Protección contra Instituto Profesional de Chile

CERTIFICO: Que se anunciaron, escucharon relación y alegaron, por el recurso, don nombre reservado, por 7 minutos; por la recurrida Caja de Compensación Los nombre reservado, el abogado don Jorge Cerda Godoy, por 5 minutos; y por la recurrida Instituto Profesional de Chile, el abogado don Juan Ignacio Chamorro por 10 minutos.

Santiago, 12 de abril de 2018.

nombre reservado

Relator C.A. de Santiago Santiago, doce de abril de dos mil dieciocho.

Proveyendo escritos folios 125010 y 126089: Téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece doña nombre reservado, empleada, domiciliada en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra del Instituto Profesional de Chile, representado por su rector nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado y en contra de la Caja de Compensación Los nombre reservado, representada por su gerente general don nombre reservado, ignora segundo apellido, ambos domiciliados en domicilio reservado, por estimar conculcada la garantía del artículo 19 N°24 de la Constitución Política.

Pide se ordene el cese inmediato de los descuentos en sus remuneraciones ordenando la restitución del descuento practicado en la liquidación del mes de enero de 2018 y se decreten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de su dominio.

Funda su pretensión cautelar, señalando que se encuentra contratada por el Instituto Profesional de Chile con un sueldo base de $795.293.- y desde hace algún tiempo en su liquidación de remuneraciones se le hace un descuento de cuotas por un préstamo de Caja de Compensación Los nombre reservado, sin que disponga de una copia del documento del préstamo, suponiendo que éste contiene un mandato o autorización otorgado a la mutuante para que pueda hacer dichos descuentos.

Agrega que mediante carta enviada por correo certificado el 21 de diciembre de 2017, comunicó a la Caja de Compensación Los nombre reservado que revocaba cualquier mandato que hubiere otorgado a dicho organismo y que tuviera por objeto hacer descuentos a su remuneración, en especial, para el pago de créditos otorgados por la Caja a través de su empleador y pese a la notificación de la revocación, la Caja no ha dado las instrucciones que procedían o habiéndolas dado no han sido cumplidas, ya que al recibir en su cuenta corriente el 31 de enero pasado el pago de su remuneración, aparece la suma de $634.624.- porque le hicieron un descuento de $83.883.- por “Préstamo nombre reservado Los nombre reservado 10 de 18”.

Hace presente que el artículo 17 B letra g) de la Ley del consumidor dispone: “Los contratos de adhesión de servidos crediticios, de seguros y, en general, de cualquier producto financiero, elaborados por bancos e instituciones financieras o por sociedades de apoyo a su giro, establecimientos comerciales, compañías de seguros, cajas de compensación, cooperativas de ahorro y crédito, y toda persona natural o jurídica proveedora de dichos servicios o productos, deberán especificar como mínimo, con el objeto de promover su simplicidad y transparencia, lo siguiente:

g) La existencia de mandatos otorgados en virtud del contrato o a consecuencia de éste, sus finalidades y los mecanismos mediante los cuales rendirá cuenta de su gestión al consumidor. Se prohíben los mandatos en blanco y los que no admitan su revocación por el consumidor.

Explica que aun cuando hubiere otorgado un mandato irrevocable para que se le practicaran descuentos, la ley le da el derecho de revocar tal mandato y comunicada dicha decisión al mandatario, el mandato se extingue conforme al artículo 2163 N°3 del Código Civil. Por ello, la conducta de la Caja de Compensación de no comunicar que el mandato estaba extinguido o, de su empleador de continuar haciendo descuentos en virtud de un mandato expirado, resultan atentatorias contra su derecho de propiedad.

Señala que si bien reconoce la existencia de la deuda, tiene el derecho de escoger la fuente con que haya de hacerse pago las cuotas y ninguna norma legal justifica que, habiendo expirado el mandato, se continúen realizando los descuentos, conducta que califica como abusiva de una potestad inexistente y que constituye una privación o perturbación al derecho de propiedad que tiene para percibir sus remuneraciones sin descuentos carentes de justificación legal y contractual, vulnerándose ilegal y arbitrariamente la garantía constitucional del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política.

Segundo: Que en apoyo de su pretensión cautelar, la recurrente acompañó los siguientes documentos: 1.- impresión de cartola de cuenta corriente que registra con fecha 31 de enero el pago de la remuneración; 2.- liquidación de remuneraciones enero de 2018; 3.- copia de carta enviada a Instituto Profesional de Chile S.A. y a la Caja de Compensación Los nombre reservado, revocando todo mandato o autorización para hacer los descuentos por préstamos.

Tercero: Que evacua su informe la recurrida don nombre reservado, Rector, en representación de Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro Instituto Profesional de Chile, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien expuso que la recurrida mantiene una relación laboral, iniciada mediante contrato de trabajo suscrito el 2 de mayo del año 2016 con la actora, cuya vigencia es de término indefinido.

Señala que en contexto de la relación laboral existente, han dado estricto cumplimiento a las normas legales imperativas sobre Créditos Sociales, contraídos entre la recurrente y la Caja de Compensación y Asignación Familiar (nombre reservado) Los nombre reservado, con quién doña nombre reservado contrajo un crédito pagadero originalmente en 24 cuotas mensuales ascendientes a $45.819.- cada una y que, a contar de abril del año 2017, por acuerdo entre la referida entidad de previsión social y la recurrente, se adecuó dicha deuda por un monto superior, correspondiente a $83.883.- pagadero en 18 cuotas iguales y sucesivas.

Expresa que resulta de toda lógica la pertinencia de los descuentos en la remuneración de la trabajadora por este concepto, pues es una orden imperativa para el Instituto, según lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, en concordancia con lo indicado en el artículo 11 del Decreto 91 (1979) del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; el artículo 22° de la Ley N° 17.322 y artículo 58 inciso primero del Código del Trabajo.

Añade que al haber acordado la recurrente con la nombre reservado Los nombre reservado un préstamo en dinero pagadero en 18 cuotas iguales y sucesivas desde el mes de abril del año pasado, resta para satisfacer el pago íntegro de dicha obligación al menos 7 meses, salvo que la actora anticipe el pago del crédito o bien, la Caja de Compensación comunique que se ha extinto la deuda o revocado el mandato habido entre ambas partes, pues por Ley, IP Chile está forzada a deducir, remesar y retener de la remuneración de la recurrente, las cuotas del crédito social en favor de la entidad previsional correspondiente.

Si bien la recurrente argumenta haber enviado una carta certificada el 21 de diciembre de 2017, la cual contenía una revocación del mandato suscrito entre ella y Caja Los nombre reservado, expone que dicho documento no tiene coercibilidad alguna, ya que por expreso mandato legal, es la nombre reservado quien debe instruir sobre el cese del pago del crédito social y no la actora.

Hace presente que la única relación que hay entre el Instituto y la recurrente, es estrictamente laboral y por tanto, la Ley N°19.496 es inaplicable, ya que regula relaciones mercantiles entre proveedores y consumidores y por consiguiente, únicamente puede ser catalogado como "Proveedor" la nombre reservado Los nombre reservado, no así al Instituto. Concluye que respecto de IP Chile existe una falta de legitimación pasiva.

Agrega que la Ley N° 18.833, que establece el “Estatuto General para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (nombre reservado)”, en su artículo 3 dispone que las referidas entidades previsionales se someterán a la supervigilancia y fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, de manera que, es éste el organismo adecuado para recibir todo tipo de reclamación en contra de los servicios otorgados por la Caja correspondiente.

Precisa que la Corporación Instituto Profesional de Chile, ha dado cumplimiento irrestricto a las normas legales en materia de créditos sociales, en especial el artículo 22 de la Ley N° 18.833, que dispone que: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.” [...]

Explica que al igualarse su tratamiento a las normas de pago y cobro de cotizaciones previsionales, en virtud del artículo 58 inciso primero del Código del Trabajo, el empleador debe realizar las deducciones de las remuneraciones relativas a los impuestos que graven a éstas, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos, so pena, en caso de incumplimiento, arriesgar multa administrativa, cursada por la autoridad laboral competente.

Adiciona que el Decreto N° 91 del año 1979, promulgado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el cual fija el "Reglamento del Régimen de Prestaciones de Crédito Social de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar", en su artículo 11 indica que: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la empresa afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”. [...]

Finalmente, la Ley 17.322 que establece "Normas para la Cobranza Judicial de Cotizaciones, Aportes y Multas de las Instituciones de Seguridad Social" ordena en su artículo 22 que: “Los empleadores, como asimismo sus representantes legales, mandatarios y trabajadores que, por cuenta de ellos descuenten de las remuneraciones de sus trabajadores cualquiera suma a título de cotizaciones, aportes o dividendos de las obligaciones de éstos a favor de las instituciones de seguridad social, estarán obligados a declarar y enterar esos descuentos y sus propias imposiciones y aportes dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones”.

Concluye que IP Chile se encuentra obligado por las normas detalladas a efectuar los descuentos por créditos sociales de la remuneración de la recurrente y en caso no cumplir con la orden emanada desde la Caja respectiva, la Institución se expone a ser objeto de multas administrativas.

Alega, también, la falta de verificación de los supuestos fácticos y jurídicos para la procedencia de la acción esgrimida, dado que no se configura el requisito esencial para la procedencia de este recurso, esto es, “que sea un acto u omisión ilegal o arbitraria”, recalcando que la Corporación Instituto Profesional de Chile, se encuentra por expreso mandato de la Ley, obligada a efectuar las deducciones obligatorias de las remuneraciones de sus dependientes, dentro de las cuales, se encuentran las cuotas originadas por deudas por créditos sociales contraídos por los dependientes con una entidad previsional, como lo es la nombre reservado Los nombre reservado.

Cuarto: Que, en apoyo de sus alegaciones, la recurrida acompañó los siguientes documentos: 1.- Copia de Contrato de Trabajo de 2 de mayo de 2016, suscrito entre la recurrente y la Corporación Instituto Profesional de Chile; 2.- Copia de Anexo de Contrato de Trabajo, suscrito entre la actora y la recurrida de 31 de octubre de 2017; 3.- Set de 22 Comprobantes de Liquidación de Remuneraciones desde mayo de 2016 hasta febrero de 2018; 4.- Copia de Nóminas Mensuales de Retenciones Previsionales, emitidos y enviados a IPCHILE por Caja de Compensación Los nombre reservado, de los meses de noviembre de 2017, diciembre de 2017, enero de 2018, febrero de 2018 y marzo de 2018.

Quinto: Que evacua su informe don Jorge Cerda Godoy, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los nombre reservado, quien solicita el rechazo de la acción deducida, fundado en que la recurrida el 27 de marzo de 2017, otorgó a la actora el crédito código 19300055845, por la suma de $1.096.658, a una tasa de interés nominal mensual de 2.79%, pagadero en un plazo de 18 meses, con una cuota de $83.883, cuyo primer vencimiento correspondió el 30 de abril de 2017.

Señala que el Instituto Profesional de Chile S.A. durante el período que va desde el 10 de mayo de 2017 al 10 de febrero de 2018, pagó las cuotas de los meses de abril de 2017 a enero de 2018, cuotas N°1 a N°10 y la deuda al 12 de marzo de 2018, asciende a la suma de $607.904, incluyendo el saldo adeudado y el interés de prepago.

Explica que en sus inicios, las Cajas de Compensación tuvieron como objeto compensar las asignaciones que eran pagadas por los empleadores con las cotizaciones previsionales que los trabajadores debían enterar y con la dictación del D.F.L. N°245 de 1953, tales entidades fueron reconocidas en el mundo del Derecho, encontrándose reguladas por la Ley N°18.833, que establece un nuevo estatuto para las C.C.A.F.

Expone que es la ley la que determina las funciones de las Cajas de Compensación, específicamente detalladas en el artículo 19 de la Ley N° 18.833, que en su numeral 3° indica que pueden “administrar, respecto de los trabajadores afiliados, el régimen de prestaciones de crédito social, el régimen de prestaciones adicionales y el régimen de prestaciones complementarias que se establezcan en conformidad a la presente ley”. Por su parte, el artículo 21 del mismo cuerpo legal señala que “las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regido por un reglamento especial”, créditos que constituyen un beneficio de bienestar social, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, independiente, del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar.

Señala que si bien las Cajas de Compensación intervienen como agentes económicos en el mercado financiero otorgando préstamos en dinero, su sistema crediticio, a diferencia de otras instituciones, se encuentra unido al objeto que la Ley N°18.833 les ha determinado, ya que no tienen fines de lucro y, por lo mismo, sus beneficios económicos están destinados a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales.

Refiere que dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha establecido garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan y al efecto, el artículo 22 de la Ley N°18.833 dispone que: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Sostiene que mediante el procedimiento de descuentos se ejercen los derechos que la ley y los acuerdos establecen, siendo irrenunciable esta obligación para la recurrida, por lo que no requieren de autorización o mandato otorgado por parte del afiliado para efectuar los descuentos tendientes al pago de las prestaciones de crédito social, por cuanto dicha prerrogativa emana directamente de un mandato legal, de conformidad a las normas citadas precedentemente; resultando, improcedente la revocación a la que refiere la recurrente en su presentación.

Por último, refiere que estamos frente a un crédito vigente y actualmente exigible, tomado por la recurrente en marzo de 2017, de modo que los descuentos efectuados para el pago del mismo, se han producido con total apego a lo establecido en el mentado artículo 22 de la referida Ley.

Sexto: Que el recurso de protección es una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que pueden experimentar como consecuencia de acciones u omisiones arbitrarias de la autoridad o de particulares. Para que resulte pertinente recurrir de protección deben concurrir los siguientes requisitos: 1) acción u omisión ilegal o arbitraria; 2) que como consecuencia de ello se derive la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho; 3) que ese derecho se encuentre comprendido entre los que en enumeración taxativa señala el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Séptimo: Que del análisis de los antecedentes aportados por las partes, se advierte que las recurridas cuestionan la procedencia de la acción de protección, al estimar que han dado estricto cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 20 de la Ley N°18.833, efectuando los descuentos de las remuneraciones de la actora, respecto de un crédito social actualmente vigente, del cual ya se habían descontado 8 cuotas de un total de 18.

Octavo: Que, por su parte, del análisis de los fundamentos de la acción intentada, no se advierte cómo se estaría conculcando el derecho de propiedad invocado, desde que se reconoce explícitamente haberse contratado el crédito con la Caja de Compensación Los nombre reservado y que se le venían efectuando descuentos con anterioridad, justificando su pretensión, mediante el envío de una carta en que notificaría su decisión de revocar un pseudo mandato que tampoco afirma con precisión si otorgó o no.

Noveno: Que, hay que dejar asentado que es un hecho pacífico que la recurrente contrató con la Caja de Compensación Los nombre reservado un crédito, el que actualmente se encuentra vigente y es exigible, siendo cuestionada la procedencia del descuento de la remuneración, producto de la revocación efectuada.

Décimo: Que, también es relevante precisar que los créditos sociales celebrados con las Cajas de Compensación pueden y deben ser descontados y retenido por los empleadores a sus dependientes, a requerimiento de las respectivas Cajas de Compensación, para proceder a su pago, rigiéndose dichas normas de pago y cobro a las cotizaciones previsionales, como expresamente lo establece el artículo 22 de la Ley N°18.833, motivo por el cual, el ejercicio de la revocación del pseudo mandato invocado, aun cuando éste existiera, no tiene la entidad para dejar sin efecto o sustraerse de la aplicación del precepto legal antes mencionado.

Undécimo: Que, ante tal escenario, resulta evidente que el actuar de las recurridas es lícito y se adecua al ordenamiento jurídico, sin que tampoco pueda ser calificado como arbitrario, desde que nace producto del ejercicio de un derecho emanado de un acto jurídico válidamente celebrado, vigente y actualmente exigible, cuestiones que conllevan al rechazo del arbitrio intentado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, con costas, la acción constitucional deducido por doña nombre reservado en contra del Instituto Profesional de Chile y de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los nombre reservado.

Se previene que el Ministro señor Zepeda estuvo por eximir a la recurrente del pago de las costas, teniendo para ello presente que tuvo motivo plausible para litigar, desde que el ejercicio de la acción constitucional intentó de manera fallida la revocación de un mandato que estimaba que habilitaba a la recurrida para descontar el crédito de sus remuneraciones, hecho que le confiere la buena fe procesal necesaria para eximirla del pago de dicha carga.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-16.124-2018.