nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil veinticuatro.

Al folio N° 8: a lo principal, primer y segundo otrosíes, téngase presente; al tercer otrosí, a sus antecedentes.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 23 de septiembre de 2024, comparece don Pablo Javier Cancino Valenzuela, abogado, actuando en favor de don nombre reservado, de nacionalidad dominicana, interponiendo recurso de protección en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y del Servicio Nacional De Migraciones, por la omisión que califica como ilegal y arbitraria en cuanto a no pronunciarse sobre la nombre reservado del señor nombre reservado, efectuada el día 16 de junio de 2023.

Refiere que tal omisión conculca los principios de celeridad, conclusivo y de inexcusabilidad al infringir el artículo 27 de la Ley N° 19.880, vulnerando con ello el derecho fundamental de igualdad ante la ley de la parte recurrente, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se acoja el presente recurso y se ordene a la recurrida enmendar y actuar conforme a Derecho, pronunciándose sobre la solicitud y otorgando inmediatamente o a la brevedad posible la Nacionalización del recurrente.

En cuanto a los antecedentes de hecho, la parte recurrente señala que en tiempo y forma presentó su nombre reservado el 16 de junio de 2023. Sin embargo, pese a haber transcurrido más de 12 meses desde la solicitud original y cumplir con todos los requisitos para ello, la nacionalización no ha sido concedida a la fecha de interposición del recurso. Estos hechos, sumado a los mencionados, a su juicio, irrogan severos perjuicios al recurrente, además de una sensación de inseguridad, desigualdad e injusticia por ser tratado como si perteneciese a una categoría jurídicamente inferior.

Respecto a los argumentos de derecho invoca la normativa para la obtención y extensión de visas aún vigente y que se encuentra consagrada en la Ley N° 21.325, la cual no contempla plazo alguno para conceder y resolver las solicitudes de permisos migratorios, por lo que cabe aplicar supletoriamente las reglas contenidas en la Ley N° 19.880. En este sentido, se señala que la Ley N° 19.880, en sus artículos 4, 7, 8 y 14 consagra los principios de celeridad, economía procedimental, conclusivo e inexcusabilidad. Asimismo, se hace presente que el artículo 24 de la mencionada ley dispone que las decisiones definitivas deberán expedirse dentro de los 20 días siguientes, contados desde que, a petición del interesado, se certifique que el acto se encuentra en estado de resolverse; y que el artículo 27 de la misma ley establece que -salvo que concurra fuerza mayor o caso fortuito- ningún procedimiento administrativo podrá exceder de 6 meses desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final.

En relación a la garantía constitucional que se estima vulnerada, se argumenta que el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República consiste en que la normativa jurídica debe ser igual para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros que se hallen en condiciones similares. En este contexto, sostiene que la recurrida, por medio de la omisión ilegal y arbitraria denunciada, ha puesto al recurrente en una situación de desventaja o desigualdad jurídica grave en comparación con el resto de los administrados que no ven dilatados sus procedimientos de igual forma, lo que constituye una infracción manifiesta, o al menos una amenaza de conculcar el principio conclusión, de celeridad y el contenido de la garantía constitucional de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que la recurrida ha incurrido en una omisión ilegal y arbitraria, en forma constante y al menos hasta el día de la interposición del recurso y que, en consecuencia, se ordene que se pronuncie y concluya inmediatamente la nombre reservado del recurrente, otorgándola; proveyéndole de todos los certificados y estampados que correspondan hasta que obtenga efectivamente su cédula de identidad y que se condene a la recurrida al pago de las costas de esta causa.

Para acreditar sus alegaciones, la parte recurrente incorporó al proceso los siguientes documentos: 1) Comprobante de nombre reservado, junio 2023; 2) Cédula de identidad del recurrente; y 3) Pasaporte del recurrente.

SEGUNDO: Que, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado por el abogado Felipe Cerda Sepúlveda, ha evacuado el informe requerido por esta Corte, exponiendo los antecedentes de hecho y derecho que a continuación se detallan.

En primer término, señala que el otorgamiento de cartas de nacionalización a personas extranjeras se efectúa por decreto expedido con la sola firma de la autoridad superior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en ejercicio de una facultad expresamente contemplada en la ley. Dicha facultad se encuentra establecida en los artículos 84 de la Ley N° 21.325; 1° y 2° del Decreto Supremo N° 5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior; y 1, apartado IV, N° 4, de la Ley N° 16.436, los cuales otorgan al Ministerio la potestad de conceder cartas de nacionalización en términos potenciales.

Asimismo, hace presente que, conforme al artículo 157 N° 8 de la Ley N° 21.325, corresponde al Servicio Nacional de Migraciones tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su posterior resolución por parte del Ministerio. Esto implica que dicho Servicio es el encargado de recibir las solicitudes, revisar su admisibilidad, tramitarlas y ordenar su pago, para luego proponer su resolución a la autoridad superior del Ministerio, quien concederá o rechazará la petición mediante la dictación del respectivo decreto exento.

En cuanto al caso concreto, refiere que la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización del recurrente se encuentra actualmente en tramitación ante el Servicio Nacional de Migraciones, etapa previa a la entrega de los antecedentes al Ministerio para su posterior resolución. Además, señala que, según el informe evacuado por el Servicio Nacional de Migraciones, la solicitud se encuentra en etapa de primer análisis y que el recurrente cuenta con permiso de permanencia definitiva actualmente vigente, beneficio que se ha asimilado al actual beneficio de residencia definitiva por el artículo sexto transitorio de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, por lo que mantiene situación migratoria regular en el país.

En ese orden de cosas, sostiene que la acción de protección interpuesta debe ser rechazada en su totalidad, con expresa condena en costas para la parte recurrente, por no existir motivos plausibles para litigar. Fundamenta su posición en los siguientes argumentos:

Inexistencia de una omisión arbitraria o ilegal. Explica que las solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización son sometidas a un exhaustivo análisis, lo que puede implicar una tramitación más extensa que la esperada por los solicitantes. Justifica este análisis en la importancia jurídica y práctica que conlleva otorgar una carta de nacionalización a una persona extranjera.

Asimismo, señala que estas solicitudes constituyen un ejercicio del derecho a petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, siendo requerimientos de interés privado efectuados a la autoridad competente, quien no está obligada a aceptarlos, sino que accederá a ellos siempre que se cumplan los requisitos y estándares establecidos.

Luego, contextualiza la situación, informando que entre enero y marzo de 2024 se han presentado, en promedio, 3.400 solicitudes mensuales de otorgamiento de cartas de nacionalización, cifra que debe considerarse en el marco del total de solicitudes relacionadas con nacionalizaciones en los últimos años: más de 10.000 en 2021, más de 30.000 en 2022 y más de 40.000 en 2023.

En cuanto a la alegación de ilegalidad por la no dictación del acto administrativo terminal dentro de un determinado plazo, cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de la Contraloría General de la República, que establece que el plazo máximo de 6 meses que el artículo 27 de la Ley N° 19.880 fija para todo procedimiento administrativo no constituye un plazo fatal, por lo que su vencimiento no implica la caducidad ni invalidación del acto respectivo.

A continuación, se refiere a la inexistencia de privación, perturbación o amenaza de garantías o derechos constitucionales. Argumenta que, aun cuando se pudiera considerar la existencia de una omisión arbitraria o ilegal, corresponde a la parte recurrente probar no solo dicha omisión, sino también que aquello le significa una privación, perturbación o amenaza de alguno de los derechos o garantías tutelados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Esgrime que es improcedente afirmar que la sola no resolución de la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización implique, por sí misma, una vulneración de derechos fundamentales. La parte recurrente debe explicar por qué la no dictación del acto administrativo terminal es ilegal o arbitraria, señalar expresamente cuáles derechos o garantías tuteladas se encontrarían afectadas y establecer la relación de causalidad entre la supuesta omisión antijurídica y el agravio a dichos derechos o garantías.

Además, recuerda que el solo hecho de solicitar el otorgamiento de carta de nacionalización implica que la persona extranjera se encuentra en situación migratoria regular, sin órdenes de abandono o expulsiones pendientes, y con permanencia definitiva vigente en el país, lo que le permite ejercer sus derechos sin limitación alguna.

Respecto de un potencial vulneración a la garantía de igualdad ante la ley, arguye que acoger acciones de protección como la de la especie implicaría una afectación a la garantía de igualdad ante la ley, al poner en una situación favorable a la parte recurrente sin una razón aparente que lo justifique, en desmedro de las personas extranjeras que efectúan sus solicitudes por la vía regular, sin activar mecanismos judiciales.

Asimismo, expresa que ello atentaría contra la propia naturaleza de la acción de protección, al no ser el medio idóneo para obtener la aceleración en la tramitación de este tipo de procedimientos. Además, recuerda que el otorgamiento de cartas de nacionalización corresponde única y exclusivamente al Presidente de la República, por medio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, siendo una concesión que otorga el Estado de Chile por una gracia, en razón del mérito de quien la solicita, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente.

En virtud de lo expuesto, solicita resolver el rechazo de la presente acción de protección, con expresa condena en costas, por no existir motivos plausibles para litigar.

TERCERO: Que, el Servicio Nacional de Migraciones, representado por los abogados Antonio Beltrán Henríquez y Camila Fernanda Cortés Palma, ha evacuado el informe requerido por esta Corte, exponiendo los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación se detallan.

En cuanto a los antecedentes de hecho, informa que don nombre reservado, de nacionalidad dominicana, ingresó por primera vez al país el 20 de mayo del año 2017 por el paso fronterizo Aeropuerto nombre reservado, en calidad de turista. Posteriormente, mediante la Resolución Exenta N°177999 de fecha 03 de julio de 2019, se le otorgó el permiso de permanencia definitiva, el cual se encuentra actualmente vigente.

Asimismo, señala que con fecha 20 de noviembre de 2022, el recurrente solicitó la carta de nacionalización mediante la plataforma web de trámites (SIMPLE) del Servicio, bajo el ID N° 65835319. Dicha solicitud se encuentra actualmente en trámite, en etapa de primer análisis.

En lo que respecta a los antecedentes de derecho, la recurrida expone diversos fundamentos para solicitar el rechazo del recurso.

En primer término, alude a la condición migratoria del recurrente. Sostiene que el Sr. nombre reservado cuenta con un permiso de permanencia definitiva actualmente vigente, beneficio asimilado al actual beneficio de residencia definitiva por el artículo sexto transitorio de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería. En consecuencia, mantiene una situación migratoria regular en el país, ostentando la calidad de extranjero residente conforme al artículo 1 N°17 de la citada ley.

En virtud de lo anterior, argumenta que la situación de pendencia de la solicitud de carta de nacionalización no conlleva perjuicio alguno al estatus migratorio del recurrente, como tampoco al ejercicio de sus derechos o su desenvolvimiento natural en el territorio nacional.

En segundo lugar, menciona la naturaleza jurídica de la carta de nacionalización; al efecto, enfatiza que la carta de nacionalización es una concesión constitucional otorgada por el Estado de Chile por gracia, en razón del mérito de quien la solicita, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente. Señala que la legislación se refiere a ella como una "gracia", entendiéndose como un privilegio o dispensa concedida por la autoridad competente.

Asimismo, expone el marco normativo aplicable, citando el artículo 10 de la Constitución Política de la República, el artículo 84 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería, y el Decreto Supremo N°5.142 de 1960 del Ministerio del Interior. Destaca que, conforme a estas disposiciones, la nacionalización se otorga por el Presidente de la República mediante decreto refrendado por el Ministro del Interior y Seguridad Pública, quien actúa por delegación según lo dispuesto en el artículo 1°, Título IV, N°4, de la Ley 16.436 de 1966.

Como tercer punto, se refiere a la competencia del Servicio Nacional de Migraciones. Argumenta que su competencia respecto de las solicitudes de carta de nacionalización se limita a la tramitación de esta, no extendiéndose a su resolución, conforme al artículo 157 N°8 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería. Explica que su participación termina con la remisión, mediante oficio ordinario, de la calificación favorable o desfavorable de la solicitud, junto con todos los antecedentes aportados, al Gabinete de la Subsecretaría del Interior.

Como cuarto punto, se alude al tiempo de tramitación en relación al plazo establecido en el artículo 27 de la Ley Nº 19.880, expresa que se trata de un plazo "no fatal", es decir, un plazo referencial y prudencial para la administración, no perentorio y posible de ser prorrogado. Argumenta que el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país ha significado un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria, lo cual ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de naturaleza migratoria.

En quinto lugar, se refiere a la utilización de la vía jurisdiccional para el otorgamiento de la carta de nacionalización. Esgrime que la concesión de la carta de nacionalización por vía judicial constituiría una infracción al principio de juridicidad establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República. Argumenta que, conforme al artículo 4° del Código Orgánico de Tribunales, el Poder Judicial no puede ejercer funciones que corresponden a otros organismos públicos. Sostiene que el otorgamiento de la carta de nacionalización es una potestad privativa del Presidente de la República, según lo establecido en el Decreto Supremo N°5.142 de 1960 del Ministerio del Interior.

Para apoyar sus alegaciones, cita jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema y de esta Corte de Apelaciones. En particular, menciona la sentencia de la Corte Suprema de fecha 10 de mayo de 2023, causa rol N°13364-2023, que confirma que el plazo del artículo 27 de la Ley 19.880 no es de naturaleza fatal para la Administración. Asimismo, cita una sentencia de esta Corte de fecha 12 de octubre de 2023, causa Rol N°3151-2023, que rechazó una acción similar, considerando que la calidad de residente y la condición migratoria regular del solicitante obstan a que el estado de pendencia de la solicitud devenga en una efectiva vulneración de garantías.

En virtud de los antecedentes expuestos, solicita que se rechace de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Asimismo, solicita el rechazo a la solicitud de condena en costas al servicio.

CUARTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que, en la especie, la omisión que se califica de ilegal y arbitraria, que motiva el ejercicio de esta acción constitucional, corresponde a la circunstancia de que la autoridad recurrida no ha resuelto ni ha emitido su pronunciamiento respecto de la solicitud de carta de nacionalización formulada por el recurrente.

SEXTO: Que, consta de los antecedentes acompañados a los autos por las partes que: a) el 16 de junio de 2023, el recurrente ingresó solicitud de carta de nacionalización; b) Informando el recurso la autoridad migratoria señaló que la solicitud del extranjero se encuentra en trámite, en etapa de primer análisis.

SÉPTIMO: Que, en el escenario descrito es posible advertir que la solicitud de carta de nacionalización se encuentra aún en trámite y si bien se constata una demora en su tramitación, ello puede encontrar respuesta en la gran cantidad de solicitudes que han formulado los extranjeros en el último tiempo, lo que es de público conocimiento.

OCTAVO: Que, además, cabe tener presente que la Corte Suprema con fecha veinte de marzo de este año, en los autos Rol N° 115.064-2022, previa vista de la causa -forma de conocimiento que se adoptó por dicha Corte ‘‘dada la proliferación de recursos de protección por hechos similares”-, y luego de un “acabado estudio de la normativa que regula la materia y del estado actual en que se desenvuelve esta discusión”, concluyó que “la demora del Servicio Nacional de Migraciones se debe a la tramitación de un procedimiento reglado, que consta de diversas etapas”, y que dicha tramitación no constituye vulneración de derechos fundamentales.

NOVENO: Que, en consecuencia, tratándose en este caso de una situación análoga a la examinada en el aludido fallo por la Excma. Corte Suprema, pues lo impugnado aquí ha sido la demora supuestamente excesiva en la conclusión del trámite de la solicitud de carta de nacionalización, debe necesariamente concluirse que en la presentación efectuada en estos autos, ha de descartarse arbitrariedad, pues la demora es razonable y también debe ser desechada una actuación ilegal, como quiera que los plazos que se confieren a la administración no son fatales, cuestión que aunada a la carga de trabajo que enfrenta el servicio de migraciones, llevan a desechar la presente acción constitucional.

DECIMO: Que, finalmente tampoco se advierte un perjuicio o atentado a alguna garantía constitucional que pueda verse afectada con la demora, pues el solicitante de carta de nacionalización se encuentra regular en el territorio nacional gozando de permanencia definitiva.

UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, tratándose de un retardo en resolver la petición pendiente, debe considerarse que no hay un acto terminal respecto del recurrente, por lo que el recurso de protección no resulta ser la vía idónea para obtener lo solicitado en la presente acción.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se resuelve, que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y del Servicio Nacional De Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-16162-2024.