nombre reservado con AFP CUPRUM S.A.

C.A. de Santiago Santiago, cinco de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente PRIMERO: Que, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor y representación de doña nombre reservado, de nacionalidad colombiana, interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones CUPRUM S.A., representada por don nombre reservado, por haber rechazado mediante notificación de fecha 24 de junio de 2025 la solicitud de retiro de fondos para extranjero formulada por la amparada conforme a la Ley N°18.156. Actuación que considera ilegal y arbitraria, que vulnera el artículo 19 N°2 y el derecho de propiedad establecido en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, que la Constitución Política garantiza a todas las personas.

En cuanto a los antecedentes de hecho, expone que la protegida, de nacionalidad colombiana, es ciudadana permanente en Venezuela por más de cuarenta y cinco años, encontrándose afiliada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) desde el 1990.

Refiere que solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, siendo notificada el 24 de junio de 2025 que su solicitud no sería aprobada, fundamentando la administradora su decisión en que no se acompañó documentación que acredite que la afiliada se ha encontrado cubierta durante toda su estadía en Chile por un sistema de seguridad social extranjero, requiriendo además acreditar que la cobertura de dicho sistema cubra las contingencias de vejez, enfermedad, invalidez y muerte, especificando que en el caso de la contingencia de enfermedad debe comprender prestaciones médicas y pecuniarias.

Frente a esta situación, sostienen que el argumento invocado por la administradora es incorrecto y desconoce el propio contenido del documento presentado, el cual remite expresamente a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley del Seguro Social venezolana, que incluye protección en casos de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso. En consecuencia, argumenta que el documento sí da cuenta del cumplimiento del artículo 1 de la Ley 18.156, reiterando que la afiliación al IVSS, aún en condición de cesante, mantiene la condición de "asegurado", por lo que posee cobertura de los beneficios asociados.

Por lo anterior, sostiene que no es aceptable ni legal que la AFP exija una mención literal adicional que excede los requerimientos del legislador, configurando una exigencia administrativa que carece de base normativa.

Asimismo, aduce que la interpretación restrictiva que efectúa la AFP resulta arbitraria, pues desconoce la validez de un vínculo previsional formalmente vigente sin que se haya dictado resolución alguna que lo haya extinguido.

Además, invoca una circunstancia especial que afecta a los nacionales venezolanos, consistente en que actualmente no existe representación diplomática venezolana en nuestro país, lo que hace imposible cumplir con ciertos requisitos de legalización o apostillado de documentos.

Por lo expuesto sostiene que la acción arbitraria e ilegal de la administradora vulnera tanto el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política, al dar un trato desigual respecto de otros solicitantes que, encontrándose en iguales circunstancias y cumpliendo con lo solicitado, han obtenido respuestas favorables, requiriéndole a la amparada una formalidad adicional no contemplada en la ley, como el derecho de propiedad establecido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, al impedir arbitrariamente el acceso a fondos de su exclusiva propiedad que se encuentran debidamente justificados conforme a la normativa especial vigente.

Requiere que se proceda a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente o el que esta Corte estime conforme al mérito de autos y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, informa la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., solicitando el rechazo del recurso de protección deducido, fundando su petición en argumentos de hecho y de derecho que se exponen a continuación.

En primer término contextualiza el marco normativo aplicable, señalando que la Ley N°18.156 contempla una exención respecto del cumplimiento de las disposiciones previsionales generales para empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero. Específicamente, el artículo 7° de dicha normativa faculta a los trabajadores extranjeros afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones para solicitar la devolución de los fondos previsionales depositados, condicionando tal beneficio al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1° del referido cuerpo legal.

Asimismo, destaca que la Superintendencia de Pensiones estableció el procedimiento aplicable para ejercer este derecho, mediante la suscripción del formulario "Solicitud de Devolución de Fondos Previsionales Ley N°18.156", exigiendo la presentación de documentación que acredite fehacientemente el cumplimiento de los requisitos legales, la cual debe encontrarse debidamente legalizada.

En el caso concreto, funda su actuar en el incumplimiento del requisito establecido en el artículo 1°, letra a), de la Ley N°18.156, argumentando que la recurrente no acompañó documentación que acredite haberse encontrado cubierta durante toda la prestación de servicios en Chile por un sistema de seguridad social extranjero que le otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. En este sentido, especifica que la cobertura de enfermedad debe comprender prestaciones médicas y pecuniarias.

Detalla que, si bien la recurrente acompañó dos constancias de registro de trabajador y una constancia de trabajo para el IVSS, ninguno de estos documentos corresponde a la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que la recurrente alega haber presentado. Además, argumenta que los documentos efectivamente acompañados no constituyen constancia o certificado que acredite la fecha de afiliación ni los casos cubiertos por el sistema.

En cuanto a la suficiencia probatoria de la documentación, invoca el Oficio Ordinario N°23.241 de fecha 13 de septiembre de 2016 de la Superintendencia de Pensiones, que establece la necesidad de que la certificación exprese que el trabajador ha tenido y tiene derecho a cobertura durante su permanencia en Chile, especificando en el caso de enfermedad que comprenda prestaciones médicas y pecuniarias.

Por otra parte, la AFP fundamenta la exigencia de legalización o apostillamiento de la documentación extranjera, citando el Oficio Reservado N°25.057 de fecha 29 de diciembre de 2023, que establece expresamente que la documentación debe presentarse debidamente legalizada o apostillada. En este contexto, refuerza su argumento con los Oficios Ordinarios N°32.365 y N°24.089 que reiteran esta exigencia conforme al Convenio de la Apostilla.

Además rechaza categóricamente la invocación de fuerza mayor o caso fortuito efectuada por la recurrente, sosteniendo que dicha institución no puede utilizarse para eludir el cumplimiento de las condiciones establecidas para acceder a un beneficio, citando el Oficio Ordinario N°6.948 de fecha veintidós de abril de dos mil veinticinco que confirma la aplicación sin excepciones de los requisitos copulativos del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Adicionalmente, invoca el Oficio Ordinario N°12.954 de fecha 17 de julio de 2025 de la Superintendencia de Pensiones, que ratifica las instrucciones previas y establece que, siendo la Ley N°18.156 una norma de excepción, debe interpretarse restrictivamente y aplicarse solo cuando se cumplan las exigencias copulativas establecidas.

Concluye que no se configura arbitrariedad ni ilegalidad manifiesta, sino la aplicación de normativa especial cuya interpretación corresponde a un órgano técnico especializado, sugiriendo que la controversia debe resolverse mediante procedimiento de lato conocimiento o reclamo ante la Superintendencia de Pensiones.

Por lo expuesto solicita el rechazo del recurso.

TERCERO: Que, a su turno informa la Superintendencia de Pensiones.

Luego de reseñar los antecedentes del recurso, precisa que la normativa aplicable a la materia que motiva la presente acción constitucional establece que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales constituye un régimen de excepción, aplicable exclusivamente a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que, además, den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la Ley N°18.156.

En tal sentido, el organismo fiscalizador refiere que siendo la mencionada ley una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada solo en el supuesto que se cumplan las exigencias copulativas que establece. Por consiguiente, las Administradoras de Fondos de Pensiones solo pueden acceder a las solicitudes de los trabajadores extranjeros para obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales o la exención de cotizar en el Sistema de Pensiones del D.L. N°3.500, de 1980, siempre y cuando los solicitantes acrediten haber cumplido los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la ley N°18.156.

Finalmente, en cuanto a la jurisprudencia administrativa aplicable, la Superintendencia ha señalado que, para acreditar el requisito de cobertura previsional previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, se ha exigido que el trabajador extranjero acredite que ha contado con un seguro por todos los riesgos exigidos durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile, requiriendo que la cobertura de salud sea integral, comprendiendo el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias en caso de enfermedad de origen común.

En relación con la documentación específica acompañada por la recurrente, la Superintendencia de Pensiones ha informa que se tuvo a la vista el certificado electrónico denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones", respecto del cual el organismo fiscalizador ha aplicado el mismo criterio contenido en los oficios N°s 21.480 de 2017, 23.208 de 2023 y 3141 de 2024. Lo anterior, por cuanto el certificado no señala las coberturas con que cuenta la recurrente, ni de éste se puede inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano.

Adicionalmente, destaca que el documento tampoco se encuentra firmado por quien emite el documento y no se encuentra apostillado o legalizado, según lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, o Convención de la Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, por tanto no sirve para acreditar el cumplimiento de la cobertura previsional en el extranjero prevista en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156 y el Compendio de Normas del Sistema.

En consecuencia, concluye que el organismo fiscalizador ha concluido que no cuenta con antecedentes sobre la situación previsional reclamada por la recurrente que permitan concluir que cumple con las exigencias de la ley 18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales.

CUARTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que del análisis de los antecedentes acompañados al recurso y del informe evacuado por la recurrida, se advierte que la decisión de AFP Cuprum S.A. de rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales de la actora, se fundó en el incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios establecidos en la Ley N° 18.156, así como en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en la jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, órgano competente para interpretar y fiscalizar el cumplimiento de dicha normativa.

SEXTO: Que, específicamente, la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), acompañada por la recurrente, no constituye un certificado válido de afiliación en los términos exigidos por el ordenamiento jurídico nacional. Ello, por cuanto dicho documento no se observa debidamente firmado por quien lo emite, no especifica las coberturas particulares de la recurrente ni permite inferir un período determinado de cobertura, limitándose a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano, y además no se encuentra debidamente apostillado o legalizado conforme lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla.

SÉPTIMO: Que, en este sentido, la actuación de la recurrida no sólo se enmarca en el cumplimiento estricto de la Ley N° 18.156 y de su reglamentación técnica, sino también dentro del ejercicio legítimo de las instrucciones y criterios establecidos por el órgano regulador competente —la Superintendencia de Pensiones—, cuyas interpretaciones son de obligatorio cumplimiento para las AFP conforme al artículo 94 del D.L. N° 3.500 de 1980. La mencionada ley constituye una norma de excepción que debe ser interpretada restrictivamente y aplicada solo cuando se cumplan las exigencias copulativas que establece.

OCTAVO: Que no se advierte en el proceder de la Administradora recurrida ni ilegalidad ni arbitrariedad alguna. La exigencia de documentación debidamente certificada, firmada y legalizada o apostillada, que acredite fehacientemente la cobertura previsional integral durante toda la extensión del tiempo en que se prestaron servicios en Chile, no responde a un formalismo irrazonable, sino a una garantía mínima de autenticidad y veracidad de los instrumentos públicos extranjeros, que encuentra sustento en normas de orden público procesal que regulan el valor probatorio de dichos documentos en el país.

NOVENO: Que, establecido lo anterior, deviene inoficioso pronunciarse sobre las garantías fundamentales invocadas por la actora, desde que no se configura, en el caso concreto, un acto que prive, perturbe o amenace ilegítimamente su ejercicio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-16091-2025.