nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 15 de julio de 2025, comparece doña nombre reservado, interponiendo acción de protección constitucional en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por el acto arbitrario e ilegal de efectuar descuentos en su remuneración del mes de junio de 2025, lo que vulnera las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución Política de La República, por lo que solicita que se ordene a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento, restituir los montos ya descontados y los que se efectúen durante la tramitación del recurso, con costas.

Expone que, habiendo contraído un préstamo de consumo con la Caja de Compensación recurrida, materializado mediante pagaré, y habiendo caído en mora en el cumplimiento de dicha obligación, la recurrida procedió a efectuar descuentos de su remuneración a partir del mes de junio de 2025 por un monto de $76.590.-, mediante orden a su empleador, ADM.EXPRESS LTDA.

Sostiene que tomó conocimiento de dichos descuentos el día 15 de junio de 2025 al recibir su liquidación de sueldo, sin que mediara notificación o aviso previo por parte de la Caja, lo que constituye un acto unilateral, arbitrario, caprichoso, injustificado y abusivo.

Alega que este actuar vulnera su derecho de propiedad, garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, y le priva de una parte esencial de su salario, necesario para su subsistencia.

Adicionalmente, señala que tales descuentos exceden el máximo legal permitido del 25% de la remuneración líquida, según la normativa de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

Segundo: Que, se evacua informe por parte de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana solicitando el rechazo del recurso.

Expone que según consta en los sistemas de Caja La Araucana, la recurrente con fecha 14 de febrero de 2019, solicitó un crédito por la suma de $2.619.589, en 50 cuotas de $91.482, el que por diversos motivos no pudo pagar razón por la cual reprogramó el crédito mediante una prolongación un de fecha 24 de enero de 2020, por la suma de $2.902.307, pagadero en 48 cuotas de $70.843.

Indica que, en base a la existencia de la deuda señalada, es que la Caja de Compensación La Araucana, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la ley N° 18.833, le informó a su empleador ADM. EXPRESS LTDA, de su existencia y solicitó el descuento correspondiente.

Señala que el descuento por planilla se encuentra plenamente amparado por el artículo 22 de la Ley N° 18.833, que establece la facultad de las Cajas para deducir lo adeudado por créditos sociales de la remuneración de sus afiliados, asimilándose a las normas de pago y cobro de cotizaciones previsionales, en concordancia con el artículo 58 del Código del Trabajo.

Adicionalmente, invoca el principio de la fuerza obligatoria de los contratos (artículos 1545 y 1546 del Código Civil) y sostiene que la prescripción de la deuda debe ser alegada y declarada judicialmente, no operando de oficio, citando Dictámenes de la SUSESO y jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

Concluye que su actuar no es ilegal ni arbitrario, sino que se enmarca en las facultades legales para asegurar el pago de créditos sociales, los cuales tienen un carácter social, no existiendo vulneración del derecho de propiedad de la recurrente.

Acompaña copia del pagaré original y la hoja de prolongación del crédito.

Tercero: Que, como es sabido, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, ahora bien, impone el rechazo de la presente acción cautelar la sola consideración de que el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso.

La pretensión de la recurrente se sustenta en la supuesta improcedencia de los descuentos efectuados a su remuneración, los que, corresponden a un crédito que le fue otorgado por parte de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana por ser arbitrario y abusivo, que excede demás los límites legales.

Por su parte, la Caja de Compensación recurrida ha sostenido que los descuentos se realizan en estricto apego a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 y el artículo 58 del Código del Trabajo, negando que su actuar sea ilegal o arbitrario. Invoca, además la plena vigencia de las obligaciones contraídas por la actora y la necesidad de una declaración judicial de prescripción para que el derecho a cobro se entienda extinguido.

Quinto: Que, sin embargo, la revisión de los antecedentes fácticos, en particular la reprogramación de la deuda efectuada por la recurrente es determinante para la resolución del recurso, por cuanto, en ella se estableció nuevas condiciones de pago para el crédito social. Tal hecho, no controvertido por el recurrente, implica que éste voluntariamente modificó las condiciones de su obligación, aceptando un nuevo plan de pagos que hace que el crédito se encuentre plenamente vigente y actualmente exigible bajo los nuevos términos.

Así las cosas, dada la indicada reprogramación voluntaria del crédito, no se configura un derecho indubitado del recurrente a percibir íntegramente su remuneración sin los descuentos aplicados por la Caja Los Andes. Al haber reestructurado y pactado nuevas condiciones para su deuda, el recurrente ha convalidado la existencia y exigibilidad de la misma bajo los nuevos términos.

El descuento por planilla, en este contexto, no es un acto arbitrario ni ilegal de la recurrida, sino la aplicación de un mecanismo de cobro legalmente facultado por el artículo 22 de la Ley N° 18.833 para las Cajas de Compensación, respecto de un crédito social que se encuentra vigente y cuyas condiciones fueron renegociadas por las partes.

Sexto: Que, a mayor abundamiento, cabe señalar que la alegación de que los descuentos exceden el máximo legal permitido (25% de la remuneración líquida) se encuentra conforme a derecho y no excede el límite legal de acuerdo con el artículo 58 del Código del Trabajo y las normas de la Superintendencia de Seguridad Social.

Por estas circunstancias, no procede sino desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad, N°Protección-16135-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por el Ministro señor Hernán Alejandro Crisosto Greisse, los Ministros (S) señor Pablo Andrés Toledo Gonzalez y señora Andrea Paola Soler Merino.

En Santiago, veintitrés de diciembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.