nombre reservado con CARABINEROS DE CHILE PREFECTURA PORVENIR ACUM. ING. CORTE 161964, 162152, 162153, 162228, 162235 Y 163214 TODOS DEL 2019.-

Santiago, tres de abril de dos mil veinte.

VISTO:

En estos autos acumulados, comparecen nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos abogados, por sí y en representación del “Piquete Jurídico de la Universidad de Chile”; nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, también abogadas por sí, e interponen recursos de protección en contra de distintas unidades de Carabineros de Chile, particularmente para cada caso, respecto de la 16° comisaría de La Reina; 1°, 2°, 3°, 4°, 28° y 61° comisarías de Santiago; 53° comisaría de Lo Barnechea; 17° comisaría de Las Condes; 46° comisaría de Macul; 22° comisaría de Quinta Normal, 33° comisaría de Ñuñoa; 36° y 61° comisaría de La Florida; 43 comisaría de Peñalolén; 44° comisaría de Lo Prado; 49° comisaría de Quilicura; sub comisaría de la Ciudad Satélite; y en general en contra de Carabineros de Chile, respecto del acto que califican de ilegal y arbitrario, consistente en la negativa de entregar información acerca de las detenciones y las condiciones en que estas se han llevado a cabo en relación a los detenidos ingresados en el contexto de las manifestaciones acontecidas en Santiago de Chile entre los días viernes 18 y lunes 22 de octubre de 2019, impidiendo la comunicación de los imputados con la asistencia jurídica, sin facilitar además, los datos a quienes fueron a ofrecerla, solicitando se restablezca el imperio del derecho, asegurando la debida protección de los detenidos, concretamente, que con apego a la ley se permita la comunicación de los detenidos tanto con su asistencia jurídica como con sus familiares, conforme lo consagra el Código Procesal Penal.

Alegan, en síntesis, que al concurrir cada uno de ellos a las señaladas comisarías en las fechas que indican y solicitar información acerca de los detenidos y sus condiciones, los respectivos funcionarios les informaron, en algunos casos, que aquella podía ser entregada solo a los abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos y en otros, que tal requerimiento cabía hacerlo recurriendo al mecanismo de la Ley de Transparencia, argumentos que, advierten, no tienen asidero legal, atendido que esa determinación conculca los derechos del imputado consagrados en el artículo 94 literales e), f) y h) el Código Procesal Penal, lo que además debe vincularse con la vulneración de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y el artículo 7° de la Constitución Política de la República, en tanto existe una omisión en la conducta de carabineros que termina excediendo las facultades que la ley y la Constitución les confiere, pues adoptaron un procedimiento apartado de las mismas, lo que constituye que su actuación sea arbitraria e ilegal, a lo que se añade la obligación que el artículo 257 del Código Penal impone a los funcionarios públicos.

En lo tocante a la garantía constitucional vulnerada, apuntan a que ello se produce respecto de la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República) al establecer la autoridad diferencias arbitrarias entre los detenidos, puesto que en el resto de las comisarías del país se ha obrado en virtud de pautas ajustadas a la ley, por lo que en la práctica, queda sujeto al azar de los ciudadanos en qué comisaría se desarrolle su detención para determinar si sus derechos serán respetados, cuestión que el ordenamiento no puede avalar.

Informando el recurrido nombre reservado, General Inspector de la Jefatura de la Zona Metropolitana de Carabineros de Chile, después de hacer presente la situación excepcional que afectó al país derivado las graves alteraciones al orden público ocurridas el 18 de octubre de 2019, señala que la información que alegan los recurrentes que no les fue proporcionada, fue debidamente entregada a los miembros del Instituto de Derechos Humanos así como a los jueces de garantía y familia, fiscales y defensores públicos, a los abogados de O.P.D. y defensores de la niñez y en general a los abogados particulares.

A continuación detalla los descargos efectuados por las distintas unidades de carabineros involucradas en el presente recurso, que en suma apunta a que la información requerida solo fue entregada al Instituto Nacional de Derechos Humanos y no a terceras personas que no ostentaran mandato alguno, quienes por lo demás no diferenciaban su petición, al señalar su intención de entrevistarse con la totalidad de los detenidos. Asimismo, no se les dio acceso a los datos personales, pues no tenían vinculación con los detenidos y se trataba de información sensible de los mismos. Lo que además fue entendido así por la jueza de garantía que asistió a una reunión de trabajo con una de las comisarías involucradas, pues autorizó a determinados personeros de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile y a otros, para acceder a los registros de los detenidos existentes en las unidades policiales, siempre que contaran con la autorización de los privados de libertad.

En otras unidades, puntualiza que los recurrentes ingresaron a entrevistarse con los detenidos, y que en otra ocasión se entregó la información requerida. De acuerdo a los datos recabados, en algunas comisarías no se registran letrados o estudiantes requiriendo información o bien a aquellos que se presentaron, se les indicó que no existían detenidos, permitiéndoles el ingreso a los calabozos y la exhibición del libro de detenidos. Asimismo, en otras situaciones se consultó a los privados de libertas, quienes manifestaron tener abogados particulares y que no deseaban entrevistarse con aquellos abogados que se apersonaron a la comisaría revisando el registro de detenidos.

Respecto de la negativa que fundan los recursos en cuestión, si bien las letras e), f) y h) del artículo 94 del Código de Procedimiento Penal estatuyen ciertos derechos, aquí no existe un representado determinado o determinable de la supuesta vulneración que alega la contraria. De manera que quienes se presentaron no tienen representados o clientes determinados, por lo que tal pretensión transgrede el artículo 96 del mismo cuerpo legal, en tanto es el abogado quien tiene derecho a requerir información al funcionario encargado de cualquier lugar de detención o prisión sobre la confirmación de encontrarse privada de libertad una persona determinada, pero no de todos los detenidos.

En consecuencia, no existe la vulneración que se esgrime en el recurso, puesto que el hecho de que en algunos casos no se entregara información o no se otorgara acceso a personas privadas de libertad, no es ilegal, atendido que los recurrentes no se encontraban en las situaciones que para esos efectos prevé la ley.

Se tuvo por desistido de a la abogada doña Maria Ariztía Villaseca de la acción de protección Rol 16.2228-2019.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1°.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

2°.- Que a través de todos los recursos se denuncia que la institución recurrida no otorgó información acerca del estado de las personas detenidas entre el 18 y el 21 de octubre de 2019, impidiendo la comunicación entre aquellas y sus familias o con su asistencia jurídica, vulnerando con ello, se dice, los derechos de los imputados según lo prescriben las letras e), f) y h) del artículo 94 del Código Procesal Penal, conculcando por lo mismo, la garantía fundamental de la igualdad ante la ley prevista en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República.

A consecuencia de lo anterior, se solicita se restablezca el imperio del derecho y, por tanto, se asegure la debida protección de los detenidos, permitiéndoles la comunicación con su asistencia jurídica y sus familiares o con quien soliciten, conforme lo prescribe el Código Procesal Penal, agregando uno de los recursos (162.985-2019) que se informe, además, sobre la elaboración de los registros pertinentes a toda detención desarrollada en las comisarías recurridas y la entrega de los detenidos, poniendo a disposición el registro público que contenga la identidad y estado de los mismos a las abogadas y en general a cualquier persona para la asesoría y defensa de sus derechos.

3°.- Que como se ve de lo expositivo, en lo medular no existe discusión entre las partes en cuanto a que en ciertas y determinadas comisarías se presentaron personas que dijeron ser abogadas y abogados, en alguno casos identificados y en otros no, quienes solicitaron entrevistarse con los detenidos y revisar el libro que se lleva al efecto así como inspeccionar los calabozos; peticiones que en la mayoría de los casos, al menos en un primer momento, fueron desestimadas por los funcionarios de carabineros a cargo.

No se ha desconocido, sin embargo, en los respectivos recursos ni en los alegatos, que los detenidos en cuestión contaban con la correspondiente asesoría, la que no fue limitada por el personal policial.

4°.- Que en este orden de consideraciones, conviene recordar, como reiteradamente y desde antiguo lo ha sostenido la Corte Suprema, que “a través del recurso de protección no se ha establecido una acción de las llamadas "populares" (Corte Suprema, sentencia de 2 noviembre 1998, R.G.J., T. 221, pág. 38) agregando que en materia de protección “el derecho de recurrir a quien es directamente perjudicado con el acto que atenta a una garantía constitucional; un tercero puede también plantearlo, pero ello no lo lleva más allá de ser un ejecutor de la voluntad de la persona a quien represente; debe excluirse la posibilidad de que el derecho a recurrir de protección pudiere entenderse como una acción "general" o "popular" (Corte Suprema, sentencia de 9 agosto 1984, R.F.M., N° 309, pág. 393) por lo que “quien deduce la acción de protección deber ser efectivamente titular del derecho cuya tutela se reclama, con tal grado de certeza que descarte al Tribunal toda duda en torno a su legitimidad del ejercicio”.(Corte Suprema, sentencia de 18 diciembre 2000, R.G.J., N° 246, pág. 29).

Lo anterior no solo deriva del texto constitucional, sino esencialmente de las exigencias mismas de la acción en análisis, toda vez que, entre sus requisitos se encuentra la existencia de una relación causal entre la acción u omisión ilegal o arbitraria y la lesión o amenaza al legítimo ejercicio del derecho fundamental que se sostiene amagado. Tal relación causal importa la existencia de un hecho concreto y determinado, ejecutado o realizado en forma ilegal o arbitraria y del cual se desprenden efectos que lesionan, impiden, limitan, restringen o amenazan el libre y legítimo ejercicio por parte de una persona determinada; de un derecho fundamental específicamente protegido por la acción de protección.

5°.- Que las directrices señaladas permiten desde ya advertir una serie de deficiencias formales en la construcción de los recursos en examen, pues como primera cosa salta a la vista que parte de la vulneración se vincula con personas indeterminadas y que supuestamente fueron privadas de su derecho a defensa; tal fundamentación y que redunda en los principales requerimientos de los arbitrios, demuestran su indeterminación, atentando contra su objeto, cual es cautelar el ejercicio legítimo de las garantías constitucionales reconocidas a personas determinadas y en casos concretos; no se trata de una acción popular que pueda interponerse por cualquier persona que no tenga interés inmediato y directo comprometido, desde que el constituyente personalizó su ejercicio, según se adelantó. El cuestionamiento anterior no se salva con la información proporcionada por Carabineros de Chile, y que dice relación con la nómina de los detenidos entre el 18 y 23 de octubre pasado, pues la situación específica de cada uno se desconoce.

6°.- Que, además, no existe antecedente en este proceso que permita asentar que los detenidos -cuya identidad se ignora- no hayan tenido acceso a defensa jurídica en los términos que se consagra en la letra f) del artículo 94 del Código Procesal Penal, toda vez que la circunstancia de que los abogados recurrentes no hayan podido, todos ellos, entrevistarse con la totalidad de las personas privadas de libertad que se encontraban en la comisarías, no significa que estas no contaran con defensa letrada conforme lo dispone la ley. Tampoco existe evidencia de que no se cumpliera por parte del personal policial con las imposiciones de las letras e) y h) en relación a los familiares de los detenidos, pues como se ve, ningún reclamo se acompañó al respecto, lo que atendiendo a la finalidad propia del recurso de protección, esto es restablecer la vigencia del derecho, reaccionando frente a una situación anormal y evidente que atenta contra alguna de las garantías que establece la Carta Fundamental, impide disponer alguna medida a su respecto, dada la indeterminación es este ámbito.

7°.- Que por otro lado, y ya respecto de todos los recurrentes, aparece con nitidez que esta Corte no se encuentra en situación de adoptar medida alguna a su favor, atendido que los actos que se acusan de ilegales y arbitrarios, se consumaron en aquella parte en que se peticiona el acceso actual a los registros de los detenidos, respecto de personas indeterminadas, lo que hace desaparecer el presupuesto de naturaleza cautelar del recurso que se contiene en el citado artículo 20 de la Constitución.

8°.- Que sin perjuicio de lo dicho, la materia que se propone hace necesario recordar que el inciso segundo de la letra d) del número 7° del artículo 19 de la Constitución Política de la República garantiza que: “Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso, sin dejar constancia de la orden correspondiente, emanada de autoridad que tenga facultad legal, en un registro que será público”. Esta norma debe relacionarse con lo que señala la letra c) del mismo número y artículo que prescribe que “Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante, con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes”.

Tales disposiciones contemplan un bloque de garantías respecto de las personas privadas de libertad, pues tal medida debe ser ordenada por autoridad con facultades para ello, en los casos en que la ley lo permite, salvo en situación de flagrancia, pues en tal hipótesis se aplica el estatuto especial que se regula entre los artículos 129 y 138 del Código Procesal Penal.

9°.- Que en concordancia con lo expuesto, los artículos 96 y 97 del Código Procesal Penal, disponen, el primero en relación a los derechos de los abogados, que “Todo abogado tendrá derecho a requerir del funcionario encargado de cualquier lugar de detención o prisión, la confirmación de encontrarse privada de libertad una persona determinada en ese o en otro establecimiento del mismo servicio y que se ubicare en la comuna.

En caso afirmativo y con el acuerdo del afectado, el abogado tendrá derecho a conferenciar privadamente con él y, con su consentimiento, a recabar del encargado del establecimiento la información consignada en la letra a) del artículo 94.

Si fuere requerido, el funcionario encargado deberá extender, en el acto, una constancia de no encontrarse privada de libertad en el establecimiento la persona por la que se hubiere consultado”.

Por su lado, el artículo 97, que regula la obligación de cumplimiento e información, estatuye que “El tribunal, los fiscales y los funcionarios policiales dejarán constancia en los respectivos registros, conforme al avance del procedimiento, de haber cumplido las normas legales que establecen los derechos y garantías del imputado”.

10°.- Que como se observa, la mirada en conjunto de la normativa llamada a resolver el asunto, permite sostener que en el rango constitucional, el registro público al que se refiere es aquel en el que conste las órdenes de arresto, detención, procesamiento o prisión, emanadas de autoridad con facultad legal y que en el ámbito legal, se impone la obligación el encargado del lugar de detención, frente al requerimiento de cualquier persona que tenga la calidad de abogado, confirmar la privación de libertad de una persona determinada en ese lugar y solo en el caso de ser ello efectivo respecto de esa persona determinada por la que se consultó, el profesional tendrá derecho a reunirse con ella, y siempre con su consentimiento, podrá requerir la información consignada en la letra a) del artículo 94 (que se le exprese específica y claramente el motivo de su privación de libertad y que se exhiba la orden respectiva, salvo en el caso de delito flagrante).

11°.- Que en este entendido, el sustrato fáctico de la acción de protección que se dedujo sobrepasa los límites de la normativa en cuestión, atendido que, como primera cosa, el marco regulatorio se estructura siempre y en todo momento como una garantía del privado de libertad, que resguarda sus derechos en tanto solo confiere la prerrogativa al abogado, en la medida que la información diga relación con un sujeto determinado y la actuación del profesional respecto de este sea debidamente aceptada por el destinatario, circunstancias que como se dijo se apartan de las hipótesis que involucran los alegatos de protección, en que un grupo de abogadas y abogados han pretendido otorgar defensa jurídica a personas indeterminadas y respecto de ellas (totalidad de los detenidos) han solicitado información sin su aquiescencia.

En esta misma comprensión debe analizarse el citado artículo 97 que obliga a los funcionarios que la misma disposición señala a dejar constancia en los registros de haber cumplido las normas legales que establecen los derechos y garantías del imputado y que no alude a algún derecho de los abogados ni a la obligación de exhibición de los registros.

En consecuencia, ninguna infracción en esta materia puede observarse por parte de la recurrida.

12°.- Que en cuanto a la arbitrariedad, no resulta posible concluir que ello se verifique en la conducta de las diversas unidades policiales, atendido que si bien existe coincidencia en cuanto a que en un primer momento se negó el acceso a alguno de los recurrentes tanto a los registros de detenidos como a estos mismos, lo cierto es que las acciones de la recurrida se enmarcaron en el contexto relatado por los recurrentes, pero en miras a la protección jurídica de los detenidos y su resguardo, conforme se indica en el informe, de su propia identidad y privacidad (artículos 92 y 182 del Código de Procedimiento Penal), sin que resultara contradicho que todos los privados de libertad fueron debidamente asesorados y asistidos legalmente. De ahí que la consulta del registro se materializara mediante un protocolo acordado con organismos públicos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos que garantiza los mismos derechos que pretenden los recurrentes.

13°.- Que ahora si alguna duda pudiera existir en lo sucesivo respecto del acceso a los registros de detenidos atento el carácter público de los mismos, cabe rescatar a este respecto lo señalado por el informe de la recurrida, que da cuenta que se adoptaron las medidas tendientes a poner a disposición el listado de detenidos en un lugar a la vista y de público acceso, “para evitar cualquier situación que se pueda gestar en el futuro, cuando por la gran cantidad de detenidos o por los hechos que se encuentren ocurriendo en la ciudad, como fue el estado de excepción y los graves atentados al orden público, las personas y las familias así como también los letrados puedan buscar de forma más expedita la información de quien y porqué se encuentra privado de libertad”. Luego, cualquier omisión en que pudo estar incurriendo la autoridad, fue subsanada, en concordancia con la norma constitucional y lo dictaminado por el Consejo para la Transparencia en esta materia, razón por la que no cabe medida que adoptar.

14°.- Que como corolario de lo que se viene diciendo, solo resta concluir que corresponde desestimar los arbitrios, sea por defectos en su formulación, sea porque no se divisa un acto ilegal o arbitrario respecto del cual esta Corte pueda adoptar alguna medida correctiva o de reparación, sea porque la incorrección en el procedimiento fue subsanada, razón por la que resulta innecesario ponderar las alegaciones respecto de la supuesta garantía constitucional conculcada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechazan los recursos de protección deducidos por los abogados ya singularizados en contra de Carabineros de Chile y las comisarias individualizadas.

Se previene que el Ministro señor Mera concurre a la decisión pero sin compartir lo razonado en los motivos 8°, 9°, 10°, 11°, 12° y 14°, por cuanto sólo procede rechazar el recurso por no tratarse el artículo 20 de la Constitución Política de la República de una acción popular y porque los pretendidos actos que se dicen ilegales o arbitrarios ya han sido subsanados, sin que corresponda hacer ninguna disquisición acerca del derecho a defensa o los deberes de las policías con relación a los detenidos, pues no son materias que, atendidas las dos razones dadas para rechazar el recurso de protección, deba pronunciarse la Corte de Apelaciones.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la Ministra señora Lilian Leyton Varela y de la prevención su autor.

No firma el Ministro (I) señor Advis, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Rol N° 16.1842-2019