nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de agosto de dos mil veintitrés.

Al escrito folio 16: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña Stephanie Nicola Banda Subiabre, abogado, interponiendo acción constitucional de protección a favor de don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, representada legalmente por don nombre reservado, a fin de que se adopten las medidas para cautelar el legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 Nº 24, que se encuentra amenazado, privado y perturbado a consecuencia del proceder arbitrario e ilegal de la recurrida.

Refiere que en el año 2018 el recurrente contrajo un mutuo de dinero con la recurrida, denominado “crédito social”, el cual fue pactado en 45 cuotas, cuyos pagos se efectuarían conforme a lo establecido en el art. 22 de la ley 18.833, sin embargo, su empleador de aquella época, a pesar de estar obligado a efectuar los descuentos, solo los declaró, pero no los pagó a la recurrida. Indica que posteriormente, fue desvinculado de su trabajo, por lo que cayó en mora en el mutuo antes referido a partir de la cuota n°8 inclusive.

Refiere que no ha sido notificado de demanda judicial alguna y que durante los últimos años, ha trabajado con diversos empleadores suscritos a Cajas de Compensación, sin que en ningún momento se le descontara una cuenta a través del sistema “Intercaja”.

No obstante lo anterior, refiere que con fecha 30 de noviembre de 2022, el área de RRHH de su actual empleador le envió una copia de su liquidación de remuneración, informando que Caja La Araucana, a través del sistema intercaja y a favor de la recurrida, le descontarían de aquella el monto de $207.732 derivado del crédito social contraído en su oportunidad.

Alega que esta situación deja al recurrente en un estado de total indefensión, pues luego de más de 5 años un porcentaje importante de su remuneración le es arrebatada de forma totalmente arbitraria, ya que la recurrida pretende descontar de forma ilegal y arbitraria de su remuneración, una deuda claramente prescrita que asciende a la fecha a $207.732 y que se reiterará durante los próximos meses y sin tener certeza por cuánto tiempo más.

Señala que la recurrida actuó de manera caprichosa a injustificada, reviviendo y forzando de manera unilateral un beneficio que la ley prevé para un cobro oportuno y no de una deuda respecto de la cual ha dado claras señales de desinterés en su cobro.

En razón de lo anterior, solicita se acoja la presente acción cautelar, ordenando a la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de sus remuneraciones y se reembolsen los montos que indebidamente pudiesen ser descontados dentro de un plazo de 5 días hábiles o lo que esta Corte mejor estime, con expresa condena en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que evacuando informe por la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana (C.C.A.F. La Araucana), comparece la abogada doña Yasna Vukic, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, por cuanto su parte no ha incurrido en acción u omisión ilegal o arbitraria alguna.

Da cuenta la recurrida que con fecha 22 de diciembre de 2017 C.C.A.F. La Araucana le otorgó al Sr. nombre reservado el crédito social folio 104-000325084, por un capital inicial de $5.964.755.-, pactado en un plazo de 45 meses, con una cuota de $207.732, cuyo primer vencimiento correspondió al 31 de enero de 2018, del cual pagó 7 cuotas, esta última en julio de 2018, pasando a figurar en calidad de moroso, por lo que ante la no concurrencia del deudor a regularizar su acreencia y lo infructuosa que resultaron las gestiones extrajudiciales, se remitió la información al Proyecto Intercajas, siendo ubicado en octubre de 2022, por encontrarse trabajando en una empresa afiliada a Los Andes C.C.A.F., lo que se puso en conocimiento de la recurrida para efectos de obtener la recuperación de los montos adeudados, atendida la obligación legal que tienen las Cajas de Compensación de Asignación Familiar de proteger el fondo social. Así, explica, se remitió la respectiva nómina de descuento al actual empleador del recurrente, recibiendo las remesas correspondientes durante los meses de noviembre y diciembre 2022 y enero 2023, cada una por la suma de $207.732, lo que sirvió para el pago de las cuotas 8, 9 y 10 del crédito, respectivamente.

Explica que para dar efecto a las instrucciones emanadas de La Superintendencia de Seguridad Social, que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, con fecha 15 de abril de 2013, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto InterCajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial y necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso.

Agrega que en este contrato además es parte la Asociación Gremial de Cajas de Compensación de Asignación Familiar y ha sido acordado conforme a lo dispuesto en el artículo 19 N°7 de la Ley N°18.833 que autoriza expresamente a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social, conforme el artículo 1° de la citada Ley.

Hace presente que los descuentos a aplicar en una liquidación de remuneraciones tienen su asidero en el artículo 22 de la Ley N°18.833 señalado precedentemente, en concordancia con el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que señala: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la empresa afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones”, y en el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322, que dispone: “Los empleadores, como asimismo sus representantes legales, mandatarios y trabajadores que, por cuenta de ellos descuentan de las remuneraciones de sus trabajadores cualquiera suma a título de cotizaciones, aportes o dividendos de las obligaciones de éstos a favor de las instituciones de seguridad social, estarán obligados a declarar y a enterar esos descuentos y sus propias imposiciones y aportes dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones”.

Por otra parte, señala que el recurrente no puede alegar que la recurrida ha realizado descuentos de obligaciones que se encuentran prescritas, sin que la prescripción de las mismas haya sido declarada judicialmente, no siendo el recurso de protección la vía idónea para alegarlas y menos aún el hecho de indicar que no se realiza un cobro oportuno, atendido que las deudas junto con la forma en que le iban a ser descontadas eran de pleno conocimiento del recurrente, quien no concurrió a la Caja de Compensación a regular sus obligaciones, omitiendo arbitrariamente el pago de las mismas.

Conforme lo expuesto, concluye que la recurrida malamente ha podido privar, perturbar, o amenazar derechos y garantías constitucionales del actor si en todo momento ha actuado conforme a las facultades legales que su estatuto le provee, sin que se hayan atribuido funciones que vayan más allá de la normativa vigente o que se haya cobrado una deuda que haya sido por sentencia judicial declarada prescrita.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, resolver el conflicto planteado mediante este arbitrio importa determinar primero, la existencia del acto impugnado, esto es, el descuento de las cuotas de un préstamo social por parte de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por encargo de la Caja de Compensación La Araucana, los meses de noviembre y diciembre de 2022 y enero de 2023, en virtud del denominado Convenio Inter Cajas y, posteriormente, si aquella acción constituye, a esta fecha, un actuar ilegal y/o arbitrario de la recurrida y, por tanto, si ese proceder afecta o amenaza las garantías constitucionales invocadas.

QUINTO: Que en cuanto a la alegación de encontrarse prescrita la deuda, el recurrente no acreditó de modo alguno que dicha circunstancia se hubiera declarado judicialmente, de acuerdo a lo previsto en los artículo 2492 y siguientes del Código Civil, de manera que, al no operar de pleno derecho la extinción de la deuda por el plazo del tiempo, esta sigue siendo actualmente exigible.

SEXTO: Que, asentado lo anterior y conforme a los antecedentes allegados a la causa, se observa que la Caja de Compensación Los Andes dio cumplimiento a un mandato dispuesto en virtud de un Convenio suscrito entre las diversas Cajas de Compensación, el que se encuentra ajustado a derecho y visado en cuanto a su cumplimiento por la Superintendencia de Seguridad Social, por lo que el proceder de la recurrida no podría calificarse de ilegal o arbitrario, sobre todo considerando que su actuar se enmarca dentro de las normas de la diputación para recibir el pago, a las que se refieren los artículos 1580 a 1586 del Código Civil.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-161316-2022.

En Santiago, cuatro de agosto de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.