Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de octubre de dos mil veinticinco.

Al folio 10, téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que, comparece Franco Aldo Brunetti Arredondo, abogado, en beneficio de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber denegado la debida tramitación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, mediante la Resolución Exenta N°NUM000, de fecha 10 de julio de 2025 por la cual la recurrida lo tuvo por desistido de su solicitud, sin que el recurrente haya manifestado de forma expresa o tácita su voluntad de desistir, vulnerando con ello los derechos fundamentales de don nombre reservado, específicamente la garantía a la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Expone que don nombre reservado es un ciudadano venezolano que se vio forzado a escapar de su país e ingresar a Chile por pasos no habilitados el 31 de diciembre de 2020, y una vez en Chile, y luego de recabar información, acudió a la Oficina de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones para solicitar el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, donde se le facilitó el formulario y se recibió su declaración sobre los hechos.

Expresa que el 10 de julio de 2025, recibió la Resolución Exenta N°NUM000, que lo tuvo por desistido de su solicitud sin haber realizado previamente la derivación de los antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, justificando el Servicio su decisión, en que la solicitud no reunía los requisitos para dar curso por exceder el plazo de siete días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones, según lo establecido en el artículo 26 de la Ley N° 20.430, y por mantener ingreso al país por paso no habilitado, sin presentar antecedentes que acrediten el cumplimiento de los plazos establecidos en los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo N° 837, Reglamento de la Ley N° 20.430.

Reclama que no pudo realizar la subsanación de su solicitud porque jamás le fue enviada la resolución exenta para dichos efectos y que tampoco le ha sido otorgada la visación de residente temporario que prescribe el artículo 32 inciso 1° de la Ley N° 20.430.

Refiere que la Resolución Exenta impugnada desconoce la situación humanitaria y migratoria del recurrente, lo que, a su juicio, lo hace sujeto de reconocimiento absoluto de la calidad de refugiado y sostiene que la autoridad migratoria yerra al adoptar una basada en la reforma legal establecida por la Ley N°21.655, de 20 de febrero de 2024, particularmente en su artículo 1° N°5), por cuanto dicha reforma es posterior a su ingreso a Chile el 31 de diciembre de 2020.

Solicita que se acoja el presente recurso de protección, se declare que la autoridad migratoria ha actuado de manera arbitraria e ilegal, se deje sin efecto la Resolución Exenta N°NUM000, de fecha 10 de julio de 2025, y se le conceda una visa temporaria de refugio, prescrita bajo el artículo 32 inciso 1° de la Ley N°20.430, mientras se espera la evaluación, por parte de una comisión calificada.

Segundo: Que, el Servicio Nacional de Migraciones, evacuó el informe requerido en autos, solicitando el rechazo en todas sus partes de la acción constitucional de protección, por estimar que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Señala que don nombre reservado, no registra ingreso al país, de lo que se presume su ingreso por paso no habilitado, inscribiéndose en el proceso de empadronamiento biométrico del año 2023, quedando empadronado con fecha 21 de julio de 2023, acreditando así su ingreso por paso no habilitado al territorio nacional.

Aclara que la autoridad migratoria no cuenta con registros de que la parte recurrente hubiese manifestado, a la autoridad su intención de solicitar refugio en frontera, lo que hizo recién el 3 de mayo de 2024, al formalizar su petición de refugio, sin embargo, no asistió a una primera oportunidad de cita, por lo cual, mediante Resolución Exenta N° NUM001, de fecha 21 de mayo de 2024, se declaró el abandono del procedimiento y se ordenó el archivo de la misma.

Posteriormente, el extranjero interpuso un recurso administrativo en contra de dicha Resolución, el cual fue acogido por la autoridad migratoria, formalizándose nuevamente su petición de refugio con fecha 6 de diciembre de 2024, por lo que se citó al extranjero para el día 24 de abril de 2025, a las 14:30 horas, con toda la documentación necesaria. En aquella oportunidad, el Servicio Nacional de Migraciones le entregó el formulario respectivo, y realizó la entrevista y procedió a realizar la revisión de los antecedentes acompañados, notificando en esa misma fecha mediante correo electrónico, que no era posible dar curso a su solicitud de ingreso al procedimiento de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, toda vez que no había cumplido con los requisitos formales mínimos establecidos en la Ley N° 20.430, relativos a: exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones, según lo establecido en el artículo 26 de la Ley N° 20.430; por cuanto éste expresó haber ingresado de manera irregular con fecha 31 de diciembre de 2020, y se presentó ante el Servicio Nacional de Migraciones recién con fecha 3 de mayo de 2024, es decir, aproximadamente cuatro años después de su ingreso irregular Indica que se le otorgó un plazo de 15 días hábiles a contar de la notificación del acto administrativo, para acompañar antecedentes que permitieran subsanar tal situación, bajo apercibimiento legal de tenerlo por desistido de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 bis de la Ley N° 20.430 y artículo 31 de la Ley N° 19.880, con fecha límite el día 15 de mayo de 2025.

Luego, se constató que el recurrente adjuntó documentos a título de subsanación, correspondientes a una carta explicativa de su situación que no desvirtuaba la causal por no cumplir con los requisitos formales de su solicitud de refugio, más un certificado de antecedentes penales de su país de origen, los que fueron considerados insuficientes, y motivaron la dictación de la Resolución Exenta N° NUM002, de fecha 5 de mayo de 2025, que lo tuvo por desistido de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del extranjero.

En contra de esa resolución, el actor interpuso un recurso de reposición el que fue desestimado por la resolución que por rsta vía se impugna, toda vez que no se aportó ningún elemento de análisis diverso a los ya ponderados por la autoridad.

Tercero: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en la conducta, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Cuarto: Que, indica el recurrente, luego de ingresar al país por vía no habilitada, haber presentado solicitud de refugio y que con fecha diez de julio de 2025 recibió la Resolución Exenta N° NUM000 que resolvió tener por desistido de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, sin haber realizado de manera previa la correspondiente derivación de los antecedentes del caso a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado.

Pero, estima que ello se resuelve por efecto de norma legal que solo entró en vigencia el veinte de febrero de 2024 mediante la reforma establecida por la Ley N° 21.655, particularmente en su art. 1° N°5).

Así, se aplica un criterio basado en una reforma legal surgida mucho después del ingreso al país del solicitante.

Es este el acto que se califica de ilegal y arbitrario, lo que a su juicio vulnera el principio de irretroactividad de la ley y de las sanciones, consagrado expresamente en la Constitución Política de la República, que en su art. 19 Nº 3, inciso séptimo.

Quinto: Que el procedimiento formal de solicitud de asilo de conformidad a la Ley Nº 20.430, indica que ella debe formalizarse en los términos del artículo 1° inciso 2° del Reglamento de la citada ley, que dispone que se entenderá como solicitante de la condición de refugiado todo extranjero que se encuentre en el territorio nacional y formalice su intención de ser reconocido.

Por otra parte, el artículo 6° de la citada ley, previene que no se impondrán a los refugiados sanciones penales ni administrativas con motivo de su ingreso o residencia irregular, siempre que se presenten dentro de los 10 días siguientes a la infracción a la legislación que establece normas sobre extranjeros en Chile, ante las autoridades alegando una razón justificada; en concordancia con esta norma, el artículo 8 del Reglamento de la ley en comento, dispone que los extranjeros que hubieren ingresado irregularmente al país o cuya residencia actual fuere irregular y deseen formalizar una solicitud de refugio, deberán presentarse ante la autoridad migratoria correspondiente, dentro de los 10 días siguientes de producida la infracción, alegando una razón justificada para ello.

Por último, el artículo 10 de la Ley de Migraciones, establece que corresponderá a la Autoridad Policial de Control Migratorio controlar el ingreso y salida de los extranjeros y el cumplimiento de las obligaciones que este decreto ley les impone.

Conforme al mérito de los antecedentes allegados, lo cierto es que la situación concreta, el extranjero solo no cumplió con lo ordenado en la resolución que señala, en la forma requerida, procediendo la autoridad de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 bis inciso 3° de la Ley 20.430 y en la parte final del inciso primero del artículo 31 de la Ley N°19.880, esto es el desistimiento de la solicitud del recurrente.

Sexto: Que, en este estado de cosas, no aparece entonces, la existencia de un acto de la autoridad en contra del recurrente que negare, impidiere o vulnerare de alguna manera, los derechos que se reconocen a los extranjeros, por la legislación ya reseñada, subsistiendo todos los mecanismos legales a los que puede acudir ante la autoridad, bajo las formas establecidas en la ley, no existiendo ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de la recurrida, por lo que, el presente arbitrio deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-16110-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Maritza Elena Villadangos Frankovich, el Ministro (S) señor Daniel Eduardo Aravena Pérez y el Abogado Integrante señor Manuel Domingo Antonio Luna Abarza.

En Santiago, veintiocho de octubre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.