SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL PROEXI LIMITADA con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO SANTIAGO ACUM. I.C 16096-2017 Y 16137-2017

Santiago, trece de julio de dos mil diecisiete VISTOS:

Claudio Venegas Ramis, en representación de Sociedad Comercial e Industrial Proexi Limitada, ambos domiciliados en domicilio reservado, interpuso recurso de protección en contra de la Fiscalizadora de la Inspección comunal del Trabajo Norte Chacabuco, doña nombre reservado, y en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Norte Chacabuco, representada por su Inspectora comunal doña nombre reservado.

A este recurso se acumularon dos recursos de protección más presentados por el mismo abogado Claudio Aníbal Venegas Ramis, pero en representación uno de la Sociedad Importadora y Exportadora de Aceros y Metales Limitada y el otro en representación de Transportes Ferrosur Limitada.

En el primero de los recursos, que contiene iguales presupuestos facticos que los acumulados, sostiene que con fecha 10 de febrero de 2017 su representada a propósito de gestiones comerciales efectuadas en instituciones bancarias tomó conocimiento de que la empresa se encontraba publicada en los Registros Comerciales, como infractor de obligaciones laborales y previsionales, por cuanto aparecía multada por la Inspección del Trabajo, multas además que se encontraban impagas. Indica que para su sorpresa, tomó conocimiento de que había sido multada por supuestamente no entregar información en una investigación o informe requerido por el Tribunal de Colina por una solicitud de declaración de Unidad económica.

Sostiene que la multa fue cursada sin que hubiese sido efectuado procedimiento alguno, en completa ignorancia de mi representada, sin que se hubiese efectuado fiscalización alguna, y lo más increíble de todo, es que la Recurrida Inspección del Trabajo, procedió a publicar a su representada como infractora de normas laborales, multada, sin que se le haya notificado resolución alguna, y sin que haya podido ejercer los derechos que le asisten, y lo más grave la empresa fue publicada aun cuando la resolución que aplicó la multa no se encontraba firme, pues ni siquiera había sido intimada o puesta en conocimiento de la Sociedad que representa.

Luego de que la Sociedad que representa desarrolla labores de cortes y ventas de planchas de acero terminadas, formando parte de un grupo mayor de empresas denominado Grupo Lampa, dentro de las que se encuentran o forman parte de ella la Sociedad de Inversiones Lampa Limitada, Sociedad Importadora y Exportadora de Aceros y Metales entre otras empresas más. Todas éstas empresas forman parte del grupo, no obstante la propiedad de las mismas y participación de sus dueños y socios es también distinta, la ubicación física de las empresas también es diferente.

Indica que la multa aplicada por la Inspección del Trabajo, se origina a propósito del requerimiento efectuado por el Juzgado de Letras de Colina por una solicitud de declaración de único empleador efectuada por un trabajador de una de las empresas del grupo Lampa.

La demanda fue interpuesta en el Juzgado de Letras de Colina, y en la correspondiente audiencia preparatoria del procedimiento laboral, se solicitó el informe ya indicado, establecido en el artículo tercero del Código del Trabajo, a la Inspección Comunal del Trabajo competente, esto es Norte Chacabuco; conforme a lo ordenado por el Tribunal un funcionario de la Inspección del Trabajo se trasladó hasta las oficinas de la Sociedad de Inversiones Lampa, se entrevistó con el jefe de personal de la Sociedad y le requirió toda la documentación necesaria, le hizo prestar declaración e incluso emitir un informe, de acuerdo a una minuta de preguntas que se le entregó personalmente. El funcionario de la empresa don nombre reservado, cumplió íntegramente con todos los requerimientos efectuados por la Inspección del Trabajo, remitió la documentación y además evacuó cada uno de los informes dentro del plazo ordenado. No obstante lo anterior, la Inspección del Trabajo, por sí y ante sí, estimó que bastaba sólo con requerir al jefe de personal de la sociedad de inversiones lampa, asumiendo que éste tenía que ver con todas las demás empresas del grupo, lo que bajo ningún punto de vista es efectivo, no se dio ni siquiera el trabajo de notificar a las demás empresas o de concurrir a efectuar la fiscalización a sus instalaciones, sino que simplemente estimó que un solo trabajador de una sola de las empresas era suficiente. Luego don nombre reservado, entregó la información correspondiente a su propio empleador y donde realiza las labores de jefe de personal y entendió cumplido lo que se le requería. La Inspección del Trabajo posteriormente procede a informar al Tribunal acerca de la existencia de un único empleador señalando en su informe que no se lograba acreditar la existencia de un único empleador. Sin embargo, y a pesar de lo expresado en su propio informe, posteriormente se enteraron que en el curso de esta fiscalización efectuada por la fiscalizadora nombre reservado se aplicó Multa mediante resolución número 8361/16/30, de fecha 25 de octubre de 2016 (aun sin notificar), los fundamentos expuestos son: "no exhibir toda la documentación necesaria para efectuar labores de fiscalización conforme al siguiente detalle: escrituras públicas, registro inscripción RCCBR, libro de remuneraciones 1 5-2016, copia última planilla, mutual pagada, organigrama empresa estados financieros 2013, 2014, 2015, lo anterior en relación a investigación ordenada por el juzgado letras de colina respecto a unidad económica por causa RIT 0-282-2016, respecto del trabajador nombre reservado." De esta manera la actuación del ente fiscalizador, traducida en la constatación de una supuesta infracción por parte de la fiscalizadora y la resolución que en definitiva cursó la multa, dictada por el inspector comunal del trabajo, ambos recurridos, de la forma en que se ha hecho es ilegal y arbitraria pues implica entrar al terreno de la interpretación y calificación jurídica de la existencia de un único empleador, única forma de entender la multa aplicada, con lo que se ha invadido el ámbito privativo de los Tribunales especializados, constituyéndose en una verdadera comisión especial pues han resuelto un conflicto, que de existir, debió ser zanjado por los tribunales de justicia establecidos por la ley, la declaración de único empleador jamás se llevó a efecto, y al día de hoy ningún tribunal de la república ha declarado sus existencia.

La actuación de los recurridos ha significado -sostiene- respecto de su representada una vulneración grave y evidente, y un atentado de su derecho de propiedad previsto en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental y del derecho consagrado en el artículo 19 N°3 de ella, esto es, a no ser juzgado por comisiones especiales. Sin embargo, también el actuar de la recurrida es arbitrario y además ilegal al publicar a la empresa en el Registro de Incumplimientos laborales, figurando con una multa impaga, la que ni siquiera ha sido notificada, es decir, procedió arbitrariamente, sin fundamento alguno a hacer figurar a la Sociedad que represento en dicho boletín, lo que ha significado serios perjuicios a la empresa, bloqueo de créditos, imposibilidad de participar en licitaciones con empresas públicas, entre otros perjuicios igual de graves, que necesariamente deben ser subsanados.

Pide se restablezca el imperio del derecho, acogiendo el presente recurso dejando en consecuencia, sin efecto la multa administrativa 8361/16/30, de fecha 25 de octubre de 2016 cursada por la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, a su representada; que se ordene además al recurrido, abstenerse, en lo sucesivo, de establecer la existencia de un único empleador o unidad económica que no ha sido declarada judicialmente, y en definitiva se elimine inmediatamente a la Recurrente Sociedad Importadora y Exportadora de Aceros y Metales Limitada de todo Registro que mantenga la Inspección del Trabajo en el cual figure como infractora de derechos laborales, con costas.

Iguales peticiones se efectúan en los recursos acumulados, pero en favor de Sociedad Importadora y Exportadora de Aceros y Metales Limitada y el otro en representación de Transportes Ferrosur Limitada.

Informando la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, sostiene que la Resolución N° 8361/2016/30 de fecha 25 octubre de 2017, fue debidamente notificada con fecha 10 de noviembre de 2016, y pide el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas, por los fundamentos de hecho y derecho que indica Sostiene en primer término que el recurso es improcedente, pues no corresponde a la pretensión de proteger un derecho de carácter indubitado, sino que muy por el contrario se requiere de manera forzosa la entrada a un juicio de lato conocimiento en el cual se pueda determinar la efectividad de las alegaciones de la recurrente y, por ejemplo, determinar si la fiscalizadora solicitó o no la documentación y si la empresa dio o no cumplimiento a tal requerimiento.

El recurso de autos es del todo improcedente, por cuanto éste se ha interpuesto respecto de una resolución administrativa, respecto de la cual la ley establece procedimientos específicos de impugnación, tanto en sede administrativa como en sede judicial.

Luego de citar las normas que le otorgan facultades fiscalizadoras, como los artículo 503, 505 inciso 1° del Código del Trabajo, artículos 1 letra a), 5, 20, 23, 24, 25, 30, 32, 34, 39 y 43 del D.F.L. N°2 de 1967, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, indica que ante requerimiento del Juzgado de Letras del Trabajo de Colina, en causa RIT O-282-2016 caratulada "nombre reservado con Sociedad de Inversiones Lampa Ltda", referido a investigar si se dan los supuestos de multiplicidad de razones sociales consideradas un solo empleador, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 3° del Código del Trabajo, la Fiscalizadora doña nombre reservado se constituyó en el domicilio de la actora. En la visita inspectiva, es atendida por nombre reservado, quien se identifica como jefe de RRHH, indicando estar a cargo del área RRHH en cada una de las empresas investigadas, a quien se le hace entrega de acta inicio de fiscalización, en representación de las cuatro razones sociales, se le requiere documentación de las cuatro empresas investigadas mediante F7 y F7-1 para el día 25/10/2016. Durante la visita el abogado patrocinante se comunica telefónicamente con la fiscalizadora, quien procede a informarle de la fiscalización así como del requerimiento de documentación el cual será entregado a don nombre reservado al momento de la visita. Ahora bien, tal y como se consigna en el correspondiente informe de fiscalización, la fiscalizadora actuante con fecha 25 de octubre de 2016, recibe en las dependencias de la Inspección del Trabajo Norte Chacabuco al empleador a fin de concluir la revisión documental requerida, señalando el representante del mismo que no exhibirá documentación de la empresa Sociedad Importadora y Exportadora de Aceros y Metales Ltda., negándose a firmar acta de constatación de hechos (Formulario F-8).

Que en razón de lo acontecido es que se procede a cursar la correspondiente infracción mediante la Resolución de Multa N° 8361/2016/30 de fecha 25 de octubre de 2016 y que fuera debidamente notificada con fecha 10 de noviembre de 2016 según lo establecido en el artículo 508 del Código del Trabajo. Hace presente que los hechos constatados por los fiscalizadores de la Dirección del Trabajo, en el desempeño de sus funciones, gozan de la presunción legal de veracidad contemplada en el artículo 23 del D.F.L. N°2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social.

Atendido lo expuesto y los hechos constatados por la fiscalizadora, se impuso la multa que por esta vía se reclama, ajustando íntegramente la fiscalizadora su actuar a la legislación laboral vigente, sin arrogarse en ningún momento labor alguna ajena a sus funciones eminentemente administrativas, limitándose única y exclusivamente a constatar hechos que confrontados con las normas indicadas en la multa se entienden infringidas.

Sostiene luego que el recurso es improcedente por no darse los requisitos constitucionales para su interposición. En la resolución impugnada no existe una transgresión que prive, perturbe o amenace la garantía establecida en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política, no ha existido ejercicio de facultades jurisdiccionales propia de los tribunales ordinarios de justicia, no se ha estado en presencia de una comisión especial, ni se ha ejercido acto jurisdiccional alguno como ya se ha expresado reiterada y extensamente en los párrafos precedentes, pues ese Servicio indica que se ha limitado a cumplir con los mandatos legales.

En cuanto a la Garantía del N° 24 del artículo 19, tampoco observa de manera alguna cual sería la conculcación acusada, toda vez que no existe un desarrollo en el escrito de protección que de cuenta de la misma y porque si bien tal derecho asegura a los particulares la posibilidad jurídica de adquirir, gozar y disponer sobre toda clase de bienes, sean corporales o incorporales, esto en caso alguno lo exime del cumplimiento de obligaciones legales y menos aún lo habilita a no dar cumplimiento a los requerimientos de exhibición de documentación realizados por la Dirección del Trabajo en razón de la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral. El recurrente pretende establecer que la resolución recurrida priva, perturba y amenaza su derecho de propiedad en atención a que se le habría publicado en el Registro de Incumplimiento laborales figurando en dicho boletín la multa impaga lo cual lo habría privado de participar en licitaciones entre otros perjuicios.

Pide en consecuencia se rechacen los recursos.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, amague o perturbe ese ejercicio. En concordancia con lo anterior, corresponde a esta Corte dilucidar si el acto impugnado por la presente acción es ilegal o arbitrario, para luego examinar si dicho acto afecta o conculca alguna de las garantías constitucionales que se denunciaron como vulneradas por el recurrente.

SEGUNDO: Que conforme los antecedentes, las multas cursadas a las empresas recurrentes, lo fueron con ocasión del cumplimiento de un cometido por parte de la Fiscalizadora de la Dirección del Trabajo, de una orden de un Tribunal de la República en cuanto recabar antecedentes relacionados con la acción de un trabajador ante el tribunal en cuestión. Sobre tales antecedentes se acompañó por el Juez Presidente del Juzgado de Colina copia de la demanda del trabajador nombre reservado, de la contestación de la demanda por parte de la Sociedad de Inversiones Lampa Limitada, Sociedad Importadora y Exportadora de Aceros y Metales, Sociedad Comercial e Industrial Proexi Limitada y Transportes Ferrosur Limitada y de los informes emitidos por la Inspección del Trabajo.

TERCERO: Que lo anterior y la normativa que regulan las facultades de la Dirección del Trabajo, esto es los artículos 1 letra a), 5 y 20, 23, 24, 25, 30, 32, 34, 39 y 43 del D.F.L. N°2 de 1967, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, descarta, conforme, el mérito de los antecedentes, la argumentación de las recurridas que nos encontremos ante una comisión especial, pues la Inspección ha obrado dentro de sus prerrogativas legales, sin entrar, a juicio de estos sentenciadores, en la interpretación o calificación jurídica de la existencia de un único empleador.

CUARTO: Que en efecto, las multas, lo fueron por la no presentación de la documentación que les fue requerida para recabar antecedentes, precisamente para dar cumplimiento a lo requerido por el tribunal al respecto.

QUINTO: Que así las cosas, toda aquella controversia, de si la documentación fue o no requerida a quienes representaban a las sociedades, en especial si efectivamente, quien atendió a la fiscalizadora, don nombre reservado, era o no Jefe de Relaciones Humanas de cada una de las empresas investigadas, si aquellas fueron o no notificadas de las multas, es ya una cuestión de lato conocimiento, que escapa a los fines de este recurso, y debió ser materia de los procedimientos de reclamación que la misma legislación laboral establece.

SEXTO: Que en consecuencia los elementos fácticos, descartan que los recurrentes, tengan el derecho indubitado a que se ordene por esta vía dejar sin efecto las multas que le fueron impuestas, de manera que no cabe sino rechazar los recursos.

Con lo expuesto y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 N° 3 y 24, y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

Que se rechazan, sin costas, los recursos de protección deducidos por Sociedad Comercial e Industrial Proexi Limitada, Sociedad Importadora y Exportadora de Aceros y Metales Limitada y Transportes Ferrosur Limitada, en contra de la Fiscalizadora de la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, doña nombre reservado, y en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Norte Chacabuco.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del ministro señor Hernán Crisosto Greisse.

No firma el abogado integrante señor Decap, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Protección Rol 16076-2017