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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 16170-201713 jul 2017

TRANSPORTES COMETA S.A con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Fecha
13 de julio de 2017
Corte
Corte de Apelaciones de Santiago
Resultado
Acogida
Cita
Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 16170-2017, sentencia de 13 de julio de 2017

Resumen

Se acoge el recurso de protección y se ordena a la Tesorería General de la República devolver $33.680.350 compensados ilegalmente por multas laborales no firmes, y a la Dirección del Trabajo eliminarlas de su base de deudores morosos, por vulnerar el derecho de propiedad.

Texto íntegro

Santiago, trece de julio de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

1°.- Que se deduce recurso de protección en favor de Transportes Cometa S.A., en contra de la Dirección del Trabajo y la Tesorería General de la República, por los actos que el actor estima arbitrarios e ilegales consistentes en las compensaciones realizadas respecto de su devolución de impuestos, año tributario 2015, con diversas deudas derivadas de multas laborales, lo que le ha ocasionado la retención de su devolución de impuestos por la suma de $33.680.010.- Explica que en febrero pasado a través de la página web del SII tomó conocimiento que la Tesorería General de la Republica efectuó una compensación por la suma de $61.136.750.-, autorizándosele una devolución de impuestos por $170.923.036, que corresponde al año 2016, descontado el monto compensado.

Del análisis de las multas laborales que fueron compensadas, en 13 casos tal medida resulta improcedente.

En efecto, 10 multas que totalizan la suma de $25.375.350.-, actualmente se encuentran en proceso de reclamación judicial; 1 multa por $2.768.220.-, fue dejada sin efecto mediante sentencia judicial que se encuentra firme y ejecutoriada; 1 multa por $2.768.220.-, se encuentra en proceso de reconsideración administrativa ante la Inspección del Trabajo y 1 multa por $2.768.220.-, respecto de la cual no se ha iniciado por parte de la Tesorería General de la República ningún procedimiento ejecutivo.

Tal actuar de los entes recurridos, vulneran las siguientes garantías constitucionales: la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el debido proceso (19 N° 3), toda vez que su parte no ha podido realizar su defensa jurídica en la forma que señala la ley; el derecho de propiedad, (19 N° 24) al privársele de parte de su devolución de impuestos y la discriminación arbitraria en materia económica, (artículo 19 N° 22). Solicita en definitiva que se acoja la presente acción de protección, ordenando a los órganos recurridos dejar sin efecto los actos arbitrarios e ilegales denunciados, anulando todo lo obrado respecto de las multas individualizadas y, en consecuencia, disponer que éstas se eliminen tanto de sus respectivas bases de datos como también del boletín de infractores laborales y que la Tesorería General de la República proceda a devolver la suma de $33.680.010.-, que corresponde al valor de las multas compensadas en forma ilegal, o la suma que SSI estime procedente conforme al mérito de los antecedentes, en subsidio solicita se ordene a la Dirección del Trabajo la eliminación de las morosidades referidas, con costas.

2°.- Que en su informe la Dirección del Trabajo expone que en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, a través de las Inspecciones Provinciales de Iquique, La Serena, Valparaíso, Linares y Osorno, procedió a imponer una serie de sanciones a la recurrente, luego de constatar hechos que importan una conculcación de leyes laborales.

Expone que su sistema informático institucional denominado DT Plus, opera de forma tal que, si los recursos administrativos o reclamos judiciales presentados en contra de las multas cursadas no son ingresadas dentro de un determinado lapso, éstas se entiendes ejecutoriadas y son cargadas automáticamente para su cobro en la Tesorería General de la República.

Señala que cuando se toma conocimiento de los reclamos interpuestos por los infractores, se adoptan las medidas correspondientes para enmendar tal situación. Así, en el caso de autos, una vez que la Dirección del Trabajo fue notificada de los reclamos judiciales deducidos respecto de 4 multas, se procedió a eliminar el cargo previamente en la Tesorería General de la República.

En cuanto a la compensación de dineros provenientes de la devolución de impuestos AT 2015, se trata de un acto realizado por la Tesorería General de la República en estricto uso de sus facultades legales, siendo ello ajeno a la Dirección del Trabajo, la cual sólo puede limitarse a descargar las multas no ejecutoriadas que fueron previamente cargadas en el ente recaudador.

3°.- Que, por su parte, la Tesorería General de la República alegó en primer término su falta de legitimación pasiva, toda vez que dicho organismo compensa las deudas de conformidad a la información que le es proporcionada por la Dirección del Trabajo. En este sentido expone que el artículo 35 del D.L. 1.263 de 1975, dispone que el Servicio de Tesorería tendrá a su cargo la cobranza judicial o administrativa de los impuestos, patentes, multas y créditos del sector público y que para estos efectos aplicará los procedimientos administrativos y judiciales establecidos por el Código del Trabajo respecto del cobro de los impuestos morosos.

Indica que compensó todas las deudas registradas al 9 de febrero de 2017, ya que a esa fecha se cumplían los requisitos legales para ello.

Expresa que respecto de 5 multas cuyos folios son los 1755150141, 1293160271, 8851140201, 8851140202, 1482160131, se realizaron las verificaciones pertinentes, detectando que la Dirección del Trabajo descargó las deudas, por lo que se solicitó dejar sin efecto estas compensaciones y restituir las cantidades compensadas.

En cuanto a los folios restantes, que no han sido descargados del sistema, indica que debe estarse a lo informado por la Dirección del Trabajo respecto de a su estado.

4°.- Que son hechos indubitados los siguientes:

A.- Que a la empresa recurrente Transportes Cometa S.A., se le compensó de lo que le correspondía obtener por concepto de devolución de impuestos año tributario 2015, la suma de $33.680.350.-, por los siguientes conceptos: $25.375.350.- por 10 multas laborales que actualmente se encuentran en proceso de reclamación judicial; $2.768.220.- por una multa que fue dejada sin efecto, por sentencia firme; $2.768.220.-, por multa que se encuentra en proceso de reconsideración administrativa y $2.768.220 por multa respecto de la cual no se ha iniciado por parte de la Tesorería General de la República, procedimiento ejecutivo para su cobro.

B.- Que las compensaciones se realizaron por la tesorería General de la República con fecha 9 de febrero de 2017.

5°.- Que a la Dirección del Trabajo dentro de la facultad que le asigna el D.F.L. N° 2 de 1967, del Ministerio del Trabajo, que dispone la Restructuración y fija las funciones de la Dirección del Trabajo, le corresponde fiscalizar la aplicación de la legislación laboral. En el ejercicio de esa potestad una vez que emite una resolución cursando una multa administrativa, y sólo cuando ésta se encuentra ejecutoriada, registrará en el denominado Sistema de Cuenta Única Tributaria el crédito a favor del Fisco, para que el Servicio de Tesorerías proceda a compensar tales deudas con los créditos que los contribuyentes tengan en contra del Fisco.

6°.- Que de acuerdo al artículo 6 del D.F.L. N° 1 de 1994 del Ministerio de Hacienda que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, el Tesorero General de la República está autorizado para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor.

7°.- Que en relación con la alegación de la Tesorería General de la República en orden a que por no tener conocimiento sobre la información que registra el Sistema de Cuenta Única Tributaria, ya que tanto los cargos, modificaciones o descargos los realiza la Dirección del Trabajo, por lo que sólo se limita a efectuar la compensación, sin cuestionar tales operaciones, la Excma. Corte Suprema ha dicho: “Que el precepto mencionado (se refiere al artículo 6 de su Estatuto Orgánico) reconoce a la recurrida la facultad de compensación, pero ello no significa que pueda aplicar tal institución vulnerando las reglas del Código Civil que fijan los presupuestos para que ella opere. En efecto, de los antecedentes aparece que la Tesorería recurrida, sin explicar el origen, naturaleza y monto de la obligación que compensa, aplicó un sistema denominado automático, actuación que resulta carente de fundamento legal, por cuanto es requisito de la esencia de este modo de extinguir que al tiempo de aplicarse, las partes, en este caso, el Fisco y el recurrente, sean recíprocamente deudores y acreedores, lo que importar determinar, en forma previa, las obligaciones líquidas y exigibles, que en los términos del artículo 1.655 del Código Civil, se compensan.”. (Rol 1.461-2005).

8°.- Que, en consecuencia, al no ser las obligaciones referidas en la letra a) del motivo cuarto precedente actualmente exigibles al 9 de febrero de 2017, oportunidad en que fueron compensadas, ya sea porque las multas aplicadas a la recurrente se encontraban en proceso de reclamación judicial, sin haberse dictado sentencia; o habían sido dejadas sin efecto por tribunal competente; o aún estaban en etapa de reconsideración administrativa, no pudo la Tesorería General de la República, hacer uso de tal modo de extinguir obligaciones.

9°.- Que la conducta adoptada por los recurridos resulta ilegal, desde que la Dirección del Trabajo informó y ordenó registrar en el Sistema de Cuenta Única Tributaria 13 multas cursadas a la Empresa de Transportes Cometa S.A., antes que estas tuvieren la condición de firmes o ejecutoriadas, lo que le permitió a la Tesorería General de la República, compensar tales deudas con créditos que dicho contribuyente tenía en contra del Fisco, sin cerciorarse si concurrían los requisitos legales para aplicar tal forma de extinguir obligaciones, lo cual le provocó a la recurrente un menoscabo del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, desde que la privo de percibir la suma de $33.680.350.-, por concepto de devolución de impuestos correspondiente al año tributario 2015, por lo que la presente acción de protección se acogerá, en los términos que se dirá en la parte resolutiva de esta sentencia.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE ACOGE, con costas, el deducido por el abogado don Dagoberto Paredes Maldonado en representación de la Empresa Transportes Cometa S.A. en contra de la Dirección del Trabajo y de la Tesorería General de la República, en consecuencia, se ordena:

A.- La Tesorería General de la República, deberá devolver a la recurrente la suma de $33.680.350.-, (treinta y tres millones seiscientos ochenta mil trescientos cincuenta pesos) a la empresa recurrente, correspondiente a lo compensado ilegalmente por concepto multas laborales cursadas al actor.

B.- La Dirección del Trabajo deberá eliminar de su base de datos correspondiente a deudores morosos, a la parte recurrente, por las multas referidas en el motivo cuarto letra a) de este fallo, sin perjuicio que con posterioridad al 9 de febrero pasado, tales infracciones hayan sido validadas judicialmente.

C.- Las costas que se ordenan pagar deberán ser prorrateadas por ambos vencidos.

Regístrese.

Redacción del Ministro señor Fernando Carreño Ortega.

No firma el Ministro señor Juan Manuel Muñoz Pardo, no obstante haber concurrido a la vista del acuerdo, por encontrarse ausente.

Protección N° 16.170-2017.- Pronunciada por la Undécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Manuel Muñoz Pardo e integrada por el Ministro señor Jorge Luis Zepeda Arancibia y por el Ministro Fernando Ignacio Carreño Ortega.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a trece de julio de dos mil diecisiete, notifiqué en secretaría por el estado diario la resolución precedente.