Protección contra Instituto de Seguridad Laboral y la Superintedencia de Seguridad Social por

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que comparece nombre reservado, por sí, interponiendo acción de protección constitucional en contra del Instituto de Seguridad Laboral y la Superintedencia de Seguridad Social por, según señala, “no considerar como enfermedad laboral las licencias médicas emitidas desde el 23-02-2025 hasta 26-04-2025, cuando el alta definitiva fue el 16-05-2025”. Expone que todas las licencias fueron emitidas por el Instituto de Seguridad Laboral, a través de su prestador Capredena, que debieron ser tipo 6 y no tipo 1, como sostiene que habría sucedido. El 26 de junio de 2025 la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) le habría solicitado al órgano remisor subsanar la falla, sin que a la fecha en que dedujera el arbitrio dicha institución la contactara, ni mucho menos hubiese dado cumplimiento a lo ordenado. Indica que el error cometido le habría traído graves perjuicios de carácter económico y social, afectando sus garantías de derecho a la vida e integridad física y psíquica, la de no discriminación ante la Ley y la autoridad y la de no discriminación del Estado en materia económica. Solicita en el petitorio que el Instituto de Seguridad Laboral continúe con su atención psiquiátrica y psicológica, como asimismo que las recurridas cataloguen sus licencias como clase 6 y no 1. Frente a requerimiento de la Corte, señala que tomó conocimiento del acto en contra del que recurre sería el 26 de junio de 2025.

Segundo: Que la Superintendencia de Seguridad Social, evacuando informe, solicita se declare la improcedencia del recurso por tratarse de un aspecto específico del sistema chileno de seguridad social, que correspondería a la garantía del artículo 19 número 18 de la Constitución, que no se encuentra amparada por la presente acción cautelar. La calificación de patología laboral o común se encuentra entregada, según expone, a los organismos técnicos contemplados en la Ley 16.744, por lo que exorbita la función conservadora entregada a esta Corte por mandato del artículo 20 de la carta fundamental. Añade también que ella se erige, en virtud de los artículos 77 y 77 bis de la mencionada Ley, como el único organismo técnico habilitado para resolver esta clase de materias. Refiriéndose al fondo del asunto, hace un resumen de la normativa sectorial, como asimismo de las competencias exclusivas y excluyentes que mantiene. Respecto del fondo del arbitrio deducido, indica que la actora estuvo sometida a tratamiento por patología de origen laboral a contar del 30 de marzo de 2023, siendo derivada por patología común hacia su prestador de salud a contar del 25 de abril de 2025, por considerar que la persistencia de sus síntomas ya no se correspondía con el carácter profesional alegado. Ante dicha situación, la beneficiaria impetró reclamo, el que fue rechazado.

Según expone, el 02 de junio de 2024(sic) solicitó pronunciamiento del subsidio por incapacidad laboral respecto de las licencias emitidas con anterioridad al 25 de abril de 2025. Por ordinario N° NUM000 se ordenó al Instituto de Seguridad Laboral “se tome contacto con la persona reclamante, y se le proporcione completa asistencia y orientación directa respecto de las prestaciones del seguro laboral de la Ley N° 16.744 que reclama; relacionada con la situación del subsidio por incapacidad laboral por las licencias médicas extendidas hasta antes del 26/04/2025, fecha a contar de la cual se consideró por parte de esta Superintendencia en consonancia con lo dispuesto por esa Mutualidad, que se generó su alta en el sistema del referido seguro laboral, siendo derivada al común, acorde con su afiliación respectiva”.

Desde dicha perspectiva, señala que no se encuentra en una hipótesis de ilegalidad o arbitrariedad, lo que unido a la falta de aplicación práctica de la garantía que en realidad se aduce conculcada, amerita el rechazo del arbitrio deducido. No existe, por lo tanto, un derecho indubitado, por lo que dada la naturaleza cautelar de la acción obsta para su procedencia.

Tercero: Que, por su parte, evacúa informe el Instituto de Seguridad Social, solicitando el rechazo del recurso, por considerar que no existe un acto ilegal o arbitrario que haya cometido. Da cuenta de los antecedentes del reclamo, las atenciones médicas efectuadas y el origen de la patología. De la misma forma, entrega antecedentes de pago de las licencias médicas, que detalla desde el 27 de marzo de 2023 hasta el 04 de abril de 2025, totalizando 697, las que expone tienen el carácter de profesional. En virtud de lo anterior, considera que ha actuado conforme a criterio médico, no siendo efectivos los hechos que aparecen contenidos en el recurso.

Cuarto: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de procedencia de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de una conducta ilegal, esto es, contraria a la ley, o arbitraria, esto es, carente de razones o motivaciones legítimas por parte de quien incurre en ella y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental. En este sentido, además, el sujeto activo de la conducta denunciada puede ser parte de la Administración del Estado, en su más amplio sentido, como también un particular.

Quinto: Que, conforme a las reglas de la sana crítica, sistema de valoración prescrito por el numeral quinto del respectivo auto acordado, con los antecedentes aportados por las partes y con la información pública disponible, es posible dar por asentados los siguientes hechos: 1. Que la actora nombre reservado sufrió una enfermedad de origen laboral, siendo tratada por dicho motivo a contar del 27 de marzo de 2023 en el Instituto de Seguridad Laboral; 2. Que, debido a la persistencia de la sintomatología, se le dio el alta médica en lo referido a la enfermedad profesional en abril de 2025, por ya no corresponder a una prestación de aquellas contempladas en la Ley 16.744; 3. Que, conforme a la documentación acompañada, las licencias médicas que expone la actora sí se encuentran calificadas como profesionales, como asimismo estarían pagadas.

Sexto: Que, no siendo efectivos los hechos que dieron motivo al recurso, esta judicatura se encuentra impedida de adoptar medida alguna de aquellas contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, por lo que el presente arbitrio será rechazado, por no existir una conducta arbitraria o ilegal que conculque alguna de las garantías contempladas en dicha norma.

Por estas consideraciones y en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el respectivo auto acordado, SE RECHAZA sin costas el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y el Instituto de Seguridad Laboral.

Regístrese y, oportunamente, archívese.

Rol 16099-2025 Protección.