nombre reservado con CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA REINA

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de julio de dos mil veintitrés.

Vistos y considerando:

Primero: Comparece nombre reservado, educadora de párvulos, por sí, e interpone recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de La Reina, en adelante "La Corporación", por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el descuento en sus remuneraciones, lo que le priva y perturba en el ejercicio de los derechos fundamentales establecidos en los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Refiere que es dependiente de la Corporación, regida por las disposiciones aplicables de acuerdo al tipo de empleador, pero regidos principalmente por las disposiciones del Código del Trabajo y sus leyes complementarias.

Explica que en caso de licencia médica, la Corporación Municipal paga el total de las remuneraciones, y si por razones formales o médicas fueren rechazadas reducidas o dejadas sin efecto, la práctica es no realizar descuentos de remuneraciones o, se establece de común acuerdo con el dependiente, la forma y modalidad en que se procedería con el descuento.

Añade que en ese contexto, de manera arbitraria e ilegal, como consecuencia de una errónea interpretación del artículo 63 del Decreto Supremo N° 3 de 1984, que "Aprueba Reglamento de autorización de licencias médicas por la COMPIN e Instituciones de Salud Previsional", en relación con el artículo 58 del Código del Trabajo, en sus remuneraciones pagaderas el 30 de noviembre de 2022, optó por descontar un 32,35% de su remuneración, sin explicar las razones. Lo único que se le informó fue que se aplicaría el descuento hasta recuperar la totalidad del dinero objeto de licencias médicas rechazadas.

Añade que en la práctica, las deducciones la privan de poder mantener a su familia y solventar sus gastos básicos, habida consideración que es el sustento principal de ingresos.

En cuanto a la arbitrariedad, refiere que la práctica relativa al pago de licencias médicas rechazadas se realizaba desde hace años. Sin embargo, de manera intempestiva y unilateral, luego de un año de no hacer descuentos, se le hizo la deducción que considera excesivo.

Asimismo, el descuento es arbitrario puesto que si la Corporación pretendiere aplicar este descuento como consecuencia de una opinión de la Dirección del Trabajo, es necesario indicar que tal opinión, que en todo caso la estima pues dicha postura sostenida por la Dirección del Trabajo emana del Ord. N° 1173 de 11 de marzo de 2015, es decir, emitido hace más de tres años de producido el descuento contra el que se recurre.

Agrega que evidentemente el actuar de la Corporación recurrida es arbitrario, tanto porque se determinó de manera intempestiva e unilateral, desconociendo la anterior conducta sostenida; no guardó relación con seguir un criterio de la Dirección del Trabajo; no se ha aplicado a todos los dependientes que se encuentran en similar situación; y especialmente, no ha sido un acto proporcionado, considerando el fuerte impacto en las remuneraciones de los dependientes afectados por el descuento.

El descuento realizado por la Corporación Municipal de La Reina en las remuneraciones de la recurrente es considerado ilegal por varias razones:

1. Se basa en una interpretación errónea del artículo 63 del Decreto Supremo N° 3 de 1984, que regula las licencias médicas. Este artículo establece la obligación de devolver o reintegrar las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos por el beneficiario de una licencia no autorizada, rechazada o invalidada. Sin embargo, la Corporación ha aplicado este artículo de manera incorrecta, ya que las licencias médicas de la recurrente no fueron consideradas como no autorizadas, rechazadas o invalidadas, sino que simplemente fueron rechazadas por la Corporación.

2. La aplicación del descuento no se ajusta a los criterios establecidos por la Dirección del Trabajo en cuanto al descuento de remuneraciones y su aplicación práctica. La recurrente argumenta que la corporación no ha justificado ni explicado el descuento del 32,35% en sus remuneraciones, lo que indica una falta de proporcionalidad y razonabilidad en el actuar de la corporación.

Prosigue indicando que los principios que ilustran el Derecho del Trabajo, son relevantes para la interpretación y aplicación de las disposiciones del artículo 63 del Decreto Supremo N° 3 de 1984 y el artículo 58 del Código del Trabajo, ya que buscan proteger los derechos de los trabajadores y equilibrar la relación laboral:

1. El principio de la regla in dubio pro operario: Este principio establece que, frente a una disposición que pueda ser objeto de más de una interpretación, se debe optar por la interpretación más favorable al trabajador. En este caso, se debe dar una interpretación restrictiva a la norma del artículo 58 del Código del Trabajo, limitando el derecho a las remuneraciones del trabajador.

2. El principio de la norma más favorable: Este principio establece que, frente a la existencia de normas aplicables a la materia, se debe aplicar la norma más favorable al trabajador. En este caso, se debe dar preeminencia a la disposición del artículo 58 del Código del Trabajo sobre la disposición del artículo 63 del Decreto Supremo N° 3 de 1984.

3. El principio de la irrenunciabilidad: Este principio establece que, debido a la relación desigual entre las partes en la relación laboral y al carácter de normas de orden público de las normas laborales, los trabajadores no pueden renunciar a sus derechos laborales. En este caso, se aplica la irrenunciabilidad de derechos, incluyendo el derecho a las remuneraciones, establecida en el artículo 5° del Código del Trabajo.

Refiere que estos principios buscan equilibrar la relación laboral, proteger los derechos esenciales de los trabajadores y garantizar una interpretación y aplicación justa de las disposiciones laborales.

Relata que considerando los principios citados y sus manifestaciones positivas, en cuya virtud debía darse preeminencia a la disposición contenida en el artículo 58 del Código del Trabajo, el actuar de la recurrida es, en conclusión, ilegal.

Alega que este conflicto de normas, donde se trata de dar preeminencia a una disposición reglamentaria por sobre una ley, y aplicarlo para constreñir el derecho al pago de remuneraciones de un dependiente, no puede sino ser considerado como ilegal.

Prosigue indicando que la aplicación de las disposiciones discutidas en esta fracción, tales como el artículo 58 del Código del Trabajo y el artículo 63 del Decreto Supremo N° 3 de 1984, deberá hacerse de conformidad con el artículo 32 N° 6 de la Constitución Política de la República, que establece el “Derecho a Reglamentar”, este Poder autoriza la promulgación de normas destinadas a desarrollar, elaborar o complementar una ley, pero no puede cambiar o violar el contenido de la ley. Asimismo, el Departamento del Trabajo ha establecido criterios en cuanto a la reducción de la remuneración y su aplicación práctica. La aplicación del reembolso por parte del recurrido debe cumplir con estos criterios y no puede entrar en conflicto con ninguna garantía subyacente.

Añade que la Dirección del Trabajo hizo uso de las facultades que le confiere el D.F.L. N.° 2 de 1967, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, ha fijado la prelación de los descuentos obligatorios del artículo 58 del Código del Trabajo, sin que esa prelación se observe en las liquidaciones de su remuneración, de forma tal que, con mayor razón, el actuar de la Corporación ha sido ilegal- Alega que además, en sus liquidaciones de remuneraciones, Acuerdos salariales que especifican el descuento como "compensación de asistencia médica", lo cual no produce ningún efecto y viola el último párrafo del artículo 54 del Código del Trabajo. Por lo tanto, el descuento no solo es arbitrario sino también ilegal.

Finalmente, la aplicación de las disposiciones discutidas en este apartado debe realizarse de conformidad con el artículo 32 N° 6 de la Constitución Política de la República, que establece el “Derecho al Ajuste”. Este derecho permite la promulgación de normas que desarrollen, desarrollen o complementen la ley pero no pueden cambiar o violar el contenido de la ley. Es necesario asegurarse de que los descuentos se aplican de acuerdo con la ley y los derechos de los empleados. Por lo tanto, es necesario tomar en cuenta los criterios establecidos por el Departamento del Trabajo para regir la aplicación de descuentos y la prioridad de pago en beneficio de los trabajadores.

Indica que el descuento arbitrario e ilegal amenaza las garantías del artículo 19 N° 1 y 19 N° 24 de la Constitución Política de la República debido a que afecta el derecho a la integridad física y psíquica de la persona (artículo 19 N° 1) y el derecho a la remuneración justa y adecuada (artículo 19 N° 24).

Luego, el descuento arbitrario e ilegal, al privar al trabajador de una parte de su remuneración sin justificación legal, afecta su derecho a recibir una remuneración justa y adecuada por su trabajo, lo cual está garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución.

Además, este descuento puede generar un impacto negativo en la integridad física y psíquica del trabajador, ya que puede afectar su capacidad para cubrir sus necesidades básicas, mantener su calidad de vida y enfrentar situaciones de salud o emergencias.

Pide que se acoja la presente acción y se ordene a la recurrida que reintegre las remuneraciones descontadas de las remuneraciones del mes de noviembre de 2022, y que se abstenga de realizar descuentos arbitrarios e ilegales a las mismas, a partir de esa fecha en adelante.

Segundo: Que mediante presentación de fecha 15 de junio de 2023, el abogado de la recurrente, Pedro Aliaga Salazar, pidió que se tuviera presente que su representada interpuso el 23 de noviembre de 2022, un reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social, impugnando el rechazo de sus licencias médicas.

Añade que de este modo, el rechazo de las licencias médicas de su representada no se encuentra firme, sin embargo, su entidad empleadora procedió de todos modos a materializar el descuento en sus remuneraciones.

Expresa que, el 09 de marzo de 2023, la Jefa de la Unidad de Control de Licencias Médicas de la Corporación de Desarrollo de La Reina, envió una carta a su representada, en que se hace referencia al rechazo de sus licencias médicas y se le indica que «De no regularizar su situación, antes del lunes 20 de marzo, no tendremos otra alternativa que cumplir con retener en sus próximas remuneraciones el monto correspondiente, hasta satisfacer el reembolso total de los dineros públicos percibidos por Usted». Que, por lo anterior, desde marzo de 2023 a la fecha, a la protegida no se la ha pagado nada por concepto de remuneración.

Indica que, en tales condiciones, le son aplicables las normas contenidas en la Ley N°19.464, conforme a lo sostenido por la Contraloría General de la República, en dictamen N°80.516 de 2013, en que expresamente indica que una educadora de párvulos a quien no le resulta aplicable el Estatuto Docente, al poseer un título profesional y ejecutar actividades en un recinto de enseñanza, «debe entenderse que tiene el carácter de asistente de la educación, de conformidad con el nombrado artículo 2°, letra a), de la ley N° 19.464». Que, conforme al artículo 110 de la Ley N°18.883, aplicable a la recurrente según la norma citada en el párrafo anterior, durante la vigencia de una licencia médica el funcionario continúa gozando del total de sus remuneraciones.

Refiere que, en tales condiciones, al haberse mantenido haciendo uso de licencia médica hasta la fecha, constituye una ilegalidad y arbitrariedad el proceder de la recurrida, en cuanto a descontar de sus remuneraciones los montos correspondientes a licencias médicas rechazadas.

Finalmente alega que la ilegalidad y arbitrariedad es más grave aún, si se considera que desde marzo de 2023, se le ha descontado el total de sus remuneraciones, lo que configura claramente una amenaza y vulneración a su derecho fundamental a la integridad física y psíquica, y a su derecho de propiedad, respectivamente.

Tercero: Que informa por la recurrida, el abogado José Luis León Márquez, quien solicita el rechazo del recurso.

Indica que el recurso es extemporáneo debido a que fue presentado fuera del plazo establecido en el numeral 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia, que dispone que el recurso de protección debe ser interpuesto dentro de los treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos. En el caso específico, el recurso fue presentado el día 21 de noviembre de 2022, excediendo el plazo establecido, que feneció el día 18 de noviembre de 2022.

Relata que la Sra. nombre reservado ingresó a prestar servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia el 28 de mayo de 2018, siendo actualmente de duración indefinida y cumpliendo sus funciones como Educadora de Párvulos en la Sala Cuna Centro de Lactantes, hoy Sala Cuna Cundalí.

Añade que desde el 19 de diciembre del 2021, la trabajadora se encuentra con licencia médica, las que han sido sistemáticamente rechazadas por su institución de Salud.

Indica que la Corporación ha suscrito convenios que le permiten anticipar directamente a los trabajadores los montos correspondientes a los días comprendidos en las licencias médicas aprobadas por las instituciones de Salud, como una forma de anticipo del subsidio que debería percibir el trabajador por parte de dicha institución de Salud, y que éstas, posteriormente, depositan a la Corporación, reembolsando dicho anticipo.

Agrega que posteriormente, si la licencia es aprobada por la institución de salud, se percibe el subsidio completo. En caso de que la licencia sea rechazada, se genera la cobranza del anticipo correspondiente. Este convenio permite agilizar el proceso de pago de subsidios por licencias médicas y establece los términos y condiciones para el reintegro de los anticipos en caso de licencias rechazadas n el caso de los trabajadores afiliados a entidades con convenio de pago de licencias médicas, si presentan licencias rechazadas, corresponde al empleador solicitar el reintegro del anticipo del subsidio que se haya otorgado al trabajador. En caso de que el anticipo no se haya materializado, el empleador puede rechazar anticipar el subsidio que ha sido negado por la institución de salud.

Explica que el convenio de pago de licencias médicas está regulado por diversas normas, entre las cuales se pueden mencionar:

-Dictamen N° 160316/2021 de la Contraloría General de la República: Este dictamen establece que las corporaciones municipales cumplen una función pública y reciben financiamiento público, por lo que no es justificable que un trabajador reciba una suma de dinero sin causa legítima. Además, establece que en caso de licencias médicas no autorizadas, rechazadas o invalidadas, el trabajador debe realizar el reintegro de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos.

-Artículo 63 del Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud: Este artículo establece que la devolución o reintegro de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos por el beneficiario de una licencia no autorizada, rechazada o invalidada es obligatorio. El empleador debe adoptar las medidas conducentes al inmediato reintegro por parte del trabajador.

Refuta los argumentos de la recurrente e indica que la Corporación de Desarrollo La Reina es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, que se rige por las disposiciones contenidas en el Decreto con Fuerza de Ley N° 3063 de 1980 del Ministerio del Interior. Según el informe, la Corporación tiene entre sus objetivos la administración y operación de los servicios de educación, salud y atención de menores que hayan sido traspasados por la Ilustre Municipalidad de La Reina.

Añade que la función de la Corporación es satisfacer las necesidades de la comunidad local a través de la prestación de servicios públicos, y para ello recibe financiamiento de origen fiscal, así como aportes y subvenciones de las municipalidades. Estos recursos públicos están destinados a ser utilizados en los objetivos específicos para los que fueron otorgados, y la Corporación está en la obligación de cumplir de manera constante y permanente con la función pública que ejerce.

Alega que conforme a lo anterior, y a la naturaleza de los recursos públicos mediante los cuales se financia la Corporación, resulta insostenible tanto financiera como éticamente, pagar remuneraciones por servicios que no han sido prestados, por lo que es del todo procedente cobrar los anticipos percibidos indebidamente por los trabajadores.

Luego, indica que de acuerdo con el Dictamen N° 160316/2021 de la Contraloría General, estas Corporaciones están sujetas a un alto estándar de responsabilidad por los fondos recibidos, ya que deben ser utilizados exclusivamente para el fin para el que fueron otorgados. Este dictamen enfatiza la función pública de estas Corporaciones, y destaca que no es admisible que un trabajador reciba fondos sin prestar servicios, pues ello constituiría un enriquecimiento sin causa.

Respecto del pago de remuneraciones o subsidios y reintegro de los indebidamente percibidos, indica que el artículo 62° del Decreto N° 3 del Ministerio de Salud, que aprueba reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN e ISAPRES, dispone que "El pago de las remuneraciones o subsidios a que da origen la licencia médica sólo podrá disponerse una vez que la Compin respectiva o la ISAPRE, en su caso, hayan autorizado la correspondiente solicitud de licencia, o haya transcurrido el plazo que tienen para hacerlo, sin pronunciarse sobre ella.

Alega que a mayor abundamiento, el artículo 63 de la referida normativa, señala que "La devolución o reintegro de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos por el beneficiario de una licencia no autorizada, rechazada o invalidada, es obligatorio. Sin perjuicio de lo anterior, el empleador adoptará las medidas conducentes al inmediato reintegro, por parte del trabajador, de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos.

Destaca que tanto es así que la Dirección del Trabajo ha señalado, mediante el Ordinario N° 4007 de fecha 31 de julio de 2018, que al tenor de la disposición antes citada, en el caso en consulta, no se trataría de un descuento permitido o facultativo del inciso 3° del artículo 58 del Código del Trabajo, sino que obligatorio, y que debe cumplirse íntegramente, sin tope, y sin que las partes puedan acordar una forma distinta de reintegro.

Expresa que el mismo servicio, ya se ha pronunciado en torno a la oportunidad en que se debe proceder al reintegro de los días de descuento, entre otros, en el Ordinario N° 0430 de 23.01.2018 el que señala: "En el caso que la licencia médica no haya sido autorizada o haya sido rechazada por el organismo competente, no corresponde el pago de remuneración por los días que ella señala, y, en el evento que ya se hubiere pagado, corresponderá el reembolso o reintegro por parte del trabajador afectado, debiendo efectuarse el descuento o el reintegro, según sea el caso, una vez que se encuentre a firme la resolución de rechazo o reducción de la licencia médica emitida por la autoridad competente.

En este orden de idas, para las licencias médicas que no hayan sido autorizadas o que hayan sido rechazadas por el organismo competente, no corresponde el pago de remuneración por los días que ella señala, y en el evento que ya se hubiere pagado, corresponderá el reembolso por parte del trabajador afectado, debiendo efectuarse el descuento o reintegro, según sea el caso, debiendo el empleador tomar los resguardos para el inmediato reintegro, de suerte tal que sobre este particular debe tenerse en consideración la situación específica de cada licencia médica que dé lugar a reembolso o reintegro.

En cuanto a la forma en la que se debe pactar la devolución o reintegro de las sumas indebidamente percibidas, debe ser inmediato por parte del trabajador, y en este caso, la trabajadora tiene una deuda pendiente con la Corporación por utilizar licencias médicas rechazadas y recibir una remuneración por ello. A la fecha, el monto total adeudado es de $17.113,746.

Refiere la doctrina de los actos propios en el contexto de la buena fe y el respeto a las manifestaciones de voluntad previas, alegando que ésta ha sido vulnerada por la recurrente, ya que sabiendo que percibió anticipos indebidamente por haber sido rechazadas todas sus licencias y en consecuencia no percibir remuneración por no haber prestado servicios durante 266 días, pretender que la Corporación no realice la cobranza de dichas sumas es ética y jurídicamente improcedente, pues se estaría enriqueciendo a costa de la Corporación sin tener un título que justifique ya sea el pago de remuneraciones sin trabajar o no realizar la cobranza de las sumas indebidamente percibidas. Luego de este contexto, en el caso concreto consta una primera manifestación de voluntad clara de la actora, en el sentido de aceptar, informada y consciente si situación, acordando con la recurrida un plan de pago con el objetivo de pagar la deuda que mantiene por pagos de anticipos indebidamente percibidos. Tanto es así que, luego de hacerlo, solicitó reducir el monto de la cuota que pagaría.

En subsidio, alega que no existió acto ilegal o arbitrario y aún en subsidio, que no existió vulneración de derechos fundamentales.

Cuarto: Que, conforme es aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Quinto: Que, para la procedencia de la acción cautelar de protección, es requisito indispensable la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos, de manera que la Corte pueda quedar en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Sexto: Que el acto que el recurrente reprocha como arbitrario e ilegal consiste en los descuentos que se efectuaron en su remuneración, en noviembre de 2022, y por su parte la recurrida alega que se trata de devoluciones por licencias médicas rechazadas, que ascienden a 266 días.

Séptimo: Que en cuanto a la alegación de extemporaneidad de la acción constitucional planteado por la recurrida, es posible afirmar que de la revisión de los antecedentes, la acción aparece como interpuesta dentro de plazo, desde que una de las actuaciones recurridas e impugnada en estos antecedentes fue el no pago de la remuneración del mes de noviembre de 2022, que la actora señaló correspondía al día 30, hecho que no fue controvertido sustancialmente por la recurrida, por lo que a la data de interposición de la acción no había transcurrido el plazo para ejercerla, conforme lo dispone el artículo 1º del Acta Nº 94-2015. Que, por lo demás se tiene presente que las deducciones salariales hacia la recurrente se producen mes a mes, y se trata de efectos permanentes en el tiempo.

Por tanto, la alegación de extemporaneidad será desechada.

Octavo: Que no es controvertido que la recurrente ingresó a prestar servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia para la Corporación recurrida el 28 de mayo de 2018, siendo actualmente de duración indefinida y cumpliendo sus funciones como Educadora de Párvulos en la Sala Cuna Centro de Lactantes, hoy Sala Cuna Cundalí.

Asimismo y según da cuenta la recurrente en su presentación de folio 25 (acompaña documentos) ha presentado reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social, con fecha 13 de junio del actual, contra la subcomisión sur de la Compin Metropolitana, por rechazo de licencia por reposo injustificado, desde el 19 de diciembre de 2021 y hasta aquella que se inicia el 20 de diciembre de 2022, esta última por 30 días.

Noveno: Que según dictamen de Contraloría General de la República, N°80.516 de 2013, a los asistentes de la educación se les aplica la Ley N° 19.464 y en consecuencia la Ley N° 18.883.

Así, los asistentes de la educación son aquellos profesionales que realizan funciones de apoyo y colaboración en establecimientos educacionales.

Según la Ley N° 19.464, se considera personal de asistentes de la educación a aquellos que trabajan en establecimientos educacionales administrados directamente por las municipalidades o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por éstas, así como en establecimientos de educación particular subvencionada y aquellos regidos por el decreto ley N° 3.166, de 1980, siempre y cuando tengan contrato vigente y realicen funciones profesionales no afectas a la ley N° 19.070.

Luego, según el artículo 4° de la Ley N° 19.464, el personal de asistentes de la educación de los establecimientos educacionales administrados directamente por las municipalidades o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por éstas, estará afecto en cuanto a permisos y licencias médicas, a las normas establecidas en la ley N° 18.883. Esto significa que los asistentes de la educación tienen derecho a solicitar licencias médicas de acuerdo a las disposiciones establecidas en dicha ley.

Por su parte el artículo 62 del Decreto Supremo Nro 3 de 1984 establece que el pago de las remuneraciones o subsidios a que da origen la licencia médica sólo podrá disponerse una vez que la Compin respectiva o la Isapre, en su caso, hayan autorizado la correspondiente solicitud de licencia, o haya transcurrido el plazo que tiene para hacerlo, sin pronunciarse sobre ella.

El artículo 63 del mismo cuerpo legal, agrega que la devolución o reintegro de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos por el beneficiario de una licencia no autorizada, rechazada o invalidad es obligatorio. Sin perjuicio de lo anterior, el empleador adoptará las medidas conducentes al inmediato reintegro, por parte del trabajador de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos.

Finalmente el artículo 58 del Código del Trabajo dispone que el empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos.

Décimo: Que según ha razonado la Excma. Corte Suprema (Rol ingreso 134081 – 2022), “si bien el artículo 63 del Reglamento de autorización de licencias médicas impone al empleador el deber de adoptar las medidas conducentes al inmediato reintegro, por parte del trabajador, de las remuneraciones o subsidios por incapacidad laboral, ello sólo tiene lugar cuando tales subsidios han sido indebidamente percibidos por el trabajador. En consecuencia, la calificación jurídica sobre si un subsidio, fue percibido debida o indebidamente, sólo tendrá carácter definitivo e indubitado con la dictación del acto terminal que ponga fin al procedimiento administrativo.”

Undécimo: Que en la especie y con el mérito de la documental acompañada en el folio 25 de la carpeta electrónica, se tiene presente que se encuentra pendiente de resolución por la Superintendencia de Seguridad Social reclamación contra resolución de la Compin que confirmó el rechazo de las licencias médicas por la Isapre respectiva.

Que no se concluye la vía administrativa sino hasta que se han ejercido los recursos y medios de impugnación que contempla la Ley para la revisión de las decisiones adoptadas por los órganos de seguridad social, o han transcurrido los plazos legales sin que ellos se hayan deducido.

Es por lo indicado es que esta Corte concluye que el acto que se impugna deviene en arbitrario, en tanto carece de motivación legal y racional.

Duodécimo: Finalmente y como expresara la Excma. Corte Suprema en el ingreso ya referido, “estando pendiente el reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social, la normativa debe ser interpretada atendiendo a la finalidad del subsidio por incapacidad laboral, que consiste no sólo en otorgar reposo al trabajador para la superación de su dolencia, sino también garantizar el pago del subsidio, siempre que se reúnan las exigencias legales. La razón es que el subsidio por incapacidad laboral, de ordinario es la única fuente de ingresos del trabajador y su familia”.

Décimo Tercero: Que en consecuencia, el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera el derecho de propiedad de la parte recurrente sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos, los que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la Republica, por lo que el arbitrio, debe ser acogido.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20, ambos de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección constitucional deducido por nombre reservado, en contra Corporación Municipal de La Reina, ordenándose el cese de los descuentos y el reintegro de lo descontado arbitrariamente desde noviembre de 2022 y los que se hayan efectuado hasta la fecha de esta sentencia, sin perjuicio de los que se resuelva administrativamente y en su oportunidad, respecto de los reclamos sobre los rechazos efectuados respecto del rechazo de las licencias médicas ante la Superintendencia de Salud.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro señor López.

N°Protección-162114-2022.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Ana María Osorio Astorga e integrada por el Ministro (S) señor Hernán López Barrientos y por el Abogado Integrante señor Sebastián Hamel Rivas. No firma el Ministro (S) señor López por haber terminado su suplencia.