Ir al contenido
BuscadorConstitucional

Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 16169-20233 jul 2024

nombre reservado con ASOCIACION NACIONAL DE DIRECTIVOS PROFESIONALES Y TECNOLOGICOS DE GENDARMERIA DE CHILE

Fecha
3 de julio de 2024
Corte
Corte de Apelaciones de Santiago
Sala
Segunda
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 16169-2023, sentencia de 3 de julio de 2024

Resumen

Se rechaza la protección contra la Comisión Nacional de Ética Gremial de ADIPTGEN: no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad, pues los errores de tramitación fueron corregidos y la intervención de la denunciante en la votación no incidió en el resultado sancionatorio.

Texto íntegro

C.A. de Santiago Santiago, tres de julio de dos mil veinticuatro.

A los folios 23, 24, 25 y 26; a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, interponiendo acción de protección en contra de Comisión Nacional de Ética Gremial de ADIPTGEN (Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile), por haber realizado un reproche ético sin cumplir los estándares constitucionales y normativos internos exigibles a una conducta sancionatoria, lo que constituiría un acto arbitrario e ilegal que vulneraría las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República.

Expone que ingresó a Gendarmería de Chile el 17 de marzo de 2003, desempeñándose con una trayectoria laboral intachable. Agrega que, desde 2011 ocupó múltiples cargos dentro de ADIPTGEN, siendo el último cargo obtenido en 2022 como dirigente electo democráticamente.

Señala que en agosto de 2022 fue notificado del inicio de una investigación por hechos denunciados por la dirigente nombre reservado, quien sostenía que constituirían un "trato indigno y conductas reñidas con la práctica antisindical". Aduce que el 25 de octubre de 2022 se evacuó el informe de la Comisión Investigadora, haciéndolo responsable de ocho conductas, ninguna de las cuales había sido denunciada originalmente. Alega que se le aplicó la sanción de expulsión por cinco años, debiendo cesar inmediatamente del cargo de dirigente gremial.

Relata que presentó un escrito solicitando la nulidad de todo lo obrado, subsidiariamente la petición de presentar alegaciones y defensa, y solicitó la realización de diligencias probatorias. Añade que la Comisión Nacional de Ética Gremial ordenó la reapertura de la investigación el 25 de noviembre de 2022, pero mantuvo a la misma Comisión Investigadora.

Argumenta que se vulneraron múltiples principios del debido proceso, configurando una privación de sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 19 N° 3 de la Constitución. Enumera las siguientes infracciones: i) Se comunicó la acusación de los hechos y la sanción en la misma notificación; ii) No se atendieron sus solicitudes de diligencias dentro de la investigación; iii) Se aplicó sanción a conductas no denunciadas; iv) No fue citado a la Asamblea Extraordinaria del 19 de octubre de 2023, vulnerando el artículo 33 del Reglamento.

Asimismo, alega vulneración del artículo 19 N° 2 de la Constitución, argumentando que la sanción aplicada es desproporcional y no responde a criterio objetivo alguno, dando cuenta de la irracionalidad de la misma.

Se acompañan los siguientes documentos: 1) Reglamento de Constitución, organización y funcionamiento del sistema de control de ética gremial de ADIPTGEN; 2) Estatutos de ADIPTGEN; 3) Expediente completo de la investigación y acta de notificación de la sanción aplicada; y 4) Certificado N° 1301/2023/8290 emitido por la Dirección del Trabajo.

En definitiva, solicita que se deje sin efecto la sanción notificada el 19 de octubre de 2023, se le reincorpore en su calidad de socio al cargo del cual fue expulsado, además de la aplicación de cualquier otra providencia que se estime en derecho para restablecer los derechos conculcados, y se condene en costas a la recurrida.

Segundo: Que evacuando informe, la parte recurrida, Comisión Nacional de Ética Gremial de la Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile (ADIPTGEN), solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto, argumentando que el procedimiento sancionatorio se ajustó al debido proceso, que la comisión actuó dentro de sus facultades legales y reglamentarias, que se respetaron los derechos del recurrente durante la investigación, y que la sanción fue confirmada por la Asamblea Nacional Extraordinaria conforme a los estatutos de la asociación.

Refiere que la Comisión Nacional de Ética Gremial es un órgano establecido en los estatutos de ADIPTGEN, encargado del control ético de la asociación. Explica que dicha comisión está facultada para conocer, indagar, juzgar, resolver y sancionar conductas reprochables de los asociados, conforme al Reglamento de Constitución, Organización y Funcionamiento del Sistema de Control de Ética Gremial.

Indica que se realizó una investigación a raíz de una denuncia presentada por la dirigente nombre reservado contra nombre reservado por trato indigno y prácticas antisindicales. Aduce que la investigación concluyó que el Sr. nombre reservado incurrió en diversas conductas reprochables, incluyendo referirse de forma indigna a la denunciante, acusarla infundadamente de filtrar información, excluirla de actividades gremiales, contravenir acuerdos de la Asamblea Nacional, denostar la labor del Directorio Nacional y realizar prácticas antisindicales, entre otras.

Alega que durante el procedimiento se respetó el debido proceso, otorgando al investigado la posibilidad de presentar descargos, solicitar diligencias probatorias y apelar la sanción ante la Asamblea Nacional. Si bien reconoce que hubo un error de forma inicial en la notificación de cargos, plantea que este fue subsanado retrotrayendo la investigación y reformulando la acusación. Sostiene que las diligencias probatorias solicitadas por el recurrente fueron cursadas en la medida de lo posible, considerando las limitaciones de la pandemia.

En relación a la aplicación de sanciones por conductas no denunciadas originalmente, asevera que el reglamento faculta a la comisión para instruir indagaciones de oficio cuando tome conocimiento de actos que merezcan investigación. En cuanto a la no citación del recurrente a la Asamblea Extraordinaria que confirmó la sanción, explica que esto se debió a que ya se encontraba suspendido de sus funciones como dirigente por una sanción anterior.

La recurrida acompaña los siguientes documentos: 1) Acta de Asamblea Nacional Ordinaria de fecha 23 y 24 de junio, y Asamblea Extraordinaria de fecha 05 de agosto de 2022; 2) Estatutos de ADIPTGEN; 3) Reglamento de Constitución, Organización y Funcionamiento del Sistema de Control de Ética Gremial de ADIPTGEN; 4) Acta de fecha 15 de marzo de 2023; 5) Acta de la Comisión Nacional de Ética Gremial ADIPTGEN de 26 de septiembre de 2023, y Acta de Participación en Asamblea Nacional de ADIPTGEN de 8 de septiembre de 2023; 6) Presentación realizada ante la Asamblea Nacional por parte de la Comisión Nacional de Ética Gremial, el 8 de septiembre de 2023; 7) Carta de fecha 23 de diciembre de 2023, al Jefe de Departamento de Gestión de Personas de Gendarmería de Chile; 8) Notificación de primera Sanción de fecha 27 de diciembre de 2022.

Tercero: Que el artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

Cuarto: Que el acto que el recurrente califica de ilegal y arbitrario es la sanción de expulsión de la Asociación de Directivos, Profesiones, Técnicos Administrativos y auxiliares de Gendarmería de Chile mediante un procedimiento sancionatorio en el que acusa diversas irregularidades, relacionadas con las pruebas, con el racional y justo procedimiento, con una doble sanción y con la falta de proporcionalidad de la medida adoptada.

Quinto: Que sobre el particular, en especial, conforme a los documentos acompañados por las partes, es posible constatar que frente a una denuncia efectuada por una dirigente regional se inició una investigación en contra del recurrente conforme al Reglamento del Código de Ética Gremial de la Asociación. Así constan las siguientes circunstancias:

a) La denuncia que dio origen a la investigación dice relación con la conducta del recurrente como presidente regional por la que cita a reunión extraordinaria y luego la cancela, en circunstancias que la intención no era suspender la mencionada reunión sino modificar el lugar en donde se realizaría con la finalidad que la dirigente nombre reservado –denunciante- no se enterara y no asistiera a la misma, excluyéndola de participar, usando expresiones inadecuadas en un chat creado al efecto.

b) Se inició una investigación, se formularon cargos al recurrente y se estimó que estos vulneraban lo dispuesto en los artículos 3, 4, 5, 6, y 9 del Reglamento del Código de Ética.

c) El recurrente formuló los descargos, se abrió un término probatorio y se rindieron pruebas.

d) La Comisión de Ética sostuvo que el recurrente era merecedor de un reproche ético, comprobándose la veracidad de los hechos denunciados.

e) El asunto fue revisado por la Comisión Nacional de Ética Gremial y fue partidaria de aplicar la sanción de expulsión de la asociación del recurrente por cinco años.

f) La sanción fue confirmada por mayoría por la Asamblea Nacional Extraordinaria, conforme al artículo 33 del Reglamento.

Sexto: Que la acción de protección está orientada a cautelar aquellos derechos ciertos y determinados y, para el caso de un procedimiento sancionatorio, importa verificar si la decisión se ajusta a los parámetros propios de la reglamentación que le rige, sin que pueda ejercerse un control de los actos trámites del mismo, como pudiera serlo acoger o desechar determinadas diligencias probatorias.

Dentro de esta óptica, no se divisa una actuación ilegal o arbitraria en el actuar de la parte recurrida, comoquiera que si bien reconoce errores en la tramitación, como ocurrió al efectuarse los cargos contra el recurrente, estos fueron corregidos.

A su vez, en cuanto al reproche que en la votación de la Asamblea habría participado la misma denunciante, si bien ello es inaceptable, es lo cierto que, su opinión no fue considerada en la decisión y dada la votación que se efectuó tampoco tenía injerencia pues la mayoría estuvo por la expulsión del recurrente de la Asociación de la que formaba parte. De esta forma, aunque esta intervención pudo calificarse de arbitraria, no existen medidas que adoptar, al no haber sido finalmente considerada para la adopción de la resolución sancionatoria.

En relación a la posibilidad de una doble sanción por haberse dispuesto la suspensión de funciones y la expulsión, tal posibilidad está contemplada en el reglamento, específicamente en el artículo 33 inciso quinto, cuando se trate de un dirigente regional en que la sanción a aplicar sea la expulsión y mientras la asamblea se pronuncia sobre los recursos deducidos ante la Asamblea.

Por último, tampoco corresponde a esta Corte intervenir como instancia de mérito para sopesar si la decisión fue o no la adecuada, pues aquello se aleja de los fines de la acción constitucional de la protección.

Séptimo: Que así, al descartarse una actuación ilegal o arbitraria, se hace innecesario analizar la eventual vulneración de garantías constitucionales, por lo que la presente acción será desestimada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el auto acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección se rechaza, sin costas, la acción deducida en favor de nombre reservado, en contra de Comisión Nacional de Ética Gremial de ADIPTGEN (Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile).

Regístrese y en su oportunidad archívese.

N°Protección-16169-2023.