nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, trece de noviembre de dos mil veinticinco.

Al folio 14: a todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, el 17 de julio de 2025, comparece el abogado don Pablo Daniel Peñaloza Parra, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone acción constitucional de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en rechazar la solicitud de su representada de retiro de fondos previsionales efectuada de conformidad a la ley N°18.156, lo que vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el actor presentó una solicitud de devolución de fondos previsionales cumpliendo con todos los requisitos para ello, sin embargo, mediante correo electrónico de 16 de abril de 2025 la recurrida le comunicó su negativa, fundada en que el “Certificado de Seguridad Social: el documento no cumple criterios de aceptación para esta solicitud”.

Sostiene que dicha determinación es ilegal y arbitraria toda vez que no resulta claro cuál es el parámetro o criterio que no se cumple.

Asevera que el certificado acompañado se encuentra legalizado ante el Consulado de Venezuela y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y que cuenta con código alfanumérico a fin de poder verificarse su validez a través de la página de internet que indica.

A este respecto, hace presente que otra administradora de fondos de pensiones ha accedido a solicitudes de similar tenor mediante la verificación de la constancia electrónica a través de internet.

Previa referencia a la normativa y jurisprudencia que estima pertinente, solicita que se ordene a la recurrida a que reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a emitir un nuevo pronunciamiento respecto a la solicitud de devolución de fondos previsionales y efectuar dicha devolución dentro de un plazo de 5 días.

Segundo: Que, el 26 de julio de 2025, la abogada doña Romina Dalbosco Cornejo, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. evacuó el informe requerido, a través del cual solicita el rechazo del presente arbitrio.

Expone que el rechazo a la solicitud del actor obedece a que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N°18.156, el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, la circular N°553 de la Superintendencia de Pensiones, el Libro II Título XI del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, y el Oficio Reservado N°2966, de fecha 3 de agosto 2023, emitido por la División de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, los trabajadores extranjeros efectivamente pueden estar exentos de la obligación de cotizar en Chile, siempre que cumplan con ciertos requisitos legales, entre ellos, que se encuentren afiliados a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile que les otorgue prestaciones en materias de enfermedad, invalidez, vejez o muerte y que el documento que acredite tal calidad, se encuentre debidamente legalizado y apostillado.

Explica que la aludida normativa exige que los documentos emitidos fuera del país se encuentren debidamente legalizados, entendiéndose por tal, entre otras alternativas, el atestamiento de un agente diplomático acreditado en Chile por el Gobierno del país en que se otorgó el documento, cuya firma debe ser certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República.

Afirma que, si bien en el caso de Venezuela no existe representación diplomática acreditada, ello no exime del cumplimiento de los requisitos de legalización establecidos en la ley.

Asevera que la recurrida no cuenta con facultades para reemplazar, interpretar o dejar sin aplicación un requisito legal, como lo es la legalización consular exigida por el ordenamiento jurídico nacional, de forma tal que la imposibilidad de legalización de documentos no le puede ser imputada, y tanto menos traducirse en la obligación de aceptar documentos carentes de la debida autenticación legal, se forma tal que el actuar de la recurrida se ha ajustado estrictamente a la normativa vigente.

De otra parte, en cuanto a la posibilidad de verificar la validez del documento en cuestión a través de la plataforma digital del gobierno venezolano, la recurrida le consultó dicha alternativa a la Superintendencia de Pensiones, rechazándose la propuesta efectuada al efecto, por entender ésta que lo relativo a la validez de un documento extranjero excede el ámbito de competencias de aquel organismo.

Agrega que la constancia presentada por el recurrente fue un documento erróneo en cuanto a su naturaleza, pues no acreditaba la afiliación efectiva ni la cobertura previsional exigida, y carecía de la legalización requerida para producir efectos legales en Chile. Asimismo, hace referencia al Oficio Ordinario N°12954 de fecha 17 de julio de 2025, emitido por la Superintendencia de Pensiones, que establece que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas ni apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para acreditar la exigencia en cuestión.

Finalmente, la parte recurrida argumenta que acceder a lo solicitado por la recurrente implicaría apartarse del principio de igualdad ante la ley y otorgar un trato diferenciado e injustificado sin respaldo legal suficiente, vulnerando la igualdad de trato que corresponde a todos los afiliados en circunstancias similares.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -es decir, producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, conforme a lo señalado, el acto impugnado en estos autos consiste en la comunicación de fecha 16 de abril de 2025 mediante la cual la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por la recurrente en virtud de lo dispuesto en la Ley N°18.156, fundándose dicha decisión en el incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios exigidos para acceder a dicha devolución.

Quinto: Que, según el artículo 7 de la Ley N°18.156, los trabajadores extranjeros que hubieren registrado cotizaciones previsionales en una administradora podrán solicitar su devolución, siempre que hayan cumplido previamente con las condiciones del artículo 1° del mismo cuerpo legal. Entre estas, se contempla que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social extranjero que otorgue prestaciones, al menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que haya expresado su voluntad de mantener dicha afiliación en su contrato de trabajo. Esta normativa ha sido complementada y precisada por el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones emitido por la Superintendencia de Pensiones.

Sexto: Que, en la especie, del mérito de los antecedentes allegados al proceso, se observa que la recurrente acompañó una constancia electrónica de cotizaciones ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Si bien este documento pretende acreditar su afiliación al sistema previsional venezolano, el mismo no cuenta con la debida apostilla o legalización exigida por la normativa vigente, requisito esencial para que dicho documento produzca efectos legales en Chile.

Séptimo: Que, adicionalmente, la recurrente pretendió validar la autenticidad del documento mediante una declaración jurada prestada ante notario público. Sin embargo, dicha actuación no sustituye la exigencia legal de legalización o apostilla establecida expresamente en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil que dispone que "Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas. La autenticidad de las firmas y el carácter de estos funcionarios se comprobará en Chile por alguno de los medios siguientes:

1°. El atestado de un agente diplomático o consular chileno, acreditado en el país de donde el instrumento procede, y cuya firma se compruebe con el respectivo certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores;

2°. El atestado de un agente diplomático o consular de una nación amiga acreditado en el mismo país, a falta de funcionario chileno, certificándose en este caso la firma por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores del país a que pertenezca el agente o del Ministro Diplomático de dicho país en Chile, y además por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República en ambos casos; y 3°. El atestado del agente diplomático acreditado en Chile por el Gobierno del país en donde se otorgó el instrumento, certificándose su firma por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República".

En dicho sentido, la legalización o apostilla constituye una formalidad sustancial que permite dotar de autenticidad y fuerza probatoria a documentos públicos emitidos en el extranjero, razón por la cual no puede reprocharse a la AFP recurrida el haber desestimado el documento por carecer de esta formalidad.

Octavo: Que, en este contexto, la resolución de rechazo dictada por la administradora no se presenta como un acto ilegal, en la medida que encuentra sustento en normas legales y administrativas expresas. Tampoco se divisa arbitrariedad en su emisión, toda vez que se han aplicado de manera razonable y objetiva los requisitos previamente establecidos por el ordenamiento jurídico, sin apreciarse elementos de discriminación, irracionalidad o desvío de poder. Por el contrario, el actuar de la AFP Uno S.A. se ajusta a las facultades que le otorga la ley para verificar el cumplimiento de las condiciones necesarias para proceder con la devolución de fondos previsionales.

Noveno: Que, por lo demás, no se priva a la recurrente de la posibilidad de obtener la devolución de sus fondos en el futuro. En tal sentido, el rechazo actual no constituye una afectación definitiva o irreparable de sus derechos, sino una negativa basada en el incumplimiento de requisitos objetivos que pueden ser eventualmente subsanados.

Décimo: Que, en atención a todo lo anterior, no se configura en la especie la existencia de un acto ilegal o arbitrario que justifique acoger la acción de protección intentada, la cual, como ha sido señalado reiteradamente por la jurisprudencia de los tribunales superiores, exige la existencia de un derecho indubitado, actual y evidente, cuyo ejercicio se vea afectado por una acción u omisión contraria a derecho.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada en favor de don nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-16204-2025.