nombre reservado con AFP HABITAT S.A

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 17 de julio de 2025, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A., por estimar que dicha entidad incurrió en un acto ilegal y arbitrario al denegar, mediante comunicación de fecha 8 de julio de 2025, la solicitud de devolución de sus fondos previsionales en calidad de trabajador técnico extranjero amparado por la Ley N° 18.156, resolución que vulnera sus derechos constitucionales a la igualdad ante la ley y a la propiedad, reconocidos en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente, profesional extranjero titulado como Ingeniero Mecánico por la Universidad de Oriente de Venezuela, solicitó ante la AFP Hábitat la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley N° 18.156, acompañando los antecedentes exigidos por la normativa, entre ellos el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), su título profesional apostillado y el contrato de trabajo celebrado con Cardioasa SpA, en el que manifestó expresamente su voluntad de mantener su afiliación al sistema previsional de su país de origen.

No obstante, la AFP rechazó su solicitud señalando que la constancia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no sería válida por carecer de firma autorizada y no encontrarse apostillada, estimando que no cumplía con los requisitos formales de acreditación de afiliación extranjera.

Alega que el rechazo adolece de ilegalidad, desde que la ley no exige la apostilla ni legalización del documento que acredita la afiliación, limitándose a requerir que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen extranjero que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, condición que se acredita plenamente con la constancia emitida por el IVSS, organismo público de la República Bolivariana de Venezuela.

Añade que dicho certificado cuenta con un código de verificación electrónico que permite corroborar su autenticidad mediante el sitio web institucional del IVSS, por lo que la recurrida podía —y debía— verificarlo directamente, sin desconocer su validez formal.

Afirma que la negativa de la AFP Hábitat constituye un acto arbitrario, por cuanto adopta una decisión caprichosa y desprovista de razonabilidad, fundada en una interpretación excesivamente formalista y restrictiva de la Ley N° 18.156, que desconoce su sentido y finalidad. Dicha norma —precisa— busca incentivar la contratación de personal técnico extranjero permitiéndole eximirse de cotizar en el sistema chileno, manteniendo su previsión en el extranjero y posibilitando el retiro de los fondos acumulados en caso de haber cotizado en Chile.

Imponer requisitos no contemplados en la ley importa restringir indebidamente este beneficio y desnaturalizar su propósito.

Sostiene además que la exigencia de apostilla resulta imposible de cumplir, pues actualmente no existe representación diplomática de Venezuela en Chile, lo que configura un caso fortuito o fuerza mayor en los términos del artículo 45 del Código Civil, de manera que a lo imposible nadie está obligado.

En consecuencia, imponer tal requisito coloca al recurrente en una situación de vulnerabilidad e indefensión, impidiéndole acceder a recursos de su propiedad que no han sido cuestionados en cuanto a su origen ni monto.

Invoca el derecho a la igualdad ante la ley, señalando que otras AFP, particularmente Cuprum, han aceptado solicitudes idénticas verificando electrónicamente las constancias del IVSS, por lo que la diferencia de trato carece de justificación objetiva y racional.

Asimismo, alega vulneración del derecho de propiedad, al privársele del ejercicio de las facultades esenciales del dominio sobre sus ahorros previsionales sin ley que lo autorice.

Desarrolla extensamente jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones del país (Roles N° 96.380-2021, 247.104-2023, 241-2025, 1269-2025, 533-2025, entre otros), que han declarado ilegales y arbitrarios los rechazos de solicitudes de devolución de fondos previsionales fundados en exigencias formales no previstas en la Ley N° 18.156.

De tales precedentes —destaca— se desprende que la negativa a restituir los fondos constituye una retención injustificada que vulnera el derecho de propiedad sobre los ahorros previsionales.

Por lo expuesto, solicita se acoja el recurso y se ordene a la AFP Hábitat reconocer la validez de la documentación acompañada, tener por cumplidos los requisitos del artículo 1° de la Ley N° 18.156 y proceder a la devolución de los fondos previsionales depositados en su cuenta individual, dentro de un plazo razonable, adoptando las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que comparece Jimena Holtheuer Vergara, abogada, en representación de AFP Hábitat S.A., y evacua informe, solicitando el rechazo íntegro de la acción con costas.

Señala que el recurso de protección no es la vía idónea, por cuanto su objeto no es discutir derechos controvertidos y en este caso el recurrente pretende, mediante esta acción cautelar, impugnar una decisión fundada en la aplicación estricta de la Ley N° 18.156, sin haber acreditado los requisitos copulativos que exige la normativa, particularmente la afiliación a un régimen previsional extranjero debidamente certificada y apostillada.

Indica que la solicitud fue rechazada por carta de 8 de julio de 2025, luego de que la Fiscalía de la Administradora emitiera el informe jurídico N° 479/2025, constatando que el recurrente acompañó una constancia electrónica del IVSS sin firma responsable ni apostilla, y una declaración jurada notarial de un tercero en su nombre, carentes ambas de valor legal en Chile conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Precisa que el código de verificación electrónica del documento venezolano no reemplaza la exigencia legal de apostilla o legalización para surtir efectos en el territorio nacional.

Sostiene que la Administradora actuó dentro de sus competencias, aplicando la normativa vigente dictada por la Superintendencia de Pensiones, contenida en el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que obliga a las administradoras a verificar que la documentación se encuentre debidamente legalizada o apostillada, requisito de cumplimiento obligatorio y uniforme para todos los solicitantes, sin distinción de nacionalidad ni circunstancia política del país de origen.

Añade que el Oficio Ordinario N° 12.954 de 17 de julio de 2025 de la Superintendencia de Pensiones ratificó este criterio, reiterando que Chile y Venezuela son Estados Parte del Convenio de La Haya sobre la Apostilla y que los documentos emitidos por autoridades venezolanas deben presentarse apostillados por la autoridad competente de ese país, pudiendo verificarse su autenticidad en el portal oficial de legalización venezolano. Por tanto, no existe obstáculo material ni jurídico que impida al recurrente obtener dicha certificación.

En cuanto al fondo, la recurrida sostiene que no se ha vulnerado el derecho de propiedad del afiliado, pues los fondos previsionales permanecen íntegros en su cuenta individual y su titularidad nunca ha sido desconocida. Tampoco se afecta la igualdad ante la ley, dado que todos los afiliados extranjeros deben cumplir con las mismas exigencias formales para acceder a la devolución prevista en la Ley N° 18.156, norma de carácter excepcional y de interpretación estricta. El rechazo de la solicitud no constituye privación de propiedad, sino la denegación de un beneficio especial cuya procedencia no ha sido acreditada.

Cita abundante jurisprudencia reciente de las Cortes de Santiago, Valparaíso y San Miguel, confirmada por la Corte Suprema (roles 17.872-2025, 18.586-2025, 17.866-2025, entre otros), que han desestimado recursos análogos de ciudadanos venezolanos por idénticos motivos, concluyendo que la exigencia de apostilla no es arbitraria ni ilegal, sino una aplicación correcta de la ley.

En definitiva, afirma que se limitó a aplicar las disposiciones legales y administrativas que regulan el beneficio, sin incurrir en ilegalidad ni arbitrariedad alguna, y que el recurso constituye un intento improcedente de alterar por vía de protección un régimen jurídico especial sujeto a control legal y técnico de la Superintendencia de Pensiones. Solicita, por tanto, que el recurso sea rechazado en todas sus partes con expresa condena en costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, del mérito de los antecedentes y del informe evacuado por la recurrida, aparece que la solicitud del recurrente fue rechazada por no haber acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero con las formalidades de legalización o apostilla exigidas para que dicho documento tenga valor probatorio en Chile, conforme a lo dispuesto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, y a las instrucciones contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dictadas por la Superintendencia de Pensiones, las cuales son de observancia obligatoria para las Administradoras de Fondos de Pensiones.

QUINTO: Que, específicamente, el documento presentado por el actor, esto es, la constancia de afiliación emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, carece de firma autorizada, no fue legalizado ni apostillado conforme a los mecanismos previstos en el Convenio de La Haya de 1961, y, por tanto, no cumple con los requisitos de autenticidad y validez exigidos por la normativa nacional. El hecho de contener un código de verificación electrónica (el cual, por lo demás, se encuentra vencido a la fecha de esta sentencia) no suple las formalidades legales que rigen para la eficacia de los instrumentos públicos extranjeros en el territorio chileno, en tanto nuestro ordenamiento jurídico exige la legalización o apostilla como garantía de su autenticidad.

SEXTO: Que, en tales condiciones, no puede calificarse de ilegal ni arbitrario el actuar de AFP Hábitat S.A., al exigir el cumplimiento de los estándares formales y normativos establecidos por la ley y la autoridad administrativa competente. La Administradora, al verificar la insuficiencia de los antecedentes acompañados, se limitó a aplicar la regulación vigente, sin exceder el ámbito de sus atribuciones ni incurrir en trato desigual o discriminatorio respecto de otros afiliados en idéntica situación.

SÉPTIMO: Que, si bien la Ley N° 18.156 no contiene una mención expresa a la exigencia de apostilla o legalización de los documentos emitidos en el extranjero, ello no implica la derogación o inaplicabilidad de las normas generales sobre la validez y eficacia probatoria de tales instrumentos, previstas en el ordenamiento jurídico chileno. Por el contrario, tratándose de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento de los requisitos sustantivos exigidos por la ley, resulta indispensable acreditar su autenticidad por los medios legalmente previstos, máxime cuando se trata de un beneficio de carácter excepcional y restrictivo, que exige la verificación estricta de sus presupuestos.

OCTAVO: Que, en consecuencia, la decisión impugnada encuentra sustento en la aplicación razonada y fundada de la normativa legal y reglamentaria vigente, sin que pueda imputarse a la recurrida un actuar carente de legalidad o de fundamento racional, por lo que no se configura el acto arbitrario o ilegal que la acción de protección presupone, debiendo, en consecuencia, el recurso ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunamente, archívese.

Protección N°16.205-2025.