nombre reservado con CAJA LOS ANDES.

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de julio de dos mil veintitrés.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece el abogado Sr. Juan Alberto Cayuman e interpone recurso de protección en favor del Sr. nombre reservado, chileno, empleado, divorciado, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana; y en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes (en adelante, la Caja), RUT número 81.826.800- 9, representada legalmente por don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana, solicitando se admita a tramitación, y en definitiva se acoja en todas sus partes, a objeto de que, respetando las garantías constitucionales que se dirán, esta I. Corte restablezca el imperio del Derecho, en razón de los argumentos que expuso.

Refiere que, a fines del año 2020, el Sr. nombre reservado comenzó a sufrir problemas de salud que se acrecentaron progresivamente hasta que, el 24 de mayo de 2022 consultó médico quien le prescribió cuatro días de licencia y lo derivó a un reumatólogo, quien le ha mantenido con licencia médica hasta la interposición de este recurso.

Refiere también que, con el transcurso del tiempo y al momento del pago de su licencia en junio de 2022 al Sr. nombre reservado le extrañó el reducido monto a pagar y consultó al respecto a la Caja, donde no se le informó nada y lo derivaron al empleado Sr. nombre reservado, a quien contactó por correo electrónico el 13 de junio del 2022. Éste le contestó por la misma vía el14 de junio, indicándole sucintamente que tenía una retención judicial vigente desde el 2007 y de la cual no tenía conocimiento. Señala que el 20 de junio del 2022 envío correo con información solicitada por el informe judicial y liquidaciones de sueldo.

Puntualiza que la aludida retención afecta sólo a sus licencias médicas, puesto que en sus liquidaciones de sueldo no hay tal retención judicial.

Añade que el Sr. nombre reservado respondió su correo el 25 de junio de 2022 informándole que ingresó su solicitud bajo el número 20062616 y que, la Caja sólo fungía como intermediaria, por lo que debía solicitar el cese de la retención y enviar la carta pertinente, en caso de tenerla.

Continúa indicando que el 29 de agosto de 2022 envió nuevo correo a la Caja solicitando los montos retenidos, el número de oficio y su fecha, así como la indicación del tribunal autor de la orden de retención judicial; a lo que el aludido Sr. nombre reservado respondió reiterando que presentara la carta de cese de retención y consultando si en su empresa tenían conocimiento del asunto.

Menciona que el 6 de octubre de 2022 envió nuevamente un correo al Sr. nombre reservado reiterando su solicitud acerca de la información antes señalada, del que no ha tenido respuesta hasta la fecha.

Estima que las retenciones serían entre 50 a 100 mil pesos.

Añade que el 8 de noviembre de 2022 envió el último correo al Sr. nombre reservado reiterando la solicitud de información, sin obtener respuesta alguna de la Caja.

Refiere que toda esta situación le ha generado bastantes inconvenientes en lo económico y familiar, debido a que ha debido retrasar envíos de dinero a su hijo, retrasar el pago del arriendo de su departamento, retrasar el pago de servicios domiciliarios, etc. lo que le ha acarreado un estrés bastante grande y un evidente perjuicio, por cuanto le han pagado las licencias médicas con descuentos sin dar razón de ello y sin mayores antecedentes.

Considera que todo lo anterior, lesiona las garantías constitucionales del recurrente, por cuanto la conducta de la Caja, consistente en el descuento, reteniendo dineros del pago de las licencias medidas, es ilegal y arbitraria al no haber orden judicial que así lo ordene, ni oficio de tribunal alguno que acredite los descuentos, perturbando, privando o amenazando así derechos fundamentales del recurrente.

Para el recurrente, múltiples circunstancias han dado el carácter de arbitraria e ilegal a la decisión de la Caja de descontar, reiteradamente, montos de las licencias médicas del Sr. nombre reservado, sin tener orden judicial u oficio que acredite tal medida. Recalca, entonces, que la Caja recurrida incurre en arbitrariedad al retener sin orden judicial los montos de las licencias médicas.

Sobre la arbitrariedad, citando jurisprudencia y doctrina, el recurrente discurre que una conducta lo es cuando adolece de razonabilidad en el actuar, en cuanto exhibe falta de proporción entre los medios para obtener un fin; o cuando un acto carece de sustentación lógica y se presenta como mero fruto del capricho o sin razón (C. Apelaciones de Santiago Rol 186/93; CS 1-7-93 Rol 20.874); e incluso, por inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar, o sea, una actuación carente de fundamentación (nombre reservado, citado en C. Apelaciones de Punta Arenas 21-9-93, rol 39/93).

Sobre la ilegalidad, en tanto, el recurrente esgrime que la Caja ha descontado y retenido de forma ilegal, sin estar facultada por la ley, montos que indica no conocer con exactitud, pues la recurrida se ha negado a proporcionar información al respecto, lo que califica como una vulneración explícita a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 numeral 20 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales; garantía resguardada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, precisamente, mediante el recurso de protección.

Así, concluye que el señor “Gallardo” (sic) sufrió un acto ilegal y arbitrario que lo privó y perturbó de su derecho de propiedad sobre $100.000, incluso más de los descuentos de su liquidación que se han efectuado -de acuerdo a lo señalado por la Caja- desde el año 2007, los cuales a la fecha no puede determinar, ya que la Caja se ha negado a proporcionar mayor detalle e información sobre el descuento de las licencias médicas efectuadas, y que motiva esta acción.

El recurrente, finalmente, solicita tener por interpuesta la acción de protección en contra de la Caja Los Andes, acogerlo a tramitación y -en definitiva- acogerla en todas sus partes, ordenando que se restablezca el imperio del Derecho mediante: 1. Declarar que la retención de las remuneraciones por vía de descuento sobre el monto íntegro de las licencias médicas -desde el año 2007 a la fecha y actualizadas de conformidad al IPC- y efectuada por la Caja es un acto ilegal y arbitrario que priva/perturba al recurrente de su derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República; 2. Ordenar que la Caja se abstenga de realizar retenciones al pago de licencias del recurrente sin su autorización, porque ello excede sus atribuciones; 3. Ordenar a la Caja informar de los montos retenidos o descontados, y que devuelva las retenciones ya practicadas y las que se retengan en lo sucesivo mientras dure la tramitación del este recurso, actualizadas de conformidad al IPC; 4. Expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, informando el recurso, el abogado Sr. Matías Amigo García, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, RUT Nº RUT reservado, solicita el rechazo de esta acción por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por su representada.

En primer término, el informante se explaya en el contexto normativo sobre la tramitación y pago de licencias médicas por parte de las cajas de compensación. Indica que la entidad con las atribuciones para controlar y fiscalizar a las Cajas de Compensación es la Superintendencia de Seguridad Social, a la que corresponde -por ende- fiscalizar los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y en conformidad a la ley. Todo, sin perjuicio de las facultades que pudieren corresponder a la Contraloría General de la República de acuerdo con su ley orgánica.

Refiere que las Cajas de Compensación son entidades de previsión social y corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, regidas por la Ley N°18.833, sus reglamentos, sus respectivos estatutos y supletoriamente por las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil.

Expone que la Superintendencia de Seguridad Social, en uso de las atribuciones conferidas por las Leyes Nos. 16.395 y 18.833, impartió instrucciones a las Cajas de Compensación -en su calidad de administradoras del Régimen de Subsidios por Incapacidad Laboral- mediante el Oficio N° 7.249, de 2019, en el cual se estableció un nuevo modelo de gestión, basado en la estimación de los déficits que se generen mensualmente en las Cajas con motivo del pago de los subsidios por incapacidad laboral y sus correspondientes cotizaciones previsionales derivados de licencias médicas de origen común.

Indica que, para los efectos del pago de las licencias médicas por las Cajas de Compensación aplica el D.F.L. N° 44 que, en sus artículos 4° y 6°, establecen los requisitos que deben cumplir los beneficiarios de las Cajas de Compensación y FONASA para tener derecho al pago del Subsidio por Incapacidad Laboral y que resume en: 1. Tener seis meses de afiliación a un régimen previsional; 2. Reunir en ese mismo lapso a lo menos tres meses de cotizaciones; 3. Tener una licencia médica autorizada por la COMPIN.

Añade que, en cumplimiento de la Circular N° 2358 de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), que refunde y actualiza instrucciones a las Cajas sobre la administración del régimen de subsidios por incapacidad laboral, éstas deben velar por la observancia de la normativa vigente y cumplimiento de los requisitos establecidos para el para el correcto cálculo y pago de dichos subsidios.

En cuanto a las licencias médicas del recurrente, la Caja informa que recibió -y dispuso los procedimientos administrativos habituales para la tramitación en la COMPIN Regional Metropolitana- las siguientes licencias médicas:

3-60069838-9 4-RUT reservado

4-RUT reservado

3-70904487-7 3-72252570-1 3-74797915-4 3-75763594-1 3-77528467-6 3-RUT reservado

Ellas se extendían por el período discontinuo desde el 15 de octubre de 2021 y hasta el 27 de diciembre de 2022.

Posteriormente, añade, la referida COMPIN autorizó las siguientes licencias médicas:

3-60069838-9 4-RUT reservado

4-RUT reservado

3-70904487-7 3-72252570-1 3-74797915-4 3-75763594-1 3-77528467-6 por el período que se extiende desde el 15 de octubre de 2021 hasta el 27 de noviembre de 2022, respecto de las cuales -afirma- la Caja generó los respectivos subsidios, los cuales pagó mediante transferencia bancaria.

La recurrida pone de relieve que el Sr. nombre reservado registra en su base de datos (silpf04 código 42688, monto: $70.000) una retención judicial en favor de la Sra. nombre reservado, RUN N°RUT reservado, ex cónyuge del recurrente, según consta en certificado de matrimonio que acompañó a su informe. Y que, debido a que no se ha presentado el cese de la retención -iniciada el 26 de junio de 2007- realizó la retención indicada en las licencias médicas mencionadas, las cuales -indica- no han sido cobradas por la retenedora, de acuerdo con la siguiente tabla de detalle que proporcionó:

N° Licencia Médica Desde Hasta Monto Retención Estado Cuota 3-60069838 15-10-2021 19-10-2021 $ 4.670 Generada 4-7989233 10-11-2021 13-11-2021 $ 2.330 Generada 4-10480433- 24-05-2022 30-05-2022 $ 9.330 Generada 3-70904487 31-05-2022 20-06-2022 $ 56.000 Generada 3-72252570 21-06-2022 19-08-2022 $ 140.000 Generada 3-74797915 20-08-2022 03-09-2022 $ 35.000 Generada 3-75763594 04-09-2022 18-10-2022 $ 105.000 Generada 3-77528467 19-10-2022 27-11-2022 $ 93.330 Generada

Total retenido $ 445.660

La Caja recurrida puntualiza que, con respecto a la licencia médica N°3-RUT reservado, por el período que se extiende desde el 28 de noviembre hasta el 27 de diciembre de 2022, se encuentra en proceso de visación a la espera de resolución de la COMPIN.

En vista a todo lo expuesto, la Caja afirma que ha dado cumplimiento a la retención judicial de la ex cónyuge del recurrente. Indica que esta retención fue reconocida por el afiliado en correo electrónico de 14 de julio de 2022, página 3, y que la Caja acompaña a su informe, hecho que deja a consideración de esta I. Corte.

Concluye indicando que, para que la Caja Los Andes pueda cesar la retención, el afiliado debe proporcionar la resolución judicial que lo ordene. Para tal efecto, sugiere que el afiliado ubique el Tribunal de Familia que conoce del juicio y la causa respectiva en la Oficina Virtual Judicial, sección causas de familia, filtre y seleccione todas las causas en su contra.

TERCERO: Que, traídos los autos en relación y oídos los alegatos, esta I. Corte decretó, como medida para mejor resolver, pedir a la Caja complementar su informe para que indicase por qué tribunal, en qué causa y con qué fecha se emitió la orden de retención judicial que figura en sus registros, y a la que aludió al evacuarlo.

Al respecto, en escrito que suma “cumple lo ordenado” la Caja informó sobre lo pedido -escuetamente- que “no tenemos copia de la resolución”; y solicitó a esta I. Corte que despachara cuatro oficios a los Juzgados de Familia de Santiago “para que indiquen sobre que (sic) causas de alimentos tiene el afiliado y en especial cual (sic) hace referencia a una retención contra caja Los Andes”.

CUARTO: Que el acto recurrido es el descuento que la Caja Los Andes efectuó sobre pagos de licencias médicas extendidas al recurrente, visados por el COMPIN y gestionados por la Caja; y cuyos montos ha retenido esta última por aparecer de su base de datos una orden de retención judicial en favor de un tercero: la ex cónyuge del recurrente.

A tal conducta -configurada por la retención y el descuento- el recurrente le atribuye ser ilegal y arbitraria y conculcar su derecho de propiedad conforme lo garantiza el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que, sobre la pretendida ilegalidad de la conducta en análisis, el recurrente la hace residir en que la Caja ha retenido montos de dineros provenientes del pago de sus licencias médicas al no haber orden judicial que así lo disponga, ni oficio de tribunal alguno que acredite los descuentos.

Para determinar si la alegación es efectiva es necesario examinar el marco normativo del pago del subsidio por incapacidad laboral.

De acuerdo con el artículo 19 N° 2 de la Ley N°18.883, la administración del régimen de subsidios por incapacidad laboral. En caso de subsidios de los trabajadores dependientes del sector privado, la normativa aplicable es el D.F.L. N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Y en caso de subsidios de los trabajadores independientes, lo es el D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, artículos 149 y siguientes; y, supletoriamente, el referido D.F.L. N° 44.

En lo que atañe a este caso, en la administración del subsidio por incapacidad laboral participan dos instituciones: la Caja de Compensación de Asignación Familiar respecto de su afiliado (el recurrente) no perteneciente a una Institución de Salud Previsional y la COMPIN, a quien compete la autorización de las licencias médicas que originan el subsidio.

Las Cajas de Compensación de Asignación Familiar se rigen por el estatuto general contemplado en la Ley N° 18.833, que sustituyó al del D.F.L. N° 42, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; cuya última modificación fue introducida por la Ley N° 21.251, de 4 de enero de 2023. Por otra parte, el artículo 23 de la Ley N° 16.395 prescribe que “(l)as Cajas de Compensación de Asignación Familiar a que se refiere la ley N° 18.833, estarán sometidas a la supervigilancia y fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, la cual tendrá a su cargo la aplicación de las leyes y reglamentos vigentes respecto de dichas Cajas”.

En la especie, los artículos 4° y 6° del D.F.L. N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, establecen los requisitos a cumplir por los beneficiarios de las Cajas de Compensación y del Fondo nacional de Salud para acceder al pago del subsidio por incapacidad laboral y que son, en lo pertinente: 1. Poseer al menos seis meses de afiliación a un régimen previsional; 2. Reunir en ese mismo lapso a lo menos tres meses de cotizaciones previsionales; y 3. Contar con una licencia médica autorizada por la Comisión de medicina Preventiva e Invalidez. Adicionalmente, a nivel administrativo, la Circular N° 2358, de 2007, y siguientes complementarias de la Superintendencia de Seguridad Social (modificada por la Circular N° 3.561, de 16 de diciembre de 2020) refunde y actualiza instrucciones a las Cajas de Compensación sobre la administración del régimen de subsidios por incapacidad laboral, particularmente, en cuanto establece normas que aseguran el cálculo correcto y el pago de tales subsidios.

De los antecedentes reunidos, como de lo reconocido en estrados, esta I. Corte constata que la Caja no controvirtió la concurrencia -en la especie- de todos los requisitos mencionados y necesarios para gestionar los pagos de los subsidios de incapacidad laboral del actor vinculadas a todas las licencias mencionadas en su informe y que fueron visadas por la COMPIN (hasta la fecha del informe); más aún, consta a su respecto el “estado de las cuotas” (generada) e, incluso, el monto de la retención asociada a cada una de las licencias procesadas.

Desde el punto de vista de la normativa legal y administrativa ya examinada, pero también desde que están sujetas a la obligación general de cumplir órdenes emanadas de los tribunales de justicia, las Cajas se encuentran constreñidas a descontar sumas de dineros y a retenerlas por variadas circunstancias de hecho ya sancionadas por expresa norma legal, ya por una orden judicial que lo disponga.

Es claro a esta I. Corte que el marco normativo y/o jurisdiccional habilitante de los descuentos y retenciones no está en entredicho en la especie, porque la habilitación de estas operaciones esta contemplada expresamente por el ordenamiento, con lo que se descarta que Caja Los Andes al efectuarlas -siguiendo el procedimiento reglado y estándar en su giro habitual para el pago de subsidios por incapacidad laboral- haya transgredido algún precepto legal, por lo que se rechazará este capítulo de impugnación.

SEXTO: Que, en cuanto a la posible arbitrariedad de la conducta en estudio, el recurrente vuelve a hacerla consistir en la inexistencia de orden judicial u oficio que acredite las medidas de descuento y retención. Pero, asimismo, cuando aquella adolece de razonabilidad o sustento lógico, carece de proporcionalidad entre medios y fin, procede de mero capricho, resultan inexistentes los hechos que la justifican o, simplemente, carece de fundamentación.

Que, tal como sostiene el recurrente, numerosa jurisprudencia hace consistir la arbitrariedad en un actuar injustificado, desprovisto de fundamentación, lógica, racionalidad o sustento en situaciones objetivas, externas y no controvertidas que -por tales motivos- resulta en mero capricho.

En la especie, la conducta atribuida a la parte recurrida y consistente en descontar y retener sumas de los pagos generados por subsidios por incapacidad laboral desinados al recurrente -aunque legalmente posible, según se concluyó- no resulta amparada en una situación objetiva, externa y no controvertida que la justifique. En efecto, aunque la hipótesis normativa faculte medidas de descuento y retención, ella no exime la necesidad de un correlato fáctico -determinado y concreto- que actualice el supuesto normativo. En otros términos, para que la Caja pudiera disponer el descuento y retención de fondos del recurrente debió ser capaz de producir -de forma externa e incluso meramente formal y hasta sujeto a verificación- la existencia o, como mínimo, la verosimilitud de existencia del hecho que ella misma esgrimió para descontar y retener, en la especie, la existencia de una orden judicial de retención.

Esta I. Corte enfatiza la necesidad del carácter externo del correlato, pues la simple afirmación de la Caja de que procedió a la retención por aparecer ésta en su propia base de datos, pero sin ser capaz de producir respaldo externo alguno acerca de la fuente por la cual aparece registrada en aquella; o sin siquiera proporcionar datos básicos sobre dicha fuente -como los sugeridos en la medida para mejor resolver- que permitieran si no la verificación de su existencia (ya por el propio recurrente o por terceros, como esta I. Corte), al menos aportara luz sobre una justificación plausible y verosímil de la conducta que se impugna.

Tampoco escapa al análisis de esta I. Corte dos situaciones atingentes a la alegación de arbitrariedad: la primera, que la Caja procedió al descuento y retención de sumas originadas en los subsidios de incapacidad laboral reconocidos al recurrente (esto es, tras ser visadas por la COMPIN) sólo a falta de otras fuentes de fondos del recurrente a su disposición, lo que no sólo se reconoce en el propio informe de la recurrida; sino que se confirma, además, en las comunicaciones electrónicas entre las partes acerca de si la empleadora del recurrente estaría o no en conocimiento de la orden de retención alguna. Situación especial que requería, igualmente, justificación apropiada. Además, ante las reiteradas peticiones del recurrente sobre información concreta que tuviera la Caja para justificar -de manera externa- el registro de una retención en su propio sistema. En el fondo, dicho registro no señala la resolución que motiva la retención, el número de rol o RIT de la causa que en cual fue decretada, ni el tribunal que la dictó, o el oficio por el cual habría sido informada dicha retención, lo que hace imposible reconducir el registro a una fuente concreta y externa de validación.

Y la segunda situación es que, si bien el recurrente reconoce en una comunicación electrónica con la Caja asuntos judiciales con su ex cónyuge, se alegó en estrados y se acompañaron antecedentes verosímiles de que las causas pertinentes se hallarían terminadas, particularmente, la RUC N° 06-2-RUT reservado, RIT N° C-1983-2006, del Juzgado de Familia de Concepción, en materia de alimentos y en la cual, con fecha 27 de julio de 2006, se aprobó un avenimiento entre las partes que consigna: “Ofíciese al BancoEstado para efecto de la apertura de la libreta de ahorro a la vista a nombre de la actora [ex cónyuge del recurrente], que en la oportunidad en que ésta traiga el número de libreta, ofíciese para la retención a la empleadora del demandado”. Si bien esta causa pudo dar origen a la orden de retención judicial que nos ocupa, puesto que la fecha registrada de inicio de la retención en el sistema de la Caja es el 26 de junio de 2007, lo cierto es que resulta imposible vincular la causa del Juzgado de Familia de Concepción con el registro en el sistema de la Caja. No obstante, el recurrente acompañó antecedentes sobre el estado “concluido” de la causa en cuestión; y, más aún, escritura pública de “acuerdo completo y suficiente de las relaciones mutuas” con su ex cónyuge, de fecha 11 de octubre del 2012, en que las partes declaran en la cláusula tercera que: “Los comparecientes dejan constancia que no existen alimentos que se deban entre sí ni respecto de las hijas habidas en el matrimonio, ni ninguna otra cuestión relativa a sus relaciones personales”.

Apoya lo anterior el hecho reconocido por la Caja que las sumas retenidas se mantengan como beneficios no cobrados por la “retenedora” (aludiendo a la ex cónyuge del recurrente). Reconocimiento de relevancia pues, de acuerdo al punto N° 6 de la Sección IV sobre “Información que respalda el informe financiero” de la Circular N° 2358, de 2007, de la Superintendencia de Seguridad Social, la Caja está obligada a llevar nóminas de respaldo de descuento de beneficios no cobrados, de acuerdo al Archivo Plano N° 9 sobre “Rendición de documentos emitidos” contenido en el Anexo N° 2 y que, entre otros, contempla el formato N[2] (n_arch_ori) correspondiente al “N° de archivo en que se reportó el documento”; en relación con lo dispuesto en el punto N° 9 de la misma Sección y Circular sobre “Resguardo de documentación de respaldo”. Si bien estas disposiciones administrativas no hacen referencia expresa a órdenes judiciales de retención, son pertinentes al registro y resguardo de documentación sobre descuento de beneficios no cobrados y que constituyen -nada menos- que el respaldo de la información financiera de la Caja, por lo que no resulta plausible que ésta pueda excusarse de producir siquiera datos básicos o idealmente “copia de la resolución” asociada a un archivo de reporte, de formato preciso, por el cual ha de rendir o justificar financieramente descuento de beneficios no cobrados.

Así, esta I. Corte concluye que la Caja no ha sido capaz de justificar su actuación de descuento sobre los pagos de subsidios de incapacidad laboral y retención de montos de dinero por las licencias médicas extendidas al recurrente y autorizadas por la COMPIN a la fecha de interposición de este recurso, por lo que dicha conducta se estimará arbitraria.

SÉPTIMO: Que, establecido un actuar arbitrario de la recurrida, procede examinar si vulnera la garantía constitucional protegible invocada por el recurrente, esto es, el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

En la especie, el derecho fundamental invocado y protegible se especifica en la propiedad de los fondos retenidos por la Caja, los que se originan en el descuento efectuado por la recurrida a los subsidios de incapacidad laboral autorizados por la COMPIN y gestionados por la Caja.

El subsidio por incapacidad laboral es la suma de dinero que se paga por el período en que un trabajador haya estado con licencia médica, y cuya finalidad es reemplazar la remuneración o renta que deja de percibir mientras está enfermo.

Establecida la procedencia del subsidio bajo el procedimiento que consagra la ley y las disposiciones administrativas sobre la materia, a las que se aludió en el considerando quinto, los pagos autorizados al beneficiario son de su propiedad y, por ende, resultan constitucionalmente garantizados contra toda privación, perturbación o amenaza.

Para esta I. Corte, la actuación de la Caja ha privado al recurrente de parte de fondos que son de su propiedad y que -de no mediar arbitrariedad- le hubieran sido normalmente entregados, lo que aplica, expresamente, a la suma de fondos retenidos reconocidos por la recurrida al evacuar su informe. Y, adicionalmente, estima esta I. Corte que la actuación arbitraria de la recurrida amenaza el derecho de propiedad del recurrente sobre el monto del subsidio por incapacidad laboral sustentado en la licencia médica 3-RUT reservado, en la medida que ella sea finalmente autorizada por la COMPIN.

Por estas consideraciones se resuelve que la actuación consistente en el descuento y la retención de fondos de subsidios de incapacidad laboral asociados a las licencias médicas referidas en autos, extendidas a favor del recurrente y por el período que abarcan, efectuada por la Caja recurrida, es arbitraria por adolecer de justificación; y, en cuanto tal, amenaza y priva -en lo pertinente- el derecho de propiedad del recurrente sobre los fondos de tales subsidios y que garantiza el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Por todo lo anterior y visto, además, las normas constitucionales, legales y administrativas citadas y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales, se ACOGE sin costas la acción constitucional deducida por el Sr. Juan Alberto Cayuman en favor del Sr. nombre reservado y en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, todos ya individualizados; y, sin perjuicio de otros derechos que el recurrido pueda hacer valer ante otra autoridad o tribunal competente, se disponen como providencias necesarias para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección del afectado, a implementar por la Caja recurrida, las siguientes:

1. Entregar al recurrido Sr. nombre reservado las sumas retenidas por subsidio de incapacidad laboral y reconocidas en el informe evacuado en autos, reajustadas según variación del Índice de Precios al Consumidor a contar de la fecha de interposición de este recurso.

2. En el evento que la licencia médica 3-RUT reservado haya sido autorizada por la COMPIN, entregar al recurrido Sr. nombre reservado las sumas retenidas por subsidio de incapacidad laboral resultantes, reajustadas según variación del Índice de Precios al Consumidor, a contar del día hábil siguiente al de comunicación de la visación de la COMPIN a la Caja Los Andes.

3. Abstenerse, en tanto no resulte completamente afinada la presente causa, de descontar y retener fondos de los subsidios de incapacidad laboral por licencias médicas extendidas en favor del recurrente y autorizadas por la COMPIN, únicamente, en relación con el registro en su base de datos código 42688 silpf04.

Regístrese, comuníquese; y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Rafael M. Plaza Reveco, quién no firma por estar ausente.

Rol Nº 161005-2022 Protección