Protección contra María Eugenia Cubillos Espinoza

Santiago, diecisiete de junio de dos mil veinticuatro.

Proveyendo los escritos folios 23, 24, 25 y 26: a todo, téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que Franco José Devillaine Gómez, abogado, en representación de nombre reservado, recurre de protección en contra de María Eugenia Cubillos Espinoza, jueza del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en haber dictado, el 7 de febrero de 2024, en causa AFP PROVIDA con Fisco, RIT A-522-2022, resolución que deja sin efecto liquidación del crédito previsional que se adeuda a su representado, rebajando el monto del mismo.

Alega, en primer término, que el presente recurso es el único remedio procesal con que cuenta, toda vez que sólo pueden ser parte en la causa el organismo previsional-ejecutante y el ejecutado, sin participación de terceros.

Expone que el recurrente, el 9 de noviembre de 2018, interpuso demanda en contra del Fisco de Chile, en causa RIT O-7632-2018 del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, con sentencia favorable al 7 de noviembre de 2019, quedando ejecutoriada al 20 de julio de 2022 e iniciando juicio ejecutivo previsional ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago bajo el RIT A-522-2022.

Hace presente que el Consejo de Defensa del Estado interpuso ante el Tribunal Constitucional requerimiento de inaplicabilidad respecto de disposiciones del artículo 22 de la Ley Nro. 17.322, y 19, inciso décimo tercero, del DL Nro. 3500, el que fue rechazado, por lo que el 24 de enero del año en curso, el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago ordenó la reapertura del procedimiento ejecutivo, practicando liquidación del crédito por un total de $2.595.794.334, siendo objetada por el Consejo de Defensa del Estado, la que fue rechazada por extemporánea, recurriendo la interesada de reposición, igualmente desestimada.

En este contexto, precisa que se dictó la resolución impugnada, fundada en las facultades correctivas del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, advirtiendo el tribunal un error de cálculo de los intereses y reajustes, los que fueron aplicados desde la fecha de inicio de la relación laboral, siendo procedente calcularlos desde que la sentencia de 7 de noviembre de 2019 se encontrare ejecutoriada, por lo que deja sin efecto la liquidación, ordenando una nueva, la que asciende el 12 de febrero de 2024 a $39.239.747, siendo objetada por la AFP y rechazada por el tribunal.

Alega que la actuación es arbitraria en cuanto fue rechazado el recurso de reposición y apelación subsidiaria del Fisco, fundándose la decisión de la recurrida en otras causas que se originan con posterioridad a la de su representado, los que no fueron objeto de recurso.

Asimismo, sostiene que el Fisco y la jueza pretenden aplicar nueva jurisprudencia a una causa que se encuentra pasada en autoridad de cosa juzgada, aplicando de forma retroactiva un criterio nuevo, destacando que el Fisco intentó evitar la aplicación de las normas sobre reajustes e intereses del DL 3500 en más de tres años de litigación, siendo incluso rechazado un requerimiento ante el Tribunal Constitucional.

Hace presente que no desconoce los efectos de la nueva jurisprudencia, pero advierte que la misma no puede afectar en particular los derechos previsionales de su defendido, afectando la seguridad jurídica de un crédito y habiendo la jueza recurrida infringido todos los recursos desestimados del Fisco de Chile.

Alega, igualmente, la ilegalidad del acto, por cuanto la jueza recurrida excede la atribución normativa del artículo 84 inciso final del Código de Procedimiento Civil, el que sólo atiende a vicios procesales no extensibles a intereses y reajustes de la deuda previsional y que deja sin efecto la liquidación en base a actuaciones materializadas fuera del plazo fatal indicado por la ley, al desestimarse la objeción interpuesta.

En el mismo sentido, afirma que la jueza infringió el artículo 22 de la Ley 17.322, concluyendo que la jueza recurrida se ha constituido como comisión especial, infringiendo el artículo 19 Nro. 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República.

Invoca infringido, igualmente, su derecho constitucional de propiedad, toda vez que se dejó sin efecto la liquidación por $2.595.794.334, y ordenando una nueva que culminó en $39.239.747, privándose al actor de sus fondos previsionales, contando con un derecho indubitado y calculado con apego al artículo 22 de la Ley 17.322, mediante liquidación de 24 de enero de 2024.

Junto con alegar que el actuar de la recurrida compromete internacionalmente al Estado de Chile, pide que se deje sin efecto lo resuelto por la jueza recurrida, se deja subsistente el primer párrafo de la citada resolución en cuando resuelve los recursos y se deje sin efecto todo lo obrado en la causa con posterioridad a la resolución de fecha 7 de febrero de 2024.

SEGUNDO: Que informa María Eugenia Cubillo Espinoza, jueza del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, quien refiere que bajo el RIT A-522-2022 se tramita un juicio de cumplimiento laboral, cuyo título ejecutivo es la Resolución Nro. 81340056 de 9 de diciembre de 2022, emanada de AFP Provida, que en virtud de la facultad que le concede el artículo 19 del DL 3500 de 1980, en relación con el artículo 2 de la Ley 17.322, determinó que el empleador Fisco-Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, adeuda y debe pagar la suma de $16.384.028, por cotizaciones previsionales morosas correspondientes al trabajador nombre reservado, respecto de los meses de junio a diciembre de 1990, años 1991 a 2005 completos, meses de enero y febrero de 2006.

Destaca que, ingresada la causa el 20 de diciembre de 2022 y rechazado un requerimiento de inaplicabilidad, el 24 de enero de 2024 se practicó liquidación, respecto de los períodos contemplados en la Resolución 81340056, estableciéndose como monto adeudado la suma de $2.595.794.334, siendo objetada y desestimada el 31 de enero del año en curso, la objeción a la liquidación por extemporánea, resolución que fue objeto de recurso de reposición con apelación subsidiaria, rechazando ambas.

Hace presente que, por resolución de 7 de febrero del año en curso y, habiendo advertido la magistrado un error en el cálculo, al estimar aplicables en la especie, los pronunciamientos más recientes de la Excelentísima Corte Suprema, en fallos de unificación, respecto a la fecha de cómputo de los reajustes e intereses de las cotizaciones previsionales adeudadas, en causas contra el Fisco de Chile, donde la existencia de la relación laboral recién se estableció por sentencia ejecutoriada.

Agrega que el 12 de febrero se practicó una nueva liquidación, que se realizó conforme a los parámetros que en forma automatizada contempla el Sistema de Tramitación de Cobranza Laboral, que en cuanto a las liquidaciones relativas a cotizaciones adeudadas, aplica los índices remitidos mensualmente por la Superintendencia de Pensiones, conforme la Circular Nro. 2335 de 30 de enero de 2024.

Afirma que el 15 de febrero del año en curso, ambas partes objetan la liquidación, las que fueron desestimadas, destacando que no existe constancia en la carpeta electrónica de tramitación de la causa A-522-2022 de presentación alguna del trabajador nombre reservado, quien conforme a la ley, podría haber ingresado como tercero coadyuvante.

TERCERO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que ahora bien, el acto que se acusa ilegal o arbitrario es la actuación de oficio del Juzgado de Cobranza de Santiago que, en uso de la facultad que le otorga el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, anuló la liquidación de 24 de enero de este año y, consecuentemente, ordenó practicar una nueva liquidación respecto de los intereses que se adeudaban en relación a la deuda previsional declarada por sentencia de fecha 7 de noviembre de 2019, seguida ante el 1° Juzgado Laboral de esta ciudad, en los autos RIT N°O-7632-2018, ejecutoriada el 20 de julio de 2022 y que, a consecuencia de ello, por liquidación de 12 de febrero de este año, se estableció que ascendían a la suma de $39.239.747;

QUINTO: Que en primer lugar, es menester señalar que es jurisprudencia reiterada de los Tribunales Superiores de Justicia, el criterio general de que la acción de protección no procede en contra de resoluciones judiciales y que, estando una controversia sometida al imperio del derecho, no procede, entonces, otorgar este amparo constitucional, razón incipiente que justificaría por este solo hecho el rechazo de este arbitrio;

SEXTO: Que pese a lo anterior, aparece pertinente relevar en este caso que la parte resolutiva del fallo declarativo precedentemente citado, en lo que interesa, señala: “III. Que SE ACOGE en la demanda, en todas sus partes, y en consecuencia se declara:

1. Que el actor ha prestado servicios para la Unidad Operativa de Control de Tránsito, hoy dependiente de la Subsecretaría de Transportes y Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, representada por el Fisco de Chile, bajo el marco de relación de naturaleza laboral entre el 1 de junio de 1990 y la fecha de la interposición de la demanda (el 9/11/2018);

2. Que, en consecuencia, la demandada debe enterar en AFP Provida las cotizaciones de tal período, descontada la comisión de la institución, sobre la base de las siguientes remuneraciones:”;

SÉPTIMO: Que, ahora bien, en concepto de esta Corte lleva razón la juez de cobranza laboral recurrida cuando concluye que conforme a la recta y articulada interpretación de los artículos 3 inciso segundo, 7 y 22 de la Ley 17.322 y 19 incisos décimo, undécimo, duodécimo y décimo tercero del D.L. 3.500, resultaba improcedente efectuar el cálculo de los intereses del crédito previsional desde la época en que el recurrente dio inicio a su relación laboral con el Fisco en el año 1990, dado que el vínculo de tal carácter y la acreencia previsional en cuestión se estableció en juicio contradictorio, seguido ante el 1° Juzgado Laboral de Santiago, en autos RIT N° O-7632-2018, por sentencia de 7 de noviembre de 2019, ejecutoriada con fecha 20 de julio de 2022, resolución de naturaleza declarativa, calidad procesal que importa concluir que sólo pueden generarse intereses por el no pago del crédito previsional que ella proclama desde la fecha en que dicho fallo quede firme y ejecutoriado.

Tampoco se advierte arbitrariedad en la decisión impugnada, pues no ha sido el capricho de la autoridad judicial el motivo que la justificó, sino su personal exegesis sobre la normativa que regula la materia y, por cierto, el apego a la interpretación efectuada en numerosos fallos de unificación de jurisprudencia por la Excma. Corte Suprema sobre dicha cuestión, cuando se trata de relaciones laborales que tienen como fundamento la celebración de contratos a honorarios con órganos de la Administración del Estado, entendida en los términos del artículo 1 de la Ley 18.575 (Sentencias C.S. ingresos rol N° 57.798-22, de 28 de septiembre de 2023; y rol N° 32.386-22, de 11 de octubre del mismo año);

OCTAVO: Que la alegación de cosa juzgada esgrimida por la parte recurrente no resulta aplicable en este caso, en primer término, porque las liquidaciones corresponden a actuaciones judiciales que no producen el mencionado efecto y, enseguida, porque si la misma se reclama respecto de la sentencia de 7 de noviembre de 2019, pronunciada por el 1° Juzgado Laboral de Santiago, en autos RIT N° O-7632-2018, como es posible advertir del fundamento Quinto de este fallo, dicha resolución no estableció la forma, ni la época a partir de la cual debían calcularse los intereses del crédito previsional que expresamente reconoció;

NOVENO: Que en estas circunstancias, no existiendo acto ilegal o arbitrario que pueda atribuirse a la juez recurrida, procede desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional deducida en la petición principal de la presentación de fecha ocho de marzo del año en curso, en favor de nombre reservado, en contra de María Eugenia Cubillo Espinoza, en su calidad de jueza del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, sin costas, Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

Rol Protección N° 1.612-2024.- Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich, conformada por la Ministra señora Carolina Brengi Zunino y el Abogado Integrante señor Jorge Gómez Oyarzo.