nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, dieciocho de abril de dos mil veinticuatro.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 16 de noviembre de 2023, comparece nombre reservado, cesante, interponiendo acción constitucional de protección en contra de nombre reservado, gerente general y representante legal de A.F.P. Cuprum S.A., por el acto arbitrario e ilegal consistente en mantenerla inscrita en el “Archivo de Agentes Irregulares", vulnerando así las garantías fundamentales reconocidas en el artículo 19 N° 1, 2 y 16 de la Constitución Política de la República.

Expone que, entre el 1 de julio de 2015 al 6 de julio de 2020, se desempeñó en la recurrida en el cargo de asesora de Inversión Experta Senior AFP (promotora), fecha en que fue despedida de manera indebida, imputándole un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato de trabajo, es decir, la causal del artículo 160 N° 7 del Código del ramo, fundado en una supuesta falsificación de la firma de un afiliado, realizada en agosto del año 2019.

Da cuenta que demandó por el despido injustificado, obteniendo sentencia favorable en el Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, en causa RIT N° O-584-2020, dictada el 1 de julio de 2021, en que se estableció que el despido fue indebido e injustificado, por no haber acreditado el hecho que lo motivó, sentencia que no fue impugnada.

Indica que el cargo que ejercía está regulado por el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que dispone que no se puede contratar por una Administradora y deberán incluirse en el “Archivo de Agentes Irregulares”, las personas que hayan cometido irregularidades graves en el sistema previsional, como la falsificación de firmas.

Da cuenta que ha intentado reincorporarse al oficio que ejercía antes, opción laboral que se le ha vedado en forma absoluta por estar aún inserta en el registro de agentes irregulares, situación que ha solicitado se subsane, por ser improcedente su inclusión, atendido lo resuelto por la justicia, petición que ha sido negada por la recurrida en forma arbitraria, informándole por correo de 17 de octubre de 2023 que no se suprimiría su incorporación “por existir una investigación y dictamen asociado, lo cual no se puede invalidar”, y que se mantendría vigente por 5 años.

Argumenta que la negativa de la recurrida es un acto ilegal y arbitrario que conculca las garantías constitucionales reconocidas en el artículo 19 N°2 y N°16 de la Carta Fundamental, al establecer a su respecto discriminaciones arbitraria en el acceso al trabajo, lo que no ocurre con el resto de las personas que no han cometido infracciones; la libertad de trabajo y su protección; así como su integridad física y psíquica, protegida en el artículo 19 N°1 de la norma Constitucional.

Solicita que se acoja la acción y se ordene a la recurrida que la elimine del registro, dentro de 3° día en que el fallo quede firme, con expresa condena en costas en caso de oposición.

Segundo: Que, informó María Paz Ihnen Franke, abogada, por la recurrida A.F.P. Cuprum S.A., alegando en primer término la extemporaneidad de la acción, fundada en que -tal como la acción lo indica- el registro se habría producido por su despido ocurrido el 6 de julio de 2020, del que tomó conocimiento el mismo día y, por otra parte, de los antecedentes proporcionados por la actora, consta que al menos el 12 de octubre de 2023 estaba en conocimiento de la situación, ya que ese día envió un correo electrónico solicitando la eliminación, previas consultas realizadas en la Superintendencia respectiva y, así, contado a partir de cualquiera de esas fechas el plazo fatal de 30 días corridos previsto en el Auto Acordado sobre la materia, el recurso fue interpuesto con posterioridad, por lo que solicita su rechazo, con expresa condena en costas.

En subsidio, informa solicitando el rechazo de la acción en todas sus partes, con costas.

Esgrime que es improcedente por no existir derechos indubitados, siendo menester un procedimiento de lato conocimiento, atendido que las supuestas vulneraciones recaen en la mera expectativa de la actora de poder trabajar como agente previsional, sin dar ningún detalle de ofertas ciertas para acceder a ese puesto de trabajo.

Luego, sobre la sentencia que declaró injustificado el despido, hace presente que a diferencia de lo sostenido por la actora, en ningún caso se establece que el hecho imputado en la carta de despido no fuera efectivo. En efecto, la sentencia desestimó que la falsificación de la firma del afiliado sea imputable a la actora, pero no descarta que esta no corresponda al afectado. En ese sentido, el considerando décimo noveno estableció que la falsificación de la firma no fue acreditada, porque el hecho de que no sea conforme a la que realizó el afiliado en la realidad no implica que la demandante la hubiera realizado y, añade que la eventual disconformidad no trae como resultado que la actora realizó un acto doloso de falsificación de firma como se imputa en la carta de despido, por no ser un acto automático el hecho de la falsificación y la intervención de la trabajadora, haciéndose cargo el fallo de la perspectiva laboral si el hecho es reprochable a la actora o no, pero no descarta la falsificación.

Se refiere en detalle a las normas que regulan la materia y observa que la acción reprochada es constitutiva de una falta que amerita la inclusión en el Archivo de Agentes Irregulares, que establece como irregularidad la falsificación de firmas o adulteración de documento y, una vez detectada la falta, por denuncia de falsificación de firma del afiliado, se adoptaron las medidas para verificar su gravedad y, conforme a ello, se procedió al despido.

Agrega que tras la investigación del reclamo, se acreditó que la orden de traspaso correspondiente contenía una firma falsa y una impresión dactilar que no le correspondía al afiliado y, por ello, tras Dictamen de resolución de reclamo de 11 de junio de 2020, se anuló la orden de traspaso, procedimiento seguido conforme lo permite el Compendio de Normas de Pensiones de la Superintendencia del ramo, que contiene un procedimiento de solución de materias especiales, como el reclamo de falsificación de firma, disponiendo que en ese caso la Administradora deberá requerir al reclamante una declaración manuscrita, firmada con 5 firmas o con el registro de su huella dactilar en que identifique en forma precisa el documento cuya firma cuestiona. Igualmente, la normativa exige a la AFP informar de la inclusión del agente en el Archivo de Agentes Irregulares, indicando la causal, dentro de los 5 días hábiles siguientes de comprobada la existencia de la irregularidad, bajo amenaza de ser sancionada. Es decir, está en la obligación legal de incluir al agente en el respectivo registro en estos casos.

Afirma que el hecho de que con posterioridad la causal de despido haya sido calificada como indebida en nada obsta a su inclusión en el Registro, ya que este responde a consideraciones de normativa previsional, que exceden los propósitos particulares de la relación laboral y su término y, que para ser retirado del Registro, es la propia Superintendencia de Pensiones la que establece un procedimiento de rehabilitación.

Niega haber incurrido en alguna ilegalidad o arbitrariedad, así como haber vulnerado las garantías constitucionales reclamadas por la actora, por lo que solicita rechazar la acción por improcedente, con expresa condena en costas.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que en cuanto la extemporaneidad alegada, el acto reclamado consiste en que, mediante un correo-e de fecha 17 de octubre de 2023, la recurrida ha informado a la actora la posibilidad de “solicitar la revisión de tu caso una vez que cumpla con el tiempo mínimo en el registro que son 5 años, ya que existe una investigación y un dictamen asociado, lo cual no se puede invalidar.”, rechazando de esta manera, su solicitud para ser eliminada del Archivo de Agentes Irregulares.

De ello aparece meridianamente claro, que el acto ilegal o arbitrario que se denuncia, consistente en la mantención de la señora nombre reservado en el denominado Archivo de Agentes Irregulares, no se agota con la antedicha respuesta sino que tiene afectos permanentes, a lo menos por el período que resta para cumplir los antecitados cinco años, motivo por el cual la excepción de extemporaneidad será rechazada. Ello, sin perjuicio que, además, el presente recurso fue entablado dentro de los 30 días de conocida la respuesta negativa de la empresa a la solicitud de eliminación del Registro.

Quinto: Que en cuanto al fondo, los antecedentes aportados acreditan que la incorporación de la señora nombre reservado en el denominado Archivo de Agentes Irregulares -por parte de AFP Cuprum S.A y en cumplimiento de la normativa regulatoria previsional respectiva-, es resultado de una investigación interna realizada por dicha empresa, conforme a la cual concluyó que la actora habría falsificado la firma de un afiliado en un proceso de traspaso, razón por la cual, además, puso término a la relación laboral por la causal del artículo 160 N°7 del Código del Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones del contrato de trabajo, aduciendo expresamente en la carta de aviso acompañada en autos que “se ha constatado que usted, en el desempeño de sus funciones contractuales, falsificó la firma de un afiliado…”.

Sexto: Que, sin embargo, no se ha acreditado la existencia de denuncia penal por parte de la empresa, ni tampoco, sentencia judicial que haya establecido la responsabilidad de la recurrente en orden de ser autora de la falsificación de firma que se le atribuye y conforme a la cual, se justificó en su oportunidad, tanto el despido de su trabajo, como la incorporación en el referido Archivo de Agentes Irregulares.

Al contrario y a mayor abundamiento, por sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, causa RIT N°O-584-2020, dictada el 1 de julio de 2021, se declaró en su considerando 18°, que: “NO SE ACREDITA EL HECHO QUE FUNDAMENTA EL DESPIDO. Que el despido entonces debe declararse como indebido porque no es posible tener por acreditado lo señalado en la carta de despido -falsificación de firma– realizado por la actora, del afiliado Sr….”.

Séptimo: Así las cosas, aparece indubitado que al tiempo de la solicitud de reconsideración de la actora, rechazada mediante el acto recurrido de 17 de octubre de 2023, existía ya un pronunciamiento jurisdiccional explícito en sede laboral que descarta la autoría del hecho que ha motivado la incorporación de la señora nombre reservado en el Archivo de Agentes Irregulares.

En consecuencia, la decisión de rechazar la eliminación del referido registro, basada en “que existe una investigación y un dictamen asociado, lo cual no se puede invalidar” y sólo corresponde “solicitar la revisión de tu caso una vez que cumpla con el tiempo mínimo en el registro que son 5 años”, deviene en manifiestamente arbitraria, toda vez que ha sido judicialmente desvirtuado el fundamento que se tuvo al momento de incorporar a la actora al registro.

En consecuencia, el acto recurrido afecta la garantía constitucional del artículo 19, N°16, en lo relativo a la libertad del trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación que le asiste a la actora, atendido a la injustificada mantención en el Archivo de Agentes Irregulares que le impide la contratación en las empresas previsionales del ramo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de A.F.P. Cuprum S.A. sólo en cuanto se ordena su eliminación inmediata del Archivo de Agentes Irregulares que mantiene dicha empresa conforme la normativa regulatoria previsional.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad archívese.

Redactó el abogado integrante señor Hernández.

N°Protección-16123-2023.

No firma la ministra (S) señora Roncacliolo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por haber cesado sus funciones.