nombre reservado con LICEO JOSÉ VICTORINO LASTARRIA

C.A. de Santiago Santiago, quince de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, en representación de su hijo de 17 años de edad, nombre reservado, estudiante, e interpone recurso de protección en contra del “Liceo José Victorino Lastarria”, cuyo sostenedor es la CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA, representado por su director don nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la expulsión del menor del establecimiento educacional, lo que vulnera las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°2 y N°11 de la Constitución Política de la República.

Expone que con fecha 04 de junio de 2024, el profesor jefe del cuarto medio J, don nombre reservado, le informó la apertura de una investigación en contra de su hijo, por supuesta participación en desórdenes ocurridos durante un acto de tocata musical el día 23 de mayo del mismo año. Investigación que se llevaría a efecto de acuerdo al Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) y la Ley N°21.128 Aula Segura.

Continúa relatando, que el 06 de junio de 2024 se permitió a su hijo realizar sus descargos por escrito, empero sin un análisis detallado, omitiendo escuchar testigos y ser oído directamente. Añade que el 17 de junio de 2024, se le informó que se había determinado su expulsión y que disponía un plazo de cinco días hábiles para presentar una apelación a la dirección del establecimiento.

Relata que el 18 de junio de 2024, su hijo, acompañado por un abogado, intentó presentar un recurso de reconsideración, sin embargo, el Inspector General, don nombre reservado, inicialmente se negó a recibirlo, argumentando que Benjamín no estaba expulsado y que solo era parte de una investigación. Tras insistir, finalmente el documento fue recibido, firmado y timbrado, concurriendo ella al día siguiente al establecimiento a ratificar y firmar el recurso de reconsideración.

Indica que la falta que se imputa a su hijo, consiste en haber obedecido a un compañero de colegio, que no conocía, consistente en arreglarle el gorro, acción que realizó asustado. Además, se le acusa de haber sido visto en el portón del Liceo encubriendo a otras personas, hecho que niega.

Afirma que no se han cumplido las exigencias mínimas del debido proceso ni la normativa contenida en el RICE, y que la medida aplicada ha sido absolutamente desproporcionada.

Concluye que el Liceo ha actuado de manera arbitraria e ilegal, motivo por el que solicita que se decrete con urgencia que la expulsión del estudiante debe dejarse sin efecto, ordenándose el reintegro inmediato al Liceo José Victorino Lastarria.

Informando la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, representada por la abogada Bernardita Vicuña Figueroa, solicita el rechazo del recurso por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que implique la privación, perturbación o amenaza a las garantías constitucionales invocadas.

Refiere como antecedente de contexto, que el Liceo José Victorino Lastarria es un establecimiento educacional emblemático con más de cien años de trayectoria, que cuenta actualmente con 2.475 alumnos provenientes de diversas comunas de la Región Metropolitana. En los últimos años, al igual que otros liceos emblemáticos, ha experimentado un incremento en los índices de violencia que afectan la sana convivencia escolar, lo que ha motivado la adopción de diversas medidas para enfrentar estos hechos y canalizar las inquietudes de la comunidad estudiantil.

Esgrime que el 23 de mayo de 2024 se produjo una jornada marcada por múltiples hechos de violencia en el establecimiento. Aproximadamente a las 10:50 horas, mientras la comunidad educativa se disponía a ingresar al auditorio para presenciar una jornada artístico-cultural, seis estudiantes encapuchados y vestidos con overoles blancos, premunidos con martillos, procedieron a destruir los candados del portón de salida hacia la Avenida Nueva Providencia. Posteriormente, se sumaron más personas encapuchadas con bombas molotov, interrumpiendo el tránsito, realizando barricadas en la vía pública y generando desórdenes y destrozos.

La situación escaló a un enfrentamiento con Carabineros, quienes fueron atacados con piedras y bombas molotov. En este contexto, el Director del Liceo, señor nombre reservado, fue amenazado por uno de los estudiantes encapuchados y rociado con bencina, hecho que motivó la interposición de una querella criminal (RUC Nº2410028826, RIT Nº 4522-2024, del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago).

Precisa que en el marco de estos acontecimientos, el alumno nombre reservado, fue sorprendido e identificado colaborando en ocultar la identidad de una de las personas que estaba vestida con "overoles blancos". Este hecho dio inicio al Protocolo de Expulsión y Cancelación de Matrícula en su contra, conforme a lo dispuesto en la Resolución de fecha 4 de junio de 2024.

Aduce que la conducta del estudiante fue calificada como falta gravísima según el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) 2023, específicamente en su artículo 70, que establece: "Estudiante participa activamente en situaciones de violencia, riesgo, desórdenes o desmanes en las inmediaciones del establecimiento que afectan física o psicológicamente a la comunidad educativa".

Arguye que el procedimiento de expulsión se llevó a cabo siguiendo las normas de Aula Segura, reguladas por la Ley N° 21.128. El inicio del protocolo fue notificado a la apoderada el 4 de junio de 2024, otorgándose al alumno tres días hábiles para presentar sus descargos. El 5 de junio de 2024, el estudiante presentó sus descargos, reconociendo expresamente los hechos que se le imputaban.

Con fecha 17 de junio de 2024, se notificó al estudiante y su apoderada la decisión del Director del establecimiento de aplicar la medida disciplinaria de expulsión. Se informó a la apoderada que contaba con cinco días para presentar su apelación. Dentro del plazo, el abogado del estudiante, señor Alberto Noya Olave, presentó una apelación en su favor.

Posteriormente, se solicitó la opinión del Consejo de Profesores, quienes ratificaron la medida de expulsión. El 17 de julio de 2024, el Director del establecimiento ratificó la medida, considerando que no es tolerable de ninguna manera conductas que apoyen o avalen la violencia en el establecimiento educacional y que afectan a toda la comunidad educativa.

Con dicho antecedente, puntualiza que no existe una actuación arbitraria e ilegal, por cuanto el alumno fue sometido al procedimiento contemplado en el protocolo de expulsión y cancelación de matrícula por un hecho reconocido por el propio estudiante y que se encuentra tipificado como una infracción gravísima.

Asimismo, argumenta que no existe privación, perturbación o amenaza a las garantías constitucionales invocadas, ya que la medida de expulsión se ajusta a la normativa vigente y fue aplicada siguiendo un debido proceso.

En virtud de lo expuesto, solicita el rechazo del recurso de protección presentado, con costas.

Se ordenó traer los autos en relación, agregándose extraordinariamente a la tabla del día nueve del mes en curso.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el llamado recurso de protección es entendido como una acción destinada a cautelar ciertos derechos fundamentales frente a menoscabos derivados de acciones u omisiones de carácter ilegal o arbitrario, en que pueden incurrir las autoridades o los particulares. Así, se ha considerado que dicha acción cautelar supone la concurrencia de ciertos presupuestos. A saber: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de esa acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho fundamental; y c) que ese derecho esté señalado como objeto de tutela en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que el acto que se tacha de ilegal o arbitrario por la madre del estudiante nombre reservado, es su expulsión del establecimiento educacional, debido que en circunstancias que estudiantes encapuchados, llamados los overoles blancos, cometían desordenes graves al interior y a las afueras del establecimiento educacional, prestó ayuda a uno de ellos, arreglándole la capucha de su vestimenta, a fin de evitar su identificación.

TERCERO: Que, en efecto, según consta de la investigación llevada a efecto por la Corporación Municipal, con motivo de los hechos ocurridos el día 23 de mayo del presente año, graves, en tanto se registraron destrozos, atentados con bombas molotov, agresiones a Carabineros que concurrieron al lugar, e incluso rociando al director del establecimiento con líquido inflamable, corresponden a hechos provocados por los llamados overoles blancos y, en ese contexto o ambiente de confusión, el protegido señala haber ayudado a uno de los estudiantes que le solicitó su intervención para arreglar la capucha de su vestimenta, conducta que por lo demás fue observada por dos funcionarios del liceo.

CUARTO: Que, a diferencia de lo que se expone en el recurso, no se aprecia que en la investigación se hubiera faltado al debido proceso, puesto que se notificó su inicio, la materia de la misma, el plazo para los descargos, se escucharon sus testigos (sin mayor aporte) y, se le notificó el tiempo para interponer el recurso de apelación si se estimaba pertinente.

El menor Benjamín, hizo sus descargos, los que apuntaron a que no tuvo participación en los hechos ocurridos el día en cuestión, desconociendo quien era el estudiante a quien acomodó el gorro, puesto que ingresó como alumno en el mes de marzo del presente año.

Es así que se cumplió con el Reglamento Interno del Liceo Victorino Lastarria Año Escolar 2024.

QUINTO: Que, se argumenta la desproporción de la medida de expulsión, falta gravísima, contemplada en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) 2023, específicamente en su artículo 70, que establece: "Estudiante participa activamente en situaciones de violencia, riesgo, desórdenes o desmanes en las inmediaciones del establecimiento que afectan física o psicológicamente a la comunidad educativa".

SEXTO: Que, ciertamente, Benjamín, tuvo cierto grado de participación en los hechos acaecidos, puesto que prestó ayuda a uno de los estudiantes que en ese momento estaban realizando concertadamente desmanes, pero falta un elemento de la norma transcrita, cual es “participa activamente”, ya que mas bien su intervención fue de carácter pasiva y, en ese evento, se debió aplicar una medida disciplinaria de menor identidad.

SÉPTIMO: Que, en tales circunstancias, se estima ilegal y arbitraria el actuar de la recurrida, conculcándose la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, toda vez que se ha dado al estudiante una diferencia de trato en relación con otros estudiantes que se encontraban en situación similar el día de los hechos.

OCTAVO: Que, conforme se ha venido razonando, se acogerá la presente acción cautelar, conforme se expresara en lo resolutivo.

Por estos fundamentos y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en favor de su hijo nombre reservado y en contra de Liceo José Victorino Lastarria, cuyo sostenedor es la Corporación de Desarrollo Social de la Municipalidad de Providencia, debiendo dejarse sin efecto la medida de expulsión, aplicándose una de menor intensidad, acorde con la conducta del estudiante.

Se previene que el abogado integrante don Luis Hernández Olmedo concurre al acuerdo, sin compartir el considerando cuarto de la sentencia, por cuanto:

1) El proceso disciplinario ha vulnerado el principio de congruencia, toda vez que en la “Notificación de resolución de activación, protocolo de cancelación de matrícula y expulsión 2024”, de 17 de junio de 2024, se le imputa a Benjamín la infracción al artículo 70 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) 2023, respecto de la cual el recurrente hace sus descargos y apela ante el Consejo de Profesores, mientras que la “Notificación de Resolución Final”, de 17 de julio de 2024 se le sanciona por las infracciones a los artículo 69 y 70 del referido reglamento, lo que en definitiva, atenta contra el debido proceso, por infracción a la regla de la congruencia debida entre los cargos formulados y las sanciones impuestas, toda vez que el recurrente estuvo impedido de defensa respecto de la infracción del artículo 69, por la que sorpresivamente se le sanciona.

2) Lo anterior, resulta además, una contradicción lógica, toda vez que las infracciones contenidas en los artículos 69 y 70 resultan incompatibles entre sí, pues se refieren a hechos distintos, en un caso la comisión de actos vandálicos y/o delitos dentro o fuera del establecimiento; y en el otro a situaciones de violencia, riesgo, desordenes o desmanes, fuera del establecimiento. Atendido además que los hechos imputados ocurrieron dentro del establecimiento, tampoco se configuraría la infracción del artículo 70.

Y teniendo además, presente:

3) Que se ha acreditado en autos que en el seno del Consejo de Profesores, de carácter consultivo, quince de sus integrantes estuvo por rechazar la medida de expulsión – lo que resulta una proporción significativa de sus miembros-, cinco se abstuvieron y veintiuno aprobaron la medida adoptada.

En este marco, siendo su naturaleza meramente consultiva, la opinión, aunque mayoritaria del Consejo, no resulta vinculante para la Dirección, sino que debe ser sopesada y ponderada adecuadamente; en especial, considerando en este caso la calidad de participación adjetiva que se atribuye a Benjamín y la opinión de una parte significativa del profesorado, casi la mitad del Concejo que no estuvo de acuerdo con la aplicación de la máxima sanción disciplinaria, consideración que parece más adecuada y proporcional con los hechos.

Que resulta decidor también que habiendo esta diferencia sustantiva al interior del Consejo de Profesores, no se explorare medidas o sanciones alternativas que generaran un mayor consenso en la comunidad educativa, con una perspectiva de reparación y prevención, dentro del contexto y con los fines educativos que deben ser aplicadas las sanciones disciplinarias en un colegio.

4) Que además, a pesar de la gravedad de los hechos que afectaron a la comunidad educativa el 23 de mayo de 2024, no se advierte que se haya sancionado a otros alumnos del establecimiento, de lo cual debe concluirse que no se pudo atribuir responsabilidad a otros alumnos participantes en los actos que se denuncian.

En este contexto, el escrutinio efectuado a la desproporcionalidad de la medida adoptada y la evidente vulneración del principio de congruencia entre los cargos y las sanción aplicada, permite concluir que la medida disciplinaria que alcanzó exclusivamente al único alumno que pudo ser identificado en una conducta adjetiva de colaboración, cuya naturaleza y motivación, además, se ha discutido, aparece como una medida “ejemplificadora” para el resto de la comunidad educativa destinada a establecer una señal de rigor en la sanción de actos futuros y en ningún caso, motivada por objetivos formativos, como se espera de una comunidad educativa, lo que desnaturaliza su objetivo, la vacía de legitimidad y resulta en definitiva, arbitraria y caprichosa en extremo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Dictada por la Ministro Sra. Barrientos y la prevención, su autor.

N°Protección-16148-2024.

No firma la Ministra señora Barrientos, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por hacer uso de permiso del artículo 66 del Código del Trabajo.