nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de abril de dos mil veintitrés.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que recurre de protección constitucional Makarena García Dinamarca, abogada, en representación de nombre reservado, en contra de la Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, por el acto arbitrario e ilegal materializado en la Resolución Exenta RA N° 250/430/2022 de fecha 24 de noviembre de 2022, por la que dispuso no renovar la contrata de la protegida para la anualidad del año 2023, por no ser necesarios sus servicios, atendido que no califica para el perfil del cargo, lo que afectó las garantías constitucionales de su representado, en cuanto al derecho de la igualdad ante la ley, libertad de trabajo y el derecho de propiedad, consagradas en los numerales 2°, 16° y 24° del artículo 19° de la Constitución Política de la República.

Previas citas legales y constitucionales, pide que sean adoptadas todas las medidas conducentes para restablecer el imperio del derecho y, en especial: dejar sin efecto la Resolución Exenta RA N°250/430/2022, que dispuso la no renovación de su contrata y que el Servicio recurrido deberá dictar la resolución pertinente renovando la contrata hasta el 31 de diciembre de 2023, en las mismas condiciones que la última renovación, pagando las remuneraciones devengadas durante todo el tiempo que permaneció separado de sus funciones, con expresa condenación en costas.

Fundando el recurso, indica que el protegido ingresó a desempeñar funciones en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo -SENCE- el 1 de abril de 1992, en calidad de contrata asimilado al estamento administrativo grado 19 EUS, la que se extendía hasta el 31 de diciembre de 1997 o hasta que sus servicios fueran necesarios.

Agrega que dicha contratación fue renovada los años 1998, 1999 en calidad de contrata asimilado al estamento administrativo grado 14, siendo renovada en las mismas condiciones los años 2000 al 2012, año este último en que fue designado en calidad de contrata asimilado al estamento técnico grado 9 EUS, renovándose sus contratas los años 2013 al 2022.

Destaca que las citadas contratas han sido prorrogadas continua y sucesivamente, siendo su última prórroga el año 2022, la cual extendía su contratación hasta el 31 de diciembre de 2022.

Enfatiza que el actor fue un funcionario con 30 años, 8 meses, y 30 días de antigüedad como contrata en el SENCE. Detalla que las funciones correspondían en el Departamento de Administración y Finanzas, y que el actor tiene la profesión de Administrador Público.

Indica que siempre las calificaciones del protegido han sido de excelencia y que nunca se registró en su hoja de vida alguna anotación negativa referente a sus capacidades y que nunca ha sido sometida a sumario administrativo.

Detalla los fundamentos de la resolución impugnada.

Identifica la ilegalidad en el obrar de la recurrida por la falta de motivación del acto recurrido, ya que la resolución por la que se puso término a la contrata del recurrente solo tiene una argumentación aparente y artificiosa, la que no se condice con la realidad, contrariando de esta forma lo dispuesto en el artículo 11 y 41 de la Ley N° 19.880.

Del mismo modo, la falta de fundamentación deviene en la afectación del principio de la confianza legítima, por la loable expectativa que tenía la recurrente que la recurrida seguiría mantenido el criterio de renovación de contratos como así lo había realizado por años.

Afirma que si la razón para no renovar su contrata era la falta de adecuación al perfil del cargo, ello debió consignarse en las calificaciones, lo que no se hizo.

Finaliza refiriéndose como a su parecer entiende que el acto reprochado vulnera sus garantías constitucionales, las que enumera y explica.

SEGUNDO: Que informa Catalina Ruiz Mujica, abogada, en representación del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y pide el rechazo del recurso de protección por estimar que no han existido ni existen actuaciones u omisiones arbitrarias ni ilegales imputables a su representada.

Manifestó la improcedencia del recurso, ya que la materia puesta en debate es ajena a la naturaleza cautelar, urgente y sumaria de la acción de protección, siendo más acorde lo pedido declarativo, toda vez que en el presente recurso existe un derecho que se encuentra precisamente en discusión.

Luego señala que la fecha de ingreso del actor fue en el año 1997 y no en 1992. Afirma que el sustento de la resolución impugnada fue el informe emitido por la jefatura de 22 de noviembre del 2022, en el que se dejó constancia de diversos incumplimientos en las funciones del actor.

Afirma que, como consecuencia de los incumplimientos aludidos, se registraron dos anotaciones de demérito en su contra: Resolución N°1, de fecha 16 de junio de 2022, con ocasión del incumplimiento de políticas, normas y procedimientos, por el no pago a proveedores; Resolución N°51430, de fecha 27 de octubre de 2022, con ocasión de la falta de planificación y organización, incumplimiento que conllevo a declararse desiertas licitaciones a cargo del señor nombre reservado, en el ejercicio de sus funciones.

Destaca que el cargo del actor era una contrata transitoria, conforme lo regulan los artículos 3 letra c) y 9° de la Ley N° 18.834, que regula el Estatuto Administrativo.

Agrega que no se conculcó la confianza legítima, precisamente porque el acto reprochado está fundando y explicita las razones para proceder como se hizo.

Finalmente señala que ninguna de las garantías constitucionales denunciadas en el recurso ha sido afectadas como consecuencia del obrar de su representada.

TERCERO: Que como reiteradamente se ha sostenido por esta Corte, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil – o arbitrario – producto del mero capricho de quien incurre en él – y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

CUARTO: Que el asunto sometido a conocimiento de esta Corte ha sido la decisión de la recurrida de no renovar la contrata del protegido, para la anualidad del año 2023, por medio de la Resolución Exenta RA N° 250/430/2022 de fecha 24 de noviembre de 2022, lo que se estima atentatorio de la garantía que protege la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, establecidas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la carta política.

QUINTO: Que para la resolución de la presente acción constitucional, es del caso tener presente que, de conformidad a la Ley N° 18.834 sobre el Estatuto Administrativo, los empleados de la Administración del Estado se clasifican en “empleados de planta” o “empleados a contrata”, y que la diferencia esencial radica en la permanencia de las funciones de los primeros y en la transitoriedad de los segundos, de conformidad a lo dispuesto en su artículo 3° letra c), que define el empleo a contrata como “aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”. En este sentido, el artículo 10 de la Ley dispone que “los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”. En armonía con el precepto anterior, el artículo 146 letra f) del mismo texto legal, señala que el funcionario cesará en el cargo por el término del período legal por el cual ha sido designado y el artículo 153 dispone que produce la inmediata cesación de funciones el término del período legal por el cual es nombrado el funcionario o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado.

SEXTO: Que si bien el régimen de contrata supone la transitoriedad del cargo respectivo, la jurisprudencia reiterada de esta Corte y de la Exma. Corte Suprema, ha señalado que la renovación sucesiva y prolongada en el tiempo de dicha contratación, en la calidad indicada y por un plazo no inferior a cinco años, genera una legítima confianza en el sujeto contratado en cuanto a que su cargo será renovado por la autoridad administrativa, en la medida que no existan antecedentes que justifiquen lo contrario derivados de un sumario administrativo seguido en su contra o de una mala calificación funcionaria.

SÉPTIMO: Que así las cosas, debe observarse que la Resolución recurrida se funda en este caso en las deficiencias e incumplimientos en que habría incurrido el recurrido en el desempeño de sus funciones, consignados en el Informe emitido por su jefatura del recurrido, el 22 de noviembre del 2022.

Lo anterior, sin embargo, no se ve reflejado en las calificaciones del recurrente, pues, como aclaró la recurrida en estrados, el precitado funcionario fue calificado en Lista 1 en los dos últimos años, sin que se haya seguido además sumario administrativo alguno en su contra.

Adicionalmente, y como se adelantó en las consideraciones precedentes, la contrata del recurrente fue renovada sucesivamente durante un periodo que supera largamente los cinco años de desempeño ininterrumpido, de manera que, reuniéndose los requisitos del instituto de la confianza legítima antes mencionado, pues no existen como se dijo calificaciones deficientes ni algún sumario administrativo contra el actor, la decisión de no renovar su contrata resulta injustificada y carente de motivación, conforme lo exigen los artículos 11, 16 y 41 de la Ley Nº 19.880; circunstancia que redunda, a su vez, en una vulneración de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 Nºs 2 y 24 de la Carta Fundamental.

Por estos fundamentos y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido nombre reservado, en contra de la Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, debiendo reincorporar la recurrida al funcionario recurrente y pagar además las remuneraciones devengadas desde su separación.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-161725-2022.