Protección contra Instituto nombre reservado

Santiago, diecinueve de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que la abogado doña Carla Daniela Hermosilla Órdenes, en representación de la señora nombre reservado, quien a su vez concurre en favor de su hijo menor de edad nombre reservado, interpuso un recurso de protección en contra del Instituto nombre reservado, por haber procedido a la expulsión del aludido menor, estudiante de la institución recurrida, de manera ilegal y arbitraria, sin que se haya obrado de acuerdo a un procedimiento racional y justo, por lo que solicita que se ordene la inmediata reincorporación del alumno en su calidad de estudiante regular del nombre reservado, con plenos derechos académicos y administrativos, en el mismo curso y condiciones en que se encontraba al momento de su expulsión.

Expone que nombre reservado, de 15 años, es alumno del establecimiento desde el año 2023, donde ha cursado ininterrumpidamente octavo básico, primero medio y el primer semestre de segundo medio. Destaca que dicho estudiante no sólo ha tenido un buen comportamiento académico, sino que también ha representado al colegio como deportista, practicante de judo, obteniendo diversos reconocimientos en competencias. Empero, pese a su desempeño y buena conducta, se le prohibió asistir a clases a partir del día 19 de mayo del presente año para ser finalmente expulsado el día 9 de julio de 2025.

Sostiene que el 16 de mayo de 2025, durante el primer recreo, apareció un grupo de encapuchados en el establecimiento. Señala que nombre reservado, quien se encontraba jugando con compañeros, se limitó a observar lo ocurrido a cierta distancia, sin participar en los incidentes y, posteriormente, al autorizarse el despacho por parlante, salió del establecimiento junto a otros estudiantes. Afirma que, al llegar a su casa, nombre reservado vestía la misma ropa con que había salido por la mañana, sin presentar indicios que hicieran presumir su participación en actos violentos, lo que fue constatado por su madre, quien se encontraba en el hogar.

Indica que el día 19 de mayo la madre fue citada al establecimiento, oportunidad en que se le informó que su hijo estaba acusado de portar artefactos incendiarios y haberse sacado la “capucha” en el sector del “zócalo”, basándose únicamente en un testimonio no identificado. Señala que el estudiante fue suspendido por 10 días hábiles sin habérsele tomado declaración y que el colegio no cumplió con el compromiso de enviar el material académico correspondiente durante la suspensión, bloqueando incluso su correo institucional.

Relata que presentó descargos por escrito el 27 de mayo y que el 2 de junio fue citada para el día siguiente, reunión a la que asistió el padre del menor, oportunidad en que se le informó que la expulsión del alumno sería ratificada.

Indica que se apeló de esta decisión y que acompañó testimonios e informes psicológicos, citándoseles para el 16 de junio, reunión en la que se le hicieron notar versiones contradictorias sobre la vestimenta del alumno, pues decían que nombre reservado tenía un polerón de color distinto al que verdaderamente tiene y respecto al lugar donde se habría visto a nombre reservado, a saber, el “zócalo” según los documentos y fuera del colegio, según la rectora.

Expresa que el 9 de julio se le notificó la decisión definitiva de expulsión, sin haberse presentado pruebas concretas de la participación del menor en los hechos imputados, existiendo múltiples contradicciones en las versiones entregadas por las autoridades respecto a la vestimenta, ubicación y conductas atribuidas a nombre reservado.

En cuanto al derecho, argumenta que dicha expulsión vulnera el derecho a la integridad física y psíquica del menor, quien sufre un cuadro ansioso depresivo diagnosticado a raíz de la situación; su derecho a la igualdad ante la ley, al recibir un trato discriminatorio respecto de otros estudiantes presentes en los mismos hechos; la garantía a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, al impedírsele una defensa efectiva; su derecho a un procedimiento racional y justo; y su derecho de propiedad sobre su condición de alumno regular.

Arguye que el actuar de la recurrida es ilegal por transgredir el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del propio establecimiento, en particular, específicamente el artículo 33 y 33.3, que autoriza la expulsión únicamente en caso de “participación directa en hechos de violencia escolar gravísima, como portar artefactos incendiarios, cubrir el rostro con capuchas u otros elementos que oculten la identidad, o realizar actos de agresión o destrucción deliberada”, la Ley General de Educación (N°20.370) y el principio de legalidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política, por cuanto, la expulsión es arbitraria desde que carece de fundamento racional, al basarse en un testimonio no identificado, sin evidencia objetiva, negando al estudiante su derecho a ser oído, excediendo los plazos legales para resolver la suspensión y aplicando la sanción más gravosa sin agotar instancias correctivas previas.

Pide, en definitiva, que se acoja el presente recurso y se ordene la inmediata reincorporación del alumno nombre reservado al nombre reservado, con plenos derechos académicos y administrativos, en el mismo curso y condiciones en que se encontraba al momento de su expulsión.

SEGUNDO: Que evacuó informe la Municipalidad de Santiago y expuso que el viernes 16 de mayo del presente año, aproximadamente a las 9:08 horas, se produjo una salida de un grupo de aproximadamente 9 encapuchados al interior del establecimiento, portando material incendiario, en dirección al acceso de Arturo Prat, donde fabricaron bombas molotov, incendiando, posteriormente, con dichas bombas, el sector de la cancha central denominado “patio de honor”. Estos hechos determinaron la decisión de evacuación de la comunidad escolar a las 9:25 horas como medida de seguridad y protección. Señala que, luego del vandalismo realizado, los encapuchados se dirigieron hacia el sector del “zócalo”, donde se descubrieron y abandonaron el establecimiento por la salida de calle San Diego, momento exacto en que el estudiante nombre reservado fue reconocido por funcionarios del establecimiento, ya que para este entonces se encontraban descubiertos. Ante la denuncia y declaración del funcionario, se inició un proceso de investigación, que incluyó la revisión de registros audiovisuales de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Santiago “Santiago seguro”, mediante los cuales se constató la coincidencia del relato de funcionario respecto al horario de salida y vestimentas del menor.

Respecto al procedimiento, detalla las siguientes etapas: 1) el día 19 de mayo se citó a la apoderada de manera presencial para informar los hechos correspondientes al día 16 de mayo en los que se involucraba a su hijo, sin la presencia de este; 2) el mismo día se firmó por parte de la apoderada la notificación de inicio de la investigación en la cual se estableció la norma transgredida del RICE del establecimiento y su respectiva medida cautelar de suspensión por 10 días hábiles mientras durara la acreditación de los hechos, informándose el plazo otorgado a la apoderada para formular descargos y presentar medios de prueba; 3) se resguardaron todos los derechos del estudiante en el debido proceso, otorgando la oportunidad de continuar su aprendizaje y entregando material pedagógico.

Aclara que la suspensión notificada a la apoderada especificaba el plazo correspondiente a 10 días hábiles y que el día 19 de mayo era el inicio del plazo, cumpliéndose el día 2 de junio, mismo día en que se notificó el término de la investigación y la adopción de la medida de expulsión, de modo que no es efectivo lo afirmado por la recurrente respecto a que el plazo habría sido ampliamente superado sin fundamento.

En cuanto a las pruebas para acreditar la medida de expulsión, señala que el estudiante fue identificado por la encargada de convivencia educativa, doña nombre reservado, tras presenciar el destape y posterior revisión de registros audiovisuales, coincidiendo los hechos relatados en tanto cronología y vestimentas descritas y se utilizaron las pruebas de las cámaras de la Municipalidad de Santiago “Santiago Seguro”, donde se veía al estudiante.

Fundamenta la expulsión en el N° 33 del Reglamento Interno del establecimiento que prescribe que es falta gravísima: “33. Incurrir en actos que afectan gravemente la convivencia escolar cometidos a cualquier miembro de la comunidad educativa, que causen daño a la integridad física o psicológica o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos”, agregando el 33.3 del mismo Reglamento el “uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios”.

Se justifica la medida aplicada —agrega el informe— ante una falta gravísima como la cometida por el alumno, que causa daño a la integridad física o psicológica de la comunidad, ocasionando la interrupción del normal desarrollo de clases.

Desarrolla los efectos negativos que la participación en hechos de violencia genera en la comunidad educativa: miedo y ansiedad, interrupción del aprendizaje, deterioro del clima escolar, daño a la infraestructura, riesgo para la seguridad, vulneración del ambiente escolar, impacto en estudiantes menores, vulneración del derecho a la educación y vulneración del espacio público del colegio.

En cuanto a la proporcionalidad de la medida, argumenta que la calificación de las infracciones y las medidas disciplinarias establecidas son proporcionales a la gravedad de las infracciones.

Pide, en definitiva, rechazar la presente acción de protección.

TERCERO: Que, a petición de esta Corte, se solicitó a la Superintendencia de Educación que informe al tenor de la presente acción constitucional, acompañando todos los antecedentes que obran en su poder al respecto, en particular aquellos vinculados con la medida de expulsión del nombre reservado del estudiante nombre reservado.

Previa exposición normativa sobre las facultades legales de fiscalización de dicho servicio, expone la Superintendencia que, en cuanto a la materia de autos, el 15 de julio del 2025 ingresó el expediente de expulsión CAS-112253-R0Y2T4, expulsión que se ajustó al procedimiento contemplado en el artículo 6 letra d) del DFL 2 de 1998, del Ministerio de Educación. Por lo tanto, con fecha 10 de octubre del 2025, se cerró el expediente en la Unidad de Protección de Derechos Educacionales de la Superintendencia de Educación a través de MEMO 13DR NUM000.

CUARTO: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que habrá que señalar, primeramente, que cuando el artículo 20 de la Constitución Política de la República se refiere a actos u omisiones ilegales, no está aludiendo, necesariamente, a una contravención a la ley formal, aquella definida en el artículo 1° del Código Civil, sino que, en realidad, incluye en tal concepto la juridicidad que un determinado organismo se ha dado. Luego, la “ilegalidad” que se denuncia puede consistir en una contravención, por parte de la recurrida, al denominado RICE, esto es al reglamento interno del nombre reservado.

SEXTO: Que, desde luego, no existe ilegalidad —en los términos señalados en el motivo anterior—ni arbitrariedad en el obrar del nombre reservado. El alumno indicado fue identificado por funcionarios del establecimiento cuando se descubría la cara de la capucha que portaba y, posteriormente, al salir del lugar, lo que motivó una investigación que se llevó con estricto apego al reglamento interno, avalado ello por la Superintendencia de Educación, estableciéndose, con la prueba aportada, que el alumno había incurrido en la falta gravísima del artículo 33 y 33.3 del aludido RICE, aplicándosele la medida de expulsión, prevista en este instrumento para casos de faltas gravísimas.

SÉPTIMO. Que cabe consignar que esta Corte no constituye una segunda instancia de la decisión adoptada soberanamente por el nombre reservado, sino que es, a través del medio de impugnación empleado por la parte recurrente, una revisora del apego a la juridicidad de lo obrado y, como se dijo, ninguna falta puede advertirse en el procedimiento empleado respecto del citado alumno.

OCTAVO: Que no ha sido el mero capricho lo que ha llevado al nombre reservado a disponer la expulsión de nombre reservado, sino su conducta considerada como una falta gravísima a la que se ha hecho referencia, de modo que también ha de descartarse la arbitrariedad a que se refiere el citado artículo 20 de la carta fundamental.

NOVENO: Que, entonces, el recurso será desestimado.

Y visto, además, el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en estos antecedentes.

Redacción del ministro señor Mera.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección N° 16.209-2025.

No firma el ministro (s) Sr. Córdova, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por haber cesado su suplencia.