nombre reservado con AFP MODELO

C.A. de Santiago Santiago, quince de octubre de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 11: a todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., representada por don nombre reservado, por haber incurrido en un acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales formulada por el recurrente en calidad de técnico extranjero. Tal actuación se estima contraria al orden jurídico, al desconocer los requisitos previstos en la ley aplicable y la normativa administrativa vigente, vulnerando las garantías de igualdad ante la ley y del derecho de propiedad, consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política. Por tanto, solicita acoger el recurso y ordenar a la recurrida emitir un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud, reconociendo la validez de la documentación acompañada.

Don nombre reservado, nacional venezolano, abogado de profesión y afiliado al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), solicitó mediante el portal de AFP Modelo la devolución de sus fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, que faculta a los técnicos extranjeros contratados en Chile a eximirse de cotizaciones previsionales, permitiendo el retiro de fondos depositados previa acreditación de afiliación a un régimen previsional en el país de origen.

En respaldo de su petición, acompañó contrato de trabajo, anexo laboral, declaración jurada notariada, título profesional apostillado y constancia electrónica del IVSS, que certifica afiliación al sistema previsional venezolano con cobertura de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Indica que AFP Modelo rechazó la solicitud alegando que la constancia no estaba apostillada ni legalizada, no especificaba expresamente prestaciones cubiertas y carecía de firma de autoridad competente, desestimando asimismo la declaración jurada por no emanar de entidad previsional ni autoridad consular.

El recurso objeta tal interpretación como formalista y ajena a la finalidad de la ley, destacando que la constancia electrónica cuenta con código verificable en línea. Agrega que, dada la inexistencia de representación diplomática venezolana en Chile, resulta imposible obtener legalización consular, configurándose fuerza mayor conforme al artículo 45 del Código Civil. Como antecedente, se acompaña certificado de retiro aprobado por AFP Cuprum en favor de otro afiliado venezolano con documentación similar, lo que revela trato desigual.

En consecuencia, el recurrente sostiene que se vulneran las garantías de igualdad ante la ley y de propiedad, solicitando que se acoja el recurso y se ordene a la recurrida emitir nuevo pronunciamiento, reconociendo la afiliación previsional extranjera acreditada conforme a la Ley N°18.156.

Segundo: Que, al evacuar informe la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. -por intermedio de su apoderado- expone, que el 17 de junio de 2025 el recurrente ingresó la Solicitud N° 24.226, referida a cotizaciones enteradas por Ideal S.A. entre abril de 2024 y mayo de 2025, acompañando para su sustento título profesional apostillado, declaración jurada notarial, constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (24 de abril de 2025), y contrato de trabajo con su anexo.

Seguidamente, la Administradora indica que efectuó un examen integral conforme a la Ley N° 18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, concluyendo —mediante Memorándum N° 12.968, de 18 de junio de 2025— el rechazo de la petición. Fundamenta dicha decisión en que la constancia electrónica del IVSS carece de firma de autoridad, no se encuentra legalizada ni apostillada y no acredita coberturas específicas en enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y en que la declaración jurada del interesado no proviene de entidad previsional competente ni de misión consular que actúe en su representación.

En apoyo, invoca el Compendio (Libro II, Título XI), que exige certificación formal de la institución de seguridad social extranjera, debidamente legalizada o apostillada, y, excepcionalmente, certificación consular en representación de aquélla. Además, cita el Oficio N° 3.141, de 20 de febrero de 2024, que impone acreditar de modo específico la protección efectiva durante la prestación de servicios en Chile, descartando documentos genéricos sobre coberturas del sistema.

A mayor abundamiento, articula defensas y excepciones: i) incumplimiento de los requisitos copulativos del artículo 1° —en relación con el artículo 7°— de la Ley N° 18.156, por no acreditarse afiliación y cobertura en las contingencias exigidas durante todo el período laborado en Chile; ii) inidoneidad formal de los instrumentos acompañados, a la luz de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y de la Convención de Apostilla; iii) sujeción al D.L. N° 3.500 y a los oficios de la Superintendencia (N° 21.480, 23.208, 4.277 y 12.954), que descartan constancias electrónicas sin firma y sin apostilla o legalización, así como declaraciones juradas del afiliado; y iv) congruencia con jurisprudencia de Cortes de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema en casos análogos.

Conforme a lo expuesto, sostiene que no hubo arbitrariedad ni ilegalidad, que no se vulneran igualdad ante la ley ni derecho de propiedad, y solicita el rechazo del recurso con costas.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar, destinadas a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en la misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto arbitrario e ilegal que impida, amague a perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que, el acto que se reclama como ilegal y arbitrario corresponde a la negativa de la AFP Modelo S.A de hacer entrega o devolución de los fondos previsionales depositados en la cuenta de capitalización individual del recurrente. La recurrida justifica su decisión de estimar improcedente la petición de devolución de fondos previsionales, aduciendo que el recurrente, de nacionalidad venezolana, no entregó los antecedentes que acreditaran su afiliación al régimen previsional de su país de origen, con certificado de afiliación a una entidad previsional, con vigencia, que acredite la cobertura prevista en la Ley N°18.156.

Quinto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156, sobre el régimen excepcional de exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Asimismo, el artículo 7° del mismo cuerpo legal, estipula que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Sexto: Que, la revisión del documento aparejado por el recurrente, denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, que se acompañó a su solicitud de devolución de fondos, permite constatar que el recurrente no acompañó la documentación que le permita exigir el retiro de los fondos previsionales conforme con el artículo 7 de la Ley N°18.156, por cuanto tal documento aparejado no se encuentra debidamente apostillado, como tampoco da cuenta del cumplimiento de las exigencias del artículo 1, letra a) de la Ley N°18.156, puesto que no señala que las cotizaciones realizadas en su país de origen, le permiten acceder a prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Séptimo: Que, en las condiciones descritas, no es posible advertir ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la autoridad recurrida, por cuanto se ha constatado que la recurrida ha actuado conforme a la normativa vigente, exigiendo que los antecedentes cumplan con lo establecido en la ley, de manera tal que al no configurarse el supuesto de hecho básico de la acción que se contempla en la acción consagrada en el artículo 20 de la Carta fundamental, esta debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-16090-2025.

En Santiago, quince de octubre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.