que no es posible asignarle un carácter fehaciente.

SÉPTIMO: Que, en las condiciones descritas, no es posible advertir ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la autoridad recurrida, por cuanto se ha constatado que la recurrida ha actuado conforme a la normativa vigente, exigiendo que los antecedentes cumplan con lo establecido en la ley, de manera tal que al no configurarse el supuesto de hecho básico de la acción que se contempla en la acción consagrada en el artículo 20 de la Carta fundamental, esta debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el presente recurso de protección a favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-16217-2025.